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Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones

Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones

Lo advirtieron los sindicatos y lo terminaron reconociendo los políticos: la vuelta al colegio en esta segunda ola de coronavirus, sin los recursos materiales o profesionales necesarios, elevaba las probabilidades de contagio. Y así ha ocurrido. En Pontevedra, Málaga, Palma o Madrid, las plantillas de docentes se han visto resentidas por los primeros casos positivos en COVID-19 sin que exista un plan seguro y eficiente de sustituciones. De los 53 centros afectados según el Gobierno el jueves −según los datos recopilados este periódico, entre los notificados ese día y el viernes las incidencias ya son más de un centenar−, algunos no tienen más remedio que echar el cierre, como ha ocurrido en la provincia gallega donde siete docentes guardan cuarentena, y otros hacen malabares con el trabajo restante a costa de hacer estallar los grupos burbuja.

España ha contratado a casi 40.000 maestros extra a partir del Fondo del Coronavirus para reducir las ratios de niños, desdoblar las clases, garantizar la suplencia de las bajas y crear nuevos puestos como los “coordinadores COVID-19” o más profesores de adaptación intensiva para alumnos con necesidades especiales y en riesgo de exclusión. Cabe pensar que las bajas por contagio, por lo tanto, podrían cubrirse de inmediato gracias a esa bolsa de trabajo. La realidad es más complicada.

José María Ruíz, portavoz de Educación de CCOO, cree que la prioridad debe ser agilizar la incorporación de estas personas a los centros, “que tarda en torno a 10 o 15 días”. En ese tiempo, el claustro del colegio debe hacerse cargo de las clases sin profesora o profesor al frente. ¿La consecuencia? “La movilidad rompe cualquier atisbo de grupo burbuja, lo que se ha vendido como la gran medida de seguridad para la vuelta al cole”, expone el representante sindical. “La otra son las ratios por aula, que ya se sabe que no se están cumpliendo en muchos colegios”, indica.

Ruíz se refiere a la promesa de reducir los estudiantes para asegurar el metro y medio de distancia. El Ministerio de Educación sitúa en 15 el número ideal de niños para Infantil y Primaria, pero los primeros días de clase han puesto de manifiesto que las cifras bailan de comunidad a comunidad y que, en muchos casos, las exceden.

No es lo único en lo que difieren las consejerías de Educación. El mapa de la vuelta al cole es desigual debido a “diez años de recortes” y, para CCOO, “sería imprescindible regularlo con una resolución” a nivel estatal. Ratios, distancias, condiciones de la toma de posesión de la plaza de maestro y contrataciones automáticas para suplir las bajas, que este año más que nunca se prevén en aumento. Sobre todo “tras el despropósito en ciertas regiones como Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid”, diferencia.

Hace una semana, la imagen de cientos de profesores madrileños hacinados a la espera de hacerse un test serológico saltaba a la palestra con la consiguiente noticia de que 3.000 de ellos daban positivo. Más tarde, se supo que solo 18 estaban contagiados, pero según la secretaria general de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, lo más grave fue que “el estudio se hizo sin tener previsto un protocolo para que los positivos se quedaran en casa y pudieran ser sustituidos de forma inmediata”. 

Durante los cinco días que duró la comprobación, “hubo una neurosis generalizada porque el profesorado estaba desbordado y con las cuarentenas preventivas se vio que faltaba personal”, dice la portavoz sindical. Muchas escuelas de la capital estaban forzadas a abrir sin tan siquiera tener un profesor para cada grupo y con una incertidumbre absoluta sobre el ritmo de sustituciones de la Comunidad.

De hecho, es un temor que se ha hecho realidad en algunos centros públicos como el Miguel Hernández, situado en el sur de Madrid. Allí, el director tuvo que acudir el primer día de colegio solo para que le lanzaran el portátil y los apuntes desde la ventana puesto que él guarda cuarentena desde que su hija pequeña comenzó con síntomas compatibles con la COVID-19. “En mi escuela hay otras dos profesoras esperando su PCR y aisladas en casa”, cuenta Rubén Rodríguez. “En caso de que sea positiva alguna hay que empezar a tirar del hilo porque han estado en el centro y en contacto con otros compañeros”, reconoce preocupado.

“Los colegios pequeños tenemos la prioridad de que nos cubren las bajas a los 15 días”, explica. ¿Y mientras tanto? Es un escenario “horrible” en el que prefiere no pensar porque implicaría “tirar todas estas semanas de planificación y empezar de nuevo a organizar a los profesores, además de la responsabilidad personal por la salud de las docentes y de los niños”, describe Rodríguez. 

El director admite que les ha sido imposible cumplir con las ratios de 20 niños por aula y con el metro y medio de distancia a pesar de “haber reconvertido la biblioteca, la clase de música y otros espacios” y de los cinco nuevos maestros que les ha prometido la Comunidad de Madrid, “aunque habíamos pedido seis para garantizar los grupos de desdoble”. 

También les corresponde “medio profesor de refuerzo extra” que solo estará hasta finales de diciembre. Son logopedas o profesionales destinados a niños con desfase curricular en algunas de las áreas o en riesgo de exclusión social, es decir, “recursos muy valiosos y que lastimosamente siempre tenemos de menos”. Rubén Rodríguez define esta incorporación temporal como “un desastre” para los planes sanitarios del colegio -ya que los maestros deben pendular entre dos centros-, para las condiciones laborales de los profesores nuevos y para el ritmo de aprendizaje de los niños.

Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció 10.610 contratos «extra» de maestros para paliar la situación COVID-19, solo 350 se han incorporado de momento y cientos de ellos han renunciado a la plaza ante las dudas por la duración y las condiciones de las mismas, como anunció CCOO. Esto, unido a que las 1.117 personas de refuerzo solo permanecerán hasta navidades, es otra muestra de “la precariedad que produce ir por la vía de la sustitución”, se lamenta Galvín. “Puede suponer que Madrid no consiga atraer ni mantener al profesorado necesario para poner en marcha una vuelta al colegio segura”, sentencia.

En el caso de la capital, la Consejería ha prometido que los contratos trimestrales solo afectarán a las plazas de refuerzo, pero que los 6.000 docentes destinados a las vacantes de la educación pública “pueden estar tranquilos”. Algo que no ocurre en otras comunidades como Andalucía y Murcia, donde todos estos contratos durarán en principio hasta finales de año. En Catalunya, Aragón, La Rioja, Extremadura, Canarias, Galicia y País Vasco y Valencia, en cambio, las nuevas incorporaciones se mantendrán todo el curso lectivo. 

En Catalunya tienen otros frentes abiertos, como el medio centenar de interinos que denunciaron que la Generalitat les dejó sin la plaza al causar baja por coronavirus antes de empezar. “Estaba emocionada, llevaba tres años esperando para una vacante para todo el curso”, explicaba Marta (nombre ficticio) a elDiario.es, que había sido aceptada para un colegio en Barcelona, pero el fin de semana previo al regreso a las aulas tuvo síntomas y acudió a hacerse una PCR. “Me dijeron que podía empezar de forma telemática”, aseguraba.

Al no tomar posesión de forma presencial, sin embargo, le comunicaron que con la baja –al final dio positivo– le quitaban la plaza. “No me parece una norma coherente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Ir al colegio el lunes a ocupar mi puesto de trabajo para conservarlo y arriesgarme a crear un brote?”, se preguntaba esta docente. Según CGT y CCOO, Catalunya ha dado marcha atrás en algunos de los casos después de que estos saliesen a la luz en los medios.

Mientras, los profesores de Galicia, Murcia, Baleares, País Vasco y Madrid se preparan para una huelga hasta finales de mes. Reclaman un aumento de personal docente, la disminución de ratios y, sobre todo, más diálogo con las autonomías para “no cargar sobre sus hombros” con una «vuelta a clase segura».

https://www.eldiario.es/sociedad/primeras-bajas-profesores-covid-19-ponen-descubierto-sistema-precario-e-inseguro-sustituciones_1_6210924.html

Sánchez pide a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios se consensúen con Sanidad y las comunidades limítrofes

Sánchez pide a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios se consensúen con Sanidad y las comunidades limítrofes

Tras semanas de acusaciones de inacción en la preparación de la vuelta al colegio y un acuerdo de mínimos suscrito por Educación y las comunidades autónomas, Pedro Sánchez ha reclamado a los presidentes regionales que exista una suerte de pacto tácito para que el hipotético cierre de colegios por rebrotes de coronavirus se haga de forma consensuada con el Ministerio de Sanidad y las autonomías limítrofes. Ese ha sido uno de los asuntos abordados en la conferencia de presidentes que se ha reunido este viernes de forma telemática durante la pandemia. Sánchez ha reclamado que se abandone la «lucha partidista» mientras los presidentes del PP han reclamado unidad de acción en la respuesta a los rebrotes.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades para la vuelta al cole la semana pasada establecía una guía de recomendaciones genérica, pero no especificaba la forma de proceder en caso de que la expansión del virus en las escuelas obligue a tomar medidas drásticas. La intención del Gobierno es que exista una cierta unidad de acción entre territorios. Así, Sánchez les ha pedido que no actúen de forma «unilateral» dado que toda decisión en una zona «afecta a otros territorios». No obstante, ha querido mandar un mensaje de calma respecto a la vuelta al colegio. «No existe riesgo cero pero trasladan mensaje de razonable seguridad a la comunidad educativa -ha señalado-. Vamos a tener un momento crítico a partir de la próxima semana pero los acuerdos refrendados la semana pasada trasladan esa necesaria tranquilidad». 

El presidente catalán, Quim Torra, no ha secundado la resolución que ha planteado el Gobierno por la negativa del Ejecutivo a incluir su propuesta sobre una prestación por incapacidad temporal a los padres y madres que tengan que hacerse cargo de menores en cuarentena, según ha informado la Generalitat. Torra había advertido a Sánchez de que no firmaría esa propuesta si no incluía el compromiso «explícito» de que los padres y madres que tengan a hijos en cuarentena por contacto estrecho con contagiados puedan acogerse a un permiso o baja retribuidos. Las medidas de conciliación han sido uno de los debates clave sobre la vuelta al colegio sin que el Ejecutivo haya dado una respuesta concreta al respecto, a pesar de que es una reivindicación de colectivos y algunos grupos parlamentarios.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró hace un par de semanas que la posibilidad de una baja para que los padres se encarguen de niños confinados se estaba estudiando. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que se pondrá en marcha y que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en ello mientras que la portavoz, María Jesús Montero, dijo que ya hay fórmulas -baja en caso de enfermedad y flexibilidad de jornada en casos de necesaria conciliación- y dejó para más adelante, en función de la evolución de los acontecimientos, el desarrollo de ese tipo de medidas concretas.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha restado importancia a la reclamación de Torra y ha explicado que se han dejado fuera aquellas propuestas que no habían sido abordadas en la conferencia de presidentes «en aras del consenso». En una rueda de prensa tras el encuentro, Darias ha explicado que «se está trabajando» dentro del Gobierno en la fórmula y ha precisado que seguramente requerirá un cambio normativo.

Pero no solo la vuelta al colegio ha estado sobre la mesa de la conferencia de presidentes en la que Sánchez ha vuelto a desgranar las cifras económicas en relación a las comunidades autónomas después de meses de tensiones con los gobiernos regionales, que se quejaban de falta de medios. «Las comunidades han recibido por parte del Gobierno de España 119,419 millones de euros, casi un 30% más de recursos económicos», ha señalado Sánchez, que ha asegurado que supone un «esfuerzo importante» para el Estado. El Ministerio de Hacienda, que ya trabaja en la elaboración de los presupuestos y, con ellos, de las cifras relativas al techo de gasto y los objetivos de déficit, pretende convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas, antes de que acabe septiembre, según ha prometido Sánchez.

Además, se ha comprometido a involucrar a las autonomías a la hora de solicitar los fondos europeos. La negociación de esos proyectos comenzará el 15 de octubre, por lo que les ha dicho que el Gobierno contactará con los ejecutivos regionales antes de esa fecha y que se celebrará también una conferencia de presidentes para abordar ese asunto. «Estamos trabajando en las grandes líneas del mismo y espero que a finales de este mes podamos presentar a las comunidades algo sólido», ha dicho sobre el plan que España presentará ante la Comisión Europea. «Habrá una comisión interministerial, una unidad de seguimiento de ese fondo de recuperación, una conferencia sectorial también para el mismo y será liderará la ministra de Hacienda. Se promoverán Comités de alto nivel en distintas áreas para poder tener contacto con las empresas. La clave no solo es absorber los recursos económicos sino el efecto arrastre de inversión privada que puedan traer consigo», ha rematado.

Ha planteado a los líderes autonómicos que se cree un grupo de trabajo sobre la vacunación de la COVID-19. Su cálculo es que las primeras vacunas estén autorizadas a lo largo de 2021, aunque en el Ministerio de Sanidad confían en que las primeras dosis lleguen a España en diciembre. Además, Sánchez ha trasladado la necesidad de priorizar grupos de población para distribuir la vacuna «teniendo en cuenta la disponibilidad va a ser paulatina». Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron a elDiario.es que lo lógico es que primero se vacune a mayores y personas vulnerables y después al resto de la población. «Sería positivo que pusiéramos en marcha grupo de trabajo técnico operativo donde participen expertos, también de las comunidades, de sociedades científicas para abordar estas cuestiones», ha aseverado.

Sánchez se ha comprometido a que en los próximos dos años haya 3.700 millones de unidades de material sanitario, lo que ha considerado un «esfuerzo bastante grande». La falta de material fue una de las primeras batallas en el inicio de la pandemia y el Gobierno aseguró que trabajaría en una reserva estratégica para el futuro. El presidente ha recordado que se han destinado a las comunidades 213 millones de unidades de material sanitario. Esa dotación forma parte de un acuerdo marco que ha suscrito Sanidad con todas las comunidades, a excepción de la valenciana, que cuenta con sus propia reserva.

Además ha comunicado que el total de efectivos de las Fuerzas Armadas que se dedicará a labores de rastreo ascenderá a 2.650. En total doce comunidades han reclamado ayuda al ejército, que se desplegará en Canarias y Melilla en primer lugar. Las siguientes serán la Comunidad de Madrid y Murcia. «Los efectivos de las Fuerzas Armadas no es una solución permanente ni obvia que las comunidades tengan que incrementar la solución de rastreo, solo sirven para complementar es esfuerzo que haga cada Comunidad», ha recordado Sánchez. Igualmente, les ha pedido que suscriban los protocolos de la aplicación Radar Covid para que el 15 de septiembre esté en marcha en todo el país. Por ahora está operativa en diez comunidades. «Me parece decisivo y determinante», les ha dicho.

La intención del Gobierno es seguir haciendo estudios de seroprevalencia sobre la incidencia que ha tenido el coronavirus. La próxima oleada para ese análisis se realizará en el mes de octubre y el presidente ha apostado por que se hagan al menos otras dos muestras -una a final de 2020 y otra a mediados del próximo año-. Respecto a los cribados masivos que han realizado algunos territorios, Sánchez ha asegurado que es un «instrumento útil para controlar la pandemia», aunque ha instado a que vayan acompañados de un «seguimiento activo de las cuarentenas» por lo que ha planteado que se elabore un protocolo de actuación en el marco del consejo interterritorial de salud.

Sánchez, que mostró su preocupación por la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y el descontrol en la expansión de la COVID-19, ha trasladado a los presidentes autonómicos que la región acumula el 34% de los casos diagnosticados. «Nos preocupa estado de salud pública y la evolución de la epidemia en Madrid», expresó el presidente en una entrevista el martes después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusara al Gobierno de «ensañamiento» con la región. En esta nueva cita con los presidentes autonómicos y tras meses de batalla, especialmente con el PP, ha vuelto a reclamar que se rebaje la confrontación. «En esta segunda parte de la gestión de la epidemia hagamos lo posible por apartar la lucha partidista de la discusión de la epidemia», ha sentenciado.

Precisamente la presidenta de Madrid ha convocado a los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a una reunión el próximo lunes para trabajar conjuntamente ante el coronavirus. Ayuso toma la iniciativa, tras la presión de las Comunidades limítrofes por la expansión del virus y alto índice de contagios en Madrid. Page llegó a decir esta semana que la Comunidad madrileña era una «bomba radiactiva vírica» y que el 80 por ciento de los contagiados en su territorio tenían conexión directa con Madrid.

El lehendakari. Iñigo Urkullu, se marcó como prioridad evitar el colapso económico. De ahí que aludiera a la «prioridad económica», para considerar que se debe «convivir con el virus evitando el colapso económico y protegiendo a las personas, familias y empresas en situación más vulnerable». Recordó así que Euskadi cuenta con un Plan de Reactivación económica y Empleo «que implica a todos los niveles institucionales» y que remitió en agosto a Pedro Sánchez. En este ámbito, ha insistido en la necesidad de la prórroga de los ERTE, mientras se siga la exposición a los efectos de la covid, y ha propuesto articular medidas de apoyo específico a sectores tractores que atraviesan una situación «delicada», como el aeronáutico, la automoción o la máquina-herramienta. También cree «urgente» agilizar la tramitación de las ayudas sociales acordadas y aprobadas antes del verano, y «estratégico» acordar un eje de acción coordinado para activar los Fondos Europeos Next Generation.

«No son la solución completa, pero sí son una parte importante del proceso de soluciones para evitar el colapso socio-económico», ha asegurado. Por ello, la aprobación de estos proyectos «está entre las prioridades del nuevo Gobierno Vasco». «Contamos ya con un planteamiento general. Nuestra voluntad y ofrecimiento se centra en participar en el proceso de toma de decisiones, tal y como planteaste en la reunión que mantuvimos el pasado 31 de julio», ha afirmado a Sánchez. Luego, llamó a evitar el colapso educativo y ha destacado que su Ejecutivo ha preparado un protocolo para que el coronavirus «no impida la educación presencial de forma generalizada y facilite un retorno a las aulas ordenado, preventivo y sostenible».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte manifestó su desacuerdo con el reparto del fondo educativo covid, dotado con 2.000 millones de euros. Y, aunque puso en valor la partida en cuestión, defendió que no tiene en cuenta algunos costes como el transporte. También pidió acuerdo «explícito» para abordar las situaciones de brotes en los centros. y conocer las previsiones económicas para 2021, con el fin de poder avanzar en el diseño de los presupuestos, que por ley deberían comenzar su tramitación parlamentaria antes del 20 de octubre. También reiteró su interés en que se modifique la Ley orgánica de Salud y anunció que enviará una propuesta tanto al presidente del Gobierno como a las Cortes Generales para su tramitación. A su entender, es necesario «modificar la legislación sanitaria para tener «los instrumentos más eficaces para hacer frente a la pandemia».

En la misma línea de queja por el reparto de fondos intervino el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para quien la suya es la Autonomía que menos ayudas ha recibido de por habitante del fondo no reembolsable. “El reparto de fondos europeos debe ser en base a criterios objetivos y que estén perfectamente definidos”, reclamó después de exigir una flexibilización del déficit gasto relacionado con el Covid19, así como una prórroga de los ERTE en el sector hostelero hasta Semana Santa y una reducción al 4% del IVA, dos iniciativas que también defendió Moreno Bonilla. Respecto al inicio del curso escolar, pide que se valore la flexibilización de los currículos, ya “es importante para que los docentes de toda España puedan adaptar los contenidos a esta situación extraordinaria y excepcional” y que el arranque de las clases se aborde desde la coordinación y la colaboración, y no con 17 respuestas diferentes. Murcia sí asumirá la declaración en materia educativa pero quiere que se refleje un compromiso presupuestario para 2021. «La solución a la situación del aumento de contagios solo puede abordarse desde la coordinación, trabajo conjunto y colaboración entre administraciones. Pero también es importante transmitir a la población la realidad: no se puede transmitir un mensaje de normalidad porque no es así», sentenció López Miras, quien cree que «la cogobernanza debe ser real».

El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla apeló por su parte a la búsqueda de un clima de «entendimiento y sosiego» entre Autonomías y Gobierno «sin enfrentar territorios ni culparse unos a otros por el COVID-19″. Tras manifestar su preocupación por la evolución de la pandemia, recordó que este comienzo de curso escolar es el más complejo de los últimos cuarenta años y “si queremos generar confianza tenemos que actuar con unidad ya que lo que más incertidumbre puede generar es que no haya igualdad de acción entre los territorios». En este sentido, defendió la necesidad de un criterio común ante el absentismo en las aulas ya que “no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas”. También ha solicitado que la financiación del Gobierno por el COVID no sólo abarque el primer trimestre del curso sino todo el curso 2020-21.

En cuanto a los fondos europeos ha calificado de “jarro de agua fría” las noticias de Sánchez de que hasta mediados de 2021 no se liberarán los fondos en Europa, por lo que ha solicitado que el Gobierno estudie fórmulas de anticipos, dadas las expectativas que se han generado en la ciudadanía y las empresas. Sánchez se ha comprometido, después, a estudiarlo.

Los socialistas, por su parte, se alinearon con Sánchez en la necesidad de reforzar la unidad política y la institucionalidad en estos momentos críticos. El primero en hacerlo fue el valenciano, Ximo Puig, para quien es urgente contar ya con unos Presupuestos del Estado que tengan el máximo respaldo, renovar los órganos constitucionales y reforzar la cogobernanza con propuestas como la de la declaración parcial del Estado de Alarma, «que no significa confinamiento». El presidente de la Generalitat valenciana apostó después por aprobar un procedimiento exprés de contratación, bajo el paraguas de la emergencia sanitaria y económica, «para que sea mucho más ágil la contratación de proyectos vinculados al Plan de Recuperación financiado con recursos europeos». Su opinión es que las instituciones públicas tendrán «un valor crucial en los próximos meses como motor de la economía, por lo que es preciso que exista una nueva normativa que agilice y de rapidez a los procedimientos de contratación para ganar en eficiencia. Todo el control, pero toda la agilidad”, dijo.

Ximo Puig también ha subrayado la necesidad de contar con protocolos comunes de seguridad relacionados con la movilidad en Europa y contar con un espacio único europeo: “Puede ser cualquier norma que acordemos, como test a la salida y a la llegada a los destinos, lo importante es que haya unas únicas normas que garanticen la seguridad a los ciudadanos cuando transitan por el espacio común europeo”. Luego, puso en en valor el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana de cara a la preparación del curso escolar con la contratación de 4.300 profesores y 3.000 auxiliares y el desarrollo de unos protocolos de seguridad acordados con toda la comunidad educativa.

En línea con la intervención de muchos de sus homólogos, el castellano-manchego Emiliano García Page defendió una estrategia nacional frente a la pandemia porque lo contrario es «lío y caos» y apostó por un acuerdo nacional que ayude a tener unos Presupuestos para 2021. «Si las autonomías formamos parte de la arquitectura de acuerdo vamos a ayudar y es lo que sigo comprometiendo y pidiendo», afirmó antes de pedir una previsión «realista» de los fondos europeos

https://www.eldiario.es/politica/sanchez-pide-presidentes-autonomicos-cierres-colegios-consensuen-sanidad-comunidades-limitrofes_1_6200162.html

El Gobierno recuerda que la vuelta al cole es obligatoria y no concreta las medidas de conciliación

El Gobierno recuerda que la vuelta al cole es obligatoria y no concreta las medidas de conciliación

Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo para poner en marcha 23 medidas y cinco recomendaciones para la vuelta al colegio del que solo se ha descolgado Euskadi. «Hay un compromiso de seguir estas medidas pero no únicamente estas», ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en referencia a los distintos planes que pondrán en marcha las autonomías, que tienen las competencias en materia educativa. Lo que ha enfatizado el Gobierno en la rueda de prensa posterior al encuentro con los consejeros de Educación y Sanidad es que la vuelta al colegio es obligatoria para los menores de entre seis y 16 años ante la posibilidad de que haya padres y madres que se nieguen a que acudan a clase ante el temor a que no sea un entorno seguro. Lo que no ha precisado el Ejecutivo es qué medidas en materia de conciliación pretende adoptar para aquellos progenitores que tengan que hacerse cargo de sus hijos en caso de que estén en cuarentena y no puedan trabajar.

El Gobierno encargará un informe a los servicios jurídicos del Estado para abordar el eventual absentismo escolar por la COVID-19. “Será puesto a disposición de las comunidades en una próxima reunión”, ha explicado la ministra Isabel Celaá. No obstante, ha recordado que la educación es un derecho fundamental y que la obligatoria se extiende de los seis a los 16 años. “Es obligatorio asistir a clase y examinarse”, ha aseverado la titular de Educación, Isabel Celaá. “Estamos trabajando por un entorno escolar seguro y muy controlado”, ha dicho la ministra, que ha reconocido que “no existe el riesgo cero” antes de sentenciar que “la escuela tal y como se está preparando es mucho más segura que otros ámbitos de socialización en los que se pueda conducir al alumno”.

De hecho, la guía de actuación ante casos en colegios aprobada también hoy recoge que “el cierre de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectivo y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje». Illa ha precisado que se refiere a que el cierre de los colegios como medida aislada habría sido insuficiente para frenar la expansión del coronavirus. «Una medida aislada como la paralizacion educativa aisladamente no tiene por qué tener efecto», ha señalado. En el caso de que haya que cerrar las escuelas por la situación epidemiológica, la decisión corresponderá a las comunidades, según ha explicado Illa. Esa guía señala que se hará solo en el caso de que se detecte transmisión comunitaria en el centro, si no, se procederá a acciones menos drásticas, que sí podrán incluir la suspensión de clases o cierre de aulas concretas.

Preguntado por si se prevén sanciones en el caso de que las familias lleven a los niños al colegio a sabiendas de que están contagiados, el ministro de Sanidad ha sido tajante: «Estando como estamos no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución».

No obstante, el Gobierno no aclara qué medidas pretende poner en marcha para garantizar la conciliación de aquellos padres o madres que tengan que hacerse cargo de los menores en el caso de que tengan que permanecer en cuarentena, que es una de las preocupaciones de las familias. «Este documento que esta mañana hemos acordado no recoge tema de conciliación», ha dicho Celaá, que ha garantizado que el «Gobierno siempre está, ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias». «Pensaremos en respuestas acorde a las necesidades de las familias», ha apostillado. Ayer, el Gobierno sí anunció que están estudiando una modalidad de bajas o permisos para esas situaciones, pero todavía no está concretada.

Illa y Celaá han destacado cinco medidas de las adoptadas para la vuelta al colegio: la distancia interpersonal de 1,5 metros, la mascarilla obligatoria a partir de los seis años en todos los grupos, higiene de manos como mínimo cinco veces al día, ventilación frecuente y constante – Illa ha dicho que lo ideal sería tener las ventanas abiertas si es posible. En caso de no serlo, la ventilación tiene que ser antes de arrancar la jornada, en los recreos y, en su caso, en el intercambio de clases-. La última es la toma de la temperatura antes de la jornada, que se podrá realizar en el domicilio con una declaración responsable o en el centro educativo.

Sin embargo, Illa no ve necesario hacer test a los miembros de la comunidad educativa. “Las comunidades pueden actuar convenientemente” como consideren pero hacer PCR o pruebas serológicas masivas no es una orden ministerial porque “hay un consenso amplio en la ciencia y entre los epidemiológos en que una acción indiscriminada con PCR o test serológicos no tiene mucho sentido, hay maneras más eficaces” de reducir el riesgo de contagio, defiende el ministro. “Nunca viene mal pero no es la forma más eficiente de actuar”, ha añadido, aunque sí ve útiles “los cribados” que sí están haciendo ya algunas consejerías “en función” del entorno del centro y de la tasa de incidencia.

Además de las medidas relacionadas con la vuelta al cole, comunidades y Sanidad han decidido una segunda “acción coordinada en materia de salud pública” con las comunidades: adelantar la campaña de vacunación de la gripe. Habitualmente, cada año comenzaba a finales de octubre y principios de noviembre; este año, será “la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana”. Con esa orientación, cada gobierno autonómico decide su calendario de vacunación gripal.

El objetivo será llegar a un 75% de cobertura para mayores de 65 años y a un 60% para personas de riesgo, en contacto con personas de riesgo, y embarazadas. Se priorizarán “los centros residenciales”. Que la campaña de vacunación de este curso se intensifique es relevante contra la pandemia de COVID-19, ya que muchos de los síntomas de sendos virus se confunden y en temporada de gripe se podrían sobrecargar más los sistemas de diagnóstico, además de empeorarse la salud de personas que puedan sufrir ambas patologías.

https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-recuerda-vuelta-cole-obligatoria-no-concreta-medidas-conciliacion_1_6185582.html

Mascarillas, controles de temperatura y un protocolo sanitario si hay un positivo: las novedades del plan para la vuelta al colegio

Mascarillas, controles de temperatura y un protocolo sanitario si hay un positivo: las novedades del plan para la vuelta al colegio

Justo seis meses después de que todos los alumnos españoles tuvieran que dejar apresuradamente sus centros educativos para pasar a una improvisada enseñanza online comenzará la vuelta a las aulas. Será un regreso marcado por las incertidumbres de una pandemia que sigue cebándose con muchos territorios y que los discursos políticos del agosto tardío han salpicado de reproches en todas las direcciones. Las comunidades pidiendo más coordinación al Gobierno central, la comunidad educativa exigiendo garantías de seguridad para alumnos y profesores, los ministros instando a los presidentes autonómicos a ejercer sus competencias delegadas. Este jueves, una semana antes de que los primeros niños se reencuentren con su escuela, se debería acordar en el palacio de la Moncloa los detalles de ese regreso.  

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la de Educación; Isabel Celáa; y la de Política Territorial, Carolina Darias; se reunirán en el palacio presidencial con los consejeros autonómicos para acordar unas medidas comunes. No habrá muchas novedades respecto a las que se pactaron en junio en la Comisión Interterritorial de Educación, explican fuentes ministeriales, pero sí algún «ajuste» ante una situación epidemiológica que ha ido complicándose desde entonces. Tras la reunión, Illa y Celaá comparecerán en rueda de prensa para comentar lo concertado con los responsables territoriales. 

La idea es que salgan dos documentos: uno «base», sobre protocolos de seguridad a seguir en los centros; y otro sobre las instrucciones a seguir si se detecta un caso o un brote en una escuela o instituto, que vendrán a ampliar el documento que ya acordó Educación con las comunidades el pasado 22 de junio. Una de las medidas que se amplía en la propuesta del ministerio de Celaá es el uso de las mascarillas para todos los niños a partir de los seis años, una obligación que en principio solo iba a afectar a los mayores. En medio, la multiplicación de casos obligó a las comunidades a acordar el uso preceptivo de las mascarillas para toda la población. 

Otra medida que se discutirá es la de los controles de temperatura para los alumnos. La propuesta surge de los planes de vuelta al cole de algunas comunidades autónomas y ha tenido buena acogida en el ministerio. Pero hay que definir cómo se haría, porque se intenta evitar cualquier tipo de aglomeración a la entrada de los centros para evitar contagios.

Una tercera novedad sería una ‘declaración responsable’ de los padres de que envían a su hijo a la escuela en perfectas condiciones –sin febrícula ni síntoma de ningún tipo– para proteger a sus compañeros y maestros. Esto también tendrá que definir su procedimiento: si se establecerá por escrito o mediante una comunicación a los progenitores. Y en cualquier caso, independientemente de lo que se acuerde, serán las comunidades las responsables de desarrollar la normativa en sus propios planes de inicio de curso. Estos documentos se han ido presentando –muchos en los últimos días– entre polémicas por la improvisación de las medidas. En Madrid los sindicatos mantienen la huelga convocada para las primeras semanas de clases porque no se fían de que las medidas anunciadas por el Gobierno regional vayan a estar en marcha a tiempo.  

La incidencia en varias comunidades autónomas es más alta de lo que los responsables políticos esperaban para el inicio del curso escolar. No hay órdenes claras de ningún organismo internacional acerca de cuál es la tasa segura: la Organización Mundial de la Salud se limitó a señalar que la vuelta al cole sería segura ahí donde la transmisión comunitaria fuese «baja». Transmisión comunitaria hay «en uno u otro nivel» en toda España, explicaba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), pero en algunas es más alarmante que en otras. En Aragón supera los 400 casos por 100.000 habitantes, aunque en descenso; y en Madrid se aproxima a los 400, en ascenso. En esta última región ya se ha retrasado el curso unos días respecto a lo agendado.

La media española, que concretamente Madrid por su gran población sube mucho, es 173,14. La de Italia 16,5 y la de Francia 65,6, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

A pesar de celebrarse ya a las puertas de septiembre, Simón no cree que la reunión de este jueves llegue tarde, sino que solo apuntalará lo que «se ha venido trabajando» desde hace meses. «El documento de recomendaciones que acordamos tiene fecha de junio, no hay ninguna improvisación. Los planes de las comunidades autónomas salen de ese acuerdo, todo está ahí», insisten en Educación. Desde Sanidad defienden igualmente que es ahora cuando se conoce la incidencia con la que España llega a septiembre.

Aquel era un documento de mínimos, de 26 páginas, con los mismos objetivos con los que Simón marcaba para este septiembre: por un lado «crear entornos seguros»; por otro, «posibilitar la detección precoz de casos y su gestión», basándose en la limitación de contactos –distancias de 1,5 metros entre todos y grupos estables separados–; higiene de manos y desinfección y ventilación del centro.

No se incluía, eso sí, la propuesta lanzada este miércoles por el Partido Popular tras la reunión de sus responsables en la materia: hacer pruebas PCR a todos los profesores. Si bien alguna comunidad autónoma ha anunciado que las realizará, fuentes de Sanidad descartan plantear esa medida en la Interterritorial. Sanidad nunca ha sido partidario de las pruebas generalizadas, porque solo marcan la situación puntual de un día. «No creemos que sea operativo», apuntan desde Educación. 

La otra gran novedad de la reunión será el documento que presentará Salvador Illa sobre los pasos a seguir si se detecta un caso positivo en la escuela. No se ha avanzado mucho sobre el contenido de este documento, pero fuentes de Sanidad aseguran que se pondrá en valor la figura de un ‘coordinador COVID’ en cada centro, que estará al tanto de los procedimientos y que indicará cómo actuar y de qué manera informar a las autoridades sanitarias de la situación. 

Este protocolo se lleva trabajando desde mayo o junio, y se ha acabado de definir en la reunión técnica preparatoria del encuentro en Moncloa, que se realizó este martes en el Ministerio de Sanidad con los viceconsejeros. 

Al inicio de la pandemia, los niños fueron en alguna medida estigmatizados por su supuesta capacidad de expandir el virus: no era tanto que contagiasen el virus más que los adultos, aclaraban los expertos, sino que intercambiaban fluidos con más frecuencia y vivían con más descontrol. 

Seis meses después sabemos algo más de la COVID-19. Este miércoles, el Hospital Sant Joan de Déu presentaba el estudio Corona Kids, sobre campamentos de verano realizados en Barcelona los últimos meses. La tasa de transmisión es 6 veces inferior a la media: 0,3 respecto a las poblaciones del entorno que los mismos días estaban entre 1,7 y 2. Un dato que no se puede extrapolar directamente a los colegios, ya que en las colonias se realizan más actividades al aire libre, pero que anula el factor supercontagiadores y da pautas sobre que los grupos pequeños, como han sido los estudiados y como se pretende que sea en las escuelas, favorecen la reducción de riesgos.

En último caso, serán las comunidades autónomas las que tomen la decisión de, ante un caso positivo, aislar a una clase –el objetivo de los ‘grupos burbuja’ es mejorar la detección y afectar a la menor cantidad de alumnos posible– o tomar medidas más drásticas como el cierre del centro. 

Y aquí surge otra de las grandes incógnitas de cómo se gestionarán estos casos. Si un niño tiene que guardar cuarentena, ya sea por estar infectado o porque en su aula haya habido un positivo,y por tanto requiera que un progenitor o tutor se quede con él. ¿Habrá permisos laborales para ello? Javier Padilla, médico de familia especialista en Salud Pública, reflexionaba sobre eso en elDiario.es: «Mi respuesta y de otros desde consulta será clara: si tengo que dar bajas, las daré. Pero es algo que no puede quedar en manos de las ganas o no del médico de familia».

Este miércoles, la ministra Celaá ha apuntado que el Gobierno está «estudiando» dos opciones: un permiso retribuido para estos casos, para lo que se tendrían que coordinar con el Ministerio de Trabajo; o una baja laboral que permita ausentarse a los padres, que aborda con el Ministerio de Sanidad, aunque también afectaría al de Seguridad Social e incluso al de Función Pública. Sin embargo, este tema no parece estar cerca de concretarse y se queda fuera de la reunión. «Se está empezando a abordar y veremos si es posible», zanjan fuentes del Gobierno.

https://www.eldiario.es/sociedad/mascarillas-controles-temperatura-protocolo-sanitario-si-hay-positivo-novedades-plan-vuelta-colegio_1_6184260.html

El disparo de los contagios y la falta de medidas ponen en peligro la vuelta a las aulas a dos semanas de que empiece el curso

El disparo de los contagios y la falta de medidas ponen en peligro la vuelta a las aulas a dos semanas de que empiece el curso

Se venía anunciando desde mayo y ha acabado pasando. La vuelta al colegio se ha convertido en un caos en el que, a falta de dos semanas para que los primeros alumnos entren en las aulas, ni siquiera está garantizado que las clases vayan a empezar cuando está previsto ni si serán presenciales, online o una mezcla. Más de ocho millones de alumnos y otro medio millón largo de profesores se disponen a volver a unas aulas masificadas (salvo alguna excepción, como la Comunidad Valenciana o Andalucía de manera selectiva, ningún Gobierno regional ha bajado las ratios) con las mascarillas como único elemento de seguridad mientras se preguntan qué han hecho las administraciones todos estos meses.

Porque quedan menos de 14 días para el inicio teórico del curso y hay comunidades que aún están presentando medidas o decidiendo cuál de los escenarios que han planteado –con mayor o menor presencialidad en función de la evolución de la pandemia– van a poner en marcha. Las previsiones de retorno a los colegios fueron optimistas en su mayoría y planteaban que el escenario principal sería una vuelta sin apenas coronavirus que no requiriera grandes cambios, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Los contagios se multiplican, la curva crece y lo que valía ayer, hoy es antiguo: la «irrenunciable» presencialidad a la que aludía la ministra Isabel Celaá antes del verano está en el aire, los grupos de 15 son historia y el trabajo de los docentes midiendo aulas para asegurar primero esos dos metros de distancia de seguridad (luego bajó a uno y medio) fue en balde: con carácter general, los grupos tendrán el mismo tamaño que tenían en febrero.

Lo que ya parece una quimera es aquella idea de una vuelta presencial. Ministra y consejeros aseguraron que trabajaban para una vuelta a los colegios. El Ministerio de Educación recomendó en junio que se priorizara la de los menores de 14 en caso de tener que elegir. Los mayores de la ESO y el Bachillerato eran los alumnos mejor preparados para una enseñanza a distancia, se razonó. Los pequeños tenían que ir a clase sí o sí. Papel mojado. Murcia plantea ahora una vuelta semipresencial también para Infantil y Primaria, unas etapas que estaban blindadas a priori en todas las regiones contra la enseñanza a distancia. Catalunya abre la puerta al uso de mascarillas dentro de las aulas. Madrid anunció el miércoles que el próximo día 25 presentará un plan para una vuelta segura, a una semana del inicio del curso y después de que todos los centros de la región se pasaran julio planificando la vuelta. Este viernes el Gobierno regional ya ha afirmado que la vuelta no será 100% presencial. Andalucía también anuncia protocolos para la semana que viene, aunque sí pretende que todos los alumnos acudan a clase a diario. Galicia anuncia que contratará a 250 profesores y «otros tantos» cuando sepa las necesidades. No está claro qué tiene que pasar para que las conozcan, a diez días de la vuelta.

Pequeños anuncios –o no tan pequeños, pero no planes completos– a la espera de la reunión entre el Ejecutivo central y las comunidades el día 27 para hablar del tema, apenas cuatro días antes del teórico inicio de la actividad en los centros. Para algún momento próximo queda pendiente, también, la conferencia de presidentes de Pedro Sánchez con los líderes regionales en las próximas semanas con el mismo tema en la agenda. En esta reunión varios presidentes autonómicos, entre los que ya se han significado el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, le van a pedir a Sánchez un protocolo y calendarios únicos en toda España. Ante la proximidad de estas reuniones, algunas comunidades esperan el liderazgo del Gobierno. Van anunciando medidas, como las relativas al uso de las mascarillas o sobre la vuelta presencial, pero casi ninguna ha salido a zanjar las dudas de profesores y familias.

Llama la atención el caso madrileño, que además de reclamar que le devolvieran las competencias durante el estado de alarma (competencias en Educación que nunca perdió), se desmarcó de prácticamente todos los acuerdos que se iban alcanzando en las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Madrid fue, junto a Euskadi, la única comunidad que renegó del documento general que elaboró el Ministerio en junio y sobre el que se han basado, con más o menos seguimiento, el resto de regiones para elaborar sus protocolos. Pero ahora por un lado pide un plan único y por otro anuncia un plan para el día 25, dos antes de la reunión entre Gobierno central y comunidades autónomas de la que, se supone, deberían salir directrices. A ese nivel poco más puede hacer el Ministerio: legalmente, las competencias, y por tanto las decisiones y la normativa a desarrollar, son autonómicas. En manos de Celaá sí estaría bajar las ratios para todos –es normativa básica, y por tanto estatal–, pero Educación ha decidido no andar ese camino. Cada Gobierno regional podría también haber tomado esa decisión por su cuenta, pero eso significa contratar profesores y cuesta dinero.

Madrid es la comunidad autónoma donde más incierta es la situación, pero no es la única. En la región ha cristalizado finalmente el descontento en una convocatoria de huelga de docentes desde el primer día de clase. Ante las acusaciones de convocar una huelga «política», aseguran los responsables sindicales que la situación en la comunidad madrileña es sensiblemente peor que en otras y que la falta de planificación ante la COVID-19 se suma a años de recortes. En respuesta, el Gobierno regional –cuyo consejero de Sanidad deslizó este jueves que no ve segura una vuelta 100% presencial– se plantea retrasar hasta el 14 el comienzo de las clases y anuncia su plan, dejando descolocados a los docentes: ¿las propuestas de junio, los escenarios previstos, para qué eran entonces?, se preguntan. Canarias ya lo ha hecho: las clases vuelven una semana más tarde de la previsión inicial. En Andalucía, un grupo de AMPA amenaza con no llevar a sus hijos en las condiciones que propone la Junta. En Castilla y León, el Gobierno regional quería forzar a los interinos a firmar un documento declarando tener los medios propios necesarios para impartir docencia a distancia. El documento se retiró en cuanto se hizo público y se achacó a «un error».

Ni docentes ni expertos sanitarios –Fernando Simón entre ellos– entienden los criterios fijados por las administraciones para la vuelta al cole. Las disensiones entre los departamentos de Educación –que las mayores medidas de prevención que plantean son las mascarillas y empezar con la teledocencia si se descontrola la situación– y los de Salud –que piden que no haya aglomeraciones y bajar las ratios– empiezan a hacerse públicas. La estupefacción recorre grupos de Whatsapp de profesores y familias y las reuniones sindicales. «Si una de las medidas de salud pública es que los grupos por la calle no pueden ser de más de diez personas, tendríamos que intentar que en la escuela sean lo más pequeños posible», resumía Magda Campins, jefa de epidemiología del hospital Vall d’Hebron. En versión indignada de un docente: «No puedo ir a cenar con 10 amigos, pero me voy a meter en una clase con 30 alumnos sin distancia alguna de seguridad varias horas al día». No está de más en este punto recordar el estudio de la Universidad de Granada que calcula que un grupo de 20 alumnos se relaciona en total con unas 800 personas en dos días, cuestionando la utilidad de las famosas burbujas. Algunos sindicatos exigen también pruebas PCR para todo el que entre en un aula –no va a pasar con carácter general– y otros se preguntan de dónde van a sacar las obligatorias mascarillas esas familias a las que apenas les da para hacer tres comidas al día. Si las mascarillas quirúrgicas sirven para unas cuantas horas (como mucho un día lectivo de cinco o seis horas), van a hacer falta millones de ellas cada jornada. ¿Va a haber provisión para todos?

Al final, todas las peticiones de los docentes se reducen a eso: seguridad. Los profesores madrileños, atacados estos días por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por convocar una huelga, tratan de hacer pedagogía y explicar que si no quieren volver en estas condiciones no es solo por ellos: es, también, por los alumnos y sus familias, explican.

Su receta para una vuelta segura es tan clara como poco probable que se cumpla: contratar más profesores, desdoblar aulas, menos alumnos por clase. Eso que ha hecho Italia, como recuerda José Ramón Merino, responsable de Política Educativa del sindicato Stes. El país transalpino ha contratado 84.000 docentes más para una población estudiantil algo inferior a la española. «Aquí no llegan a 25.000», lamenta Merino. Según datos oficiales, en España hay 28.816 centros educativos no universitarios. La cuenta es sencilla: menos de un profesor extra por centro. En un país con 17 realidades educativas una media no refleja la situación de cada territorio, pero los datos dan para hacerse una idea. Dentro de esto, la Comunidad Valenciana ha contratado más de 4.300 profesores (uno de cada seis del total de contrataciones en España, muy por encima de su peso en el sistema) y Madrid, ninguno de momento.

Por eso, entre otras razones, en Madrid se ha convocado una huelga y en otros territorios no, y no se plantea por ahora, aunque «tampoco se descarta», según Maribel Loranca, secretaria general de la federación de Educación de UGT. «La propia presidenta [Isabel Díaz Ayuso] admite ahora que no tiene un plan y va a presentar otro. La idea de Madrid era reabrir como si estuviéramos en febrero, sin invertir. Pero la realidad es tozuda», justifica la convocatoria.

España cuenta con una pequeña ventaja: las clases empiezan aquí más tarde que en el resto de Europa y podemos mirar otros países, qué están haciendo y cómo, para tratar de evitar posibles errores que estén cometiendo. La respuesta a nivel europeo es tan variada como lo son sus países. Alemania debate sobre el uso de las mascarillas, y la reapertura de centros ha venido acompañada de rebrotes que han obligado a cerrar algún colegio, al menos dos en la primera semana. Italia, que ha contratado 84.000 profesores más, también ha habilitado espacios como centros deportivos o incluso cuarteles para desdoblar las clases. Si se detecta algún positivo en el colegio, el protocolo es cerrarlo mientras se buscan más casos. Francia ha relajado los criterios respecto a mayo, cuando promovió una vuelta voluntaria. En Reino Unido se programa una vuelta sin apenas restricciones que se ha traducido en varios casos en Escocia y por lo menos un centro cerrado.

En España, la realidad es que no hay un docente que sepa a ciencia cierta cómo va a arrancar el curso. Ni un político siquiera. «Hoy por hoy» es la expresión estrella de los consejeros de Educación. Algunos pueden tener alguna certeza más que otros, pero si realmente la aplicación de los protocolos está ligada a la situación epidemiológica, todo dependerá de la evolución de estas dos próximas semanas, advierten los expertos sanitarios. «La seguridad sanitaria de la comunidad educativa va a depender tanto de lo que se haga o deje de hacer en el interior de los centros de enseñanza como de lo que suceda fuera de ellos, es decir, en el barrio, la población o la comarca donde esos centros se encuentren», explican los expertos Daniel López-Acuña, José Martínez Olmos y Alberto Infante Campos en esta tribuna. «Cuanto menor sea la transmisión del virus, estimada por la incidencia acumulada de nuevos casos en los 14 días precedentes al inicio de la actividad escolar, mayor será la probabilidad de que las medidas adoptadas en el interior de un determinado centro de enseñanza en ese territorio resulten eficaces. Y viceversa». Si el curso empieza en las fechas previstas, los 14 días ya están contando. Y la curva solo sube.

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