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Boris Johnson quiere reescribir el acuerdo del Brexit, ¿y ahora qué?

Boris Johnson quiere reescribir el acuerdo del Brexit, ¿y ahora qué?

Hace poco menos de un año, en octubre de 2019, Boris Johnson firmó, con el resto de líderes de la UE, un acuerdo para el Brexit. Así, el 31 de enero pasado, Reino Unido dejó la UE. Pero esto supone pocos cambios, salvo por el hecho de que Reino Unido no tiene ni voz ni voto, hasta el próximo 31 de diciembre, cuando concluye el periodo de transición para negociar el acuerdo de relación futura comercial entre la UE y Reino Unido.

Y en eso estaban las dos partes, a 100 días del precipicio de un Brexit sin acuerdo comercial, con las negociaciones estancadas, cuando Londres lanzó una bomba sobre la mesa.

El domingo pasado el Financial Times adelantaba que Londres tenía previsto una nueva legislación sobre aduanas que reescribía el acuerdo de retirada del Brexit en lo relativo al protocolo de Irlanda del Norte.

Dos días después, en Westminster, el ministro británico para Irlanda del Norte, reconocía lo que todos sabían pero nadie se atrevía a decir en el número 10 de Downing Street: que Reino Unido se disponía a violar el derecho internacional.

«Me ha sorprendido la propuesta legislativa británica y que en sede parlamentaria se diga que hay que romper el derecho internacional», explica una fuente diplomática: «La lectura es muy incierta, si realmente es una táctica o una estrategia; si estamos hablando de mejorar la posición negociadora o de que el acuerdo de retirada no les gusta y pueden hacer lo que quieran».

Fuentes comunitarias explican que «Reino Unido siempre ha sido muy respetuoso con sus compromisos, es muy sorprendente».

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum: o Londres corrige, o habrá consecuencias. «La Comisión Europea podría usar medios jurídicos», reconocen fuentes diplomáticas. No en vano, Bruselas cuenta con informes jurídicos que avalan acudir al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

El vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic ha afirmado: «El acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para abordar las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto, que la Unión Europea no dudará en utilizar».

Según ha informado la televisión pública irlandesa, RTÉ, el documento sostiene que el intento del Reino Unido de anular elementos del Protocolo de Irlanda del Norte es una «clara violación» del Acuerdo de Retirada, y permitiría a la Comisión Europea emprender acciones legales: «El acuerdo de retirada fue ratificado tanto por la UE como por el Reino Unido y entró en vigor el 1 de febrero. Desde entonces, ninguna parte puede cambiarlo, aclararlo, enmendarlo, interpretarlo o dejar de aplicarlo unilateralmente. El protocolo de Irlanda forma parte integral del acuerdo de retirada … Si se adopta como se propone, este proyecto de ley será una clara violación de las disposiciones sustantivas del protocolo».

En 1998 se firmó un acuerdo internacional, auspiciado por Naciones Unidas, para acabar con una guerra interminable entre irlandeses. El acuerdo recogía el desarme del IRA, así como de las milicias protestantes, la participación de todos en la política institucional y el compromiso de nunca habría una frontera dura entre Irlanda del Norte y la república de Irlanda.

Esa parte del llamado Acuerdo de Viernes Santo se respetó sin problemas mientras Irlanda y Reino Unido eran vecinos y miembros de la Unión Europea. Pero el Brexit ha generado una situación endiablada: respetar que no haya frontera dura entre un país miembro del mercado interior y único de la UE –Irlanda– con otro país que está fuera de la UE pero tiene una de sus partes –Irlanda del Norte, el Ulster– que no puede montar una frontera.

Durante meses las relaciones del Brexit giraron en torno a eso, y al riesgo de que la uniformidad irlandesa terminara llevando a que la frontera se estableciera en el mar de Irlanda, dejando al Ulster casi dentro de la UE.

Theresa May pactó un backstop, una serie de controles que evitaban la frontera dura. Pero Boris Johnson recuperó una idea que May había enterrado: un protocolo que mantiene a Irlanda del Norte en la unión aduanera británica pero deja una frontera blanda con Irlanda, dentro del mercado interior de la UE, lo que algunos vez como una asimilación de las dos irlandas.

«Las autoridades británicas podrán aplicar aranceles aduaneros a productos de terceros países, siempre que no estén en riesgo de llegar a nuestro Mercado Único. Los que sí lo estén, tendrán aranceles europeos», afirmó el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, quien también ha explicado la solución para el llamado consent: «Después de cuatro años, los representantes electos de Irlanda del Norte podrán decidir por mayoría simple si seguirán aplicando las reglas europeas o no en Irlanda del Norte». Al ser por mayoría simple, los unionistas norilandeses de la DUP pierden su capacidad de veto a partir del fin del periodo de transición –final de 2020– y, al mismo tiempo, el reformulado backstop se convierte en no permanente… pero gana contenido democrático: «Los mecanismos de consentimiento para el nuevo protocolo irlandés son una piedra angular democrática», decía Barnier, en tanto que ya no es un seguro de respaldo y es reemplazado por un acuerdo posterior.

«Irlanda del Norte seguirá alineada con un conjunto limitado de normas de la UE, especialmente relacionadas con los bienes», ha dicho Barnier: «Esto significa que todos los procedimientos aplicables sobre bienes se llevarán a cabo en los puntos de entrada a Irlanda del Norte y no en toda la isla». Pero Irlanda del Norte permanecería legalmente en el territorio aduanero del Reino Unido para permitir que el primer ministro presuma de que el país «entero y completo» ha abandonado la UE.

Barnier añadió: «Irlanda del Norte permanecerá en el territorio aduanero del Reino Unido. Por lo tanto, se beneficiará de la futura política comercial del Reino Unido. Pero Irlanda del Norte también seguirá siendo un punto de entrada a nuestro mercado único. Entonces, ¿qué hemos hecho para cuadrar este círculo? Las autoridades del Reino Unido pueden aplicar aranceles del Reino Unido a los productos procedentes de terceros países, siempre que los productos que entren a Irlanda del Norte no corran el riesgo de ingresar a nuestro mercado único. Sin embargo, para los bienes en riesgo de ingresar al mercado único, las autoridades del Reino Unido aplicarán los aranceles de la UE «.

El Gobierno británico quiere aprobar una nueva legislación que anularía partes del acuerdo de salida de la UE del Reino Unido. Londres quiere matizar el compromiso de aplicar la regulación europea sobre ayudas estatales en relación al comercio de bienes en Irlanda del Norte.

Igualmente, pone en cuestión la cláusula que exige a las empresas norirlandesas rellenar formularios de exportación al enviar mercancías hacia la isla de Gran Bretaña.

Así, en el apartado de ayudas estatales de la ley de mercado interior, el ministro para Irlanda del Norte se reserva el derecho de interpretar el protocolo del acuerdo del Brexit y «no aplicarlo», introduciendo reglas en el sentido de que la ley de ayudas estatales de la UE no puede aplicarse en Irlanda del Norte o Gran Bretaña.

Los movimientos del Gobierno británico sobre el acuerdo de salida de la UE se producen mientras está negociando el acuerdo de relación futura, estancado por los problemas británicos para cumplir lo firmado en la Declaración Política en relación con la competencia desleal, la pesca y los mecanismos de resolución de conflictos.

«Lo importante es la lectura que hagas para la negociación», dice una fuente diplomática: «Los Estados miembros tienen que plantearse si los riesgos son justificables o no. Hay muchas consecuencias políticas. La UE no creo que se levante de la mesa. No es nuestro estilo. En otro recorrido temporal, las medidas jurídicas tendrán mucha importancia porque es un acuerdo jurídicamente vinculante. Lo que a corto plazo hay que ver es si hay ánimo de negociación y si Reino Unido quiere llegar a un acuerdo o no. Si no quiere, no habrá acuerdo».

«Quedan varios asuntos pendientes en las negociaciones para el acuerdo comercial y las divergencias en algunas siguen siendo significativas», reconocen fuentes del Gobierno británico: “Hemos sido claros desde el comienzo de este proceso acerca de la base sobre la cual es posible un acuerdo. Seguimos comprometidos a trabajar arduamente para llegar a un acuerdo a mediados de octubre, como señaló el primer ministro a principios de esta semana. Hemos acordado reunirnos de nuevo, como estaba previsto, en Bruselas la semana que viene para continuar las discusiones».

La ausencia de acuerdo comercial significa que rigen las estrechas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que Reino Unido y la UE se relacionarán como países lejanos. «Hoy estamos más cerca de un no acuerdo que hace una semana», reconoce una fuente comunitaria: «Pensamos, creemos, esperamos, que esté liquidado antes de fin de año. El fondo de recuperación tiene un periodo muy corto de utilización posible, la urgencia de la crisis es enorme, 2021 es un año complicado… Otra cosa es que pueden ocurrir accidentes. Esperemos que no ocurra nada o que sea evitable».

¿Quién rompe la baraja? «Si la UE pregunta a Boris Johnson si una legislación que deliberadamente incumple el acuerdo de retirada va a ser puesta en marcha y Boris Johnson dice que sí, quien se levanta de la mesa es Boris Johnson».

«No hay nada lógico en todo esto», explica una fuente diplomática, «en que un señor ha firmado un acuerdo internacional hace cinco minutos y ahora dice que no lo incumple. No es británico ni táctico. El contenido de ese mensaje no va a nosotros, sino al lector de la prensa sensacionalista británica. Si quiere un acuerdo no es esta la mejor vía».

Mientras tanto, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha afirmado al final de la ronda de negociaciones de esta semana para acordar el marco de relación futura entre Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero de 2021 que todo sigue bloqueado por la negativa de Londres de cumplir con lo suscrito en la Declaración Política firmada con el acuerdo de retirada del Brexit.

En una breve declaración, Michel Barnier dijo que la UE está «intensificando su trabajo de preparación para estar lista para todos los escenarios el 1 de enero de 2021». Es decir, que es necesario estar preparado para un «no acuerdo», ya que las diferencias siguen siendo enormes mientras el tiempo se esfuma. «Nadie debería subestimar las consecuencias prácticas, económicas y sociales de un escenario sin acuerdo», advirtió Barnier.

https://www.eldiario.es/internacional/boris-johnson-quiere-reescribir-acuerdo-brexit-ahora_1_6216093.html

Bruselas concede a España 21.300 millones en préstamos para financiar los ERTE

Bruselas concede a España 21.300 millones en préstamos para financiar los ERTE

Aún no se sabe cuándo llegará. Pero cada vez queda menos. La Comisión Europa ha aprobado este lunes las peticiones de los países para financiar sus sistemas temporales de empleo, los ERTE en España. Y Bruselas ha dado el visto bueno a la petición española, que asciende a más de 21.300 millones de euros –21.324.820.444, concretamente–, una cifra próxima a los entre 23.019 y 25.871 millones que están costando al erario, según cálculos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

El programa SURE ha sido solicitado por 17 países de la UE –15 de los cuales ya han recibido respuesta– por valor de 81.400 millones, cerca de los 100.000 millones de euros totales del programa, que se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.

¿El problema? Que aún queda algún Estado miembro por aportar avales, y sin los avales de los 27 no arrancará el programa.

«No sabemos bien cuándo empezará a llegar el dinero a los países», reconocen en la Comisión Europea, «porque queda algún país por entregar los avales, lo cual esperamos que se produzca en los próximos días. Además, la propuesta que hace hoy la Comisión Europea aún necesita el visto bueno del Consejo [los gobiernos de la UE]».

No se prevén sorpresas por parte de los gobiernos en relación con la decisión de la Comisión Europea sobre el reparto del dinero.

Una vez que el Consejo apruebe estas propuestas, el apoyo financiero se proporcionará en forma de préstamos concedidos en las condiciones preferentes de la UE a los Estados miembros. «Estos préstamos ayudarán a los Estados miembros a abordar los aumentos repentinos del gasto público para preservar el empleo. En concreto, ayudarán a los Estados miembros a cubrir los costes directamente relacionados con la financiación de los planes nacionales de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares que hayan puesto en marcha como respuesta a la pandemia de coronavirus, en particular para los autónomos», explica Bruselas.

Este instrumento permite financiar hasta el 70% de programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. Pero también se puede utilizar para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del Covid-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

El crédito será desembolsado en varios tramos; en 10 plazos como máximo: el primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021. La duración máxima del crédito será de 15 años.

Las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo para las decisiones de concesión de ayuda financiera ascienden a 81.400 millones de euros y abarcan a 15 Estados miembros: Portugal y Hungría ya han presentado solicitudes formales que se están evaluando. Los Estados miembros que aún no hayan presentado solicitudes formales aún pueden hacerlo.

Los préstamos concedidos a los Estados miembros en el marco del instrumento SURE estarán respaldados por un sistema de garantías voluntarias de los Estados miembros. La Comisión espera que el proceso de los Estados miembros que finalizan sus acuerdos de garantía con la Comisión se complete en breve.

El SURE fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha por la UE en abril, junto al MEDE sanitario de 240.000 millones –que sólo ha pedido Chipre hasta el momento– y los 200.000 millones en avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para responder a los efectos de la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, en una cumbre europea extraordinaria de cinco días a mediados de julio, los líderes de la UE pactaron un fondo de recuperación de 750.000 millones –390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos– financiado con una emisión de deuda por parte de la Comisión Europea y vinculado al presupuesto plurianual de la UE, de 1,074 billones para 2021-2027.

https://www.eldiario.es/economia/bruselas-concede-espana-21-300-millones-prestamos-financiar-erte_1_6178968.html

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