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Iglesias recurre a la Audiencia Nacional para que anule la petición de imputación por parte del juez del caso Dina

Iglesias recurre a la Audiencia Nacional para que anule la petición de imputación por parte del juez del caso Dina

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha recurrido el auto en el que el juez Manuel García-Castellón acuerda solicitar al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra él por presuntamente «fingir» en el caso Dina con fines electorales. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita la anulación de esa resolución al considerar que la exposición razonada enviada al alto tribunal ignora la posición que mantuvo la propia sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación a esa investigación, que corrigió al magistrado y le devolvió la condición de perjudicado en la causa abierta a raíz del robo del teléfono móvil de su excolaboradora y la aparición de material del mismo en varios medios de comunicación.

Además, recuerda que la Sala de lo Penal advirtió de que no hay más indicios que los que señalan al comisario José Villarejo como el autor de la difusión de la información robada y de que «no hay pruebas» de sustenten las «hipótesis alternativas» del instructor, que en algunas de sus resoluciones apuntó a la posibilidad de que hubiera otras fuentes de publicación del contenido del móvil, incluyendo a Iglesias y Bousselham. De hecho, Iglesias solicita que se profundice en esa línea de investigación y, en concreto, en la conexión con la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la que el excomisario testificó haber entregado el material de la tarjeta telefónica.

Buena parte de la argumentación del escrito presentado por la representación legal de Iglesias se basa en la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enmendó al juez García-Castellón en su señalamiento al vicepresidente. «No solamente la Sala señala que no hay pruebas de los hechos que el Magistrado Instructor sostiene, sino que se le recuerda que el objeto de la investigación en la Audiencia Nacional ha de ser la averiguación de ilícitos cometidos por la organización criminal que se está investigando», dice el recurso en referencia al caso Villarejo, del que se deriva la pieza de Dina.

«El Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene competencia en esta causa por haberse encontrado en poder del Sr Villarejo los archivos coincidentes con los del móvil sustraído a Doña Dina, y que pese a que el propio investigado declaró haber remitido los mismos supuestamente a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el juzgado nunca ha investigado tal extremo», señala el escrito.

La tesis de Iglesias es que la publicación en algunos medios de comunicación —entre ellos OkDiario— de pantallazos de conversaciones extraídas del móvil de la exasesora de Podemos procede de Villarejo, dado que la policía se incautó de una copia del contenido de la tarjeta en el registro en el que encontró cientos de grabaciones y dosieres acumulados en 40 terabytes.

«Es la policía científica la que señala que el material intervenido en el domicilio del investigado Sr. Villarejo es coincidente con las publicaciones que está realizando OKDIARIO», afirma el recurso de Iglesias, que se refiere así a la investigación policial: «En las notas que se aportan con el informe, acreditando la dilatada relación del excomisario con varios periodistas, aparecen fechas coincidentes con distintas publicaciones en las que se reproduce materiales que coinciden con el material intervenido con origen en el móvil sustraído». 

El recurso también hace referencia a cuestiones jurídicas como la consideración de que esa causa, siguiendo el criterio del instructor, no tendría que haberla instruido la Audiencia Nacional sino, en todo caso, un juzgado ordinario dado que nada tiene que ver la hipótesis que mantiene ahora el magistrado con la organización criminal a la que investiga. También recuerda que para que Iglesias pudiera llegar a estar investigado por algunos delitos por los que García-Castellón quiere que se le impute tendría que haber sido señalado por la propia Dina Bousselham, que ha declarado que es una víctima, al igual que ella.

Otro de los argumentos de Iglesias es que la decisión de García-Castellón se base en el testimonio del exabogado de Podemos José Manuel Calvente. «La ausencia de elemento indiciario alguno o las contradicciones evidenciadas en la instrucción no pueden soslayarse por las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta respecto de quienes ahora se obvia su condición de víctimas o perjudicados, con reclamaciones pendientes por cientos de miles de euros contra la organización de la que forman parte las personas respecto a las cuales se eleva exposición razonada, con conflictos con casi todas las personas señaladas en la citada exposición razonada incluso con respecto a alguna de ellas con procedimientos penales pendientes».

Con este recurso, Iglesias se defiende ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo acepte la petición de García-Castellón de iniciar una investigación —dado que es aforado y le correspondería al alto tribunal— por tres presuntos delitos: descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos; y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de esa imputación. Con esa posición sobre la mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, adoptará una decisión sobre Iglesias y el resto de los señalados por García-Castellón (Dina Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor) previa consulta con un grupo de fiscales de sala. Con su informe, la Sala de Admisiones, formada por cinco magistrados, resolverá si acepta la exposición razonada de García-Castellón y les cita a declarar como investigados o archiva el caso.

https://www.eldiario.es/politica/iglesias-recurre-audiencia-nacional-anule-peticion-imputacion-parte-juez-caso-dina_1_6298839.html

El Tribunal Supremo confirma la existencia de una financiación irregular en el PP durante dos décadas

El Tribunal Supremo confirma la existencia de una financiación irregular en el PP durante dos décadas

El sistema de financiación irregular del que se nutrió el Partido Popular durante al menos 18 años aparece desde este miércoles en una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo. Se trata del segundo fallo que recoge la existencia de una ‘caja B’ en la formación conservadora después de que la Audiencia Nacional aludiera a esa contabilidad paralela en la condena que propició la moción de censura de 2018 y que ahora el Alto Tribunal ha ratificado en todos sus aspectos principales. 

Los jueces del Supremo aluden a la existencia de la financiación irregular en varios pasajes de la sentencia, concretamente donde se les hace indispensable para atribuir los delitos al extesorero de la formación Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, relacionados con la sustracción de casi 300.000 euros de la citada caja y su evasión y blanqueo en Suiza. Esto es, que robaron de la caja de dinero negro que existió durante al menos dos décadas en el seno del Partido Popular. 

En la sentencia del Supremo, sus jueces dicen acerca del fallo acordado en su momento por la Audiencia Nacional: «El Tribunal contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una ‘Caja B’, o contabilidad ‘extracontable’, del PP —sobre la que el recurrente (Bárcenas) ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad—, como los distintos actos de apoderamiento verificados por éste, incluido el uso de 149.600 euros, procedentes de dicho fondo, para adquirir unas acciones de la entidad Libertad Digital». 

La complejidad jurídica de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Primera Época de la trama Gürtel y su extensión propiciaron este miércoles una efímera polémica sobre el fondo de la iniciativa parlamentaria que desalojó al PP del Gobierno hace dos años. El partido de Pablo Casado se apresuró a reaccionar al fallo afirmando que aquella moción de censura presentada por los socialistas se basó «en la mentira» y que el Tribunal Supremo había «eliminado» los párrafos que la motivaron. 

La moción del Grupo Socialista incluía un párrafo de la sentencia de la Audiencia Nacional cuyo contenido ha sido rebatido por el Tribunal Supremo. Pero el texto votado por la mayoría del Congreso concluía que Rajoy había «eludido cualquier tipo de responsabilidad política relacionada con este caso desde su inicio». 

«La sentencia dictada en el día de hoy (25 de mayo de 2018), incluido su voto particular, con independencia de las consideraciones jurídicas que merezca, pone de relieve una clara dejación política de sus responsabilidades», firmaban los diputados socialistas. Los representantes del PSOE también aludían a la «ausencia de credibilidad que tanto los jueces como la propia Fiscalía Anticorrupción otorgan a la declaración» como testigo de Rajoy durante el juicio. 

El fallo del Tribunal Supremo censura que no se puede condenar al PP como responsable civil subsidiario de los fondos recibidos por sus delegaciones en Pozuelo y Majadahonda para campañas electorales y al mismo tiempo considerarlo «conocedor y responsable penal». Es lo que hizo la Audiencia Nacional amén de advertir de que el PP no se sentaba en el banquillo de los acusados porque la legislación vigente en el momento de los hechos no permitía juzgar a un partido político. 

Explican los magistrados del Supremo a este respecto que la condición de responsable civil a título subsidiario solo cabe en alguien que se ha beneficiado de un dinero sin haber participado en el delito con el que se originó ni conocerlo, al tiempo que ratifican la condena al Partido Popular por haberse lucrado de 245.000 euros de la corrupción en las citadas campañas locales. 

Es más, los jueces del Tribunal Supremo consideran sobre la mención a la caja B: «En modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en que los hechos enjuiciados suceden, se mencione el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados». Y añaden que la estimación parcial del recurso del PP «carece de efectos prácticos» y resulta «intrascendente» para el sentido del fallo. 

El sistema de financiación irregular del Partido Popular durante casi 20 años ya quedó acreditado indiciariamente por medio de la investigación judicial que arrancó en la Audiencia Nacional en 2013 y cuyas derivadas siguen indagándose a día de hoy. Así quedó plasmado en los autos dictados por los dos jueces de instrucción que ha tenido el caso de la caja B, una pieza separada del caso Gürtel pendiente de juzgar.

En 2015, el magistrado Pablo Ruz dictó en marzo de 2015 auto de pase a procedimiento abreviado contra los investigados, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años. Con los mismos argumentos, su sustituto, José de la Mata, firmó el auto de apertura de juicio oral dos meses después. 

Ruz arrancó la investigación de la caja B en 2013 a raíz de la publicación en El País de los ‘papeles de Bárcenas’ y la concluyó a los dos años. En aquel auto de fin de la instrucción, Ruz daba por acreditado indiciariamente que la formación política «se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al tribunal de cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B».

Tras la salida forzada de Ruz del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, De la Mata dictó auto de apertura de juicio oral, el paso necesario para que se juzgue al Partido Popular como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros. Esa cantidad es el equivalente a la suma de los 220.000 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008, el único ejercicio de los investigados que no había prescrito, y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica, que realizó la reforma de la sede de Génova, pagada supuestamente con dinero negro de la caja B.

En ese auto de apertura de juicio oral, De la Mata sentaba en el banquillo a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, al exgerente Cristóbal Páez; al arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, así como a una socia y una empleada de éste. Lapuerta falleció con posterioridad con lo que la presunta responsabilidad penal contra él quedó extinguida. El resto responderán por los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. 

De no haberse producido ninguna novedad, el auto de apertura de juicio oral hubiera estado seguido de la celebración de la vista. Sin embargo, la declaración de Francisco Correa y del constructor Alfonso García-Pozuelo en el juicio de la Primera Época de Gürtel motivó que Anticorrupción solicitara la reapertura de la investigación en febrero de 2017, lo que acordó el juez José de la Mata. 

Los intentos del PP por alterar la investigación son objeto de investigación judicial en una pieza del caso Villarejo en la que, por el momento, están imputados el ministro del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. El juez Manuel García-Castellón considera que hay indicios de que actuaron para hacerse con las pruebas que pudieran comprometer a dirigentes del PP en el caso de la caja B. 

Por otra parte, un informe policial de más de 400 páginas ha provocado que reabra una línea de investigación cerrada provisionalmente en 2015, la del cohecho. Una veintena de grandes empresarios de la construcción estuvieron imputados por aparecer como donantes de dinero negro al PP, pero la causa fue archivada contra ellos porque no pudo demostrarse el carácter finalista de las donaciones, esto es, que cada entrega respondía a una adjudicación concreta de administraciones gobernadas por el Partido Popular. 

El juez De la Mata ordenó una batería de diligencias que ya han permitido a la Policía acumular pruebas de que el empresario Rafael Palencia hizo varias entregas al PP por más de 100.000 euros a cambio de tres adjudicaciones que dependieron de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio del Fomento, todas ellas administraciones entonces en manos del PP. Esta nueva línea de investigación puede provocar que la nómina de procesados se amplíe en el banquillo de la caja B.

https://www.eldiario.es/politica/tribunal-supremo-consagra-existencia-financiacion-irregular-pp-durante-decadas_1_6293137.html

El PP «respeta» las decisiones judiciales pero acusa a Sánchez de llegar al poder por «unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado»

El PP ha acogido este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo que ha ratificado la condena al partido por beneficiarse de la corrupción de Gürtel asegurando que respeta «las decisiones judiciales» y acatando la sentencia al considerar que «los hechos son condenables». No obstante, fuentes de la dirección de Pablo Casado han recalcado que la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa «se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado», al eliminar las alusiones a la caja B del PP.

«A Pedro Sánchez le será indiferente haber sido presidente del Gobierno a través de una moción injusta y basada en unos fundamentos no acreditados», sostienen en Génova 13, que insisten en que «Sánchez llegó al poder con una moción de censura basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad». De hecho, apunta el PP, «la sentencia dice literalmente»: «No puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular».

Según Génova, que trata de desmarcar a Casado de la reciente historia del PP, «el único trato que tuvo la nueva dirección del PP» con el extesorero de la formación conservadora Luis Barcenas «es una amenaza de querella a Javier Maroto y a Pablo Casado por llamarle delincuente». Además, la dirección insiste en que «el compromiso del presidente Casado con la ejemplaridad es total».

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado por su parte que la sentencia del Supremo acredita que la moción de censura a Mariano Rajoy fue «injusta» porque «se eliminan (de la sentencia) los párrafos que la fundamentaron». «Alguien es presidente gracias a una sentencia que era provisional y que ahora el Supremo dice que no convenía introducir. Esto merece una opinión por parte del PSOE, porque esos párrafos han sido eliminados», ha precisado.

Almeida entiende que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «le merece la pena reflexionar si estaba justificada o no esa moción», ya que «las responsabilidades políticas se pagaron y ahora se comprueba, injustamente». Además, ha recordado que «hay 3 consejeros de la Junta de Andalucía durante el fraude de los ERE que están sentados en el Gobierno de Sánchez. ¿Tendrá la decencia de cesar a esos consejeros?», se ha preguntado.

«La Gürtel no deja de alargar su sombra sobre el PP», ha considerado en cambio el PSOE a través de un tuit en su cuenta oficial. «El confetti, los payasos, los bolsos de lujo, los mariachis, la financiación ilegal de campañas… El Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de Gürtel. NO hay más preguntas, señoría», ha zanjado el partido en el Gobierno.

«CONDENADOS por corruptos y apoyados por Cs y VOX para poder seguir en la misma línea. Es el PP, amigos», ha añadido, por su parte, Unidas Podemos, a través de su cuenta oficial de Twitter. «No fueron manzanas podridas ni casos individuales: es el PP, un partido corrupto», ha señalado, en la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón.

La publicación de la sentencia del Supremo ha coincidido además con la celebración del Pleno del Congreso, en el que todos los partidos han reprochado al PP que se haya ratificado la condena por beneficiarse de la trama «a título lucrativo».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado de «justicia poética» dado que el fallo coincide con la sentencia del Supremo a los líderes del procés hace un año. «Confirma lo que ya sabíamos, que el PP es una maquinaria corrupta», ha expresado el líder republicano en el Congreso, que ha lamentado que la sentencia rebaje algunas penas y que no hable de caja B, pero ha celebrado que el PP no pueda «venir aquí a decir que es mentira». «Sin un partido cumple los requisitos para ser ilegalizado es el PP», ha apostillado Rufián, que ha asegurado, no obstante, que no es la intención de su formación «ilegalizar» a los conservadores sino «ganar» en las urnas. «Se queda corta la sentencia en los corruptores, no habla de empresas, y se queda sin explicarnos quién es M.Rajoy», ha agregado.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha saludado este miércoles que el Tribunal Supremo haya ratificado lo que ya se sabía, «que el PP es un partido corrupto», y espera que en próximos juicios por el ‘caso Gürtel’ se acredite «la caja B» del partido. El diputado valenciano sostiene que si algo ya es «indiscutible» es que el PP es «el primer partido de la democracia condenado por corrupción», algo que debería llevarles a «mirarse su propio ombligo» y abandonar el «barullo» que montan en cada Pleno del Congreso.

https://www.eldiario.es/politica/pp-respeta-decisiones-judiciales-acusa-sanchez-llegar-parrafos-ahora-supremo-eliminado_1_6291546.html

El Supremo confirma la condena al PP por el caso Gürtel pero elimina las alusiones a su caja B

El Supremo confirma la condena al PP por el caso Gürtel pero elimina las alusiones a su caja B

El Tribunal Supremo confirma que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018, pero elimina las alusiones a la existencia de una caja B en el partido incluidas en esa sentencia al considerarlas «excesivas», según ha confirmado el Alto Tribunal. Esa resolución precipitó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Entonces, el tribunal especial admitió que la «contabilidad paralela» no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un «contexto» necesario para explicar la red de Francisco Correa.

Los jueces del Supremo estiman parcialmente el recurso del PP en contra de aquellas menciones, pero advierten que la decisión que adoptan al respecto «carece de efectos prácticos» y que resulta «intrascendente en el fallo» acordado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional en el sentido de que no se puede aludir a una responsabilidad penal del PP sin que exista acusación o defensa y, en ese sentido, recuerdan que el Partido Popular fue incluido en la causa como partícipe a título lucrativo, esto es, como beneficiario de la trama de corrupción pero no como participante de él o conocedor del mismo.

Al mismo tiempo, añaden los magistrados del Supremo, no se puede reprochar a la Audiencia Nacional que mencionara «el resultado» de las diligencias practicadas en relación con el Partido Popular ya que constituyen es «el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”.

La sentencia explica que la condena como responsable a título lucrativo obliga a la restitución de lo recibido a título gratuito. La condena a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última, dice los magistrados. Y en este sentido recuerdan que si el PP hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria ya que se hubiera extinguido su responsabilidad civil.

 El fallo conocido este miércoles ratifica con ligeros ajustes las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional y destaca como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP. Once de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, es condenado a 51 años de cárcel, con una rebaja de 11 meses respecto a lo que le impuso la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal rebaja en un año y dos meses la condena de su número dos, Pablo Crespo, hasta los 36 años y 8 meses. Al extesorero del PP Luis Bárcenas el Supremo le impone una pena de 29 años y un mes. La Audiencia Nacional lo había condenado a 33 años y cuatro meses.

La sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2018 —que salió adelante con los votos del progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego— contó con el voto particular del tercer miembro del tribunal, Ángel Hurtado, que el pasado 30 de septiembre fue ascendido a la Sala de lo Penal del Supremo. Hurtado pidió la absolución del PP y se negó a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Esa declaración como testigo acabó siendo la puntilla para su Gobierno, pues el tribunal no dio credibilidad al relato de Rajoy y el resto de altos cargos del PP que declararon no conocer la existencia de sobresueldos en el partido. 

La decisión del Tribunal Supremo de confirmar parte de la sentencia dictada en primera instancia aboca a la ejecución inmediata de la misma, aunque los condenados recurran al Constitucional, explican fuentes jurídicas. 

https://www.eldiario.es/politica/supremo-confirma-condena-pp-caso-guertel-elimina-alusiones-caja-b_1_6287711.html

El Supremo inhabilita a Torra por unanimidad y remata la legislatura catalana

El Supremo inhabilita a Torra por unanimidad y remata la legislatura catalana

El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. El Alto Tribunal ha ratificado por unanimidad la condena de un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impuso a Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019. Torra se convierte así en el primer president de la Generalitat inhabilitado en el ejercicio del cargo.

Además de acabar con la presidencia de Torra, el Supremo también ha sentenciado la legislatura catalana. Dada la negativa del president a adelantar las elecciones antes de ser inhabilitado y a la incapacidad de la mayoría independentista para escoger otro candidato, la sentencia del Supremo aboca a Catalunya a otro periodo de interinidad política y a unas nuevas elecciones anticipadas, que previsiblemente se celebrarán en febrero o marzo del próximo año.

La sentencia del Supremo acoge en su totalidad los argumentos del TSJC y descarta las alegaciones de Torra, que consideraba que la condena por desobediencia vulneraba la libertad ideológica y de expresión. Sostenía además el president que los jueces del caso no imparciales por unas declaraciones que hizo el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, sobre la conveniencia de no desobedecer las órdenes de la JEC y porque tres de los magistrados del Supremo también habían formado parte del tribunal del procés.

El tribunal subraya que la orden de la JEC no vulneró los derechos a la libertad ideológica y de expresión de Torra ya que el juicio no versó sobre las «manifestaciones o actos que reflejan la identidad política» del president sino sobre «la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y administraciones públicas».

Recuerda el Supremo que Torra admitió incluso durante el juicio que había desobedecido la orden de retirar la pancarta y los lazos, por lo que a criterio del tribunal no se ha vulnerado su presunción de inocencia. El president alegaba que desoyó las resoluciones de la JEC porque eran «órdenes ilegales», pero el Supremo lo descarta. Los magistrados concluyen que fueron acuerdos «dictados con arreglo a Derecho» y con un mandato «claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos» para retirar la pancarta, que Torra terminó descolgando, pero una semana más tarde de lo ordenado por la JEC.

El Supremo resuelve, usando las mismas palabras que empleó el TSJC en su sentencia, que Torra mantuvo una «contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad». Es más, para el Supremo la condición de abogado de Torra le otorga «conocimientos jurídicos superiores a la medida» lo que unido a los distintos informes de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre la necesidad de retirar la pancarta hace que el president fuera plenamente consciente de la «obligación de acatar los mandatos de la JEC».

Respecto a la competencia de la JEC que negaba Torra, el Supremo resuelve que el ente electoral sí era el órgano que debía ordenar la retirada de la pancarta. La ley electoral, detalla el tribunal, otorga a la JEC competencias resolver las quejas y recursos, como el que Ciudadanos presentó ante el órgano electoral en contra de la exhibición de lazos amarillos en edificios públicos. Asimismo, el Supremo destaca que Torra no cuestionó la competencia de la JEC en sus alegaciones ante el órgano electoral.

La ejecución de la condena corresponde formalizarla ahora al tribunal que le juzgó, esto es, al TSJC, un trámite que podría alargarse unas horas o incluso días. El TSJC comunicará a Torra que está inhabilitado, lo que a su vez abrirá un trámite parlamentario para encontrar a un nuevo candidato a la presidencia (algo que no ocurrirá porque ningún eventual candidato dispone de mayoría, por lo que se repetirán las elecciones).

https://www.eldiario.es/catalunya/supremo-inhabilita-torra-remata-legislatura-catalana_1_6236944.html

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