España todavía no se ha recuperado de los recortes en sanidad, educación y servicios de sociales más duros de la crisis económica. Lo refleja un informe que publica este miércoles la Asociación de Directores y Servicios Sociales sobre la evolución de los presupuestos autonómicos a lo largo de todos estos años con datos del Ministerio de Hacienda. En el año 2009, los gobiernos regionales destinaron 116.851,7 millones de euros al ámbito social. En 2018, el último presupuesto liquidado, la cifra fue 116.857,31 millones. En 2013 se registró el nivel más bajo de inversión, menos de 100.000 millones de euros, y luego, entre 2014 y 2018 «se han ido registrando aumentos en los presupuestos». Pero en 2019 «la tendencia se ha roto» y, con el presupuesto ya definitivo, se vuelve a quedar en 116.850,46 millones de euros, ligeramente por debajo en términos absolutos tanto del de 2018 como del de hace una década.
El gasto social medio por habitante en nuestro país fue 2.498,54 € en 2019; son 36,81€ menos que en 2009 y 11,75€ menos que en 2018. «Ahora con la pandemia todos nos acordamos de la sanidad, de las residencias, con la vuelta al cole de la educación… pero es que el Estado del Bienestar venía muy maltratado de la anterior crisis y lo arrastramos», resume José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, que es referente en el sector. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyas cuantías se transfieren a las comunidades, también llevan congelados y prorrogados desde 2018, y eso «ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro», valoran.
El conjunto de gasto en el Estado no ha llegado a niveles de 2009, pero hay acusadas diferencias territoriales. Gran parte del peso de que no se alcance la inversión social de hace 10 años se debe a Catalunya. Son esa y Castilla-La Mancha las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación económica general: una reducción en un 19,6% y en un 15,4% respectivamente. «Son las dos comunidades que más frenan la recuperación, por distintos motivos. Catalunya durante los últimos años, desde 2015, y Castilla-La Mancha porque tuvo recortes muy duros a partir de 2011. Hay que valorar tanto dónde se está como de dónde se viene», sintetiza Ramírez. Aragón, Galicia y Castilla y León son regiones también con saldo deficitario.
En el lado bueno, doce comunidades sí han conseguido superar en 2019 la inversión social que hacían en 2009. La Comunidad Valenciana es la que ha logrado un mayor aumento cuantitativo en sus políticas sociales, 1.656 millones, algo que Ramírez reconoce al actual gobierno autonómico y califica de «espectacular». Baleares gana en términos relativos, tiene un crecimiento de un 24,8% de aumento. Hay un tercer grupo que se mantiene en niveles parecidos a los de 2009, con subidas de entre el 0,5% y el 5% (La Rioja, Canarias, Extremadura, Andalucía y Madrid).
«La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la crisis anterior», continúa la Asociación. Lo que piden como solución es un «blindaje presupuestario» de las tres materias que componen el gasto social, fórmulas «urgentes» que den aire a las autonomías para invertir en ello y que no dependa de ningún color político. También lamentan esa falta de PGE nuevos desde 2018. En los de 2019, que no salieron adelante por la negociación política, estaban incluidos 500 millones destinados al sistema de dependencia, con lo que no se llegaría a solucionar todas sus carencias –las listas de espera aumentaron el año pasado– pero que hubiesen aligerado algo la situación. «En un escenario político tan grave como el actual, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política», dicen.
La deuda de las autonomías también se ha ido acumulando esta década, en más del 360%, algo que relacionan directamente con la situación general. «La tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda». Los presupuestos autonómicos de 2020 todavía no están cerrados ni liquidados, son «iniciales» –tres comunidades, Castilla y León, Madrid y La Rioja, han prorrogado los suyos– . Catalunya, por su parte, ha intentado paliar la merma sostenida de inversión en Sanidad, Educación y Asuntos Sociales con unas cuentas para 2020 que crecen en 3.000 millones, las primeras expansivas en una década.
Aunque sobre el papel el escenario mejora respecto al ejercicio de 2019 y sí aumentan el gasto en servicios públicos, «han de ser tomados con todas las cautelas puesto que la obligada actuación con presupuestos prorrogados en las comunidades generará importantes descuadres en la contabilidad pública», explican, más por la actual coyuntura de la pandemia.
Por áreas concretas, los presupuestos autonómicos siguen por debajo de los de 2009 en Sanidad. Son 1.740,3 millones de euros menos en 2019 respecto a lo gastado en 2009, un 2,7% menos. Doce Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Galicia) sí han incrementado el gasto en Sanidad en esta etapa, pero por lo contrario destaca Catalunya, cuyo gasto ha sido en 2019 un 27% inferior al del 2009. En Educación también se ha rebajado el gasto, aunque algo menos: las comunidades han invertido 393,5 millones de euros menos, un 1%. Hay nueve comunidades (Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cantabria, Andalucía, Navarra, Murcia y La Rioja) que incrementan su gasto (Madrid lo mantiene prácticamente igual al de 2009). Y Castilla y León y Catalunya destacan por lo bajo: invierten un 8,1% y un 12% menos en educación respectivamente.
En servicios sociales es el único ámbito en el que la cosa mejora. Todas las Comunidades excepto dos (de nuevo, Castilla-La Mancha y Catalunya) recuperan en 2019 el nivel de gasto del año 2009 en esa materia, y en el conjunto de España el gasto autonómico termina con 2.132 millones más, un 17,9% de aumento. Aun así, «insuficiente», atendiendo a factores como ese incremento de las listas de atención a la dependencia.
Además, desde la Asociación expresan un temor. Actualmente, el grueso de servicios sociales va a tres secciones: las rentas básicas de inserción, los servicios comunitarios y el sistema de atención a la dependencia. Y ven en «claro riesgo» que, tras la aprobación del Ingreso Minimo Vital, «cuando por fin se ponga en marcha, las comunidades consideren que con eso es necesario y el dinero destinado a rentas se invierta en otra cosa. Consideramos que habrá que estar atentos».