La Comunidad de Madrid anunció este miércoles a través de sus responsables sanitarios que estaba preparando «confinamientos selectivos» en la región. Y a los pocos minutos se desmintió a sí mismo generando un desconcierto en la población, el Ministerio de Sanidad y las comunidades limítrofes que observan con estupor lo que ocurre en Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso volvía a protagonizar un nuevo ejemplo de caos por la gestión de la crisis de la Covid-19. Todo ello mientras la región, que fue el epicentro de la epidemia en primavera, vuelve a estar a la cabeza de casos en el país, con la presión sanitaria disparándose. A falta de refuerzos, la Atención Primaria está colapsada y el siguiente escalón son los hospitales –una de cada cinco camas ya están ocupadas por pacientes con coronavirus– y, sobre todo, las UCI.
En medio de este escenario, el anuncio del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, de que habrá restricciones a la movilidad a partir del fin de semana en las zonas más afectadas de la región desataba un nuevo terremoto en el Gobierno regional con desmentidos e improvisaciones sucesivas sin que al final del día se sepa qué planes tienen las autoridades sanitarias de Madrid para el corto plazo.
Díaz Ayuso se enteró de las medidas que anunció el hombre al que ha confiado la gestión de la pandemia la misma mañana del miércoles a través de un mensaje de WhatsApp. Zapatero, que llegó al puesto tras la dimisión de la anterior directora de Salud Pública, durante el peor momento de la crisis, comparecía para hacer balance de la situación epidemiológica en la región y se lanzó a anunciar más medidas restrictivas para el fin de semana en un momento en la autonomía acumula 21.131 casos diagnosticados los últimos siete días –3.438 las últimas 24 horas–, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. El endurecimiento de las restricciones, admitía el viceconsejero, atendía a la «repercusión de la pandemia en la Atención Primaria y en los hospitales».
Cuando los primeros titulares empezaron a asomar en los diarios digitales y las radios, desde el equipo de la presidenta precisaron que «la decisión sobre posibles confinamientos no estaba tomada» y añadieron que hasta el viernes no se conocerán cuáles son realmente las medidas que el Gobierno regional aprobará para frenar una curva de contagios cada vez más empinada.
«Los asuntos de posibles medidas se debaten en el Consejo de Gobierno y hoy no se ha abordado nada al respecto de confinamientos», resumían fuentes del Ejecutivo que censuraban que Zapatero hubiera actuado por su cuenta. La polémica derivó en la cancelación de la rueda de prensa habitual del vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, tras el Consejo de Gobierno en la que este suele informar de los acuerdos y responde a la pregunta de los periodistas. Fuentes del Gobierno regional se limitaban a decir que se suspendía porque «las medidas a adoptar ante la evolución del Covid-19 en la revisión quincenal no estaban cerradas», pese a que en esa comparecencia se tratan también otros temas.
Los anuncios y desmentidos sobre nuevas restricciones llegan después de que la presidenta madrileña se sometiera este lunes y martes al debate parlamentario más importante del año en la región –junto al de presupuestos– en el que no hubo alusiones a ninguna de estas medidas. Su discurso, con un marcado tono triunfalista, se basó en rescatar viejos anuncios con los que Ayuso recuperaba las banderas de siempre del PP como la rebaja «histórica» de impuestos pese a la pandemia y una ley para blindar la educación concertada. Sobre la situación epidemiológica, la presidenta madrileña se limitó a hablar de los efectos económicos, que cifró en una caída del PIB del 12,7% –aún así prometía la rebaja fiscal–, y anunció un plan para la Atención Primaria con una inversión de 80 millones en tres años.
Desde el Gobierno regional no responden a la pregunta de si Ayuso estaba al tanto de las medidas que este miércoles anunciaba su viceconsejero, pero Zapatero, que se hizo con el puesto tras dirigir el hospital de Ifema que la presidenta convirtió en el escaparate de su gestión (pese a que fue levantado por el Ejército y no atendió a los casos más graves), aseguraba que la presidenta había sido informada por WhatsApp antes de la rueda prensa. Preguntado por si Ayuso las respaldaba, Zapatero respondió que «la presidenta apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos. Esta medida la presidenta la apoya de forma determinante». Lo decía mientras el equipo de Ayuso censuraba sus anuncios.
Ya por la tarde, el consejero de Justicia, Enrique López, salía a pedir «disculpas». “Por el concepto de confinamiento», dijo en la Cadena SER. «Asusta y nos hace a todos volver a pensar en la situación de marzo o abril», añadió. López aseguró que el Gobierno regional no tiene instrumentos «para confinar a los ciudadanos en sus casas» por razones de Salud Pública, aunque el Gobierno central ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas pedir estados de alarma que lo permitiría. «Sí se pueden establecer restricciones a la movilidad en zonas cuando lo justifique la situación», aseguraba, dando nuevas pistas sobre por dónde pueden ir las medidas que en principio se van a anunciar este viernes.
López se limitó a hablar de «restricciones a la movilidad» en contra de lo manifestado por el viceconsejero por la mañana. Zapatero, sin embargo, no fue capaz de concretar en qué se materializaría el confinamiento selectivo, de producirse: a qué zonas o localidades afectaría ni cómo se organizaría. Tampoco aclaró si estos confinamientos supondrán el cierre de los colegios o la hostelería de las zonas más afectadas. El consejero de Justicia se limitó después a pedir «tranquilidad» y a asegurar que las personas podrán seguir yendo a sus trabajos y a los centros educativos como hasta ahora.
Sí defendió López la necesidad de endurecer las medidas en las zonas más afectadas. Nueve de los diez grandes municipios que cuentan con más casos diagnosticados de coronavirus en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en toda España están en la Comunidad de Madrid. La ciudad más castigada es Parla, con 992 casos por 100.000 habitantes, pero también figuran Alcobendas, Fuenlabrada, Madrid capital, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Getafe y Alcorcón. Dentro de la capital, hay tres distritos que rondan los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas: Puente de Vallecas (1.280), Villaverde (1.208) y Usera (1.198).
Las costuras del Gobierno regional han vuelto a quedar al descubierto con estos datos como telón de fondo y una huelga indefinida de sanitarios de Atención Primaria a partir del 28 de septiembre que Ayuso trató de despejar (sin éxito) con el anuncio de una inversión de 80 millones en tres años. El Ministerio de Sanidad expresaba el mismo día que se evidenciaba esta descoordinación en la gestión madrileña la «preocupación» por la evolución de la pandemia en Madrid y emplazaba al Ejecutivo autonómico a adoptar «medidas adicionales» frente al virus.
Entre las medidas que se plantea Ayuso está la de reabrir el hospital de campaña de Ifema, según informa El Mundo, lo que supondría el reconocimiento de que la sanidad madrileña vuelve a no dar abasto más de cuatro meses después de haberlo cerrado con una fiesta en la que la presidenta madrileña presumió de gestión y provocó una aglomeración inexplicable.
En marzo y abril, Ifema se sostuvo a costa de los sanitarios de la Atención Primaria y en el Gobierno regional no explican ahora cómo piensan mantenerlo en el caso de que se reabra, a la vez que aseguran que “no hay más sanitarios para contratar“, dijo la propia Ayuso este martes en el Debate del Estado de la región.
Los centros de salud están desbordados. Las atenciones domiciliarias se han multiplicado entre el 15 de julio y el 15 de septiembre casi por 30: de 495 casos a 14.160, según los últimos datos de la Consejería. Los profesionales doblan turnos para hacer PCR, identifican contactos, les hacen seguimiento telefónico cada día a todos y, si pueden, atienden a algún paciente que llega por cualquier otra dolencia. Esas no han cesado. «No damos más de sí ni física ni mentalmente», dice una médica de un centro de salud de Fuenlabrada que ha colgado un cartel donde cada día actualizan el número de sanitarios que están trabajando. En el barrio de Lavapiés, el ambulatorio ha colgado otro esta semana: «Estamos tres médicos de ocho, disculpen las molestias».
En los hospitales, que se asomaron al abismo en la primera ola, el temor de los sanitarios va en ascenso. «Los casos crecen despacio pero sin piedad», resume el traumatólogo Carlos Castaño, presidente de AFEM. Una de cada cinco camas ya están ocupadas por un enfermo de coronavirus, una tasa del 22% que dista mucho del 8,5% de media en España. La Covid-19 va ganando terreno, de nuevo, en los centros hospitalarios. Las cirugías programadas ya se han suspendido completamente al menos en tres (Doce de Octubre, Infanta Leonor y Gregorio Marañón) mientras los sanitarios piden más «liderazgo» y «coordinación» por parte de la administración para no repetir lo que pasó en marzo y abril.
«Este segundo pico de la pandemia se está focalizando en el sur, empezamos a estar llenos y falta una gestión a nivel regional para que aquí no concentremos todo y nos desbordemos», lamenta Ana Jiménez, médica de urgencias en el hospital Infanta Leonor y delegada del sindicato AMYTS. En el centro, cuenta, los sanitarios han organizado una recogida de firmas para enviar una carta a Sanidad que pide una suerte de «corredor Covid-19 para distribuir a los pacientes» por varios hospitales. «No puede ser que los hospitales del sur se queden paralizados otra vez», asegura. Aquí, dice Jiménez, «lograr un traslado cuesta sangre, sudor y lágrimas». La UCI, de siete puestos, está llena desde el 4 de septiembre. Hoy hay nueve personas críticas ingresadas, dos de ellas en la URPA. A fecha 16 de septiembre hay 371 personas en estado crítico en los hospitales madrileños. Hace una semana, eran 294.
Esta vez, dicen varias profesionales de hospitales del cinturón sur, «no es cuestión de falta de espacio, sino de personal». En el Doce de Octubre, dentro del distrito de Carabanchel, las camas estructurales de UCI están completas, según UGT. Son 38. En una reunión mantenida este jueves con la dirección, se planteó incorporar como zona de críticos también la Reanimación, un área en el que se quedan normalmente los pacientes que salen de una cirugía. «Pero no podemos ampliarla. No por falta de espacio, ni de respiradores sino porque no hay personal”, contesta Araceli Rojo, delegada del sindicato. Una parte de los sanitarios aún no ha regresado de vacaciones y las bolsas de empleo están agotadas, según los sindicatos. Sanidad responde que ha contratado a 10.000 profesionales más y mantiene «prácticamente todos», pero a pie de hospital falta gente.
Pese a esta situación sanitaria, el responsable de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, descartaba un cierre total de la autonomía a primera hora pero avisaba, no sabemos si con el beneplácito de Díaz Ayuso: «Si la situación de Madrid avanza, Madrid tomará las medidas que tenga que tomar». Para ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene a su disposición pedir un estado de alarma específico para Madrid en el Congreso de los Diputados, una opción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso a disposición de las comunidades el pasado 25 de agosto y que Ayuso se limitó a rechazar pese a que la tendencia al alza de casos ya empezaba a ser incontrolable en la capital.
La presidenta madrileña siempre ha defendido que hablar de un escenario de cierre para Madrid supondría poner en peligro a la «locomotora económica» del país y por eso lo rechaza. Sin embargo, la situación empieza a ser crítica en la región tras una polémica gestión durante el verano caracterizada por la falta de rastreadores y la improvisación para el plan de vuelta a las aulas. Fue Madrid también la última autonomía en imponer como obligatoria el uso de la mascarilla y ha permanecido a rebufo del resto a la hora de aplicar restricciones por territorios, pese a ser la comunidad más afectada.
En el Gobierno de Sánchez descartan por el momento una intervención de la autonomía y se limitan a asegurar que acompañarán a Madrid en las decisiones que tome.
