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Sanidad registra 84 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 32 de ellos en Andalucía

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de 84 nuevos contagios de coronavirus confirmados en las últimas 24 de ellos. La cifra supone un descenso respecto a los días anteriores, cuando se registraron 118 y 191 casos, aunque puede deberse a retrasos en los registros del fin de semana.

La mayoría de los nuevos casos se han registrado en Andalucía. En esta comunidad se han contabilizado en las últimas 24 horas 32 nuevos contagios, en parte, por varios brotes localizados este fin de semana. 

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado este lunes que Sanidad contabiliza 11 brotes activos en España. «Se centran en dos provincias», ha apuntado, «Huesca y Lleida», por «los brotes entre temporeros» y la «búsqueda» más intensa que se ha dado «alrededor de ellos», aunque lo considera «un número relativamente controlado de casos». 

Aragón, que este domingo registró 48 nuevos casos, ha sumado este lunes 15 nuevos infectados con coronavirus en las últimas 24 horas; Catalunya, 11; Castilla La Mancha registra seis; Galicia, Madrid, Navarra y Murcia, cuatro cada una; Castilla y León contabiliza dos casos; y Cantabria y Comunitat Valenciana suman uno.

El ministerio de Sanidad ha registrado también tres nuevos fallecidos con COVID-19, hasta un total de 28.346. Doce personas han muerto en los últimos siete días. En ese mismo periodo de tiempo, 137 personas han requerido hospitalización y 15 han sido ingresadas en unidad de cuidados intensivos. 

Por el momento, Asturias es la única comunidad en la que no se han diagnosticado casos en los últimos 14 días, junto a la ciudad autónoma de Ceuta. 

https://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-registra-coronavirus-ultimas-Andalucia_0_1043246289.html

Las pruebas PCR de detección de la COVID-19 bajan un 27% de media en toda España, con grandes diferencias por CCAA

Las pruebas PCR para detección de la COVID-19, que indican si se tiene el virus en el momento de la prueba, han caído un 27% en España entre el 28 de mayo y el 18 de junio. En aquella semana, las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad que se habían hecho 314.000 test PCR para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2, frente a las 228.000 de la última semana.

Estos test son una forma bastante fiable, con sus limitaciones, de comprobar la existencia de enfermedades infecciosas. Los PCR se utilizan para identificar a las personas que están infectadas por el virus (tengan o no síntomas) y han sido claves al comienzo de la pandemia. Hasta ahora, ha sido la prueba más utilizada para confirmar los casos de  en España y otros países. Es la que da menor cantidad de falsos positivos y falsos negativos y está recomendada por autoridades sanitarias como la OMS.

Según este organismo, entre un 3 y un 12% de las pruebas que se hacen en España salen positivas. «Mientras el porcentaje de positivos sea pequeño, aunque hagamos menos PCR que hace un mes, es suficiente», asegura Mario Fontán, coordinador de Ares, Asociación de Residentes (MIR) de Medicina Preventiva y Salud Pública. Contrapone el caso de Brasil, donde la mitad de las pruebas salen positivas y «eso te da idea de que no están haciendo suficientes».

Si se desciende por comunidades autónomas para medir este parámetro, y se comparan las pruebas PCR realizadas entre el 4 y el 18 de junio y el número de casos diagnosticados en esa fecha según el informe del Ministerio de Sanidad, Madrid (seguido por Castilla-La Mancha y Catalunya) estarían en un extremo –se detectó un caso por cada 60 pruebas– y al otro Asturias, donde hubo 1.466 pruebas por cada caso detectado.

Hay que tener en cuenta que las cifras se refieren a pruebas realizadas y no a personas analizadas. Es decir, que una persona ha podido ser testada varias veces desde el inicio de la epidemia. Además, hay que tener en cuenta que los criterios para realizar pruebas han cambiado durante el transcurso de la emergencia sanitaria.

En todo caso, al portavoz de la Sociedad Española de Microbiología, Benito Almirante, la bajada de test no le parece «un motivo de preocupación, sino de satisfacción». A su juicio, en estos momentos se realizan todas las pruebas PCR necesarias, sin ninguna limitación, y por tanto, si se hacen menos es porque hay menos casos sospechosos en los que los protocolos indiquen que debe hacerse el test. Almirante hace hincapié en factores como una menor incidencia de enfermedades respiratorias con síntomas compatibles con la COVID-19 por la cercanía del verano, o en que la vuelta a la movilidad puede permitir que si se sufre un problema de salud se trate en otra zona. 

Disponer de «suficiente» capacidad de hacer pruebas PCR a la población ante un aumento de la incidencia de coronavirus ha sido uno de los principales criterios que Sanidad ha tenido en cuenta para permitir avanzar a los territorios en la desescalada durante el estado de alarma.

El ministro Salvador Illa ha señalado este jueves en el Congreso que «los servicios de salud de las comunidades autónomas deben garantizar la realización de PCR a todos los casos sospechosos, tan pronto como sea posible desde la aparición de los síntomas para garantizar la detección precoz». Además, ha anunciado que se ampliarán las pruebas PCR a los contactos directos de personas infectadas, incluso aunque no tengan síntomas, algo que ya se hace en algunas CCAA.

El siguiente gráfico muestra la variación en el número de pruebas realizadas en cada comunidad autónoma respecto a las que se hicieron en la última semana de mayo. Las cifras están ajustadas a la población de cada autonomía.

Aunque la caída en el total de las comunidades ha sido del 27%, se observan diferencias notables por comunidades autónomas. Así, las comunidades en las que baja el número más son Castilla-La Mancha (-66,9%), Comunidad de Madrid (-51,6%) y Comunidad Valenciana (-31,3%). Del otro lado se sitúan Canarias (53%), País Vasco (30%) y Extremadura (11%). En la ciudad autónoma de Melilla es donde la diferencia es más importantes (113% más).

Las explicaciones que ofrece cada una de estas comunidades sobre esta variación en los datos son diversas. En el caso de Castilla-La Mancha, fuentes de la consejería de Sanidad explican que se debe también a que han adquirido cinco nuevas máquinas que realizan otro tipo de test, los TMA. Estas pruebas son mucho más rápidas que los PCR, ya que las primeras dan resultado en 10–15 minutos y las segundas tardan varias horas, aseguran.

Tras Castilla-La Mancha, Madrid es la siguiente comunidad donde más han caído las pruebas PCR. Consultada la Consejería de Sanidad, aluden a una menor cantidad de casos de COVID-19, y a otros factores que no detallan. El 29 de mayo (datos hasta el 28) la Comunidad de Madrid remitió al Ministerio 594 casos en la última semana y 1.600 en 14 días. En el informe del 19 de junio (datos hasta el 18), remitió 501 casos en 7 días (15,66% menos) y 1.234 en últimas dos semanas (22,88% menos).

Por su parte, la Comunitat Valenciana recuerda que la estrategia de vigilancia y control vigente en la actualidad en España y publicada en la web del Ministerio explica que deben hacerse PCR a todas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios, y que en la actualidad el número de pruebas se realiza en más del 95% de los casos leves y en el 100% de los casos que cumplen criterios de hospitalización.

«En la Comunitat Valenciana estamos observando una tendencia decreciente en la demanda asistencial por síntomas respiratorios, lo que explica que el número de PCR realizadas sea menor», aseguran.

Alberto García-Basteiro, investigador en epidemiología de Hospital Clínico de Barcelona, lo interpreta también como un menor número de PCR indicadas, tanto por caída de casos como por la cercanía del verano. «No quiere decir necesariamente que haya menos capacidad diagnóstica, sino que han bajado las personas elegibles aunque hayan aumentado los criterios», ya que en marzo solo se hacían a los enfermos graves.

Las CCAA en las que más suben las pruebas: Canarias, País Vasco, Extremadura

Al otro lado, hay algunas comunidades donde los test PCR han subido en el último mes, singularmente en Canarias (53%). Fuentes de la consejería de Sanidad lo achacan al incremento en la capacidad de análisis con un programa en todos los hospitales y con la compra y la incorporación de nuevos robots, así como al incremento en el sistema de sospechosos y rastreos.

«Necesitamos multiplicar el sistema para prepararnos ante la llegada del turismo y tener mucha capacidad de análisis por una parte y por otra mantener los buenos niveles de control de la enfermedad», asegura a eldiario.es el Gobierno canario. Desde el inicio de la pandemia hacen test PCR a todos los contactos estrechos de los positivos.

Lo que sí está claro es que hay grandes diferencias entre las comunidades en el testeo a su población. Las comunidades del norte, como La Rioja, Euskadi, Navarra o Asturias, han realizado 10 pruebas por cada 100 habitantes. Por el contrario, regiones como Andalucía o Murcia han efectuado 3 PCR por cada 100 habitantes.

Por su parte, el País Vasco achaca el aumento de un 30% en los test a los focos detectados en los hospitales (ha habido casos en Basurto y Txagorritxu). «Se están haciendo cribados constantemente a los profesionales. Y por supuesto se hace PCR a pacientes que comparten planta con profesionales o pacientes que han dado positivo y a visitas que han sido contacto estrecho», explican fuentes de la Consejería.

Añaden que el rastreo es constante, no solo en el ámbito hospitalario, sino en cualquiera que pueda haber una acumulación de casos. Como ejemplo detallan que en la residencia Siervas de Jesús, donde ha habido siete contagios originados por una persona que había visitado Basurto, se les va a hacer hasta tres PCR a cada residente o profesional (108 personas), lo que hacen 324 PCR en total.

Por otro lado, también han aumentado las PCR que se le realiza a la población en general. Desde que a mediados de mayo se puso en marcha el Plan de Vigilancia de Osakidetza, se hacen PCR a todas las personas que presentan síntomas compatibles con COVID así como a todos los contactos estrechos de personas que han sido positivo.

En el caso de Extremadura, donde suben un 11% los test, explican que han aumentado su capacidad y que se hacen test a todos los sospechosos y a sus contactos.

https://www.eldiario.es/sociedad/PCR-Espana-Castilla-La-Comunidad-Valenciana_0_1041496198.html

La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia

La Junta de Castilla y León ordenó a finales del mes de marzo que los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19 no fuesen trasladados a los hospitales y cambió de criterio el 16 de abril, cuando el peor pico de la pandemia había pasado. Así lo demuestran los documentos firmados por las gerencias de Salud y Servicios Sociales a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Según el documento ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’, encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en manos de Ciudadanos) que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un «equipo multidisciplinar» con un equipo asistencial formado por «los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…». Era este equipo el encargado de realizar una «valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera». 

«Ni movilizarlos ni derivarlos» 

Pero además, entre esas medidas se determinó que se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital», frase que destacaron en negrita. Para ello, dice el documento, «se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso» y en cada Área de Salud se dictarían instrucciones para garantizar el suministro de medicamentos de uso hospitalario. Este documento, que aparece sin fecha, aunque según fuentes de la Junta es del 23 de marzo, está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.

En un segundo documento ampliatorio, que se firmó tan sólo unos días después según las mismas fuentes, se destacaba que «en ningún caso» se derivarían pacientes a centros hospitalarios.

Tan sólo tres días antes, la consejera de Sanidad, Verónica Casado había anunciado la creación de los equipos Covid Residencias, para evitar «movilizar» a los ancianos, pero se anunció como una medida que trataba de facilitar el tratamiento y no de evitar que llegasen a los hospitales. Cuando empezó la crisis del COVID-19, los 1.214 centros sanitarios de Castilla y León contaban con algo más de 47.000 residentes y un sistema sanitario al borde del colapso.

«Trataron a mi padre con paracetamol y morfina»

Este diario ha contactado con el familiar de un anciano que falleció a finales de marzo, después de tres días enfermo, en una residencia de la provincia de Valladolid. «Me dijeron que mi padre era un posible caso de COVID-19 y cuando pregunté si no lo llevaban al hospital me dijeron que no les dejaba Sanidad. También quise saber qué tratamiento le estaban dando, y me contestaron que paracetamol y morfina. Cuando empezó a respirar mal lo colocaron boca abajo y le pusieron oxígeno, oí como respiraba agónicamente. Murió al día siguiente». Además desde una residencia que prefiere no se citada por razones obvias, afirman que en la fecha en que ese documento estaba vigente, hubo días en que no consiguieron que ningún médico acudiese a tratar a los ancianos con síntomas claros de coronavirus.

El criterio de Sanidad cambió el 16 de abril, en esa fecha, y según los datos que facilita la Junta de Castilla y León, habían fallecido ya 2.451 usuarios de residencias y viviendas tuteladas por COVID19 confirmado o con síntomas compatibles con este virus. Es en ese momento cuando ambas gerencias, Salud y Servicios Sociales, firman una ‘Actualización de las medidas generales a adoptar contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’ que es muy similar al anterior excepto en el punto de Atención Sanitaria, que básicamente mantiene los mismos puntos que en el anterior.

Pero hacen una pequeña modificación al añadir que «preferentemente» se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos» (no dice que al hospital), para lo cual se pondrían en marcha «todas las medidas necesarias y de soporte que garanticen la atención sanitaria en las residencias: personal de apoyo de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicamentos de uso hospitalario, tratamiento intravenoso…». Pero además, indicaba que en el caso de que precisasen «cuidados continuados de mediana o alta intensidad» que no pudieran ser prestados en la residencia como la «necesidad de apoyo sanitario continuado o cuidados críticos» se derivaría al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso. Además se incluía un anexo de recursos intermedios de transición y de hospitalización en cada provincia.

El 28 de abril, en su comparecencia en las Cortes, tras un sentido recuerdo a los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19, la consejera Verónica Casado, afirmaba que había que abordar un «cambio en el modelo residencial». «Esto no puede volver a ocurrir, hay que plantearse seriamente el modelo sociosanitario que ahora no está bien planteado para dar respuesta», asumió. «No pueden morir en las residencias», dijo. Obvió entonces que fue su propia Consejería quien prohibió trasladarlos a los hospitales.

https://www.eldiario.es/cyl/Junta-Castilla-Leon-residencias-hospitales_0_1028898076.html

La consejera de Sanidad de Castilla y León confirma dos rebrotes de COVID-19 en residencias de ancianos de Valladolid

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha confirmado este martes que se han producido dos rebrotes de COVID-19 en dos residencias de ancianos de Valladolid, ambas privadas, con 11 y 5 casos respectivamente.

Casado ha insistido en la necesidad de mantener medidas como la distancia social o el lavado de manos aunque la incidencia del virus en la Comunidad sea baja actualmente. La consejera también ha informado de un caso detectado en el Hospital Río Hortega en Valladolid, en una enferma a la que se le realizó la prueba en varias ocasiones hasta que finalmente dio positivo. Tras registrarse este nuevo caso se ha procedido a realizar la prueba a todo el personal sanitario en contacto con la paciente, dos trabajadoras han dado positivo.

En cuanto al caso del que ha informado eldiario.es, en el que una anciana de la residencia Cardenal Marcelo de la Diputación de Valladolid ha ingresado en el hospital tras sufrir la enfermedad por segunda vez después de dar negativo en la prueba PCR, Casado no ha podido precisar si se ha tratado de un falso negativo o de una reinfección.

«No hay pruebas PCR 100% sensibles. Tenemos variantes y modalidades de todo tipo. A veces no sabemos si se trata de una reinfección en una persona que ya ha pasado el virus o si ese virus se ha mantenido latente y se ha reactivado, o eran personas que seguían infectadas, hay muchísima investigación en marcha», ha reconocido.

La consejera ha asegurado que Sanidad mantiene un protocolo muy activo dentro de las residencias y que se hacen barridos con mucha frecuencia, pero que a veces el virus «es muy difícil de detectar» en personas mayores.

Sin «madrileñofobia»

Por otro lado, Verónica Casado ha avanzado que la Junta de Castilla y León trabaja en la regulación de la nueva normalidad que se alcanzará el próximo 21 de junio, si bien no ha precisado normativa concreta.

También ha asegurado que en Castilla y León «no hay madrileñofobia» con la que Castilla y León tiene relaciones estrechas y ha calificado la Comunidad de Madrid, como «magnífica». «Yo sólo tengo fobia al coronavirus», ha afirmado. Sobre la reducción del periodo de cuarentena de 14 a 10 días ha reconocido que los profesionales no tienen «ni idea» de lo que hace el coronavirus, que incluso confunde a los virólogos, puesto que unos dicen que habrá rebrote en octubre mientras otros lo niegan.

https://www.eldiario.es/cyl/Sanidad-Castilla-Leon-COVID-19-Valladolid_0_1038696528.html

Sánchez anuncia que 255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vital a finales de junio

Pedro Sánchez ha anunciado que 255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vital el próximo 26 de junio en sus cuentas bancarias. «75.000 hogares se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida», ha expresado el presidente, que ha asegurado que «más de la mitad van a ser menores».

El presidente del Gobierno ha realizado ese anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras referirse al ingreso mínimo vital que se aprobó el pasado 29 de mayo como un «paso enorme en decencia justicia social». Esa renta mínima con la que el Ejecutivo pretende llegar a 850.000 familias con un ingreso que oscilará entre los 461 y los 1.015 euros mensuales en función de la situación familiar.

Sánchez ha asegurado que una muestra del «enorme impacto positivo» de dicha medida lo refleja que en la página web del ingreso «se han recibido 21 millones de visitas» y 3,5 millones de simulaciones». 

También ha anunciado que el fondo no reembolsable de 16.000 millones que se distribuirán entre las comunidades autónomas se aprobará a través de un decreto ley el próximo 16 de junio. El Gobierno ha cambiado el criterio de reparto inicial al rebajar la previsión para el gasto sanitario y gasto social modificándolo por una partida de 2.000 millones destinados a educación. La modificación ha soliviantado a algunos presidentes autonómicos, que consideran que se «castiga» a las zonas más afectadas por la COVID-19. 

En ese nuevo reparto, que según Sánchez es el resultado de la conversación con autonomías y grupos parlamentarios, 9.000 millones estarán destinados a cubrir el gasto sanitario -inicialmente se preveían 10.000 en dos tramos con la finalidad de beneficiar a las regiones más afectadas por la enfermedad y también se eliminan los mil que se iban a destinar a políticas sociales- y 5.000 millones a costear la bajada de ingresos autonómicos provocada por la caída de la actividad económica -entre ellos un fondo específico para el transporte público-. Estos se distribuirán en diciembre. A finales de junio se desbloquearán los primeros 6.000 millones del bloque del gasto sanitario y los restantes 3.000 se distribuirán en noviembre, según les ha explicado Sánchez a los jefes de los ejecutivos regionales.

Sánchez ha comparecido en Moncloa este domingo tras la decimotercera videconferencia con los presidentes autonómicos, a los que ha trasladado su voluntad de celebrar dos encuentros telemáticos más -mientras dure el estado de alarma hasta el 21 de junio- y celebrar una reunión presencial cuando pasen las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio. 

El presidente del Gobierno ha destacado que incluso en los momentos más extremos de la pandemia la coordinación entre administraciones funcionó: «La cogobernanza del estado de alarma ha sido eficaz». El presidente ha destacado que desde este lunes, el 52% de la población estará en fase 3, una fase en la que el mando queda en manos de cada territorio, que podrá decidir cuándo solicitar la entrada en la ‘nueva normalidad’. «En la fase tres recogen el testigo las comunidades autónomas y, por tanto, podrán decidir con facultades plenas. Nos tocará movernos en una realidad distinta a la que conocíamos antes de la pandemia».

El presidente del Gobierno ha insistido en que a partir de la fase 3 son las comunidades autónomas las que tendrán en su mano las decisiones, también la de solicitar al Gobierno el levantamiento del estado de alarma en su territorio. Aquellos territorios que están en fase 3 tienen la potestad de decidir cuánto tiempo se quedan en esa fase o si solicitan ya el levantamiento del estado de alarma, una decisión que corresponderá al Ejecutivo. La movilidad entre comunidades autónomas sólo será posible cuando no estén bajo el estado de alarma. Es decir, la movilidad podrá producirse entre los territorios que pasen a la nueva normalidad.

En ese sentido, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el decreto que fijará las reglas de esa nueva normalidad, que regirá «mientras se mantenga la emergencia sanitaria». El presidente ha desgranado algunas de las medidas que contendrá ese decreto, por ejemplo, la obligación de que las personas de más de seis años lleven mascarillas cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad o cuando se viaje en transporte público, medidas de higiene y prevención en centros de trabajo, sanitarios y docentes, evitar la aglomeración de personas, o la posibilidad de otorgar licencias excepcionales para fabricar mascarillas o equipos individuales de protección.

Sánchez ha subrayado la necesidad de mantener la higiene individual y seguir las normas de distancia personal y ha llamado a evitar imprudencias que, ha señalado, son las que están detrás de los brotes concretos que han estallado en las últimas semanas.

Sobre la llegada de turistas y la apertura de fronteras, el presidente ha pedido coordinación en la Unión Europea y el espacio Schenguen para hacerlo «con garantías» y criterios comunes que permitan el control y la vigilancia de la pandemia. 

https://www.eldiario.es/politica/Sanchez-anuncia-personas-recibiran-ingreso_0_1035546717.html

Más de media España entra en la última etapa de la desescalada y Madrid, Barcelona y Castilla y León avanzan a la fase 2

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado tras el Consejo de Ministros de este viernes cómo avanza la desescalada del confinamiento decretado el pasado 14 de marzo para prevenir la COVID-19. Más de media España que ya estaba en fase 2 progresará el lunes 8 de junio a fase 3. Supone un 52% de la población, más de 24 millones de personas. Madrid, Barcelona y toda Castilla y León, los territorios del país que van más rezagados, lo hacen a la 2.

El Gobierno acepta así todas las solicitudes de cambio de fase de las comunidades que había recibido a lo largo de esta semana y no deniega ningún avance ni ordena ningún retroceso. Introduce a más de la mitad de la ciudadanía española en la recta final de un proceso de aislamiento que ha estado entre «los más estrictos» de la Unión Europea, que «ha funcionado» y en la que la población ha mostrado «su ejemplaridad», ha valorado Illa. El 8 de junio también comenzará la última prórroga del estado de alarma, que durará hasta el 21 de junio a medianoche.

La Comunidad Valenciana, Ciudad Real, Toledo y Albacete (Castilla-La Mancha), varias regiones sanitarias de Catalunya y la ciudad de Ceuta se mantienen en la fase 2 una semana más, por no haber completado todavía los 14 días en ella que estipuló el Gobierno. Málaga y Granada, que entraron una semana más tarde que el resto de Andalucía en la fase 1, son las únicas que entran antes de tiempo en la 3 y se unifican así con el resto de la comunidad, como había solicitado la Junta, «hemos hecho un análisis técnico exhaustivo y los datos lo sustentaban», ha argumentado Illa. El ministro toma todas estas decisiones tras 17 reuniones bilaterales con los representantes autonómicos y tras los informes de la Dirección General de Salud Pública y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Illa abandonará el lunes el mando único que ha tenido desde que se inició el estado de alarma en marzo en todas las zonas que pasan a la fase 3, y cederá ahí las responsabilidades a los presidentes autonómicos, como dictan las condiciones del último decreto del Gobierno. Aunque las medidas de esa etapa están definidas en el Boletín Oficial del Estado, los ejecutivos regionales podrán decidir sobre aquellas flexibilizaciones y restricciones que quieran aplicar. El ministro ha señalado expresamente que los líderes territoriales podrán permitir la movilidad interprovincial dentro de sus propias comunidades, «no habrá inconveniente», aunque en su plan inicial de transición solo estaba prevista para cuando la fase 3 estuviese completada. 

La movilidad entre regiones sí ha especificado Illa que tendrá que ser en la ‘nueva normalidad’. No obstante, los presidentes autonómicos también tendrán potestad sobre la propia duración de la fase 3. Hasta ahora debían ser 14 días en cada fase, pero los líderes regionales ahora tendrán la «gobernanza plena» y podrán acortar la 3 en sus áreas si así lo juzgan oportuno. Así que los desplazamientos entre provincias de distintas comunidades «de alguna forma dependen de la decisión que tomen ellos» porque de ellos depende cuándo se adopte la ‘nueva normalidad’ y con ella «cuándo decae el estado de alarma» en sus zonas. El Gobierno finalmente, aunque señalaron que los tiempos de la transición podrían aligerarse, han mantenido un mínimo de 14 días a todas las zonas sanitarias en cada etapa excepto a Málaga y Granada ahora en la 2.

La prórroga del estado de alarma que irá del día 8 hasta el domingo 21 de junio «no es un punto y final sino un punto y seguido», ha recordado Illa. A partir del 22, todas las comunidades autónomas, también las que no hayan completado la desescalada ni alcanzado la fase 3, recuperarán todas las competencias porque el estado de alarma terminará. Se iniciará entonces en toda España el periodo llamado de ‘nueva normalidad’, con medidas que estarán vigentes hasta que el SARS-CoV-2 esté controlado con una vacuna o un tratamiento muy eficaz que reduzca el riesgo para el sistema asistencial ante nuevos brotes. El Ministerio está «trabajando»en el texto de un decreto ley sobre las políticas a seguir a partir de entonces, y esta misma tarde Illa se reunirá con los consejeros de sanidad autonómicos para recoger sus opiniones, buscando que sus criterios lo «mejoren».

Muchos aspectos de la ‘nueva normalidad’ aún son una incógnita. Las características de esta «vuelta a nuestra cotidianidad», como ha descrito la ministra portavoz María Jesús Montero en la misma rueda de prensa, serán definidas en ese decreto ley que se publicará el martes. Perdurará la distancia física obligatoria y el uso de mascarillas. Montero ha explicado que a partir del 22 de junio tendrá lugar una ceremonia de Estado en honor de las personas fallecidas durante la pandemia presidida por el rey Felipe VI. Este viernes también terminan los 10 días de luto oficial por ellas, el periodo de este tipo más largo de nuestra democracia.

https://www.eldiario.es/sociedad/Salvador-Illa-anuncia-comunidades-entran_0_1034846750.html

Madrid, Barcelona y toda Castilla y León pasan a la fase 1 y 22 millones de personas del resto de España a la 2

El Ministerio de Sanidad ha decidido ya los cambios de fase de las provincias y territorios de la tercera semana de desescalada del confinamiento decretado contra la COVID-19. Las únicas zonas que permanecían en fase 0, Madrid, Barcelona y áreas sanitarias de Castilla y León, podrán promocionar a fase 1 el lunes 25 de mayo. Gran parte del territorio, el que reúne al 47% de la población española, podrá hacerlo a la fase 2 ese mismo día. Es cuando cumplirán dos semanas en la etapa anterior, el mínimo tiempo estipulado por el Ministerio para observar la evolución epidemiológica del coronavirus y si la apertura de restricciones ha tenido consecuencias negativas o no.

«No solo estamos saliendo de esta situación, sino que lo estamos haciendo más fuertes», ha declarado el ministro Salvador Illa en la rueda de prensa en la que ha anunciado oficialmente el nuevo mapa de la «transición a la nueva normalidad», celebrada tras el Consejo de Ministros.

Granada y Málaga en Andalucía y Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, que pasaron la semana pasada a fase 1, se deben quedar al menos 7 días más en ella por ese mínimo periodo de 14 días requerido por Sanidad, «un criterio que sirve para todas las comunidades». Toda la Comunidad Valenciana también se quedará en la 1, porque a pesar de que algunas comarcas sí progresaron antes, su Gobierno lo unificó así para esta etapa. Y parecido ocurre en Castilla y León: aunque pequeñas zonas se adelantaron hace dos semanas, permanecerá el conjunto también en la 1, y su unidad territorial cambia de áreas sanitarias a provincias. 

Con el mapa actualizado el día 25 de mayo, 22 millones de personas pasan a la fase 2, ha calculado el Ministerio. La decisión última sobre la desescalada recae sobre Illa, pero la toma tras haberse reunido con los representantes de las comunidades autónomas a lo largo de esta semana, y con los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y los de la Dirección General de Salud Pública.

Illa se ha comprometido a que el Ministerio publicará el próximo lunes todos los informes que «han avalado» los pasos a fase 1 y que han elaborado de cada una de las comunidades, que por ahora no se pueden consultar. También ha comentado que ha habido alguna petición al Ministerio que se salía de lo planificado inicialmente que ha sido denegada, como la de Galicia, que pidió permitir la movilidad entre las provincias de la región en la fase 2.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha comparecido en la misma rueda de prensa, ha reiterado la intención del Gobierno de seguir con el estado de alarma, aprobado por ahora hasta el 7 de junio, continúe hasta que se complete la desescalada al menos en la mayor parte del territorio. «El gobierno no va a renunciar a preservar la salud de los ciudadanos», ha argumentado, y la alarma es el «único instrumento» que puede asegurar «la disminución de la movilidad de la población». El plan de desescalada del Ejecutivo no contempla la posibilidad de poder moverse dentro de España entre provincias hasta la ‘nueva normalidad’, es decir, hasta que se completen las tres fases.

El Gobierno «se ha sentido solo a veces en la tarea» de «anteponer la salud de las personas por encima de cualquier otro parámetro», ha dicho Montero. Y sobre ello ha señalado directamente al Partido Popular, que aunque al principio apoyó al Gobierno para el decreto de la alarma, luego se lo retiró y, valora Montero, con ello «ha dimitido de su responsabilidad» con la salud de la ciudadanía. Luego también ha añadido a Vox en el «ejercicio sorprendente de la irresponsabilidad».

El ministro Illa ha querido dar su «felicitación sincera» a las comunidades ante la crisis del coronavirus, por el refuerzo de su asistencia sanitaria de las últimas semanas, y al conjunto de la ciudadanía, «por la seriedad y responsabilidad con la que van siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias». Pero ha querido recordar: «La desescalada es un proceso complejo en el que hay que apelar a la prudencia y a la responsabilidad individual». «Cada paso que demos ha de ser un paso seguro», ha incidido, pero hasta ahora, según él, «el camino de la prudencia, de la cautela y de la seguridad» ha funcionado. La situación de excepcionalidad, de una forma u otra, va a perdurar «hasta que haya vacuna o una terapia efectiva» frente a la COVID-19.

La Comunidad de Madrid era la única que había pedido el pase a la fase 1 en las tres convocatorias que ha habido hasta ahora; para Barcelona y las partes que pasan hoy de Castilla y León era la primera solicitud. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado al Tribunal Supremo el retraso en el avance de la región, que ha sido en lo que llevamos de pandemia la más golpeada por la crisis sanitaria. Esta presión no ha tenido nada que ver en su avance, ha defendido Illa: «Ningún factor ha influido» más allá de que Madrid «cumple los criterios».

Ayer, tras la reunión con Illa y con los demás representantes del Ministerio, el gobierno regional destacó el tono «cordial», y Sanidad habló de «buena evolución» para Madrid. El plan que presentó Madrid asegura que ha incrementado lo suficiente su capacidad para hacer PCR, y que ha aumentado en 650 profesionales el personal de Atención Primaria y en 175 en Salud Pública. La falta de una correcta estrategia de diagnóstico y rastreo había sido, hasta ahora, el principal escollo para tener el visto bueno del Ministerio.

https://www.eldiario.es/sociedad/Fases-desescalada-anuncio-ministro_0_1029947371.html

Sanidad confirma a Madrid que pasa a la fase 1 de la desescalada este lunes

El Ministerio de Sanidad ha decidido que la Comunidad de Madrid pase a fase uno de desescalada a partir de este lunes 25 de mayo al aceptar su tercera propuesta presentada, según ha confirmado la consejería de Sanidad a eldiario.es. El Ministerio ha comunicado la decisión a la consejería telefónicamente este viernes.

Con ello, se confirma el optimismo que se instaló en el Ejecutivo regional tras la reunión bilateral del jueves entre ambas administraciones, con una confirmación oficial que ya se ha producido del visto bueno a la petición de Madrid.

La Consejería de Sanidad defiendía que Madrid cumple con los parámetros fijados por el Ejecutivo central en cuanto a capacidad asistencial, indicadores sanitarios con descenso de incidencia del coronavirus y en lo relativo a la red de detección y vigilancia de nuevos casos.

Junto a los planes de flexibilidad en los hospitales, Madrid subraya en su capacidad diagnóstica que se puede incrementar hasta 15.000 pruebas PCR e incluso hasta 20.000, algo requerido por el Ministerio.

En Primaria, uno de los aspectos que el Ejecutivo pedía consolidar y que está en fase de transformación, se realizan 1.300 pruebas diarias pero Sanidad prevé llegar hasta las 5.000 junto con el apoyo del SUMMA.

En materia de refuerzo, la Comunidad de Madrid ha avanzado que automáticamente se renovarán más de 10.000 contratos de refuerzo. Así, en Primaria la cifra será de 650 efectivos y en Salud Pública, el departamento en el que se ubican los denominados rastreadores, es de 175, con posibilidad de llegar a los 400 en función de la evolución de la pandemia.

https://www.eldiario.es/madrid/Madrid-pasara-desescalada-partir-lunes_0_1029947424.html

España pone a punto la nueva forma de medir la pandemia: será más importante controlar las «cadenas de transmisión» que los contagios

Con la curva de contagios de esta primera ola de coronavirus ya aplanada, la pandemia en España entró hace unas semanas en otra etapa. En este momento la detección precoz cobra toda la relevancia para evitar repuntes y los medidores principales del ritmo que sigue el virus también han cambiado. El principal ya no son los fallecidos diarios ni los ingresos; para observar la evolución y controlar los rebrotes habrá que fijarse en cuántos nuevos casos diarios hay pero, sobre todo, en la capacidad de diagnóstico y de control de su entorno. Así lo refleja la nueva Estrategia de Diagnóstico y Vigilancia que el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades el 4 de mayo, para que la pusieran a punto estas semanas.

El objetivo lo ha definido Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias este jueves tras conocerse que solo un 5% de la población española ha creado anticuerpos: eliminar las cadenas de transmisión «residuales» que aún quedan. Asumiendo que –por las características del coronavirus– será muy difícil llegar y mantenerse en 0 contagios, el trabajo durante mucho tiempo será evitar que esas cadenas se conviertan en una segunda ola grave. «Hubo un momento en el que la urgencia era tener UCI y respiradores disponibles. Ahora es otro: tenemos que tener capacidad de diagnóstico PCR, de rastreo de casos y de supervisión», explica Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

El cambio será visible en una cosa: con la nueva información que mandan las comunidades, las ruedas de prensa de Simón pasarán a ser por la tarde y no a media mañana, como venían celebrándose desde febrero. Sanidad ya explicó esta semana que las comunidades autónomas están «progresivamente» adaptando sus sistemas «para poder informar de todos los datos que nos permitan valorar la capacidad de detección precoz». Según Simón, los informes diarios que elabora su equipo cambiarán y contarán con nuevos parámetros «para estar seguros de que estamos detectando todo y a tiempo». Y se modificarán «en cuanto la calidad de la información y exhaustividad sea adecuada» y acorde con lo que ahora el Gobierno pide a las comunidades. La clave estará en los sospechosos, las pruebas PCR, las nuevas detecciones, el rastreo de los contactos y la capacidad de poner en cuarentena a quien lo requiera.

Cómo se traducirá esto en los informes que cada día elabora el CCAES es aún una incógnita, pero el BOE ya publicó esta semana la orden que obliga a los servicios de salud pública a remitir estos datos a Sanidad: el número de sospechosos diarios –a los que habrá que hacer prueba en 24 horas– y a cuántos se les diagnostica, el número de contactos «estrechos» identificados desde las 48 horas antes de iniciar síntomas y, semanalmente, los profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica en relación a los casos detectados y la población. Así constaba también en la estrategia de detección pactada entre el Gobierno central y las comunidades la semana pasada.

La cantidad de recursos puede variar en función del territorio, uno de los motivos por los que el Ministerio no pone indicadores fijos, aunque en esto difieren los expertos. Godoy sí cree que tiene un sentido: «No es lo mismo una gran concentración urbana que una población dispersa. Extremadura tiene menos habitantes que Madrid y ha habido menos transmisión comunitaria, pero a lo mejor lo que necesita son equipos móviles para confirmar o no a todos los contactos que presenten síntomas y que vivan en diferentes sitios. El riesgo es distinto por zonas, pero también la logística». Otros expertos, sin embargo, apuntan a que establecer umbrales claros ayudaría a la cogoberananza y a que las regiones supieran mejor a qué atenerse.

En todo caso, explican los especialistas, el momento ha cambiado. «Hemos pasado una fase en la que los casos diarios servían para vigilar la curva epidémica, pero ahora cuando empezamos a desescalar, el sistema de notificación diaria tiene que ayudar a monitorizar muy rápido lo que ocurre», comparte Pedro Gullón,  epidemiólogo y experto en Medicina Preventiva y Salud Pública. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en La Rioja, uno de los lugares donde estalló primero la pandemia. Ha llegado a ser el territorio con mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, pero el estudio de seroprevalencia revela una cifra de población con anticuerpos alejada de las más altas (3,3%). Lo que implica que «los sistemas de detección han funcionado muy bien», ha dicho Simón. Con un 52% de casos identificados es la comunidad que más ha detectado, muy por encima del resto.

La importancia de los tiempos

Milagros García Barbero, doctora en Salud Pública y exdirectora de Servicios Integrados de Salud de la OMS, también lo traduce en que «tenemos que tener tests suficientes y la Atención Primaria preparada para detectar los primeros casos. Un fallo en el rastreo puede ser el mayor problema». A la espera de la decisión de Sanidad sobre los territorios que se quedaron sin pasar a fase 1 el pasado lunes, en gran parte los motivos de la negativa se debieron a esto: en Madrid no había ni protocolo en la Atención Primaria y el territorio valenciano solo realizó PCR a un 23% de los sospechosos.

La importancia de contar con un sistema robusto es crucial. Así lo está demostrando lo que ha ocurrido en Alemania o en Corea del Sur, esta última ejemplo para muchos de gestión, pero que actualmente está lidiando con un brote muy complicado de investigar, recuerda Barbero: «Ahí abrieron el confinamiento y un solo caso ha provocado 1.500».

En este sentido, el tiempo «es esencial», dice Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y exdirector General de Salud Pública del Ministerio (2008-2011). «Los tiempos se marcan desde que comienzan los síntomas de sospecha y ahí está la clave del manejo de la desescalada: la capacidad sanitaria de contención y, si fallase, la respuesta hospitalaria». Por eso, Sanidad pide a las comunidades información pormenorizada de los días que pasan desde el inicio de síntomas hasta la consulta y el diagnóstico en casos confirmados; entre la fecha del inicio de síntomas y el aislamiento y entre la primera consulta y el aislamiento. 

En todo caso, y sobre los nuevos informes, la cuestión no es tanto que Fernando Simón pase a relatar cada mañana cuántos sospechosos de coronavirus hay en España, sino que si hay un contagio se sepa frenar la cadena de transmisión antes de que sea demasiado tarde.

De alguna manera, resume Milagros García Barbero, se trata de volver en el tiempo a la primera fase de la epidemia, cuando en febrero se repetía que estábamos en un escenario ‘de contención’: en ese momento se consideraba controlado el coronavirus en España mientras los brotes se identificasen en grupos concretos, como se creía que ocurría en algunas residencias y zonas de Euskadi y la Comunidad de Madrid. «Hasta que la segunda semana de marzo se fue de las manos y era imposible seguir a toda la gente que se había contagiado». Y eso justo fue el punto de inflexión.

Ahora, «la capacidad hospitalaria es importante, pero tenemos a los profesionales sanitarios agotados y exhaustos. Tenemos que solucionar un posible rebrote antes de que llegue ahí, reaccionando rápido», señala la especialista, consejera de la OMS. Y por eso «tenemos tanto miedo a liberar el confinamiento. Esto no es Alemania ni Suecia, no tenemos aún aplicaciones, y ahí ya han tenido problemas. Es un peligro grave. La economía es importante y se tiene que recuperar, pero despacito y asegurando buenos resultados. No podemos volver a la espiral del confinamiento».

https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-pone-punto_0_1027148035.html

El Gobierno autoriza que pasen a fase 1 las 42 zonas básicas de Salud propuestas por Castilla y León

El Gobierno ha autorizado finalmente que pasen a fase 1 de la desescalada las 42 zonas básicas de Salud propuestas por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, según ha anunciado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón en una rueda de prensa en Madrid este viernes. Simón ha comentado, además, la posibilidad de que el lunes 25 de mayo todos los territorios de España entren en fase 1.

«En Castilla y León, por la idiosincrasia de su territorio y por la prudencia importante con la que está procediendo al desescalado -debido a la dureza con la que han sufrido la epidemia- está proponiendo el desescalado por zonas básicas de salud que son zonas muy bien controladas por sus servicios de sanidad», ha dicho  Simón. 

De las 42 propuestas, 13 ya fueron presentadas por la Consejería la semana pasada, aunque rechazadas por el Ministerio «después de una discusión intensa», según afirmó entonces el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. En aquella ocasión pasaron a la fase 1 26 zonas con una población de 53.000 habitantes. Ahora, las 42 áreas de salud suman 225.657 habitantes, por lo que en total son 68 zonas de salud y 278.657 personas las que se sitúan en la fase 1. Es decir, han pasado de fase el 27,5% de las zonas de salud y el 11.59% de la población de la comunidad. 

Aunque la mayoría de las zonas de salud que avanzan son rurales, por primera vez en la Comunidad sí ha pasado de fase una ciudad: Ponferrada. La ciudad, de 65.239 habitantes, avanza en la desescalada gracias a que sus cuatro zonas de salud cumplen con los criterios. Las otras 7 áreas de la comarca de El Bierzo, también han corrido la misma suerte.

Para el resto de las 195 zonas de Castilla y León que se mantienen en fase 0, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado una relajación de las medidas a partir de este lunes. La denominación de Fase 0,5, que este viernes ha causado sorpresa a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, provocará un alivio de las actuales restricciones. 

Estas son las nuevas actividades permitidas

Apertura de comercios sin cita previa

Reactivación progresiva de servicios sociales

Las bibliotecas podrían reanudar su servicio de préstamos

Los museos podrían abrir con aforo de un tercio como máximo

Servicios funerarios en presencia de hasta 10 personas y apertura de lugares de culto

Tareas de desinfección y/o administrativas en los centros educativos que siguen cerrados

Apertura de Centros Deportivos de Alto Rendimiento con medidas de higiene

Apertura de instalaciones científico-técnicas

Estas son las actividades que aún no se podrán realizar

Las terrazas de bares y restaurantes permanecerían todavía cerradas

Las reuniones de hasta 10 familiares en un mismo domicilio, previstas para la fase 1, en esta fase siguen sin estar permitidas

La movilidad entre municipios seguiría prohibida, como hasta ahora, excepto por motivos laborales

https://www.eldiario.es/cyl/Gobierno-Salud-propuestas-Castilla-Leon_0_1027498083.html

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