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La pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha

De entre las más de 40.000 muertes ‘no esperadas’ que dejó la pandemia de coronavirus esta primavera, 21.621 fueron las de personas que estaban recibiendo algún tipo de prestación a la dependencia, ya fuese una cuantía económica, una plaza residencial o cuidados a domicilio. Son casi la mitad de las muertes ‘de más’ totales ocurridas durante esta primera ola de COVID-19. Se desprende así de un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), al que ha tenido acceso eldiario.es.

El documento utiliza los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y los relaciona con los del MoMo, el equipo de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología que ha calculado que entre marzo y abril, las fechas que ha analizado el IMSERSO, fallecieron 42.767 personas más de las que se preveían. El dato se obtiene comparando la diferencia entre los decesos observados y las medias de los últimos 10 años para el mismo periodo, no distingue entre causas directas por COVID-19 o no.

En total, fallecieron entre marzo y abril 43.348 personas con algún tipo de prestación por dependencia. Los fallecimientos «esperados», según esas medias de otros años, eran 21.727. Por tanto, 21.621 muertes constituye un ‘exceso’ de casi el doble, el 99,5%. Si se tiene en cuenta también a los ciudadanos y ciudadanas en ‘solicitud’ de dependencia, esto es, que todavía no habían llegado a recibir la prestación, la cifra suma 25.791 personas.

El estudio diferencia por el tipo de servicio que recibía la persona fallecida. En términos relativos, donde más exceso de mortalidad se observa es en los que recibían una prestación económica que podían gastar en lo que ellos decidieran: hubo un 197,4% más de fallecimientos, 7.614 de más. Le sigue la atención residencial, la gente que tenía plaza pública o concertada en un centro sociosanitario, con un exceso de mortalidad del 175,4%, 9.107 de más. Entre los usuarios de servicios para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, es decir, de programas de rehabilitación o preventivos, ha habido un exceso del 165,0%, 1.378 muertes. Y entre los de centros de día o noche, un 112,9%, 1.013, más de lo esperado.

El IMSERSO también realiza una clasificación por regiones. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la COVID-19 esta primavera, ha sido la que más ‘exceso’ para todo tipo de prestaciones del SAAD ha reportado: en total, su mortalidad ‘de más’ entre este colectivo ha sido del 227,5%. Concretamente, también es en Madrid donde más ha golpeado el fenómeno en las residencias de ancianos: la mortalidad se incrementó un 406% en este tipo de lugares, murieron 2.842 personas ‘no esperadas’. Para la región, en general, para todo tipo de personas, durante marzo y abril el exceso de mortalidad fue del 202%, la mitad.

El tipo de prestación que menos ‘exceso de muertes’ tiene es la económica de cuidados familiares, es decir, las personas que han sido cuidadas directamente en casa por alguien de su entorno familiar. Ha habido un exceso del 21,1%, han muerto 1.492 personas más de las esperadas en esa situación. Le sigue la prestación económica de asistencia personal, el servicio menos habitual, pensado para personas con algún tipo de discapacidad pero activas –exceso del 23,5%, han fallecido 40 más de las esperadas–; y la ayuda al domicilio, con un exceso del 49,3%, 2.230 fallecidos.

Estas cifras no incluyen a aquellas personas que han muerto esperando su valoración para la dependencia, solo a las ya reconocidas por el SAAD, aunque algunas aún no hubiesen recibido nada. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente del sector, realizó una estimación pero no solo relativa a la pandemia, sino a todo 2020. De enero a finales de mayo, fallecieron en España 7.415 personas que habían solicitado la dependencia pero nunca se les llegó a hacer un estudio. El 80% de las personas que lo piden acaban con un grado u otro –hay tres, según gravedad– reconocido.

Los excesos de muertes que registra el MoMo y, ahora también, los informes del IMSERSO, que todavía son preliminares, según fuentes de la institución, contemplan tres tipos de fallecimientos: casos con COVID-19 confirmada; COVID-19 sin confirmar, y COVID-19 de manera indirecta. En este último, como explicaba hace unas semanas la responsable del equipo MoMo, Amparo Larrauri, a eldiario.es, están, por ejemplo, las personas con otras patologías que, por haber retrasado acudir al centro sanitario durante los meses más duros a nivel asistencial ya fuese por miedo o por paralización del sistema, empeoraron y fallecieron. El MoMo no especifica cuántas de las muertes son por una cosa u otra y, como señalaba Larrauri, tardarán «meses» en tener conclusiones definitivas.

https://www.eldiario.es/sociedad/esperadas-primavera-personas-usuarios-dependencia_0_1043246126.html

La «medicalización» de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato

La «Operación Bicho», que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para «medicalizar las residencias» durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.

La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.

El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena», llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.

El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.

Aspiraban a ser «reyes» de la gestión sociosanitaria

Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.

En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa».

Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado «para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid», que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.

El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.

Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.

El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. «¿Tienes trabajo? Ahora tienes». Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.

En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado «precontrato» y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.

Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: «Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato». E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena».

Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. «Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida», cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.

Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.

A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama «medicalización de las residencias», en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.

Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido «no continuar» con «los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa». «Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites», planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.

La respuesta de Aragonés fue clara: «Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir». «Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien», añadió.

Aragonés carga contra sus trabajadores

Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje «está sacado de contexto» y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos «no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando». «Igual que los otros dos médicos que tenemos», incide. Asimismo, añade que va a «denunciar» a uno de los profesionales citados «porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal» en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.

La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.

Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios «no le han devuelto firmado en ningún momento». Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: «Exactamente». Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.

El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que «ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España», para ser «homologado». Además, asegura que durante el estado de alarma «no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada». Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es «siempre» una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. «Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios», insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que «no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores» durante el estado del alarma.

La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed «fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas». La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

Respaldados por la asociación de médicos venezolanos

Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que «la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores».

Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta situación no es un caso aislado. «Hemos recibido por parte de más de diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal», apunta.

Dos de los tres médicos llegaron a la empresa ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado de alta. En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder que él no considera eso una relación laboral: «Si usted le dice trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no es un trabajo».

Sin explicación sobre el proceso de contratación

Los sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. «Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba», cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.

No todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó parte de esta intervención y que también asegura sentirse «estafado». En un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed, aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. «No me ha dado finiquito a firmar», insiste este sanitario, que a su vez plantea que Aragonés todavía le debe dinero.

No es el único extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario, una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta situación y la achaca a impagos de empresas privadas. En relación al profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma disciplinaria por «reiteradas faltas de respeto» a otros dos miembros de la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de colegiado en las visitas de las residencias.

CCOO también constató quejas

Las quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los entrevistados le transmitieron que «no estaban cobrando» y «que habían tenido médicos trabajando para ellos sin contrato».

Alonso asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas, técnicas o productivas, «una de ellas, que era una enfermera, ni siquiera estaba en la empresa». «Un fraude a Trabajo y a la Seguridad Social», añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor. Aragonés desmiente las irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del expediente laboral, el gerente de Transamed añade: «Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?».

Los sanitarios consultados por eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos más duros de la pandemia. «Me he sentido solo. Como trabajador, porque no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son lo que son», inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían «entre siete u ocho residencias al día».

Sin la familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha «desbordado» emocionalmente. «Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin consuelo a llorar», recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce días en los que se desarrolló la «Operación Bicho» el registro de muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750 entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la Comunidad.

La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica. El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la creación de un «mando único» y la retirada de las competencias de residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El 12 de marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser «atendidos allí mismo». Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a los ancianos.

https://www.eldiario.es/madrid/medicalizacion-residencias-Comunidad-Madrid-venezolanos_0_1042195938.html

La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia

La Junta de Castilla y León ordenó a finales del mes de marzo que los ancianos de las residencias enfermos de COVID-19 no fuesen trasladados a los hospitales y cambió de criterio el 16 de abril, cuando el peor pico de la pandemia había pasado. Así lo demuestran los documentos firmados por las gerencias de Salud y Servicios Sociales a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Según el documento ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’, encabezado con los membretes de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales (dependiente de de la Consejería de Familia, en manos del PP) y la Gerencia de Salud (dependiente de la Consejería de Sanidad y en manos de Ciudadanos) que la atención sanitaria en estos centros se gestionaría mediante un «equipo multidisciplinar» con un equipo asistencial formado por «los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…». Era este equipo el encargado de realizar una «valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera». 

«Ni movilizarlos ni derivarlos» 

Pero además, entre esas medidas se determinó que se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital», frase que destacaron en negrita. Para ello, dice el documento, «se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso» y en cada Área de Salud se dictarían instrucciones para garantizar el suministro de medicamentos de uso hospitalario. Este documento, que aparece sin fecha, aunque según fuentes de la Junta es del 23 de marzo, está firmado por el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel y por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos y se hizo llegar a todos los hospitales de la Comunidad.

En un segundo documento ampliatorio, que se firmó tan sólo unos días después según las mismas fuentes, se destacaba que «en ningún caso» se derivarían pacientes a centros hospitalarios.

Tan sólo tres días antes, la consejera de Sanidad, Verónica Casado había anunciado la creación de los equipos Covid Residencias, para evitar «movilizar» a los ancianos, pero se anunció como una medida que trataba de facilitar el tratamiento y no de evitar que llegasen a los hospitales. Cuando empezó la crisis del COVID-19, los 1.214 centros sanitarios de Castilla y León contaban con algo más de 47.000 residentes y un sistema sanitario al borde del colapso.

«Trataron a mi padre con paracetamol y morfina»

Este diario ha contactado con el familiar de un anciano que falleció a finales de marzo, después de tres días enfermo, en una residencia de la provincia de Valladolid. «Me dijeron que mi padre era un posible caso de COVID-19 y cuando pregunté si no lo llevaban al hospital me dijeron que no les dejaba Sanidad. También quise saber qué tratamiento le estaban dando, y me contestaron que paracetamol y morfina. Cuando empezó a respirar mal lo colocaron boca abajo y le pusieron oxígeno, oí como respiraba agónicamente. Murió al día siguiente». Además desde una residencia que prefiere no se citada por razones obvias, afirman que en la fecha en que ese documento estaba vigente, hubo días en que no consiguieron que ningún médico acudiese a tratar a los ancianos con síntomas claros de coronavirus.

El criterio de Sanidad cambió el 16 de abril, en esa fecha, y según los datos que facilita la Junta de Castilla y León, habían fallecido ya 2.451 usuarios de residencias y viviendas tuteladas por COVID19 confirmado o con síntomas compatibles con este virus. Es en ese momento cuando ambas gerencias, Salud y Servicios Sociales, firman una ‘Actualización de las medidas generales a adoptar contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social’ que es muy similar al anterior excepto en el punto de Atención Sanitaria, que básicamente mantiene los mismos puntos que en el anterior.

Pero hacen una pequeña modificación al añadir que «preferentemente» se atendería a los residentes «sin necesidad de movilizarlos» (no dice que al hospital), para lo cual se pondrían en marcha «todas las medidas necesarias y de soporte que garanticen la atención sanitaria en las residencias: personal de apoyo de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicamentos de uso hospitalario, tratamiento intravenoso…». Pero además, indicaba que en el caso de que precisasen «cuidados continuados de mediana o alta intensidad» que no pudieran ser prestados en la residencia como la «necesidad de apoyo sanitario continuado o cuidados críticos» se derivaría al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso. Además se incluía un anexo de recursos intermedios de transición y de hospitalización en cada provincia.

El 28 de abril, en su comparecencia en las Cortes, tras un sentido recuerdo a los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19, la consejera Verónica Casado, afirmaba que había que abordar un «cambio en el modelo residencial». «Esto no puede volver a ocurrir, hay que plantearse seriamente el modelo sociosanitario que ahora no está bien planteado para dar respuesta», asumió. «No pueden morir en las residencias», dijo. Obvió entonces que fue su propia Consejería quien prohibió trasladarlos a los hospitales.

https://www.eldiario.es/cyl/Junta-Castilla-Leon-residencias-hospitales_0_1028898076.html

La opacidad sobre la muerte de al menos 14.000 ancianos en residencias persiste a los tres meses del inicio de la pandemia

Tres meses después del estallido del coronavirus, nadie en España sabe con certeza cuántas personas han fallecido en el foco más letal de la pandemia: las residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad continúa sin ofrecer una fotografía de lo que ha pasado en los centros mientras los que lo vivieron en primera persona –en la propia piel, por ser residentes o trabajadoras, o en la ajena (pero cercana), en el caso de familiares– intentan desmadejar el cúmulo de sombras que cierne sobre la atención que se dio a los mayores ahora que las residencias comienzan a respirar. Los casos han bajado, con el descenso generalizado en España, aunque continúa habiendo contagiados y aislados.

«Vamos hilando ahora, después de todo este tiempo, encajando las piezas y construyendo un relato de lo que pasó con lo que sabemos ahora, que no era lo que sabíamos hace tres meses», asume Rosana Castillo, hija de una residente que murió a mediados de marzo en el centro madrileño de Monte Hermoso. Esta residencia se ha convertido en un triste símbolo de la epidemia. Fue la primera donde los muertos se acumularon de golpe ante la pasividad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 17 fallecidos en cuatro días. Era 15 de marzo.

A este centro le siguieron cientos en toda España donde las muertes empezaron a gotear sin freno. 14.539 personas han fallecido en geriátricos en los últimos tres meses con coronavirus o síntomas de la enfermedad, según los datos aportados, con su propio sistema, por cada comunidad autónoma. Son más de la mitad de los muertos en España hasta el día de hoy. Los porcentajes son especialmente agudos en Aragón (89%), Castilla y León (76,9%) o Madrid (68,7%). Cantabria y Asturias registran proporciones también muy grandes, por delante de Madrid, pero la incidencia fue mucho más pequeña (los pocos fallecidos se dieron mayoritariamente en residencias). En total, ocho comunidades concentraron más del 50% de sus fallecidos en estos puntos negros. 

Sólo Castilla y León, Navarra, Extremadura y Catalunya separan los confirmados de los sospechosos. Los segundos no se han incluido en el cómputo global. Si se suman, el número de fallecidos asciende a 18.245. Esta adición hace que el porcentaje de muertos que perdieron la vida en una residencia posiblemente con coronavirus en Catalunya se dispara hasta el 72%. En todo caso son cifras que deben compararse con reservas porque muchos mayores murieron sin que les hicieran la prueba PCR para confirmar su diagnóstico, especialmente al inicio de la pandemia. 

El Ministerio de Sanidad pide cada semana las cifras a los gobiernos autonómicos desde hace dos meses pero no ha hecho público ningún balance unificado y tampoco da una explicación oficial al motivo de la demora. Preguntado por esta cuestión, el ministerio alude a que «tal y como ha explicado el ministro, Salvador Illa, los datos se han solicitado a las CCAA y cuando se disponga de todos ellos y se hayan analizado se darán a conocer», afirma sin aportar más detalles. No se sabe si hay Gobiernos autonómicos que no han aportado esos números, si hay un problema con ellos, si no ha sido posible homologarlos, si hay alguna otra razón para decidir no comunicar esas cifras que son una demanda constante en cada rueda de prensa del ministro.

Mientras tanto, la Fiscalía tiene sobre la mesa 176 denuncias de familiares, 82 de residencias de Madrid, que han dejado con dudas y miedo, dicen, un pedazo de su vida en manos de la Justicia. 22 de ellas ya se han remitido a los juzgados, según los últimos datos del Ministerio Público. María Jesús Valera presentó junto a otra veintena de familias una querella colectiva contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha sido elevada al Tribunal Supremo, porque la presidenta regional es aforada. «Me he sumado porque a mi padre no se le trasladó al hospital. Enfermó en tres días de mucha gravedad. Hablamos un viernes con él y el domingo la residencia llamó a mi hermana para decirnos que el médico estaba pidiendo el traslado al hospital Doce de Octubre pero no podía realizarse. Murió con morfina en la residencia», explica.

Los protocolos restrictivos, que bloquearon el traslado de mayores a los hospitales y han abierto un boquete en el Gobierno de Madrid, eran conocidos por las familias. No porque tuvieran el documento, sino porque los médicos de los centros se lo dijeron por teléfono, cuando sus familiares enfermaron: los hospitales no los aceptaban. En la página de Facebook de una de las residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid, la Casaquinta de Ciempozuelos, todavía se puede leer el aviso que dieron a los familiares el día 23 de marzo: «El hospital de Valdemoro, por su propia saturación, no acepta ninguna derivación de la residencia y los medios con los que contamos son inexistentes, como ya sabéis». El mensaje recuerda que en ese momento tenían a 50 personas aisladas, que habían habido ya varios fallecimientos, pero sin poder confirmar que se trataba de coronavirus ya que no había pruebas PCR. En los diez días anteriores a la publicación del texto la única ayuda que habían recibido había sido 520 mascarillas y la desinfección del Ejército, revela esta pequeña hemeroteca.

Valera va repasando las fechas de memoria y relata fases de «dolor y de culpa que te destrozan la vida». «Pensar si hiciste bien, mal, si pudiste hacer más… Hay muchas familias rotas. Eran personas mayores, contábamos con que podían fallecer, el problema es la forma en la que han muerto. Ese ha sido el daño», resume. Su querella se dirige también contra el director de la residencia de su padre, DomusVi-Usera, por adoptar tarde, según Valera, las más elementales medidas de protección. «Hasta el día 18 de marzo la residencia nos dijo que estaban libres de COVID y que las mascarillas o cualquier otro material de protección no eran necesarios», asegura.

En ese momento ya empezaban a estallar los primeros brotes en centros sociosanitarios madrileños. 14 fueron intervenidos por la administración y más de 200 comenzaron a recibir apoyos puntuales de centros de salud y hospitales. Pero tuvieron que pasar muchos días desde que se anunció que «prácticamente todos los centros» estaban medicalizados, en marzo, hasta que aparecieron sanitarios ajenos al centro en los geriátricos. Una semana después la situación se reprodujo en Barcelona: decenas de muertos en pocos días y hospitales saturados a los que se derivaba mínimamente a los mayores. La Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo (PP) indicó en un momento que no se derivaran personas con dependencia severa o gran dependencia. En Castilla y León, también muy golpeada por la epidemia, hubo igualmente una orden directa durante el pico de contagios para no trasladar a los residentes, como desveló eldiario.es, y los centros se vieron superados.

Uno de los trabajadores de estos geriátricos, que quiere permanecer en el anonimato, ha reprochado que en los peores momentos se les acusase de deficiencia en los servicios y falta de profesionalidad, tanto en medios de comunicación como por parte de los políticos. «En esos momentos lo que nosotros teníamos era desesperación, porque había 200 frentes abiertos, falta de material… No sabíamos utilizarlo ni estábamos preparados. Nosotros solo servimos para cuidar, no para curar, eso es una competencia de Sanidad», lamenta. «En esas semanas en nuestra conciencia estaba hacer lo que fuera para salvar personas, hemos trabajado hasta la extenuación y nos robaban el personal o sencillamente no había porque estaba de baja. Hemos llorado mucho», subraya.

Paracetamol y morfina

Empleadas, directoras de residencias y las patronales que agrupan a las empresas gestoras –es un sector privatizado en toda España– han denunciado en estos meses que la organización sanitaria les dejó en la estacada en los peores momentos, cuando no disponían de material médico para atender correctamente a los usuarios.

Ángeles, Técnico Auxiliar de Enfermería (TCAE) en la Gran Residencia de Madrid, lleva sus propias cuentas. Hasta febrero en el centro, que es el más grande de la Comunidad de Madrid, morían entre cuatro y cinco usuarios al mes. Entre marzo y mayo murieron 100, «no sabemos cuántos de coronavirus; calculo que 80 y pico». Cuenta que ahí todo fue un caos aproximadamente hasta el 6 de abril, cuando intervino la UME «y a partir de ahí fueron un poco mejor las cosas. Se distribuyó a los residentes, se desinfectó, se separó. Fuimos antes como pollo sin cabeza». La residencia «no está preparada para cuidados paliativos, no tenemos tomas de oxígeno. Por lo general morían aquí si no daba tiempo al traslado. Con la COVID-19 no mandaban ambulancias, recetaban antibióticos y paracetamol», asegura.

«Lo que hicieron fue poner a un sistema que no está preparado para una crisis sanitaria en primera línea de una pandemia y sin protección ni test para hacer a los residentes. Nos dejaron solos», destaca Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP). Describe la situación como un «horror» y un «infierno» pese a las «llamadas de auxilio» que desde el sector asegura que se hizo al Gobierno y a las comunidades y así lo explicó en el Congreso de los Diputados el pasado viernes: «Nos hemos sentido abandonados por todo el mundo, no importa el partido político».

En Madrid la situación ha sido especialmente visible por el alto nivel de incidencia del coronavirus, por la saturación de los hospitales y porque el asunto ha ocasionado una gran crisis de Gobierno que ha sacado a flote conversaciones y correos entre los responsables de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) en un sálvese quién pueda. Los intercambios demuestran que el protocolo, que la presidenta dijo que nunca se envió y el consejero de Sanidad aseguró que llegó por error a los geriátricos, se aplicó al menos durante el tiempo en el que los hospitales estaban desbordados y los triajes –la selección de pacientes– era salvaje.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, emitió el lunes un comunicado que defendía la actuación de la Consejería de Sanidad. «Cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital. Hay que recordar que en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era «de guerra»: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30% tenían más de 200 pacientes pendientes para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos que habiendo incrementado su capacidad en un 400% estaban tensionados al máximo para tener capacidad de atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades», argumenta García Navarro, que considera que «se ha malinterpretado el sentido de los protocolos».

Desde la patronal de residencias privadas, Cinta Pascual admite que se produjeron derivaciones, pero «muy puntuales» y apunta a lo determinante que fue contar con un sistema sanitario al límite en algunos territorios, pero al mismo tiempo censura que los protocolos «marcaran un perfil de personas que, si tu los lees, son las que tenemos nosotros. Nos dejaron fuera».

«¿Cómo estamos tan abandonadas?»

A Victoria (nombre ficticio) se le arremolinan los recuerdos cuando intenta detallar lo que la pandemia ha dejado a su paso en muchos de estos centros. Trabajadora en una pequeña residencia de Vallecas (Madrid), aún sigue teniendo un nudo en el estómago: «Una pequeña cosa», dice, que si no controlara le haría llorar «en cualquier momento». «Al principio no sabíamos nada, no había nadie a quién preguntar. Se nos empezaron a poner algunos residentes enfermos y ni siquiera nos cogían los teléfonos. Una vez estuve cuatro horas intentando que respondieran», precisa. «Yo solo pensaba: pero si las residencias somos el mayor foco ¿cómo es que estamos tan abandonadas?».

Tres meses después, alcanza a definir la montaña rusa de emociones que ha supuesto: «Primero mucha rabia, luego había que luchar por que todo saliera… Y ahora es pena. La residencia es muy pequeña y al final es una familia. Hemos colgado las fotos de las cinco personas que murieron». Con el paso del tiempo la coordinación «fue mejorando», pero cree que la situación no se atajó «hasta que no era demasiado tarde». En su caso, sí hubo derivaciones a los hospitales, explica, pero a base de «insistir y pelearlo» y porque debido a su magnitud, el centro no tiene médico y «no podíamos darles asistencia». Sin embargo, no fue fácil: «Yo llamaba y la primera respuesta era que no, pero el geriatra de enlace que teníamos me decía ‘diles que como no vengan a buscar a la gente, voy yo al juzgado y pongo una denuncia».

Este martes, ya con Madrid en fase 2, los familiares han vuelto a la residencias, más de tres meses después, con cita previa y escalonados. «Anoche muchos me comentaban lo animados que estaban», dice Ángeles. La situación está ahora estabilizada en la Gran Residencia y solo tienen 20 positivos de los 300 usuarios que quedan –en marzo eran unos 400 para 470 plazas–. Las PCR para los usuarios no llegaron hasta finales de abril o principios de mayo, y para las trabajadoras están llegando ahora: ella tiene cita este jueves, a pesar de que no tiene síntomas y sin síntomas esa prueba diagnóstica no tiene sentido. Sí que celebra que este junio llegan incorporaciones pendientes de 2020, y que se está preparando ya un módulo de 70 camas por si hubiese un rebrote en otoño, como plan de contingencia al que obliga el Ministerio.

El decreto de ‘nueva normalidad’, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y tiene que pasar por el Congreso, es específico en ese punto. Todas las residencias tendrán que presentar a Salud Pública en un plazo aún no estipulado un plan de contingencia frente a la COVID-19, para prevenir rebrotes y conseguir que si viene una segunda oleada la enfermedad no vuelva a cebarse con los usuarios de los centros. Habrá que organizar las «visitas» y «paseos» y acondicionar las instalaciones. También será obligación de las comunidades autónomas, en la ‘nueva normalidad’, que durará hasta que la enfermedad esté controlada con una vacuna o con un tratamiento muy eficaz, garantizar que los servicios sociales y los sanitarios trabajan de manera coordinada.

«Es tiempo para ver qué ha pasado y qué ha fallado. Esto no puede volver a ocurrir», apunta Isabel Barreiro, administrativa de una residencia de Vigo, que recuerda ver «con impotencia» cómo los casos aumentaban cada día. «Tenemos que saber que se actuó tarde y que no se puede mercantilizar los cuidados de las personas mayores», añade. Las trabajadoras coinciden en que la COVID-19 ha mostrado, en su versión más descarnada, la realidad de las residencias de mayores: un modelo frágil, dependiente de empresas privadas, con falta de personal y precariedad en las plantillas. «Antes estaba igual de oscuro –dice una técnica auxiliar de enfermería de Madrid– pero nadie lo miraba».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de la mitad de las muertes por COVID-19 registradas en Europa eran personas que vivían en residencias de mayores. «Una tragedia humana inimaginable», dijo el organismo en abril, que hizo un llamamiento a todo el continente para mejorar el sistema de cuidados, dar más formación al personal y cambiar, en definitiva, el modo de operar. Un aviso que también concierne a España.

Reportaje elaborado con la colaboración de las ediciones regionales de eldiarrio.es. Datos y gráficos por Ana Ordaz y Victoria Olivères.

https://www.eldiario.es/sociedad/residencias-mayores-despues-estallido-pandemia_0_1036247363.html

La jueza remite al Supremo la querella contra Ayuso por homicidio imprudente, lesiones y otros delitos en la gestión de residencias

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia en estos centros.

Así consta en el auto dado a conocer este viernes por la plataforma Marea de Residencias, en la que se agrupan estos familiares. Ayuso goza de aforamiento por su condición de presidenta autonómica. Por eso es el Supremo el tribunal que debe ver la causa.

A finales de mayo 25 familiares de personas fallecidas en residencias de las localidades madrileñas de Alcorcón y Leganés se querellaron contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia Enrique López, sobre los que la jueza no se pronuncia.

Según entonces la plataforma, la querella se interpuso por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

La magistrada, en su auto fechado el 29 de mayo, decide enviar la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

También acuerda dar traslado a la Fiscalía y recuerda que contra el auto cabe recurso.

Madrid es la comunidad que más investigaciones a residencias acumula por parte de la Fiscalía, casi la mitad de las incoadas en todo el país. Según el último balance hecho público este miércoles, el ministerio fiscal informó de un total de 82 diligencias de investigación penal abiertas a centros de la región.

«Condiciones indignas»

El Gobierno regional se halla inmerso en fuertes tensiones internas después de que haya trascendido que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, envió dos correos el 22 de marzo al responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), en los que advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen «en unas condiciones indignas».

https://www.eldiario.es/politica/Supremo-querella-Ayuso-gestion-residencias_0_1034847352.html

Un consejero de Ciudadanos califica de ilegal la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha cuestionado este lunes la legalidad de los protocolos dictaminados por la Consejería de Sanidad que negaron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia. Reyero, en una comisión en la Asamblea de Madrid, ha dicho que estuvo «radicalmente en contra» de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores.

Reyero ha precisado que dichos protocolos son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. «Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho», lamentaba el consejero, quien se ha manifestado «absolutamente a favor» de crear una comisión de investigación en la Asamblea que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia. Una comisión que ha rechazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a la oposición de «politizar el dolor» con la misma.

Reyero ha lamentado que las órdenes se distribuyeron «en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales». De hecho, ha dicho que tanto en reuniones como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición rotundamente contraria a estos protocolos.

«La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés», ha afirmado el consejero, quien ha recordado que el CERMI expresó su inquietud por estos protocolos.

La declaración del consejero aviva los roces entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid a la vez que alienta la investigación judicial sobre las miles de muertes en los geriátricos que ya han llevado a los tribunales asociaciones y familiares. 

La portavoz socialista de Políticas Sociales en la Asamblea, Purificación Causapié, ha subrayado que las órdenes dadas para restringir los ingresos de pacientes procedentes de residencias en hospitales son varias y están firmadas por cargos públicos, por lo que ve «imprescindible» que la comisión de investigación estudie lo ocurrido.

Así ha recordado que los jueces han insistido en la medicalización completa de las residencias en Alcorcón y Leganés, con 37 fallecidos tras los autos judiciales. Por otro lado, ha criticado la «falta de control y estructura para vigilar» de la Consejería respecto a las residencias privadas y concertadas de la región, que son la inmensa mayoría; y la tardanza en la zonificación de muchos geriátricos por el coronavirus.

La parlamentaria socialista ha pedido a Reyero que se oponga a despidos y expedientes de empleo en residencias madrileñas, que se comprometa con el presupuesto que sean capaces de garantizar «una adecuada gestión y seguimiento» y que luche para acabar con las llamadas colas del hambre. «Han sido muy rácanos con la política social», le ha espetado.

Para el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, la página web de la Comunidad de Madrid está «llena de información falsa», ya que habla de la medicalización de residencias cuando no se ha realizado ninguna o de la intervención en más de un centenar cuando al intervención directa de la Comunidad ha sido en 14, al tiempo que se ha quejado de que no cuentan con datos desagregados de afectados por residencia.

Asimismo, Delgado ha llamado «cobarde» a Ayuso por «cargarle el mochuelo» de las denegaciones de derivaciones de residentes a «los pobres trabajadores» médicos. «La presidenta se ha negado a responder si existían protocolos pero hay varios. El mismo partido que no ha tenido duda de instrumentalizar el terrorismo venga a decirnos que investigar todo esto que ha sucedido, saber quién ha hecho estos protocolos es instrumentalizar el dolor pone a prueba la cortesía parlamentaria y la paciencia», se ha quejado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha criticado la «descoordinación total» que ha habido en esta crisis en los geriátricos madrileños y ha apuntado al consejero como «responsable por encima de los demás». «Usted como cabeza tenía que haberse impuesto y si no lo conseguía, se tenía que haber retirado», ha dicho a Reyero, a quien también ha afeado que cree un plan de contingencia con 20 millones de euros a entidades sociales, a las que ha tildado de «chiringuitos», para atener a los más afectados económicamente por la pandemia.

Por último, la diputada de Unidas Podemos Paloma García también ha insistido en que los protocolos para no atender a determinados residentes en hospitales «no eran un borrador», sino una «eugenesia para personas con discapacidad, una vergüenza que no es ético ni legal». También ha asegurado que la Comunidad no ha cumplido los autos judiciales que piden la medicalización de geriátricos en Leganés y Alcorcón.

https://www.eldiario.es/madrid/Reyero-radicalmente-Sanidad-rechazaban-residencias_0_1033447340.html

Víctimas invisibles: los centenares de ancianos que mueren con coronavirus en residencias no cuentan en las cifras oficiales de Madrid

En un mes sin coronavirus, en las residencias de mayores de Madrid suelen morir en torno al millar de personas, según el Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso. En el último mes de marzo, sin embargo, el número de ancianos fallecidos en los geriátricos madrileños ascendió a 3.055 personas (3.383 hasta el 2 de abril, la última cifra disponible). Más del triple. La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 ha golpeado estos centros en todo el territorio español, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se han convertido en uno de los principales focos de contagios y de víctimas mortales de la enfermedad. Aunque no se sabe cuántos tenían COVID-19, son 2.000 muertes más que no figuran, en su mayoría, en las estadísticas oficiales de muertes con coronavirus que diariamente reporta el Ministerio de Sanidad.

El grueso de estos decesos en las residencias de mayores de Madrid se produjeron en la última semana del mes. La Comunidad de Madrid pasó de registrar 1.065 ancianos fallecidos en las residencias de mayores entre el 1 y el 25 de marzo a sumar 3.383 muertes hasta el 2 de abril. 2.318 fallecidos más en solo ocho días. Para comprender la magnitud de esta cifra, cabe compararla con la de fallecidos que se reportaron en Madrid esos días al Ministerio de Sanidad: en esos ocho días los muertos con coronavirus en toda la región fueron prácticamente los mismos: 2.323.

El Ministerio de Sanidad –en su informe diario– recoge que 5.371 personas que han fallecido en Madrid en las últimas semanas tenían coronavirus. El dato es casi idéntico al que contabilizan en una tabla de excel 76 hospitales de Madrid, que se organizan por su cuenta para tener datos actualizados y gestionar recursos. Según las cifras que manejan la mayoría de estos centros sanitarios (en total hay 102 en toda la región), 5.261 personas murieron en los hospitales madrileños con la COVID-19.

Atendiendo a esta contabilidad, la Consejería de Sanidad solo estaría reportando al Ministerio los fallecimientos de coronavirus que se dieron en los hospitales madrileños. Ni rastro de los fallecidos en las residencias de ancianos: 2.756 hasta el 2 de abril. Desde la Consejería de Sanidad no han querido responder sobre este tema a las preguntas de eldiario.es.

Solo 627 ancianos de las residencias de Madrid murieron en hospitales hasta esa fecha. El resto lo hicieron en las residencias, según informó la Consejería de Políticas Sociales. Hasta el inicio de la crisis vivían en los 475 geriátricos madrileños –entre públicos y privados– unos 52.031 ancianos, por lo que han perecido el 6,5%.

Según admitía este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las cifras sobre el número de fallecidos con coronavirus que hace públicas cada día su Ministerio incluyen a las personas «testadas positivamente» y dejan fuera, por tanto, a quienes han perdido la vida por causas que son sospechosas de ser compatibles con la Covid-19 pero a las que nunca se les realizó un test diagnóstico.

La alta presión asistencial que soportan los hospitales en España dejó como principales damnificados a los mayores de las residencias de ancianos. La saturación redujo al mínimo los traslados de las personas mayores con síntomas de coronavirus que enfermaban gravemente en estos centros en Madrid. En esta situación, las residencias se estaban enfrentando a tratar a pacientes sin los medios de un centro sanitario.

Desde la Consejería advirtieron de que las muertes de los ancianos en las residencias no pueden atribuirse exclusivamente al coronavirus debido a la falta de test para determinar el diagnóstico. Pero debido a esa falta de control, precisamente, se les está excluyendo de las estadísticas oficiales que elevarían el porcentaje de fallecidos en Madrid. Según los propios datos del Gobierno regional han fallecido 2.000 ancianos más durante la pandemia que un mes habitual.

El dato actualizado de muertes en las residencias madrileñas a 7 de abril no lo han querido facilitar a este periódico desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encargada de la gestión de estos centros. La cifra, sin embargo, la deberán reportar ahora todos los Gobiernos regionales al Ministerio de Sanidad por orden del ministro Salvador Illa.

La pandemia ha golpeado a las residencias de todo el país pero nada comparado con lo que está ocurriendo en Madrid. Según los últimos datos facilitados por Catalunya, hasta este lunes, 909 mayores habían muerto por coronavirus en residencias y se habían registrado 1.736 casos positivos. Otros 393 mayores tuvieron que ser hospitalizados. En conjunto en Catalunya viven 64.093 mayores en residencias públicas y privadas. El dato podría ser peor porque la Generalitat ha admitido este martes que no tiene datos sobre el coronavirus del 20% de las residencias catalanas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, hasta el momento se han detectado 837 positivos entre residentes, mientras que han fallecido 191 con coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Justicia ya está trabajando en subsanar esos posibles desajustes y trata de reunir la información sobre defunciones causadas por la COVID-19 que se inscriben y registran en todos los registros civiles de España, tanto los que informatizan los datos en la plataforma ‘Inforeg’, como los que no, con el objetivo de ofrecer una información con «mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad».

Los registros civiles están constatando un incremento de fallecimientos en comparación con la media de los últimos años, con especial incidencia entre los mayores de 75. Los expertos advierten sin embargo de que es pronto para saber qué parte del aumento de la mortalidad en España es achacable a la pandemia.

Díaz Ayuso decidía hace 12 días retirarle las competencias de las residencias de ancianos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), para dárselas a al consejero de Sanidad, del Partido Popular. La presidenta lo hacía después de que el departamento de Reyero informase de que habían fallecido 1.065 ancianos en Madrid. En el entorno de la presidenta lo achacaron al «descontento» por su gestión. Desde que asumió el control la Consejería de Sanidad fallecieron 2.300 ancianos más en ocho días en las residencias de Madrid sin que se informase de ello a la opinión pública.

https://www.eldiario.es/madrid/invisibles-Madrid-residencias-coronavirus-estadisticas_0_1014199304.html

La OIT alerta de «pérdidas devastadoras» por el coronavirus equivalentes a 230 millones de empleos

La Gran Recesión de 2008 se quedará corta respecto al impacto del coronavirus en el empleo. «Es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial». La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado este martes sus primeras estimaciones detalladas del impacto en el mercado laboral de la epidemia de la COVID-19 a nivel mundial, tras unas estimaciones preliminares que el organismo teme que se hayan quedado muy limitadas. La OIT calcula que habrá una reducción del empleo en el segundo trimestre de 2020 de alrededor del 6,7% de las horas trabajadas, el equivalente a 230 millones de trabajadores a tiempo completo (con una jornada de 40 horas semanales).

La OIT muestra todas las cautelas en sus estimaciones dada la incertidumbre ligada a este nuevo virus. Sus cálculos pretenden reflejar «el efecto de la crisis en su estado actual (en particular, en lo que respecta a los efectos de las medidas de confinamiento)», recoge el estudio. La pérdida de horas trabajadas incluyen «tanto los despidos como otras reducciones temporales del tiempo de trabajo». Si se estima una jornada semanal de 48 horas, el equivalente de pérdida de empleo es el de 195 millones de trabajadores.

El director general de la OIT, Guy Ryder, ha explicado estos datos en una rueda de prensa desde Ginebra, en la que ha apuntado que el informe no da una cifra estimada de pérdida de empleo al final de 2020 porque creen que, a día de hoy, no se pueden hacer estimaciones con fundamento al respecto. En unos cálculos iniciales, la institución cifró en unos 25 millones de personas las que estarían desempleadas al terminar el año, pero «hay un alto riesgo» de que el número «supere con creces la proyección inicial», indica la organización.

El responsable de la OIT a nivel mundial ha precisado que la entidad irá actualizando sus estimaciones periódicamente, con una siguiente aproximación previsiblemente dentro de dos semanas.

Ryder ha sido muy claro en una cuestión. Ha tachado de «falso dilema» las voces que tratan de contraponer el «salvar vidas o salvar la economía». Lo prioritario es la respuesta a la emergencia sanitaria para minimizar el número de muertes, ha indicado el director de la OIT, ante lo que se deben implementar las medidas sanitarias oportunas, que en la actualidad se están basando sobre todo en el confinamiento de la población y en la paralización de algunas actividades económicas. En ese escenario, se abre el momento de analizar qué políticas son necesarias para minimizar los daños en la economía y reactivarla lo antes posible, ha explicado Guy Ryder.

Una crisis «sin precedentes»

Todo dependerá de «la rapidez con que la economía se recupere en el segundo semestre del año y de la eficacia de las medidas políticas para impulsar la demanda de mano de obra», suscribe la organización en una nota informativa. En esta, la OIT subraya en numerosas ocasiones la magnitud de la actual crisis, de «efecto catastrófico» en el mercado laboral, con «pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo».

También insiste en que nunca antes se ha vivido algo similar a esto. «Las consecuencias del COVID-19 en el empleo son profundas, de gran alcance y sin precedentes», advierte el informe.

La organización internacional explica que «el ajuste del empleo suele seguir a la contracción económica con cierto retraso», por ejemplo, como ocurrió con el aumento de la tasa de desempleo tras la crisis financiera mundial de 2008. «En la presente crisis, los cierres y otras medidas han afectado al empleo directamente y en una magnitud mayor a la prevista inicialmente al comenzar la pandemia», recoge el informe.

El sur de Europa, la zona más afectada

Las estimaciones de la OIT muestran una fotografía de cómo va a afectar la epidemia al empleo en las distintas regiones del mundo. La subregión más afectada de todas es el sur de Europa, donde se sitúa España. Según las proyecciones de la organización, la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre del año será de 9,1%, el equivalente a cinco millones de trabajadores a tiempo completo.

Por regiones más amplias, el estudio apunta en primer lugar a los Estados Árabes (con una afectación del 8,1% de las horas de trabajo, equivalente a 6 millones de trabajadores a tiempo completo), en Europa (7,8%, o 15 millones de trabajadores) y en Asia y el Pacífico (7,2%, 150 millones de trabajadores).

En España, las cifras del paro del mes de marzo nos ofrecen una imagen del primer impacto del coronavirus en el mercado laboral. En los últimos quince días del mes se destruyeron 900.000 empleos, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. El alcance de la pandemia es mucho mayor a la destrucción de empleo, con muchos trabajadores afectados por ERTE, con sus contratos suspendidos o con reducciones de jornada debido a esta crisis. En total, las cifras oficiales apuntan a un mínimo de 1,5 millones de trabajadores expulsados de sus empleos en el mes de marzo.

Los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no han querido tampoco hacer una estimación de cómo evolucionará el empleo en los próximos meses en España a causa de la COVID-19, ya que han apuntado que sus efectos son todavía muy inciertos.

El comercio y la hostelería, sectores más afectados

El impacto en el mercado laboral «dista mucho de ser uniforme», precisa la OIT, que detecta algunos sectores específicos que «padecen la mayor parte del colapso de la actividad económica».

Los cuatro sectores más afectados, que presentan una «repercusión alta» en el momento actual de la epidemia sobre la producción económica son: el de Actividades de alojamiento y de servicio de comidas; Actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales; la industria manufacturera y el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas.

Según el contexto de cada país, los trabajadores de estos cuatro sectores (un total de 1.250 millones de personas, el 38% de la población activa mundial) se enfrentan «a una reducción drástica y arrolladora de las horas de trabajo, a recortes salariales y a despidos, y es probable que constituyan el grueso de las estimaciones del modelo de previsión a muy corto plazo antes expuesto».

Una de las cuestiones que más destaca el informe, así como el responsable de la OIT, es la necesidad de proteger también a las personas que trabajan en la economía sumergida en estos momentos, «alrededor de 2.000 millones de personas» en todo el mundo, «la mayoría de ellas en países emergentes y en desarrollo». En algunos países, estos trabajadores son la gran mayoría, como en la India, «donde casi el 90″de la población trabaja en la economía informal».

Guy Ryder ha destacado que es fundamental proveer de unos ingresos mínimos a estas personas para que puedan sobrevivir durante la crisis, ya que las medidas de confinamiento frente al virus les impiden trabajar, pero no tienen acceso a la protección social que funciona de colchón para el resto de empleados. Pedir a la gente que se queda en casa, si no hay ningún ingreso posible posible para ellas es inviable, ha precisado Ryder.

Actuación internacional para evitar el «colapso»

Además de las cifras, la OIT ha ofrecido una serie de recomendaciones para hacer frente a la epidemia y minimizar los efectos de esta crisis. El director general de la OIT, Guy Ryder, ha insistido la necesidad de una «actuación coordinada» a nivel internacional, en la que ha mencionado organismos y entidades que deben orquestar una respuesta al virus entre sus miembros, como el G-20, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

La OIT señala cuatro pilares fundamenyales de actuación: apoyar a las empresas, al empleo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y utilizar el diálogo social entre gobiernos, trabajadores y empleadores a fin de encontrar soluciones, señala el estudio.

En relación al apoyo a las empresas, Ryder ha argumentado la prioridad de apoyar a las pequeñas empresas, que son las que no van a tener liquidez para aguantar mucho esta situación, mientras que en el caso de las grandes empresas la inversión de recursos públicos debe estar controlada para que se dedique a garantizar el mantenimiento del empleo y de la actividad.

Las buenas actuaciones de los Estados a nivel individual, no bastarán, ha insistido Ryder, que ha subrayado la necesidad de «solidaridad» y «cooperación» para ayudar a los países que más dificultades encuentren para combatir los efectos de la COVID-19, que va a requerir de enormes cantidades de recursos públicos.

«Los trabajadores y las empresas se enfrentan una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo», ha advertido Ryder. «Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían hacer la diferencia entre la supervivencia y el colapso».

https://www.eldiario.es/economia/OIT-advierte-devastadoras-COVID-19-trabajadores_0_1014198970.html

El Gobierno estudiará dejar salir con niños o a hacer ejercicio según los datos de la Covid-19 de la próxima semana

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que España ha pasado la primera fase del contagio del coronavirus para entrar en una nueva: la etapa de estabilización de la epidemia tras llegar en algunos territorios al pico de la curva de contagios y estar cerca de ella en otros. No obstante, ha asegurado que aún quedan semanas «duras» respecto al confinamiento. El Gobierno estudia cuáles serían las restricciones que se irían levantando de forma gradual y, entre ellas, Illa ha admitido que se encuentran algunas como los paseos con niños o la posibilidad de hacer ejercicio físico en el exterior, pero en todo caso ha sido prudente al asegurar que se trata solo de hipotésis de estudio cuya puesta en marcha dependerá de cómo evolucionen los datos esta semana y la próxima. 

«Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay dato bueno, pero permítanme un atisbo de esperanza: los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que hemos llegado a la fase de estabilización», ha expresado Illa en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso. No obstante, ha advertido de que aún hay que «hacer un esfuerzo más» y que todavía quedan por delante «semanas duras».

Illa ha defendido que el endurecimiento del confinamiento a través de la paralización de la actividad económica no esencial decretada desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril empieza a dar sus frutos. El Gobierno considera que la bajada en la movilidad es clave para que se reduzcan los contagios, pero explica que esa situación no se ve aún en los datos de contagiados y fallecidos. Esta última ha alcanzado un máximo con 950 muertes en las últimas 24 horas superando las 10.000 en España.  «Esto no se ve en las UCIs, ni en la cifra de fallecidos, porque la foto que vemos hoy es la de hace quince días», ha señalado Illa. 

Entre críticas de los grupos de la oposición, le han preguntado cuáles serán los siguientes pasos que dará el Gobierno. Illa ha reconocido que no los puede adelantar porque depende de cómo evolucione la pantalla y a la pregunta concreta de Gabriel Rufián de si se prevé autorizar la salida al exterior de los niños o para hacer ejercicio, el ministro sí ha admitido que son algunas de las medidas que se barajan, aunque le ha puesto todas las cautelas. 

«Son medidas que estamos estudiando. No me estoy comprometiendo a que se puedan llevar a práctica. Hay medidas de este tipo que hay que tomar en consideración. Hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la que viene en función de los datos que vamos teniendo», ha expresado Illa, que ha reconocido que se están estudiando las medidas, pero que es «una decisión difícil de tomar» ante el riesgo de que la emergencia sanitaria «vuelva a rebrotar».

El Gobierno tiene preparados los trenes medicalizados por si fuera necesario desplazar pacientes entre comunidades y, de hecho, Renfe ha solicitado voluntarios entre sus maquinistas. No obstante, Illa ha dicho que de momento no será necesario llevar a cabo desplazamientos: «No hemos descartado nada. Ya hay comunidades autónomas que han ofrecido acoger pacientes y hemos preparado dispositivos de traslado por si hiciera falta. De momento no hace falta».

Illa ha anunciado dos contratos con dos empresas españolas para la fabricación nacional de 400 unidades diarias de equipos de respiración asistida para aumentar este material en la lucha contra el coronavirus. Uno de esos contratos es con la empresa Hersill, situada en Móstoles, que fabricará 100 unidades de equipos de respiración invasiva, según ha anunciado Illa, hasta llegar a 5.000 unidades. “Se ha multiplicado por 10 la capacidad de producción apoyado por el Gobierno”, ha dicho el ministro.

El otro contrato se ha hecho con Seat y la colaboración de dos hospitales en Catalunya para la fabricación de 300 unidades diarias de equipos de respiración invasivos. En este caso están pendientes de recibir la certificación respecto a la seguridad eléctrica y los test electromagnéticos. “España se garantizará producción nacional de hasta 400 unidades diarias para equipos de respiración asistida”, ha sentenciado Illa.

En cuanto a los test de detección rápida, Illa ha explicado que se harán primeramente en lugares con exposición a la enfermedad como hospitales y centros de mayores. También ha avanzado que «en pocos días se va a multiplicar por mucho» las PCR diarias -actualmente, se están realizando entre 15.000 y 20.000-, si fructifican las gestiones para homologar la producción de tres nuevas empresas nacionales y empiezan a operar los 4 robots adquiridos.

Durante la sesión en el Congreso, Illa ha tenido que escuchar algunos reproches de la oposición, especialmente beligerantes desde PP y Vox. La portavoz del PP, Concepción Gamarra, ha asegurado que están haciendo una «oposición leal» a un «Gobierno desleal». «La situación extraordinaria no es para darle una carta blanca al Gobierno. Así no», ha expresado la conservadora, que le ha echado en cara los problemas con las compras de material. Illa se ha defendido asegurando que el Gobierno ha puesto en marcha compras que ya está distribuyendo material a las comunidades autónomas y que cada día están aterrizando aviones con productos adquiridos tanto por el Gobierno como por las autonomías. 

Illa: «Es mejor consensuar, pero a veces no es posible»

«La semana pasada decíamos que iban por detrás del virus, siguen por detrás y llegando tarde», ha zanjado Gamarra, que también ha afeado a los socialistas «estén desactivando al Parlamento» y limitando la capacidad de control así como la «censura» del Gobierno a los periodistas en las ruedas de prensa -que se envían por un canal de WhatsApp y las filtra el secretario de Estado de Comunicación-. No ha sido la única que se lo ha reprochado, también lo ha hecho la portavoz del PNV.

«No creo que el PNV sea sospechoso de querer derrocar a este Gobierno, vamos a seguir empujando al Gobierno para salir de esta situación cuanto antes y salir fuertes de esta situación, pero nos tiene que permitir y tiene que entender que le hagamos una crítica en relación a la actuación del Gobierno respecto a la diplomacia política, la estrategia comunicativa y la estrategia del desarrollo normativo. No es de recibo su actitud unilateral una y mil veces. La unilateralidad les va a costar confianza», ha afirmado Josune Gorospe.

El ministro ha justificado que el Gobierno no consultara a los presidentes autonómicos y el resto de partidos la decisión de paralizar la actividad: «Es tan excepcional que las decisiones hay que tomarlas cuando hay que tomarlas». Illa ha relatado que los expertos le comunicaron el jueves por la tarde la recomendación de parar la actividad para «no mantener presión excesiva» en los hospitales las semanas tercera y cuarta de abril. «Una semana después no servía. Ha habido medidas que ha habido que tomarlas cuando ha habido que tomarlas. Es mejor y más cómodo consensuar las cosas, pero a veces no es posible».

El diputado de Vox Juan Luis Steegmannuna ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado no de hacer «un escudo social» sino suponer «una plaga para la economía» con el objetivo de que Pablo Iglesias pueda hacer la «revolución bolchevique», según ha expresado. «Me alegro de que la situación en China vaya mejor; es el bombero pirómano», ha comenzado.

Por su parte, Ciudadanos ha vuelto a brindar su apoyo al Gobierno, aunque ha lamentado que los autónomos sean obligados a parar su actividad y tengan que pagar las cuotas. El diputado del BNG Néstor Rego ha insistido en la necesidad de «blindar Galicia» para frenar la expansión del virus. Por su parte, el representante de Bildu, Oskar Matute, ha apostado por la «nacionalización» y ha reclamado al Gobierno medidas más ambiciosas para los más vulnerables. 

Aparte de plantear el paseo de los niños o el ejercicio físico en el exterior, Rufián ha apostado por «cartografiar la trazabilidad de la pandemia» par hacer «un mapa de su recorrido» a través de una aplicación. Illa le ha respondido que el Gobierno ya está trabajando en ello. También le ha pedido medidas como que no cuente la prestación de los desempleados teniendo en cuenta que actualmente no se puede buscar trabajo y ha defendido una «rende de confinamiento». 

Al igual que está tratando de hacer el Gobierno, el ministro ha evitado entrar en los «reproches» que le han hecho los portavoces de la oposición; pero ha sido el diputado del PSOE Daniel Viondi el que se ha encargado de reprochar al PP que critique la gestión del Ejecutivo. «Cuando se critica hay que tener la casa limpia», ha expresado sobre los fallos que han tenido gobiernos como el andaluz de Juanma Moreno Bonilla o la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-estudiara-ejercicio-Covid-19-proxima_0_1012449232.html

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