Se venía anunciando desde mayo y ha acabado pasando. La vuelta al colegio se ha convertido en un caos en el que, a falta de dos semanas para que los primeros alumnos entren en las aulas, ni siquiera está garantizado que las clases vayan a empezar cuando está previsto ni si serán presenciales, online o una mezcla. Más de ocho millones de alumnos y otro medio millón largo de profesores se disponen a volver a unas aulas masificadas (salvo alguna excepción, como la Comunidad Valenciana o Andalucía de manera selectiva, ningún Gobierno regional ha bajado las ratios) con las mascarillas como único elemento de seguridad mientras se preguntan qué han hecho las administraciones todos estos meses.
Porque quedan menos de 14 días para el inicio teórico del curso y hay comunidades que aún están presentando medidas o decidiendo cuál de los escenarios que han planteado –con mayor o menor presencialidad en función de la evolución de la pandemia– van a poner en marcha. Las previsiones de retorno a los colegios fueron optimistas en su mayoría y planteaban que el escenario principal sería una vuelta sin apenas coronavirus que no requiriera grandes cambios, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Los contagios se multiplican, la curva crece y lo que valía ayer, hoy es antiguo: la «irrenunciable» presencialidad a la que aludía la ministra Isabel Celaá antes del verano está en el aire, los grupos de 15 son historia y el trabajo de los docentes midiendo aulas para asegurar primero esos dos metros de distancia de seguridad (luego bajó a uno y medio) fue en balde: con carácter general, los grupos tendrán el mismo tamaño que tenían en febrero.
Lo que ya parece una quimera es aquella idea de una vuelta presencial. Ministra y consejeros aseguraron que trabajaban para una vuelta a los colegios. El Ministerio de Educación recomendó en junio que se priorizara la de los menores de 14 en caso de tener que elegir. Los mayores de la ESO y el Bachillerato eran los alumnos mejor preparados para una enseñanza a distancia, se razonó. Los pequeños tenían que ir a clase sí o sí. Papel mojado. Murcia plantea ahora una vuelta semipresencial también para Infantil y Primaria, unas etapas que estaban blindadas a priori en todas las regiones contra la enseñanza a distancia. Catalunya abre la puerta al uso de mascarillas dentro de las aulas. Madrid anunció el miércoles que el próximo día 25 presentará un plan para una vuelta segura, a una semana del inicio del curso y después de que todos los centros de la región se pasaran julio planificando la vuelta. Este viernes el Gobierno regional ya ha afirmado que la vuelta no será 100% presencial. Andalucía también anuncia protocolos para la semana que viene, aunque sí pretende que todos los alumnos acudan a clase a diario. Galicia anuncia que contratará a 250 profesores y «otros tantos» cuando sepa las necesidades. No está claro qué tiene que pasar para que las conozcan, a diez días de la vuelta.
Pequeños anuncios –o no tan pequeños, pero no planes completos– a la espera de la reunión entre el Ejecutivo central y las comunidades el día 27 para hablar del tema, apenas cuatro días antes del teórico inicio de la actividad en los centros. Para algún momento próximo queda pendiente, también, la conferencia de presidentes de Pedro Sánchez con los líderes regionales en las próximas semanas con el mismo tema en la agenda. En esta reunión varios presidentes autonómicos, entre los que ya se han significado el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, le van a pedir a Sánchez un protocolo y calendarios únicos en toda España. Ante la proximidad de estas reuniones, algunas comunidades esperan el liderazgo del Gobierno. Van anunciando medidas, como las relativas al uso de las mascarillas o sobre la vuelta presencial, pero casi ninguna ha salido a zanjar las dudas de profesores y familias.
Llama la atención el caso madrileño, que además de reclamar que le devolvieran las competencias durante el estado de alarma (competencias en Educación que nunca perdió), se desmarcó de prácticamente todos los acuerdos que se iban alcanzando en las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Madrid fue, junto a Euskadi, la única comunidad que renegó del documento general que elaboró el Ministerio en junio y sobre el que se han basado, con más o menos seguimiento, el resto de regiones para elaborar sus protocolos. Pero ahora por un lado pide un plan único y por otro anuncia un plan para el día 25, dos antes de la reunión entre Gobierno central y comunidades autónomas de la que, se supone, deberían salir directrices. A ese nivel poco más puede hacer el Ministerio: legalmente, las competencias, y por tanto las decisiones y la normativa a desarrollar, son autonómicas. En manos de Celaá sí estaría bajar las ratios para todos –es normativa básica, y por tanto estatal–, pero Educación ha decidido no andar ese camino. Cada Gobierno regional podría también haber tomado esa decisión por su cuenta, pero eso significa contratar profesores y cuesta dinero.
Madrid es la comunidad autónoma donde más incierta es la situación, pero no es la única. En la región ha cristalizado finalmente el descontento en una convocatoria de huelga de docentes desde el primer día de clase. Ante las acusaciones de convocar una huelga «política», aseguran los responsables sindicales que la situación en la comunidad madrileña es sensiblemente peor que en otras y que la falta de planificación ante la COVID-19 se suma a años de recortes. En respuesta, el Gobierno regional –cuyo consejero de Sanidad deslizó este jueves que no ve segura una vuelta 100% presencial– se plantea retrasar hasta el 14 el comienzo de las clases y anuncia su plan, dejando descolocados a los docentes: ¿las propuestas de junio, los escenarios previstos, para qué eran entonces?, se preguntan. Canarias ya lo ha hecho: las clases vuelven una semana más tarde de la previsión inicial. En Andalucía, un grupo de AMPA amenaza con no llevar a sus hijos en las condiciones que propone la Junta. En Castilla y León, el Gobierno regional quería forzar a los interinos a firmar un documento declarando tener los medios propios necesarios para impartir docencia a distancia. El documento se retiró en cuanto se hizo público y se achacó a «un error».
Ni docentes ni expertos sanitarios –Fernando Simón entre ellos– entienden los criterios fijados por las administraciones para la vuelta al cole. Las disensiones entre los departamentos de Educación –que las mayores medidas de prevención que plantean son las mascarillas y empezar con la teledocencia si se descontrola la situación– y los de Salud –que piden que no haya aglomeraciones y bajar las ratios– empiezan a hacerse públicas. La estupefacción recorre grupos de Whatsapp de profesores y familias y las reuniones sindicales. «Si una de las medidas de salud pública es que los grupos por la calle no pueden ser de más de diez personas, tendríamos que intentar que en la escuela sean lo más pequeños posible», resumía Magda Campins, jefa de epidemiología del hospital Vall d’Hebron. En versión indignada de un docente: «No puedo ir a cenar con 10 amigos, pero me voy a meter en una clase con 30 alumnos sin distancia alguna de seguridad varias horas al día». No está de más en este punto recordar el estudio de la Universidad de Granada que calcula que un grupo de 20 alumnos se relaciona en total con unas 800 personas en dos días, cuestionando la utilidad de las famosas burbujas. Algunos sindicatos exigen también pruebas PCR para todo el que entre en un aula –no va a pasar con carácter general– y otros se preguntan de dónde van a sacar las obligatorias mascarillas esas familias a las que apenas les da para hacer tres comidas al día. Si las mascarillas quirúrgicas sirven para unas cuantas horas (como mucho un día lectivo de cinco o seis horas), van a hacer falta millones de ellas cada jornada. ¿Va a haber provisión para todos?
Al final, todas las peticiones de los docentes se reducen a eso: seguridad. Los profesores madrileños, atacados estos días por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por convocar una huelga, tratan de hacer pedagogía y explicar que si no quieren volver en estas condiciones no es solo por ellos: es, también, por los alumnos y sus familias, explican.
Su receta para una vuelta segura es tan clara como poco probable que se cumpla: contratar más profesores, desdoblar aulas, menos alumnos por clase. Eso que ha hecho Italia, como recuerda José Ramón Merino, responsable de Política Educativa del sindicato Stes. El país transalpino ha contratado 84.000 docentes más para una población estudiantil algo inferior a la española. «Aquí no llegan a 25.000», lamenta Merino. Según datos oficiales, en España hay 28.816 centros educativos no universitarios. La cuenta es sencilla: menos de un profesor extra por centro. En un país con 17 realidades educativas una media no refleja la situación de cada territorio, pero los datos dan para hacerse una idea. Dentro de esto, la Comunidad Valenciana ha contratado más de 4.300 profesores (uno de cada seis del total de contrataciones en España, muy por encima de su peso en el sistema) y Madrid, ninguno de momento.
Por eso, entre otras razones, en Madrid se ha convocado una huelga y en otros territorios no, y no se plantea por ahora, aunque «tampoco se descarta», según Maribel Loranca, secretaria general de la federación de Educación de UGT. «La propia presidenta [Isabel Díaz Ayuso] admite ahora que no tiene un plan y va a presentar otro. La idea de Madrid era reabrir como si estuviéramos en febrero, sin invertir. Pero la realidad es tozuda», justifica la convocatoria.
España cuenta con una pequeña ventaja: las clases empiezan aquí más tarde que en el resto de Europa y podemos mirar otros países, qué están haciendo y cómo, para tratar de evitar posibles errores que estén cometiendo. La respuesta a nivel europeo es tan variada como lo son sus países. Alemania debate sobre el uso de las mascarillas, y la reapertura de centros ha venido acompañada de rebrotes que han obligado a cerrar algún colegio, al menos dos en la primera semana. Italia, que ha contratado 84.000 profesores más, también ha habilitado espacios como centros deportivos o incluso cuarteles para desdoblar las clases. Si se detecta algún positivo en el colegio, el protocolo es cerrarlo mientras se buscan más casos. Francia ha relajado los criterios respecto a mayo, cuando promovió una vuelta voluntaria. En Reino Unido se programa una vuelta sin apenas restricciones que se ha traducido en varios casos en Escocia y por lo menos un centro cerrado.
En España, la realidad es que no hay un docente que sepa a ciencia cierta cómo va a arrancar el curso. Ni un político siquiera. «Hoy por hoy» es la expresión estrella de los consejeros de Educación. Algunos pueden tener alguna certeza más que otros, pero si realmente la aplicación de los protocolos está ligada a la situación epidemiológica, todo dependerá de la evolución de estas dos próximas semanas, advierten los expertos sanitarios. «La seguridad sanitaria de la comunidad educativa va a depender tanto de lo que se haga o deje de hacer en el interior de los centros de enseñanza como de lo que suceda fuera de ellos, es decir, en el barrio, la población o la comarca donde esos centros se encuentren», explican los expertos Daniel López-Acuña, José Martínez Olmos y Alberto Infante Campos en esta tribuna. «Cuanto menor sea la transmisión del virus, estimada por la incidencia acumulada de nuevos casos en los 14 días precedentes al inicio de la actividad escolar, mayor será la probabilidad de que las medidas adoptadas en el interior de un determinado centro de enseñanza en ese territorio resulten eficaces. Y viceversa». Si el curso empieza en las fechas previstas, los 14 días ya están contando. Y la curva solo sube.