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Más allá del confinamiento, el hambre

Más allá del confinamiento, el hambre

En cuanto se llega al área de San Diego, situada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, las viviendas se apelotonan, las calles se estrechan, las zonas verdes desaparecen. Es el primer barrio en receptores de la renta mínima de toda la capital y uno de los primeros en densidad de población, con 364 habitantes por hectárea frente a los 152 de todo Vallecas o los 57 de Entrevías-El Pozo. Es también la zona con el número más alto de personas sin alfabetizar -aquí se concentra el 50% de todo Madrid, el resto está distribuido entre todos los distritos- y el barrio con la temperatura atmosférica más alta de la ciudad. 

Hay mucho cemento, infravivienda y precariedad. «Y muchos pisos de bancos o de la Sareb que bien estarían albergando a gente que lo necesita», reclama María José García, integrante de la asociación Vecinos Puente de Vallecas y de la Plataforma por la Sanidad Pública. La pandemia ha agravado lo que ya era insostenible. Por eso varios colectivos se han unido y coordinado con personal de los centros de salud para hacer frente a las necesidades sociales más urgentes a través de un grupo de salud comunitaria, en un barrio ya de por sí solidario y luchador.

elDiario.es conversa con cinco de sus integrantes en torno a una mesa en una plaza situada frente al centro de salud Vicente Soldevilla, donde decenas de personas guardan cola en la acera para ser atendidas. De fondo, una pareja de jóvenes canta flamenco y palmea.

«¿Que de qué va esto? De que nos quieren matar. ¿De qué va que no inviertan más aquí, de qué va el confinamiento segregado [impuesto por el Gobierno de Ayuso hace unas semanas en algunos barrios y que ya no está vigente con el estado de alarma], de qué va la falta de medios públicos en este barrio? De eso va. De que nos abandonan», denuncia Luis Sánchez, jubilado desde hace tres años, integrante de la Asociación de Vecinos Kasko Viejo, y «de todos los charcos que me encuentro, que allí me meto hasta la cintura».

Antes de su jubilación Luis vivió temporadas de dificultad como excluido social tras «una prejubilación que en realidad fue un expediente de regulación de empleo encubierto. Cuando cobré mi primera pensión no veas qué subidón». Con pasión al hablar, moño y barba larga pintando canas, resume la situación actual de este modo:

«A este paso más que recetas de paracetamol, vamos a necesitar de latas de judías. Así está la cosa. ¿Que qué me preocupa de los próximos meses? El hambre, el hambre que va a haber aquí».

Sentados a su lado están Marta, educadora social y miembro de la asociación Somos Tribu -que ha preferido no salir en la foto-, María José García, de la Asociación Puente de Vallecas y de la Plataforma para la Sanidad Pública, Carmen, enfermera de pediatría y coordinadora del centro de salud Martínez de la Riva y Daniel García, médico en el centro de atención primaria Vicente Soldevilla, todos ellos integrantes del grupo de salud comunitaria creado al inicio de la pandemia. 

«Mira, escucha esto», dice Luis, mientras pulsa el botón del Play en su teléfono. «Es una vecina de Ucrania que llamó con esta historia». Se oye la voz de la vecina: 

«Me ha llamado esta mañana la señorita del Ayuntamiento diciéndome si podemos pagar nosotros la limpieza de los chinches, obviamente le he dicho que no podemos porque estamos muy mal, mi marido se mete donde sea para trabajar para poder pagar el piso porque si no, nos echan», cuenta en el mensaje. 

«Y escucha ahora», insiste Luis. 

La voz de la mujer ucraniana prosigue: «Y otra cosa es que me he ido esta tarde al centro médico, tenía cita con el niño para ver si le registran para que tenga pediatra y para que lo vean porque tiene problemas con la piel, le sale sangre y tiene como pupitas, y me han dicho que le rechazan, que no se puede porque no tiene papeles». 

Luis pulsa el botón de Stop y añade: «El niño ha acabado en urgencias del hospital Infanta Leonor con un informe comidito de chinches. Comidito».  

Carmen, que como personal sanitario en un centro de salud sabe cuáles son los cauces, explica: «Es que el sistema está configurado de tal modo que al final depende mucho del profesional que te toque, de su voluntad». 

«Muchas veces depende de quién está en la puerta. Y a los sanitarios los han machacado mucho obligándoles a seguir ciertas normas, con mucha burocracia y control», añade María José.

«La sobrecarga de este distrito, su enorme densidad de población, sus características, hacen que necesite mucha más inversión y apoyo que otras áreas», explican. 

Todos intentan sortear las trabas burocráticas en busca de atención sanitaria o ayudas públicas para las personas más vulnerables del barrio. Gestionan bancos de alimentos, coordinan la comunicación con los centros de salud o acompañan a familias que no disponen de lo básico, para atajar el desamparo que sufren.  

«Aquí hay muchos pisos donde viven tres unidades familiares diferentes en pocos metros cuadrados, pero ha sido imposible hacer uso de los hoteles medicalizados cuando te encontrabas con casos así de contagio», lamenta Carmen, curtida en el centro de salud desde hace veinte años. 

«Hay un abandono no solo de la gente, sino de las instituciones hacia sus propios trabajadores, que han trabajado a destajo desde sus casas sin los recursos básicos para dar salidas», explica Marta. 

«Las dificultades para pedir las ayudas son enormes. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital la gente lo necesita ya, porque se han agotado sus ingresos por desempleo o sus ahorros. Como no empiece a llegar nos vamos a dar contra un muro».

 Y añade: «Tenemos la manía de comer ahora, no dentro de dos meses».

María José, enfermera hasta su jubilación hace dos años e integrante de la asociación de vecinos Puente de Vallecas, siempre ha estado implicada en el barrio: «Cuando la gente está encerrada en casa en pocos metros, pensando en qué trabajar, en cómo conseguir alimentos, con los niños, el estrés es grande. Es una situación de violencia social».

Como educadora social Marta está recibiendo cada vez más avisos en ese sentido: «Han aumentado los conflictos no solo en las unidades familiares, sino también en comunidades de vecinos». 

«La gente tiene la sensación de que no hay nada a lo que aferrarse, ven el bar y el banco abiertos, pero no consiguen que les cojan el teléfono en el centro de salud hasta el cuarto día, o ven que la sede de Servicios Sociales está cerrada», señala María José. 

«La situación es tan grave que no nos ha quedado otro remedio que organizarnos y ayudar, pero los movimientos sociales y las asociaciones no podemos suplir a las administraciones, nuestra tarea no les quita responsabilidad», subraya, y recuerda que falta lo fundamental: rastreadores, refuerzo del transporte público, de los servicios sociales, del personal sanitario. «Vallecas luchará unida y sin parar hasta lograrlo», insisten desde todas las asociaciones vecinales. 

Daniel, médico en el centro de salud, explica que a través del grupo comunitario han logrado canalizar mejor la información y gestionar los conflictos: 

«La dinámica de sobrecarga que todas vivimos provoca muchas veces enfrentamientos, peleas entre personas con pocos recursos, o entre los que estamos dentro del centro de salud y los que vienen a ser atendidos. En ese sentido hemos impulsado reclamaciones ante Atención al Usuario para que demanden dotaciones para el centro de salud y que este pueda adaptarse a la realidad del barrio». 

Carmen lo explica así: «El sistema lo que busca es excluir. Por ejemplo, que gente sin papeles sienta que no tiene derecho y se quede en el camino». 

Ni en su centro de salud ni en el que trabaja Daniel ha habido trabajadora social durante meses, porque la anterior se jubiló al principio de la pandemia. La que existe actualmente solo trabaja un día a la semana en dos lugares que necesitarían una cobertura social diaria. Por eso ella y otros profesionales sanitarios concienciados buscan vías que ayuden a la población para que nadie se quede sin ser atendido. Pero las dificultades burocráticas y los límites administrativos no siempre lo ponen fácil. 

«Y las dinámicas empujan a la gente a sentir que hay otros que no tienen derecho», advierte María José. 

«Es un sistema que nos coloca a unos enfrente de otros para luchar por la miseria, para enfrentar», añade Carmen. 

Daniel se ha encontrado en su centro de salud con pacientes que prefieren no realizarse una PCR por temor a que la policía acceda a sus datos, tal y como anunció el Gobierno regional, y compruebe si están cumpliendo o no la cuarentena en caso de que dé positivo.

«Nuestra propia labor está empezando a tomar tintes policiales, se aprueban medidas que nos pueden hacer partícipes de ese control. Me encuentro con gente que me dice que no quiere hacerse la prueba porque si su familia quiere comer tiene que salir a la calle todos los días a buscarse la vida. De algún modo el sistema te obliga a ponerte en el rol de perseguidor y eso favorece la desconfianza lógica por parte de mucha gente». 

«Si das positivo y tienes que confinarte pero nadie te proporciona nada, no puedes permitírtelo porque vives al día. Y encima nos están colocando el sambenito de que no colaboramos, cuando no están reforzando los centros de salud ni cubriendo las vacantes históricas. Esto es un abandono puro y duro», denuncia Luis. 

«Realmente llama la atención que en África sean capaces de aislar a la población cuando hay una pandemia y de garantizar la manutención durante ese confinamiento y aquí no sea así», reflexiona Daniel, en activo en el centro de salud desde abril, cubriendo el puesto de una compañera que está de baja. 

«Y solo vemos la punta del iceberg», añade Carmen. 

El temor de todo este grupo comunitario es que se estigmatice a personas con necesidades fundamentales y se señale como culpables a las personas más vulnerables. 

«Aquí se culpa a la víctima, tienes una PCR positiva o has estado en contacto con alguien y eres culpable de no encerrarte, cuando lo cierto es que no puedes encerrarte porque no tienes medios en tu casa y convives con otras familias y tienes que buscar dinero para pagar la casa y no hay ayudas. Las instituciones tendrían que haber actuado con unos criterios sociosanitarios concretos para lugares como este», indica María José. 

«Aquí o invierten en lo público a saco, o esto va a ir a peor», advierte Luis, quien subraya que San Diego está lleno de gente solidaria, trabajadora, con ganas. Marta y María José inciden en lo mismo: «Buena gente». 

Y cuando falta tanto, cuando no hay suficiente personal sanitario, cuando las ayudas no llegan, cuando las trabajadoras sociales no siempre tienen vías para proporcionar soluciones, a veces surge el enfado y se termina culpando al de al lado. Carmen se muestra preocupada por ello: 

«Hay que levantar la mirada, miremos a quien nos está presionando de verdad, que no son los pacientes ni los vecinos, hay que mirar más arriba, porque si no, me peleo con el que tengo al lado, que no tiene la culpa». 

La conversación prosigue hasta que Luis se levanta para acudir a una reunión sobre el banco de alimentos. Antes de marcharse cuenta que es manchego de origen, vallecano de adopción: 

«Me trajo aquí una vallecana de verdad en 1977. El 7 de septiembre de ese año nos casamos, nos compramos el piso el 30 de agosto». 

«Como la canción de Mecano», bromea Marta. 

«Desde entonces en el mismo piso seguimos y de ahí no me muevo».

«Pero hombre, si ahora te dan una pasta con la gentrificación, ¿la tienes pagada?», insiste Marta con ironía y logra arrancar una carcajada a todos. 

https://www.eldiario.es/madrid/confinamiento-hambre_1_6280910.html

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