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Casado busca un cortafuegos para salvar su liderazgo y promete echar del PP a los implicados en el espionaje a Bárcenas

Casado busca un cortafuegos para salvar su liderazgo y promete echar del PP a los implicados en el espionaje a Bárcenas

Una semana después de que el Partido Popular volviera a verse acorralado por un caso de corrupción tras el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen –la pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del partido Luis Bárcenas–, el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido cambiar de estrategia prometiendo mano dura contra los exdirigentes que sean procesados por la trama.

El presidente de los populares trata así de romper con el pasado más inmediato de su partido, del que sin embargo también formaron parte él y los miembros de su dirección. Con la construcción de una especie de cortafuegos frente a la Operación Kitchen, su objetivo es salvar tanto las siglas como su propio liderazgo de un nuevo proceso judicial que vuelve a torpedear sus intentos por presentar al PP como una fuerza «ejemplar» y como la «alternativa» de gobierno a la izquierda, en un contexto en el que la derecha sigue dividida en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y los populares continúan sin despegar en las encuestas.

La semana pasada, Casado atribuyó la trama a «tiempos muy pasados» en los que dijo no tener «responsabilidades», por lo que quiso desvincular a su partido de lo sucedido y pasar página. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la de la también exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuyo apoyo fue decisivo para que el líder de los populares ganara las primarias de 2018. Además, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, único exdirigente popular imputado por el espionaje, ha involucrado en la trama al propio Rajoy.

Por todo ello, el presidente del PP quiso este lunes rectificar esa despreocupación inicial prometiendo «ejemplaridad» y abriéndose a expulsar de las filas de su formación política a todo aquel cuya participación en la turbia operación a cargo de los fondos reservados quede demostrada por los tribunales.

«Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará», señalaba este lunes el líder del PP en una entrevista en la Cadena Cope. Ante las dudas que generaron sus palabras del martes pasado, cuando trató de desligar a la actual dirección del partido que preside del espionaje argumentando que cuando se produjo él era solo un «diputado por Ávila», Casado busca ahora dejar claro que está dispuesto a ser «ejemplar», garantizando que «quien la haga la va a pagar».

En una clara ruptura con la gestión de Rajoy, su predecesor al frente del PP, el líder de los populares reconocía la gravedad del asunto asegurando que «los españoles ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo». Por eso lanzaba una promesa: «Este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido».

Frente al silencio que mantuvo la semana pasada, cuando se conoció el sumario de la Operación Kitchen, Casado asegura ahora que «cualquier información» de la «naturaleza» de la trama de espionaje sí «preocupa» en Génova 13 e «indigna» a los dirigentes del PP en caso de que «se demuestre por parte de un juez que es verdad». Por eso, este lunes prometía que esas actitudes, «vengan de donde vengan y afecten a quien afecten», contarán con el «reproche» del PP. «Caerá quién tenga que caer», zanjaba.

«No tengo nada que ocultar, pero que se investigue todo y de todos”, insistía Casado. «Decir que colaboraremos es compatible con decir que no voy a admitir ni juicios paralelos ni condenas de telediarios ni dobles raseros de señores que tienen a un partido imputado por financiación ilegal”, añadía, en alusión a Podemos. «No estoy aquí para arropar a compañeros de partido sino a los españoles», añadía, para advertir de que «no va a pasar ni una» y que «quien la hace la paga». 

Los estatutos del PP dictaminan que cuando «se tenga conocimiento» de que alguno de sus dirigentes «ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial», el Comité de Derechos y Garantías del partido «procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente». 

«La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial», añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.

La Operación Kitchen ha hecho saltar por los aires la estrategia de Casado, que pretendía iniciar el curso centrándose en su labor de oposición al Gobierno y que trataba de escenificar su enésimo giro a la moderación para desmarcarse de la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por Vox al mismo tiempo que buscaba pescar votos tanto en las filas de Ciudadanos como en parte del electorado «descontento» con la gestión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Además de la trama del espionaje, en Génova 13 sobrevuela también el caso Púnica en el que se ha visto implicado el senador madrileño David Erguido, amigo personal de Casado y uno de sus más estrechos colaboradores en los últimos dos años. Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, ofrecía a Erguido declarar como investigado como paso previo antes de elevar la exposición razonada ante el Tribunal Supremo, donde el senador está aforado por su condición de parlamentario. A primera hora de la tarde, fuentes del PP confirmaban que Erguido declarará de forma voluntaria.

https://www.eldiario.es/politica/casado-busca-cortafuegos-salvar-liderazgo-promete-echar-pp-implicados-espionaje-barcenas_1_6220390.html

Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Dos juzgados de la Audiencia Nacional investigan desde 2018 la «operación parapolicial» que montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía en su poder Luis Bárcenas, el extesorero que manejó los fondos de la caja B del PP durante dos décadas. En ambos sumarios abundan las pruebas de que la operación se pagó con fondos reservados e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo «conocimiento» del espionaje.

La investigación ha revelado que se cumplió con el «objetivo marcado», que no era otro que «apoderarse» de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia. 

La operación, orquestada por un grupo de policías que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial, recibe el nombre de Kitchen en referencia al «cocinero» o «K2», el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía. 

La trama deja ya una ristra de mandos policiales investigados. Por el momento, el único político imputado es el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que hasta ahora ha guardado silencio pero que amenaza con tirar de la manta si sus antiguos superiores siguen poniéndose de perfil. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP de aquella época, María Dolores de Cospedal.

https://www.eldiario.es/politica/cronologia-espionaje-librar-pp-20-anos-dinero-negro_1_6216501.html

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

Un «disco duro» con «información sensible» que el chófer de la familia robó a Luis Bárcenas en el marco de la operación parapolicial de espionaje que indaga la Operación Kitchen es para los investigadores una de las principales incógnitas de la magnitud de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional investiga desde 2018 las maniobras extrapoliciales que un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial hicieron para tratar de evitar que Bárcenas pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno.

El contenido de ese «disco duro», que no ha sido encontrado en los registros a los implicados en la trama, tendría «muertos de miedo» a los responsables del partido, según unas de las anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, hizo tras visitarle en prisión. Tras los encuentros con su marido en la cárcel, Iglesias anotaba la información que consideraba más comprometedora para el PP. Parte de esos documentos manuscritos, publicados por varios medios, fueron hallados en casa del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de una ristra de delitos, y que jugó un papel crucial en la llamada brigada política.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción da algunas pistas de lo que puede contener ese disco duro que obsesionaba a los dirigentes del PP, a la policía política y que la familia Bárcenas se habría guardado como garantía. Esas pistas parten de una conversación que está en el origen de la investigación y que habrían mantenido Villarejo y el chófer infiltrado por la policía en la familia del extesorero para hacerse con información comprometedora.

Lo que sigue es el relato de Anticorrupción: «El interés por la obtención del supuesto botín de la Operación KITCHEN lo traslada el propio José Manuel Villarejo Pérez a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 que dio lugar a la apertura de la presente Pieza Separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra».

El escrito de Anticorrupción reproduce la parte de la conversación a la que se refieren.

Precisamente la información digital grabada en este «disco duro» —donde Anticorrupción da por hecho que se encuentran esas grabaciones con Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP— y los documentos manuscritos por Iglesias constituyen para el juez José de la Mata, actual instructor del caso de la caja B, las evidencias más claras de que los implicados en la Operación Kitchen «cumplieron con los objetivos marcados». En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, De la Mata detalla que la estrategia se «desarrolló» por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y que el objetivo era «apoderarse» de documentos en poder del extesorero del PP para «sustraerlos a la investigación judicial en curso» y que, para ello, se actuó «extramuros del procedimiento judicial».

Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor de la Operación Kitchen que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP aquella época, María Dolores de Cospedal. Tanto en el sumario de la caja B como en el de la Operación Kitchen abundan las pruebas de que todas esas maniobras para arruinar la investigación al PP se pagaron con dinero de los fondos reservados. El responsable de esos pagos, el secretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, Francisco Martínez, imputado en la causa, ha revelado en conversaciones y documentos incautados que él no pensaba asumir solo la responsabilidad de una operación que no organizó y que toda su desgracia nace de haber sido leal con «miserables como Jorge [Fernández Díaz], Cospedal y Rajoy».

Ese dispositivo de espionaje se inició en julio de 2013, justo cuando el extesorero admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y apuntó directamente a la cúpula del PP. Los pagos al chófer de Bárcenas se extendieron hasta septiembre de 2015, según consta en informes policiales. Un año después, en septiembre de 2016, Bárcenas retiró la acusación contra el partido en la causa de la destrucción de sus ordenadores, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. Finalmente, el PP resultó absuelto en ese caso.

«Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo», puede leerse literalmente en esas notas de Rosalía Iglesias, que forman parte de un informe del inspector jefe de la UDEF que investigó durante más de una década Gürtel y la caja B del PP y que está incluido en el sumario del caso Bárcenas. Según el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “naturaleza y relevancia” del contenido de ese disco duro «viene definida por la expresión utilizada [por Rosalía Iglesias] cuando señala que se encontraban ‘muertos de miedo'». 

«Sergio» es Sergio Ríos Esgueva, uno de los protagonistas del «operativo parapolicial» investigado en la Operación Kitchen. Fue el topo que la brigada política infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio recibió 53.266,22 euros de los fondos reservados y al finalizar la misión entró en el Cuerpo Nacional de Policía a los 42 años.

Los investigadores creen que fue él quien participó en el robo de esa «información digital» a Bárcenas y la incorporó a un disco duro externo. Pero no lo hizo solo. Tal y como mantiene la mujer de Bárcenas en su nota manuscrita, actuó junto al ahora comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la Operación Kitchen, y que era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. A Gómez Gordo le adjudican los investigadores un papel relevante en la trama. Fue quien captó a Ríos Esgueva —al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados— y el encargado, junto al comisario Villarejo, de pagarle con fondos reservados.

Según el inspector jefe de la UDEF, ambos sustrajeron el material para evitar que esa «información sensible» fuera difundida a terceros y «pudiera incorporarse al procedimiento judicial» de la caja B «convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar» la investigación. De esa forma, dice el informe policial, también se pretendía que esa información que estaba en poder del extesorero estuviera bajo «control» y pudieran conocerla «responsables» del PP. El contenido exacto de ese disco duro es hasta el momento una incógnita para los investigadores.

El informe de la UDEF confirma que Bárcenas manejaba documentación relativa a la existencia de «una contabilidad ajena al sistema económico» por parte del PP, cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008. Esa documentación afectaba a «la propia formación política», así como a miembros del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, pero también a responsables de empresas privadas que actuaban como donantes y cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública.

https://www.eldiario.es/politica/juez-anticorrupcion-siguen-rastro-disco-duro-conversaciones-rajoy-barcenas-llevo-chofer-espiaba_1_6212584.html

La Audiencia Nacional descubre nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones

La Audiencia Nacional descubre nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva línea de investigación en el caso de la financiación irregular del PP o caja B. El magistrado ordenó en abril una batería de diligencias a partir de indicios hasta ahora desconocidos de pagos en negro a la formación de Mariano Rajoy a cambio de adjudicaciones a las grandes empresas que los hacían por parte de las Administraciones controladas por el Partido Popular.

El hallazgo supone un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata. 

En un auto del pasado 16 abril, que había permanecido en secreto hasta ahora, el magistrado afirma: «Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación».

El juez pone la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por valor superior a 100.000 euros. Los contratos que investiga el juez son los de mantenimiento y conservación del parque Edar La Gavia de Madrid entre 2003 y 2007, concedido al donante Rafael Palencia por el Ayuntamiento de Madrid; una segunda fase del proyecto autorizada por el Ministerio de Fomento en 2003 a cambio presuntamente de 60.000 euros; y la explotación de depuradoras de aguas residuales Viveros de la Villa, adjudicada por el Canal de Isabel II y que se conecta en los papeles de Bárcenas con una entrega al partido de 35.000 euros en 2006.

Dos de las líneas de investigación del caso de la caja B fueron desechadas por falta de indicios suficientes. Una, la citada correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas. Y dos, el pago de sobresueldos a los dirigentes del PP procedentes de esas donaciones de dinero negro. De tal modo que el juicio de la caja B, pese a la acreditada existencia de la contabilidad paralela, se iba a ceñir al pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela. Ninguno de los dirigentes de la formación se sentará en el banquillo al no poder determinar la instrucción con fuerza suficiente que las decisiones de gerente y tesorero, Lapuerta y Bárcenas, fueran conocidas por ellos. 

Un informe policial ha puesto los indicios sobre las adjudicaciones sospechosas en manos del juez De la Mata. Se trata de un documento con el sello de secreto en el que el inspector jefe Manuel Morocho estuvo trabajando durante meses. Consta de 491 páginas y lleva fecha de 17 de diciembre de 2019. En él, el policía repasa diez años de instrucción de los casos Gürtel y caja B, así como pruebas obtenidas en otros casos de corrupción como Lezo, para establecer las conexiones que permiten reabrir la investigación de las adjudicaciones finalistas, esto es, de la práctica del cohecho. 

En 2015, la causa contra un total de 22 empresarios, algunos de los más importantes constructores del país, quedó archivada. Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial de Toledo cerró el caso en junio de 2019. El juez prorrogó recientemente durante un año más el plazo de instrrucción de la caja B de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal que elimina los plazos impuestos por el anterior Gobierno. El PP y Bárcenas han recurrido dicha prórroga. 

Para conectar pagos y donaciones ha resultado fundamental la documentación incautada en el caso Lezo, incluida una grabación del encuentro entre Palencia, dueño de la constructora Degremont, con Ildefonso de Miguel, director general de la empresa de aguas públicas de Madrid, en 2008. De Miguel grabó la conversación en la que Palencia se queja de que no obtiene la adjudicación («no damos el clavo») que desea. En la charla también se habla de la labor de Lapuerta y Bárcenas de conectar a empresarios con autoridades del PP. Palencia reconoce una frecuencia «periódica» en pagos de 30.000 a 35.000 euros al gerente y el tesorero y añade: «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones».

El juez de la caja B concluye: «Estos procesos tenían lugar cuando los proyectos no se habían adjudicado, de tal forma que se abría una oportunidad de negociación directa entre el órgano adjudicador y la empresa licitadora interesada en recibir el contrato». 

El empresario también confirma el porcentaje desvelado por Correa en el juicio de Gürtel: «Un 2% o 3% es lo normal». Las cantidades analizadas por la UDEF en los citados casos coinciden con este porcentaje. Por ejemplo, los 60.000 euros del contrato por la segunda fase de Edar La Gavia representa un 1,998% del montante de la adjudicación sin IVA. 

Palencia reconoce igualmente que a Bárcenas y a Lapuerta «les viene bien» que las entregas sean próximas a campañas electorales. «Esas son aportaciones, digamos, para que ellos me abran puertas», dice Palencia. De la Mata asegura que de las cinco entregas de Palencia que aparecen en los papeles de Bárcenas, cuatro coinciden con procesos electorales.

Las entradas de dinero analizadas, insiste De la Mata en su auto de abril, fueron de tres cuentas bancarias a otras de titularidad del partido. La metodología de ingresos, añade, «se realizaba con el objetivo de no superar el límite cuantitativo de 10 millones de pesetas estalecido por la ley y ocultar el nombre del donante». La acusación popular de Izquierda Unida ya había calificado en su escrito algunos de los hechos descritos, al menos, como conspiración para el cohecho y tráfico de influencias.

Entre esa documentación extractada de decenas miles de folios y conectada en el informe de la UDEF figuran las declaraciones durante la instrucción de Álvaro Pérez, El Bigotes, colaborador de Correa; David Marjaliza, uno de los principales investigados en Púnica; del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, imputado también en Lezo, Luis Vicente Moro; de Arturo González Panero, exaldade de Boadilla; y del propio Rafael Palencia.

El líder de la Gürtel, Francisco Correa, no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio de la Primera Época. Entre la vista y la citación del juez de la caja B se produjo un hecho desvelado por elDiario.es: Correa recibió la visita en la cárcel de un abogado que aparece de forma recurrente en el sumario de Kitchen, Javier Iglesias, al que Villarejo y los otros mandos policiales apodan ‘El Largo’ y sitúan de nexo con el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Iglesias defiende que acudió a prisión a petición de Correa y que a partir de ese momento se incorporó a la defensa del empresario. 

A partir del informe de la UDEF, De la Mata solicita varias diligencias para obtener documentación de la empresa pública del suelo sobre los expedientes investigados, al canal de Isabel II sobre la adjudicación del concurso citado, así como las concesiones a la Constructora Hispánica en Boadilla del Monte y Majadahonda. Esta diligencia viene al caso de la otra declaración, además de la de Correa, que motivó la reapertura del caso de la caja B, la confesión pactada con la Fiscalía Anticorrupción del empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo para evitar la cárcel. 

El auto también alude a la Operación Kitchen y solicita el testimonio prestado por el comisario Enrique García Castaño sobre su entrada en el local de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, «el apoderamiento de información y su destino». «Los resultados obtenidos —en la operación de espionaje— cumplieron con los objetivos marcados mediante apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos Esgueva (el chófer) en unión de Andrés Gómez Gordo (el policía asesor de Cospedal)», destaca el juez. 

https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-descubre-nuevos-indicios-pagos-negro-pp-cambio-adjudicaciones_1_6213980.html

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

Por sorpresa, y con el país conteniendo la respiración ante el previsible estado de alarma que se declararía al día siguiente, los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano se presentaron del 14 de marzo pasado, a media mañana, en el domicilio madrileño de quien había sido secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez. Al revisar días después el clonado de su teléfono móvil, los agentes de Asuntos Internos encontraron la confesión que vincula al núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación para reventar el caso más grave de corrupción que ha afectado al Partido Popular en su historia, el que hizo aflorar dos décadas de financiación con dinero negro procedente de grandes empresarios que recibían contratos de la Administración.

“Es el asunto más importante que tenemos entre manos”. Así reproducía Martínez en las notas de su teléfono la instrucción que según él recibía constantemente de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, sobre el espionaje a Bárcenas, según aparece en un informe de Anticorrupción. La frase podría no pasar de ser una apreciación discutible si se tratara de un verdadero dispositivo policial y no de la “operación parapolicial” por la que está imputado el número dos de Interior, el máximo responsable operativo del Cuerpo y una larga nómina de mandos a la que previsiblemente se sumarán en los próximos días el exministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy. El jefe de Martínez consideraba esos seguimientos a Bárcenas más importantes que cualquier operación antiterrorista. Y también la entonces secretaria general del Partido Popular y antigua ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 

El informe que Anticorrupción ha mandado a la Audiencia Nacional para que se impute a ambos está plagado de referencias que hacen los mandos policiales al supuesto conocimiento que de la operación tiene Mariano Rajoy, al que llaman “el asturiano” o “el barbas”. En los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad hay uno que condensa las sospechas hacia el antiguo presidente del Gobierno. Martínez escribió el 19 de septiembre de 2019: “Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán Fernández Díaz y probablemente Rajoy”. La declaración como investigado del exministro del Interior está pendiente de la firma del juez instructor, Manuel García-Castellón.

El documento remitido por la Fiscalía está plagado de maniobras para tratar de entorpecer la investigación sobre el caso. En uno de los pinchazos telefónicos, Martínez recurre al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y en la charla alude directamente a Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal. «Esta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más, pues como sabes muy bien mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal». «De eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer», añade el exnúmero dos de Interior, que todavía no ha declarado en la Audiencia Nacional.

El juez también debe decidir sobre la petición de la Fiscalía sobre la número dos del PP en esa época, María Dolores de Cospedal. Del audio que grabó Villarejo con ella y su marido en la planta noble de Génova, la sede nacional del partido, los fiscales concluyen que la secretaria general estaba interesada en que triunfara la operación de espionaje en “una doble perspectiva”: “Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

El verdadero resultado de la operación sigue siendo un misterio. En la causa consta que los policías robaron una serie de documentos de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, sin pruebas concluyentes contra el partido. Sin embargo, Villarejo alude insistentemente en las conversaciones grabadas que mantiene con Enrique García Castaño a que éste debe utilizar un supuesto audio que Bárcenas grabó a Mariano Rajoy y que nunca ha trascendido. Tanto Rajoy como Cospedal aparecían en los papeles de Bárcenas como perceptores de sobresueldos, una línea de investigación del caso de la caja B que nunca prosperó en los tribunales por falta de pruebas.

El exsecretario de Estado de Seguridad, quien a lo largo de las conversaciones que mantiene con distintos interlocutores se retrata a sí mismo como el chivo expiatorio de unas maniobras en las que estaban involucrados algunos de sus jefes en el Gobierno y el PP, se guardó cuatro mensajes que probaban que la Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, era una instrucción del ministro del Interior Fernández Díaz. Los fiscales sabían antes del registro que encontrarían los documentos que había depositado Francisco Martínez en un notario con los mensajes en julio de 2019, para que diese fe de ellos cuando Martínez ya se rumiaba su imputación. Pero los fiscales no esperaban que el actual teléfono de Martínez, distinto del que utilizaba en su etapa como alto cargo de Interior, contuviera tantos datos relevantes. 

Francisco Martínez tomó la decisión de ir al notario para defenderse de lo que se le podía venir encima, pero también indignado con una entrevista de Fernández Díaz en la que el exministro aseguraba desconocer por completo el espionaje a Bárcenas y hacía una defensa de su número dos que este consideró muy tibia. “En todo este tiempo nadie del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío”, escribe el 13 de octubte de 2019 Francisco Martínez en su teléfono móvil sobre sí mismo. 

“No fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibía instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información”, continúa Martínez su relato, que hace referencia al mensaje depositado ante notario en el que Fernández Díaz le informaría de la identidad del chófer que la brigada política había infiltrado en el entorno de los Bárcenas cuando el extesorero entró en prisión y empezó a tirar de la manta. 

En su móvil, Martínez continúa confesándose: “A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesa, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos. Y todo eso lo puedo demostrar”. Todas estas reflexiones las escribe el político que ocupó uno de los despachos fundamentales en el mantenimiento de la seguridad del Estado bajo el epígrafe: “Mensajes para trasladar”.

La confesión del teléfono de Martínez se agrava cuando comienza a referirse a otros miembros del Gobierno. El antiguo número dos de Interior califica la detención del comisario José Manuel Villarejo, al que se refiere como “El Yeti”, de “desastre”. El policía está encarcelado desde 2017 por liderar una organización criminal. Una de la treintena de piezas en las que está imputado es el espionaje a Bárcenas. Su arresto se produjo en la segunda legislatura de Rajoy, con Martínez fuera ya del Gobierno. Aquel “desastre”, añade, lo provocó “FSR”, siglas del director del CNI entonces, Félix Sanz Roldán, “con pleno conocimiento de SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada”.

No es la única referencia a la participación de los servicios secretos en los seguimientos a Bárcenas. Uno de los mensajes que depositó ante notario apunta a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en la operación para recuperar información comprometedora para el PP, una función que supone una perversión de las funciones reguladas por Ley del servicio de Inteligencia y que, de haberse producido, agravaría la utilización de las instituciones por parte de la formación entonces en el Gobierno. 

En ese mensaje que ahora figura en la investigación, Martínez pide a Fernández Díaz el “contacto cecilio” —nombre utilizado en la Policía para referirse a los integrantes del CNI”— en la Operación Kitchen y el ministro se compromete a facilitárselo más tarde, cuando finalice la reunión del gabinete de Rajoy. La confesión guardada en su teléfono revela otra acusación hacia el servicio de Inteligencia. “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”, escribe Martínez en su teléfono.

El texto del móvil reaviva las sospechas sobre el funcionamiento de otras instituciones del Estado y su relación con el Partido Popular. En su intento desesperado por defenderse de una operación que según Martínez no iba con él, el exsecretario de Estado cree que se puede utilizar las conexiones del partido, supuestamente una del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “muy estrecha”, con el juez instructor; y otra del abogado que suele defender al PP, Jesús Santos, antiguo preparador de las oposiciones del fiscal Stampa, uno de los miembros de Anticorrupción que investiga el caso, según dice. En otra comunicación intervenida, Martínez llama a los dos fiscales del caso “alimañas”.

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El doble traje de Martínez-Almeida: Casado elige al «alcalde de todos» para confrontar con Sánchez

Cayó en el cartel electoral del PP casi por descarte. Se había quedado como líder de la oposición a Manuela Carmena tras la última de las despedidas de Esperanza Aguirre y recién nombrado presidente del PP, Pablo Casado, necesitaba un candidato que fuera de los suyos. No estaba clara la posibilidad de destronar a la alcaldesa de Más Madrid y tampoco estaba garantizada la continuidad en la Puerta del Sol tras haber tenido tres presidentes en cuatro años, caída en desgracia Cristina Cifuentes. El líder del PP eligió a una persona de su máxima confianza para la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, otra figura nacida en el ‘esperancismo’, sin experiencia de gestión como Casado, y que debía todo al PP de Madrid. Para el Ayuntamiento optó por quien ya estaba allí, un abogado del Estado que se había convertido en látigo de Ahora Madrid, que batalló contra las restricciones al tráfico y dio lo que los populares llaman la batalla cultural contra la izquierda.

Ambos necesitaron a Ciudadanos y a Vox y ambos lograron el poder. Pero a partir de ahí, los caminos de Martínez-Almeida y Ayuso empezaron a separarse. Al abogado del Estado, conocedor de cómo funciona la Administración por dentro, sus primeros reveses -la Justicia frenó de golpe su intento de paralización de Madrid Central- le hicieron ir más despacio. No ha renunciado al programa del PP ni a su ideología muy conservadora, pero la alcaldía lo ha suavizado. Todo lo contrario que Isabel Díaz Ayuso, que eligió la confrontación con el Gobierno central, con la oposición, los sindicatos… con tal de convertirse en el ariete de Casado. Dos años después de llegar al poder en el PP y tras cinco elecciones perdidas, el líder nacional lo ha elegido a él. Destituida Cayetana Álvarez de Toledo y con los barones exigiendo moderación, Martínez-Almeida pasa a ser la cara amable del partido.

Y su ascenso, consagrado hace una semana y media a la portavocía nacional del Partido Popular, ya se nota en el día a día de su trabajo como regidor. Pese al repetido mensaje de que su «techo es Cibeles», en referencia a la sede del Gobierno municipal, Martínez-Almeida alterna ahora dos trajes que le obligan a moverse entre dos aguas. De momento, va haciendo malabarismos.

«Si no le importa, y para evitar posibles equivocaciones, podemos quitar el cartel del Ayuntamiento de Madrid y así no hay equívocos entre la condición de alcalde y la de portavoz», dijo a una periodista el pasado martes en un acto para presentar el medida estrella del Consistorio para combatir la emergencia social, la tarjeta familias. En pocos segundos, la escena propia de una convocatoria institucional -con su cartel y su desfile de cargos- quedó reducida a un escueto micrófono. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, (ambos de Ciudadanos) salieron de plano para dejar más nítido el mensaje del PP. «Para que luego digan que no tenemos flexibilidad en los ayuntamientos», ironizó el regidor.

El gesto, rápido, es una muestra de la nueva cotidianeidad del alcalde de Madrid. Su nombramiento como portavoz atraviesa todas sus apariciones públicas. En las convocatorias de prensa, las preguntas locales y nacionales intenta separar cuidadosamente, aunque muchas veces las segundas terminan acaparando el espacio. Un día después de conocerse su designación, un enjambre de cámaras se agolpaban a su alrededor en el acto para inaugurar la peatonalización completa de la Puerta del Sol.

«Entiendo que pueda haber personas que se les hayan planteado inquietudes o dudas acerca de la dedicación. Quiero dejar claro a los madrileños que mi compromiso con Madrid es total y absoluto, que mi compromiso con el esfuerzo, la responsabilidad y ejemplaridad que han mostrado a lo largo de la pandemia exige que yo dé lo mejor de mí mismo las 24 horas del día para tratar de superar la emergencia económica y social a la que nos enfrentamos», expresó aquel día el regidor. Los más cercanos a su perfil en el PP defienden que, en la práctica, antes de ser designado ya tenía voz en asuntos nacionales.

«Casado lo ha elegido para chocar con Sánchez un día sí y otro también. Y no está Madrid, con la situación extraordinariamente grave que vive, para dedicarse a otra cosa», discrepa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha llegado a acuerdos con el regidor durante lo más duro de la pandemia y ahora interpreta que el movimiento «no dice algo bueno de su compromiso con la ciudad». Pepu Hernández, del grupo socialista, coincide. «Madrid no es un ariete, sino una ciudad con sus necesidades. Desdoblar el trabajo es un detrimento para Madrid y un déficit que vamos a terminar pagando. Creo que va a entrar en contradicciones porque la ciudad necesita unas cosas y el PP, otras», razona el portavoz. La oposición considera que el nuevo cargo desvela que «la moderación le ha durado poco» y puede endurecer sus mensajes.

Su socio de Gobierno, Ciudadanos, ve riesgos y ventajas en la designación. «Cuando le nombraron le pedí que si tenía que elegir entre Madrid y el PP, eligiera Madrid», asegura la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que cree que su nuevo cargo en el PP permite acentuar que el Gobierno municipal está formado por dos partidos distintos.

Desde las filas de Vox, partido que apoyó su investidura como alcalde, observan también la «doble vertiente» con reservas. «Esperamos que no perjudique al Ayuntamiento, ni por su capacidad de trabajo ni por que le marque ideológicamente por seguir directrices nacionales del PP en cuestiones municipales», apuntan fuentes del grupo municipal liderado por Javier Ortega-Smith.

No hay precedentes en la historia del Ayuntamiento sobre una situación así. De hecho, la figura de portavoz nacional ha sido creada por Casado con el nombramiento de Martínez-Almeida. Con esta decisión, el líder, además, consagra Madrid como el gran bastión de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez para el nuevo curso político, que se inaugura con un cambio de caras y de formas, pero no de fondo. Casado ya descartó tras la Junta Directiva Nacional cualquier posibilidad de pactos con el Gobierno de Sánchez.

Están por ver los equilibrios para tratar de ser «el alcalde de todos» -como se refieren a él sus más afines-, una baza que empezó a jugar durante la gestión de la pandemia sobre todo en comparación con Díaz Ayuso, y hacer ese papel institucional con el rol de látigo del PSOE que Casado reclama a cada uno de los dirigentes a los que asciende.

La designación de Martínez-Almeida también abre, a la interna, nuevos interrogantes sobre el futuro de la formación en la Comunidad de Madrid. La presidencia del PP regional está vacante desde la dimisión de Cristina Cifuentes y el movimiento ha levantado suspicacias en la organización donde ya hay debate sobre si implica que Ayuso, en su momento más crítico, contaría con un nuevo rival para presidir el partido en Madrid o incluso la candidatura a la Comunidad, en una organización donde ha sido habitual el cambio de cromos entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional. El Congreso para elegir líder o lideresa no se celebrará hasta 2021.

El alcalde se ha esforzado durante la epidemia por construir un nuevo perfil más comedido en las críticas al Gobierno nacional con el que se ha sacudido impopularidad de los primeros meses de mandato. La pregunta que muchos se hacen ahora es si este ascenso -que pretende aprovechar su nuevo tirón- no terminará siendo un arma de doble filo que le impulse hacia arriba pero sea contraproducente para su imagen pública y su gestión como regidor de la ciudad. Una capital que gobierna, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox, tras haber obtenido el peor resultado electoral de la historia en el Ayuntamiento y que vuelve a estar en el centro de la segunda ola del coronavirus.

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Almeida, el político que ganó terreno con la pandemia al que Casado recurre para ensayar moderación

Almeida, el político que ganó terreno con la pandemia al que Casado recurre para ensayar moderación

La gran sorpresa de este lunes en las filas del PP no fue la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la que desde hace semanas se sucedía un goteo incesante de informaciones, sino el ascenso a la primera línea orgánica –y de batalla política, con todo lo que eso conlleva– del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el nuevo portavoz nacional del partido. Un cargo que hasta ahora no existía en la formación y que desempeñaban, en la práctica, el secretario general Teodoro García-Egea y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Pablo Casado recurre ahora a un externo a sus filas del Congreso de los Diputados con una popularidad creciente para ensayar una nueva imagen de moderación.

El líder nacional pretende rebajar las estridencias de Álvarez de Toledo, que han irritado en el último año a muchos barones del PP, con un político del ala más conservadora del PP, católico, aguirrista declarado, abogado del Estado y el menor de seis hermanos. Almeida dijo de sí mismo en una reciente entrevista en ABC que es el «típico ejemplo del que siempre ha hecho lo que se esperaba de él». Durante la epidemia, el alcalde de Madrid, cuyos primeros pasos en el Palacio de Cibeles socavaron su imagen pública, se hizo un nuevo hueco con un discurso tranquilo que huía de la confrontación y crispación que promulgaba su propio partido. Con Casado a la cabeza de la estrategia y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como principal ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y funcionó. El alcalde recogió el apoyo de propios y ajenos y se sacudió del coste político que habían tenido para él algunas decisiones muy contestadas, sobre todo en materia de medio ambiente. A Almeida también lo ha elevado, por comparación, la cuestionada gestión de su homóloga en la Comunidad de Madrid y su rechazo de plano a negociar con la oposición. Ahora el líder nacional ha decidido agarrarse a su nueva popularidad. «Es una voz que se ha alzado por encima del ruido que provocaba la situación», dicen fuentes de la dirección nacional. El entorno de Casado destaca que se trata de una persona de la «máxima confianza» del presidente, «con sentido común y lealtad institucional». El mismo Casado que ahora lo asciende por estos motivos lo eligió como candidato a la alcaldía de la capital por ser el «auténtico azote» de Carmena y liderar una oposición poco constructiva y muy dura. Su relación con Vox, de cuyos cuatro concejales depende el Gobierno para tener mayoría suficiente, siempre ha sido buena. Mucho mejor que la de la facción de Ciudadanos en el Consistorio capitalino.

A Almeida le han distinguido en los últimos meses sus declaraciones. «Solo actuando en coordinación con el Gobierno tenemos credibilidad con los ciudadanos», aseguró en una entrevista con eldiario.es a mediados de marzo. Y un logro tangible: un acuerdo de más de 300 medidas sellado con las firmas de todos los grupos políticos municipales. «Madrid es hoy un espejo para España y los españoles de que hay una forma diferente de hacer política», afirmaba desde el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria para aprobar los Pactos de la Villa mientras en el Congreso trataba de salvar un pacto y Díaz Ayuso daba por perdido, antes de empezar a negociar, cualquier acuerdo en la Comunidad de Madrid.

Pero más allá de las afirmaciones está su gestión durante un año al frente de una ciudad de 3,3 millones de habitantes. El regidor tomó el bastón de mando de la capital con la promesa de eliminar el área de bajas emisiones, Madrid Central, que evitó una multa de la Comisión Europea por exceder los límites legales de contaminación. Ya antes el grupo municipal que lideraba cuando estaba en la oposición presentó un recurso contra la ordenanza que regulaba las restricciones. Más de un año y medio después y con el PP en el Gobierno, la impugnación ha provocado la anulación de esta medida por parte de la justicia. El Ayuntamiento, tras intentar suspender el área de bajas emisiones el verano pasado sin éxito, ya ha anunciado que no recurrirá la sentencia, pese a que ello le expone a una devolución masiva de las multas. Quiere hacer su propio Madrid Central, una estrategia que ha llamado Madrid 360 y que pretende, si Ciudadanos no lo impide, abrir a más coches el perímetro marcado por Carmena. En las semanas más duras de la epidemia, el Consistorio ha impulsado también cambios para relajar el control sobre el ladrillo, en coordinación con el cambio de la ley del Suelo, promovido por el Gobierno de Ayuso, para que los promotores no necesiten licencia urbanística.

La oposición pone en duda si la moderación de la nueva etapa, con Almeida como cara visible en la portavocía nacional compartiendo protagonismo con la nueva voz en el Congreso, Cuca Gamarra (que hace dos años apoyo a su rival Soraya Sáenz de Santamaría en la pugna interna por liderar el PP tras la salida de Mariano Rajoy), es más una cuestión estética y de formas que de fondo. Y fuera y dentro del propio Ayuntamiento, incluso, algunos miran con dudas la compatibilidad del cargo de alcalde con el de portavoz del PP. Lo segundo supone ser el principal difusor de los argumentarios de Génova, 13 y responder en nombre del partido. En las glorias y también en las ocasiones más incómodas. «No creo que vaya a quemarse. Almeida como alcalde ya ha sido una voz reclamada para opinar sobre temas nacionales», asegura una dirigente del PP de Madrid.

En el PP subrayan la «lealtad» y también la disciplina de Almeida respecto al líder nacional, a quien le debe casi todo, mientras en los periódicos todavía ocupa la primera el titular que dejó Cayetana Álvarez de Toledo tras hacerse pública su destitución. «Casado necesita a su lado personas con criterio propio», dijo la ya exportavoz en su convocatoria a la prensa para dar su versión de lo ocurrido. A Almeida y los barones más críticos les mandó otro mensaje cristalino: «Personas que gobiernan gracias al apoyo de Vox pasan por moderados». Con el inicio del nuevo curso político se desvelará si efectivamente el PP ha optado por dejar de un lado la crispación o solo ha cambiado las caras visibles del partido.

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