La Seguridad Social ha informado este jueves de que hasta la fecha ha reconocido el ingreso mínimo vital a «más de 80.000 hogares», entre los que se incluyen las 74.119 familias a las que el organismo público tramitó la ayuda de oficio ya en el mes de junio. Así el número de prestaciones reconocidas de las solicitadas por particulares rondarían los 6.000 hogares en dos meses, desde el 15 de junio, fecha en la que se permitió el registro de solicitudes. La Seguridad Social ha recibido en este mismo periodo «casi 750.000 solicitudes», por lo que las ayudas reconocidas (y no se sabe cuántas de ellas pagadas en agosto) quedan muy lejos de las peticiones realizadas en estos momentos de emergencia por la crisis del coronavirus.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado en una rueda de prensa en Valencia este jueves que el Ministerio hará la valoración de cómo está funcionando el nuevo ingreso mínimo a finales de septiembre, como ya tenía previsto en un inicio de plazo estimado para que se pudieran tramitar estas primeras solicitudes. Por ello, la Seguridad Social acordó que las peticiones registradas hasta el 15 de septiembre, y que según la documentación entregada tengan derecho a la prestación, cobrarán la ayuda con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Escrivá ha apuntado que en las próximas semanas espera un aumento notable de las prestaciones reconocidas, cuando se termine el cruce de datos con diferentes administraciones en el que se está trabajando.
La Seguridad Social ha comunicado además que «se han denegado cerca de 36.800 solicitudes», que en «más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema». El organismo ha detectado además que un 7,5% de las solicitudes han llegado de manera duplicada.
El Ministerio ha hecho públicas estas cifras después de que varios medios de comunicación, como La Información, publicaran que el ingreso mínimo vital estaba siendo reconocido por el momento a un número muy reducido de familias respecto a la multitud de hogares que lo solicitaron en masa este verano en plena crisis por la pandemia de coronavirus. Solo en los primeros tres días, el Gobierno informó de 212.000 peticiones. La Seguridad Social apunta en su comunicado de hoy que «el INSS ha recibido casi 750.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, una cifra equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo».
Fuentes de la Seguridad Social insisten en no limitar la cifra de reconocimiento a los 6.000 hogares que pidieron la ayuda, sino en el conjunto de aquellos a los que se ha reconocido el ingreso mínimo vital aunque sea de oficio. «Son resoluciones positivas de solicitudes que de otro modo se habrían presentado», apuntan.
Sin embargo, los 6.000 hogares dan cuenta de cómo avanza la tramitación de las solicitudes presentadas desde junio (el 26 de junio ya se pagaron las ayudas de oficio a los otros 74.000 hogares) y los datos muestran que el reconocimiento en estos momentos es mínimo frente a la aparente necesidad de las personas que lo están solicitando. Desde Cáritas Madrid explican a este medio que el gran «tsunami» de personas que acudieron a la entidad a pedir alimentos y comida en los momentos más duros de la pandemia apenas se ha reducido durante el verano.
La Seguridad Social ha informado del número de expedientes reconocidos, pero no de los pagados a inicios de agosto, cuando se abonó la última nómina del ingreso mínimo vital. Hay que recordar que habitualmente este tipo de ayudas, las rentas mínimas que han existido hasta la fecha en las Comunidades Autónomas, suelen requerir cierto tiempo en su tramitación, que se extiende más allá del mes en muchos casos.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que en el sindicato no tienen constancia «de que haya cobrado nadie», más allá de los hogares a los que se ha reconocido la ayuda de oficio porque estaban cobrando hasta el momento la prestación por hijo a cargo para familias de escasos recursos, que reciben la prestación desde junio.
Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado desde un inicio la escasez de personal de la Seguridad Social para hacer frente a esta nueva prestación contra la pobreza, cuya creación se adelantó dado el aumento de la precariedad que vivieron muchos hogares debido a la pandemia y que se ha evidenciado con el aumento de las personas que han pedido ayuda para alimentos y cubrir necesidades básicas.
Juan Zamora, secretario de Organización de la sección sindical estatal de CCOO en el INSS, considera que el número de expedientes tramitados hasta la fecha «no es normal», aunque este tipo de prestaciones requiera de cierto tiempo de análisis. «Hay un retraso injustificado debido a la falta de personal», explica a elDiario.es. El sindicato considera que sería necesario el refuerzo del personal de la Seguridad Social en «unos 1.000 trabajadores» para que pudieran atender estas y el resto de prestaciones que gestiona el organismo público. «Ya nos costaba llegar a lo que teníamos, la Seguridad Social ha perdido en los últimos años a más de 5.000 personas», subraya Zamora.
José Luis Escrivá ha reconocido hoy en Valencia que hay que «reforzar claramente las plantillas» de la Seguridad Social y ha sostenido que su ministerio tiene por delante convocar oposiciones. Su intención es «sacar plazas de forma intensa», ha afirmado para contrarrestar las pérdidas de los últimos años y el envejecimiento de la plantilla.
El Ministerio de la Seguridad Social contrató a la empresa pública Tragsatec para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital con 500 personas, pero en último término las resoluciones deben ser aprobadas por los trabajadores públicos del INSS. «Se habla de externalización, pero lo que hay es una privatización. Lo que se debe hacer es sacar una oferta pública de empleo para ampliar el personal público de la Seguridad Social», reclama Zamora. El responsable sindical señala además que en opinión de CCOO «el ingreso mínimo vital salió demasiado pronto, sin haber preparado a los tramitadores, sin haber desarrollado el mismo y se está aprendiendo a base de tropezones. Es todo un poco caos».
El Ministerio de la Seguridad Social informa en su comunicado de que «cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento)», lo que retrasa la resolución de las peticiones. «Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación», indica el organismo.
Fuentes de la Seguridad Social destacan que se está «apostando por diferentes vías para agilizar el proceso» de reconocimiento con acuerdos «para que luego sea todo más rápido», entre los que destacan el intercambio de datos con la Agencia Tributaria y acuerdos con los ayuntamientos para los datos del padrón, que es lo que más suele faltar en las solicitudes de los particulares. Juan Zamora señala que muchos solicitantes presentan los datos del padrón en la actualidad, cuando el documento necesario es el certificado histórico de empadronamiento.