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Sanidad registra nueve muertos con coronavirus más que ayer y suma 149 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado nueve muertos con coronavirus más que ayer y 149 casos nuevos en las últimas 24 horas. Se trata de un repunte respecto a este martes, cuando fueron 99 los diagnósticos. La mayoría de los contagios se han dado en Madrid (40). En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 249.659 personas confirmadas por test.

También ha informado Sanidad de que con fecha de los últimos siete días, han muerto 19 personas. El total de fallecidos asciende a 28.363. 

Tras Madrid, la comunidad que más contagios ha reportado es Andalucía, con 21; seguida de Aragón, con 20, y de Catalunya, con 17. El resto de regiones han diagnosticado menos de diez casos y Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ninguno.

En los últimos siete días se han diagnosticado 1.902 casos a nivel nacional. Con respecto a ayer, la cifra es inferior, pues entonces fueron 1.978. 

Por otro lado, ha habido nueve ingresos en UCI durante la última semana. Han estado repartidos en cinco comunidades autónomas: Castilla y León (3); Madrid (2); Catalunya (2); Andalucía (1) y Castilla-La Mancha (1). Las 12 restantes y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han tenido ninguno. 

Este miércoles la Xunta de Galicia ha confirmado que son 35 las personas contagiadas de coronavirus en A Mariña, en la costa de Lugo. La mayoría de ellas no presentan síntomas o solo lo hacen de manera leve y dos han ingresado en el Hospital da Mariña, pero «su evolución es favorable».

El brote ha hecho repuntar el número de casos positivos registrados en el área sanitaria de Lugo, a la que pertenece la localidad. Tres personas más ha reportado el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en las últimas 24 horas. Pese a ello, el global de positivos en Galicia ha descendido en un paciente. Son 313 los activos, frente a 314 del martes.

Además, España tiene ya a prueba una app de rastreo de contactos. Tras ser aprobada por Google para los teléfonos Android, ‘Radar COVID’ es ya una realidad. No obstante, en teoría por el momento no usa datos reales y solo puede usarse en La Gomera, donde el Gobierno hace un test simulado con un grupo de decenas de personas. Su propósito es seguirle la pista al coronavirus y servir de apoyo a los trabajadores sanitarios que intentan controlar cada rebrote, de los cuales España ya tiene más de medio centenar activos.

https://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-muertos-coronavirus-registro-contagios_0_1043946338.html

La pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha

De entre las más de 40.000 muertes ‘no esperadas’ que dejó la pandemia de coronavirus esta primavera, 21.621 fueron las de personas que estaban recibiendo algún tipo de prestación a la dependencia, ya fuese una cuantía económica, una plaza residencial o cuidados a domicilio. Son casi la mitad de las muertes ‘de más’ totales ocurridas durante esta primera ola de COVID-19. Se desprende así de un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), al que ha tenido acceso eldiario.es.

El documento utiliza los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y los relaciona con los del MoMo, el equipo de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología que ha calculado que entre marzo y abril, las fechas que ha analizado el IMSERSO, fallecieron 42.767 personas más de las que se preveían. El dato se obtiene comparando la diferencia entre los decesos observados y las medias de los últimos 10 años para el mismo periodo, no distingue entre causas directas por COVID-19 o no.

En total, fallecieron entre marzo y abril 43.348 personas con algún tipo de prestación por dependencia. Los fallecimientos «esperados», según esas medias de otros años, eran 21.727. Por tanto, 21.621 muertes constituye un ‘exceso’ de casi el doble, el 99,5%. Si se tiene en cuenta también a los ciudadanos y ciudadanas en ‘solicitud’ de dependencia, esto es, que todavía no habían llegado a recibir la prestación, la cifra suma 25.791 personas.

El estudio diferencia por el tipo de servicio que recibía la persona fallecida. En términos relativos, donde más exceso de mortalidad se observa es en los que recibían una prestación económica que podían gastar en lo que ellos decidieran: hubo un 197,4% más de fallecimientos, 7.614 de más. Le sigue la atención residencial, la gente que tenía plaza pública o concertada en un centro sociosanitario, con un exceso de mortalidad del 175,4%, 9.107 de más. Entre los usuarios de servicios para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, es decir, de programas de rehabilitación o preventivos, ha habido un exceso del 165,0%, 1.378 muertes. Y entre los de centros de día o noche, un 112,9%, 1.013, más de lo esperado.

El IMSERSO también realiza una clasificación por regiones. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la COVID-19 esta primavera, ha sido la que más ‘exceso’ para todo tipo de prestaciones del SAAD ha reportado: en total, su mortalidad ‘de más’ entre este colectivo ha sido del 227,5%. Concretamente, también es en Madrid donde más ha golpeado el fenómeno en las residencias de ancianos: la mortalidad se incrementó un 406% en este tipo de lugares, murieron 2.842 personas ‘no esperadas’. Para la región, en general, para todo tipo de personas, durante marzo y abril el exceso de mortalidad fue del 202%, la mitad.

El tipo de prestación que menos ‘exceso de muertes’ tiene es la económica de cuidados familiares, es decir, las personas que han sido cuidadas directamente en casa por alguien de su entorno familiar. Ha habido un exceso del 21,1%, han muerto 1.492 personas más de las esperadas en esa situación. Le sigue la prestación económica de asistencia personal, el servicio menos habitual, pensado para personas con algún tipo de discapacidad pero activas –exceso del 23,5%, han fallecido 40 más de las esperadas–; y la ayuda al domicilio, con un exceso del 49,3%, 2.230 fallecidos.

Estas cifras no incluyen a aquellas personas que han muerto esperando su valoración para la dependencia, solo a las ya reconocidas por el SAAD, aunque algunas aún no hubiesen recibido nada. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente del sector, realizó una estimación pero no solo relativa a la pandemia, sino a todo 2020. De enero a finales de mayo, fallecieron en España 7.415 personas que habían solicitado la dependencia pero nunca se les llegó a hacer un estudio. El 80% de las personas que lo piden acaban con un grado u otro –hay tres, según gravedad– reconocido.

Los excesos de muertes que registra el MoMo y, ahora también, los informes del IMSERSO, que todavía son preliminares, según fuentes de la institución, contemplan tres tipos de fallecimientos: casos con COVID-19 confirmada; COVID-19 sin confirmar, y COVID-19 de manera indirecta. En este último, como explicaba hace unas semanas la responsable del equipo MoMo, Amparo Larrauri, a eldiario.es, están, por ejemplo, las personas con otras patologías que, por haber retrasado acudir al centro sanitario durante los meses más duros a nivel asistencial ya fuese por miedo o por paralización del sistema, empeoraron y fallecieron. El MoMo no especifica cuántas de las muertes son por una cosa u otra y, como señalaba Larrauri, tardarán «meses» en tener conclusiones definitivas.

https://www.eldiario.es/sociedad/esperadas-primavera-personas-usuarios-dependencia_0_1043246126.html

Así será la ‘nueva normalidad’ en Galicia: parques infantiles abiertos, albergues del Camino al 50% y aforos del 75%

Galicia estrena el lunes la denominada «nueva normalidad» y, pese a la salida del estado de alarma, mantiene restricciones dictadas, esta vez, por la Xunta de Galicia, que recurre a la emergencia sanitaria para mantener limitaciones de aforos y algunas actividades paralizadas. En general, los establecimientos públicos no deberán superar el 75% de su capacidad, las actividades en grupos estarán limitadas a 25 personas, los aforos de eventos en espacios cerrados no sobrepasarán las 300 personas y las 1.000 en el exterior y se deberán mantener las obligaciones de limpieza y seguridad que establece el real decreto de la «nueva normalidad». Además, desaparece elimina el límite de personas establecido para reuniones en domicilios.

La fin de la fase 3 a partir del lunes 15 permitirá abrir los parques infantiles al aire libre pero no los que se encuentren en espacios cerrados, como los de centros comerciales, ni otras zonas de ocio para menores.

¿Qué permanece cerrado?

Deberán esperar para retomar la actividad hasta el 1 julio los establecimientos de juegos y atracciones recreativas para público de hasta 12 años, los espacios de entretenimiento y los que organicen fiestas infantiles. Tampoco podrán abrir por ahora las ludotecas, las casas nido o los punto de atención a la infancia. Espacios dirigidos a público juvenil, como los espacios jóvenes, las residencias de tiempo libre y los albergues y campamentos que dependan de Política Social también deberán permanecer cerrados por el momento. Para los campamentos de la Dirección Xeral de Xuventude se aplican los criterios de este decreto. 

También se mantendrán cerrados otras dos semanas los locales de ocio nocturno, que sin embargo podrán abrir sus terrazas al aire libre, al 75%, desde el lunes. Las fiestas, verbenas, atracciones de feira y eventos populares tampoco podrán celebrarse hasta el inicio del mes de julio

Los centros y escuelas infantiles y el resto de educación reglada -con la excepción de los últimos cursos de Bachillerato y FP, que se reincorporaron ya de manera voluntaria- no volverán hasta septiembre. La educación hasta los seis años está autorizadas desde la fase 2 pero la Xunta de Galicia ha decidido posponerla hasta después del verano.

También continuarán con las puertas cerradas muchos centros sociosanitarios, como los centros de día para personas mayores y dependientes y los ocupacionales, con la excepción de que podrán realizar terapias individuales con cita previa. Deberán esperar también los centros comunitarios de bienestar y las casas del mayor.

¿Qué aforos habrá en restauración y comercio?

Los establecimientos comerciales, independientemente de donde estén situados, podrán llegar al 75% de su capacidad, con la limitación del 50% para las zonas comunes de los centros comerciales. Se mantiene la atención preferente para mayores de 65 años

En los mercadillos al aire libre solo podrán instalarse el 75% de los puestos habituales y la afluencia de personas debe respetar la distancia de seguridad. Será responsabilidad de los ayuntamientos decidir qué puestos autorizan, con preferencia para los de alimentación y primera necesidad, y aumentar la superficie o habilitar más días para compensar la reducción del aforo.

Los restaurantes y bares podrán estar al 65%, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. Se permite el uso de las barras, siempre que se mantenga la separación de medio y medio.

Parques infantiles y biosaludables

Además de los parques infantiles al aire libre, estarán abiertos los biosaludables, las pistas de skate y otros espacios públicos similares. La capacidad de estos espacios se medirá como en las playas, una persona por cada cuatro metros cuadrados del recinto.

Velatorios, bodas y cultos religiosos

Aumenta la asistencia a velatorios y se autorizan hasta 60 personas en espacio abiertos y 30 en cerrados. En el caso de los entierros se podrán juntar hasta 75 asistentes como máximo para las comitivas fúnebres. Para los espacios de culto se mantiene la norma general del 75% de ocupación y también la prohibición de utilizar agua bendita y tocar o besar objetos durante las ceremonias.

En las bodas se aplicarán los criterios de aforo para espacios de culto y restauración. Si se celebran en otros espacios, tendrán autorizado utilizar hasta un 75% del aforo, con un máximo de 250 personas al aire libre y 150 en espacios cerrados. 

Actividad cultural y eventos

Para los museos, bibliotecas o equipamientos culturales también se aplica el límite del aforo del 75%. Las visitas de grupos que se realicen serán de un máximo de hasta 25 personas. 

Los cines, teatros, auditorios o circos deberán preasignar las butacas, que no deberán sobrepasar el 75% de ocupación. El resto de recintos que se dediquen a espectáculos o actividades recreativas podrán mantener su actividad si el público permanece sentado y no supera el 75% del aforo, con un máximo de 300 personas en recintos cerrados y 1.000 en abiertos.

Actividad deportiva y tiempo libre juvenil

Está permitida la actividad deportiva al aire libre siempre que los grupos no superen las 25 personas y no haya contacto físico. En instalaciones de interios no se pueden sobrepasar los dos tercios de capacidad.

 En el caso de los eventos deportivos que no sean ni la liga profesional de fútbol ni la de baloncesto, que regula el Estado, la capacidad también será del 75%, con un límite de 300 personas para espacios cerrados y 1.000 en abiertos.

Las actividades de tiempo libre para población infantil y juvenil se podrán realizar con un máximo de 250 participantes o un 75% de la capacidad en espacios abiertos  y 150 en cerrados o la mitad del aforo en cerrados, incluidos los monitores. Las actividades en grupos estarán limitadas a 15 personas, que no deberán tener contacto con los otros grupos

Turismo

Los hoteles podrán funcionar al 75% de su capacidad en los espacios comunes y las actividades en grupo tendrán un máximo de 25 asistentes. Los albergues turísticos, como los que recorren el Camino de Santiago, no podrán superar el 50% de su capacidad total.

Las actividades guiadas en grupo estarán limitadas a 25 personas pero no se establecen limitaciones en el caso de turismo activo y de naturaleza. Los parques naturales estarán abiertos pero las autoridades podrán limitar el uso de zonas comunes, como merenderos. Los monumentos también tienen una capacidad máxima limitada al 75%.

Los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios estarán limitados a un aforo de dos tercios de su capacidad y al 50% en las atracciones. El control de las playas corresponde a los concellos, que deberán limitar la capacidad a una persona por cada cuatro metros cuadrados de superficie.

Centros educativos no reglados y de formación

La actividad de academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada podrán tener clase presencial si no se supera el 75% de la capacidad y un máximo de 25 personas. Para las autoescuelas, es obligatorio el uso de la mascarilla dentro de los vehículos.

https://www.eldiario.es/galicia/politica/normalidad-Galicia-parques-infantiles-abiertos_0_1037646278.html

El Gobierno autoriza que Galicia salga del estado de alarma el próximo lunes

El Gobierno central autorizará el paso de Galicia a lo que denomina «nueva normalidad» el próximo lunes, 15 de junio, y permitirá levantar el estado de alarma.  La Xunta acaba de solicitarlo y mañana publicará en su Diario Oficial las normas que regirán en la comunidad. «Decaen las limitaciones de todos los derechos afectados por el estado de alarma», anunció Alberto Núñez Feijóo este viernes, cuando comunicó la petición al ejecutivo de Sánchez.

El Consello de la Xunta había aprobado esta misma mañana una solicitud que Feijóo anunció a finales de mayo, en cuanto el Gobierno central indicó que la salida del estado de alarma se haría de manera asimétrica, por territorios. El presidente dijo entonces que solicitaría que Galicia quedase fuera del mando único con su pase a la fase 3, una decisión que se cumple con una semana de retraso frente a la previsión inicial del presidente de la Xunta. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó este viernes al finalizar el Consejo de Ministros que Galicia será el primer territorio en abandonar el estado de alarma.

Galicia se adelanta así en una semana al resto de comunidades, que por ahora no han cursado su petición para continuar la gestión de la pandemia fuera del control del mando único. Las prórrogas del estado de alarma acaban el 21 de junio y entonces se restablecerá la libre circulación en el Estado, como indicó esta mañana el ministro de Sanidad. El jefe del Ejecutivo gallego considera que la situación epidemiológica de Galicia es mejor que la del conjunto del Estado, ya que la comunidad «tiene 10 veces menos contagiados por cada 100.000 habitantes que la media de España en los últimos siete días».

Movilidad entre comunidades en diferentes fases

El presidente de la Xunta sale del estado de alarma reclamando una regulación que impida la libre circulación de los habitantes de las áreas que estén en fases inferiores de desescalada. «Pedimos que vengan a Galicia personas de comunidades que estén en la misma fase y, en las que estén en fase 2, pedimos al Gobierno que tenga las cautelas necesarias», indicó Feijóo. El jefe del Ejecutivo gallego defiende que la decisión que ha adoptado no significa «abrir Galicia a comunidades en una situación epidemiológica peor» y reclama de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez una legislación sanitaria que permita limitar la movilidad.

A pesar de recuperar el control de la comunidad y de las competencias, el presidente de la Xunta carece del poder para cerrar áreas en Galicia en caso de que se produzca un rebrote. «No es especifican con claridad en el decreto-ley» que el Gobierno central publicó esta semana sobre la nueva normalidad, admitió Feijóo, que recordó que sus competencias como presidente de la Xunta le permite «cerrar establecimientos de cualquier naturaleza».

Los niños vuelven a los columpios del parque

La denominada nueva normalidad traerá para Galicia diferentes normas a las actuales. Los aforos serán del 75% con carácter general aunque existen algunas excepciones, se abrirán los parques infantiles al aire libre y las zonas de columpios, se elimina el límite de personas para reuniones en domicilios y se mantendrán medidas de higiene obligatorias y otras recomendadas. Así, los comercios, centro comerciales y otros establecimientos podrán llegar al 75% de su capacidad, con la limitación del 50% para las zonas comunes. Los restaurante, hoteles y bares podrán estar al 65%, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. Para los museos, bibliotecas, equipamientos culturales o piscinas también se aplica el límite del aforo del 75%.

En el caso de los eventos deportivos que no sean ni la liga profesional de fútbol ni la de baloncesto, que regula el Estado, la capacidad también será del 75%, con un límite de 300 personas para espacios cerrados y 1.000 en abiertos. Aumenta así mismo la asistencia a velatorios -hasta 60 personas en espacio abiertos y 30 en cerrados- y entierros, con 75 asistentes como máximo para las comitivas fúnebres. El decreto que regula esta nueva normalidad se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia, entrará en vigor el próximo lunes y tendrá una duración de 15 días, según indicó Feijóo. Tras este periodo, la intención del Gobierno gallego es analizar los resultados y continuar avanzando en las medidas.

https://www.eldiario.es/galicia/politica/Gobierno-autorizara-Galicia-alarma-proximo_0_1037296807.html

La opacidad sobre la muerte de al menos 14.000 ancianos en residencias persiste a los tres meses del inicio de la pandemia

Tres meses después del estallido del coronavirus, nadie en España sabe con certeza cuántas personas han fallecido en el foco más letal de la pandemia: las residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad continúa sin ofrecer una fotografía de lo que ha pasado en los centros mientras los que lo vivieron en primera persona –en la propia piel, por ser residentes o trabajadoras, o en la ajena (pero cercana), en el caso de familiares– intentan desmadejar el cúmulo de sombras que cierne sobre la atención que se dio a los mayores ahora que las residencias comienzan a respirar. Los casos han bajado, con el descenso generalizado en España, aunque continúa habiendo contagiados y aislados.

«Vamos hilando ahora, después de todo este tiempo, encajando las piezas y construyendo un relato de lo que pasó con lo que sabemos ahora, que no era lo que sabíamos hace tres meses», asume Rosana Castillo, hija de una residente que murió a mediados de marzo en el centro madrileño de Monte Hermoso. Esta residencia se ha convertido en un triste símbolo de la epidemia. Fue la primera donde los muertos se acumularon de golpe ante la pasividad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 17 fallecidos en cuatro días. Era 15 de marzo.

A este centro le siguieron cientos en toda España donde las muertes empezaron a gotear sin freno. 14.539 personas han fallecido en geriátricos en los últimos tres meses con coronavirus o síntomas de la enfermedad, según los datos aportados, con su propio sistema, por cada comunidad autónoma. Son más de la mitad de los muertos en España hasta el día de hoy. Los porcentajes son especialmente agudos en Aragón (89%), Castilla y León (76,9%) o Madrid (68,7%). Cantabria y Asturias registran proporciones también muy grandes, por delante de Madrid, pero la incidencia fue mucho más pequeña (los pocos fallecidos se dieron mayoritariamente en residencias). En total, ocho comunidades concentraron más del 50% de sus fallecidos en estos puntos negros. 

Sólo Castilla y León, Navarra, Extremadura y Catalunya separan los confirmados de los sospechosos. Los segundos no se han incluido en el cómputo global. Si se suman, el número de fallecidos asciende a 18.245. Esta adición hace que el porcentaje de muertos que perdieron la vida en una residencia posiblemente con coronavirus en Catalunya se dispara hasta el 72%. En todo caso son cifras que deben compararse con reservas porque muchos mayores murieron sin que les hicieran la prueba PCR para confirmar su diagnóstico, especialmente al inicio de la pandemia. 

El Ministerio de Sanidad pide cada semana las cifras a los gobiernos autonómicos desde hace dos meses pero no ha hecho público ningún balance unificado y tampoco da una explicación oficial al motivo de la demora. Preguntado por esta cuestión, el ministerio alude a que «tal y como ha explicado el ministro, Salvador Illa, los datos se han solicitado a las CCAA y cuando se disponga de todos ellos y se hayan analizado se darán a conocer», afirma sin aportar más detalles. No se sabe si hay Gobiernos autonómicos que no han aportado esos números, si hay un problema con ellos, si no ha sido posible homologarlos, si hay alguna otra razón para decidir no comunicar esas cifras que son una demanda constante en cada rueda de prensa del ministro.

Mientras tanto, la Fiscalía tiene sobre la mesa 176 denuncias de familiares, 82 de residencias de Madrid, que han dejado con dudas y miedo, dicen, un pedazo de su vida en manos de la Justicia. 22 de ellas ya se han remitido a los juzgados, según los últimos datos del Ministerio Público. María Jesús Valera presentó junto a otra veintena de familias una querella colectiva contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ha sido elevada al Tribunal Supremo, porque la presidenta regional es aforada. «Me he sumado porque a mi padre no se le trasladó al hospital. Enfermó en tres días de mucha gravedad. Hablamos un viernes con él y el domingo la residencia llamó a mi hermana para decirnos que el médico estaba pidiendo el traslado al hospital Doce de Octubre pero no podía realizarse. Murió con morfina en la residencia», explica.

Los protocolos restrictivos, que bloquearon el traslado de mayores a los hospitales y han abierto un boquete en el Gobierno de Madrid, eran conocidos por las familias. No porque tuvieran el documento, sino porque los médicos de los centros se lo dijeron por teléfono, cuando sus familiares enfermaron: los hospitales no los aceptaban. En la página de Facebook de una de las residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid, la Casaquinta de Ciempozuelos, todavía se puede leer el aviso que dieron a los familiares el día 23 de marzo: «El hospital de Valdemoro, por su propia saturación, no acepta ninguna derivación de la residencia y los medios con los que contamos son inexistentes, como ya sabéis». El mensaje recuerda que en ese momento tenían a 50 personas aisladas, que habían habido ya varios fallecimientos, pero sin poder confirmar que se trataba de coronavirus ya que no había pruebas PCR. En los diez días anteriores a la publicación del texto la única ayuda que habían recibido había sido 520 mascarillas y la desinfección del Ejército, revela esta pequeña hemeroteca.

Valera va repasando las fechas de memoria y relata fases de «dolor y de culpa que te destrozan la vida». «Pensar si hiciste bien, mal, si pudiste hacer más… Hay muchas familias rotas. Eran personas mayores, contábamos con que podían fallecer, el problema es la forma en la que han muerto. Ese ha sido el daño», resume. Su querella se dirige también contra el director de la residencia de su padre, DomusVi-Usera, por adoptar tarde, según Valera, las más elementales medidas de protección. «Hasta el día 18 de marzo la residencia nos dijo que estaban libres de COVID y que las mascarillas o cualquier otro material de protección no eran necesarios», asegura.

En ese momento ya empezaban a estallar los primeros brotes en centros sociosanitarios madrileños. 14 fueron intervenidos por la administración y más de 200 comenzaron a recibir apoyos puntuales de centros de salud y hospitales. Pero tuvieron que pasar muchos días desde que se anunció que «prácticamente todos los centros» estaban medicalizados, en marzo, hasta que aparecieron sanitarios ajenos al centro en los geriátricos. Una semana después la situación se reprodujo en Barcelona: decenas de muertos en pocos días y hospitales saturados a los que se derivaba mínimamente a los mayores. La Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo (PP) indicó en un momento que no se derivaran personas con dependencia severa o gran dependencia. En Castilla y León, también muy golpeada por la epidemia, hubo igualmente una orden directa durante el pico de contagios para no trasladar a los residentes, como desveló eldiario.es, y los centros se vieron superados.

Uno de los trabajadores de estos geriátricos, que quiere permanecer en el anonimato, ha reprochado que en los peores momentos se les acusase de deficiencia en los servicios y falta de profesionalidad, tanto en medios de comunicación como por parte de los políticos. «En esos momentos lo que nosotros teníamos era desesperación, porque había 200 frentes abiertos, falta de material… No sabíamos utilizarlo ni estábamos preparados. Nosotros solo servimos para cuidar, no para curar, eso es una competencia de Sanidad», lamenta. «En esas semanas en nuestra conciencia estaba hacer lo que fuera para salvar personas, hemos trabajado hasta la extenuación y nos robaban el personal o sencillamente no había porque estaba de baja. Hemos llorado mucho», subraya.

Paracetamol y morfina

Empleadas, directoras de residencias y las patronales que agrupan a las empresas gestoras –es un sector privatizado en toda España– han denunciado en estos meses que la organización sanitaria les dejó en la estacada en los peores momentos, cuando no disponían de material médico para atender correctamente a los usuarios.

Ángeles, Técnico Auxiliar de Enfermería (TCAE) en la Gran Residencia de Madrid, lleva sus propias cuentas. Hasta febrero en el centro, que es el más grande de la Comunidad de Madrid, morían entre cuatro y cinco usuarios al mes. Entre marzo y mayo murieron 100, «no sabemos cuántos de coronavirus; calculo que 80 y pico». Cuenta que ahí todo fue un caos aproximadamente hasta el 6 de abril, cuando intervino la UME «y a partir de ahí fueron un poco mejor las cosas. Se distribuyó a los residentes, se desinfectó, se separó. Fuimos antes como pollo sin cabeza». La residencia «no está preparada para cuidados paliativos, no tenemos tomas de oxígeno. Por lo general morían aquí si no daba tiempo al traslado. Con la COVID-19 no mandaban ambulancias, recetaban antibióticos y paracetamol», asegura.

«Lo que hicieron fue poner a un sistema que no está preparado para una crisis sanitaria en primera línea de una pandemia y sin protección ni test para hacer a los residentes. Nos dejaron solos», destaca Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP). Describe la situación como un «horror» y un «infierno» pese a las «llamadas de auxilio» que desde el sector asegura que se hizo al Gobierno y a las comunidades y así lo explicó en el Congreso de los Diputados el pasado viernes: «Nos hemos sentido abandonados por todo el mundo, no importa el partido político».

En Madrid la situación ha sido especialmente visible por el alto nivel de incidencia del coronavirus, por la saturación de los hospitales y porque el asunto ha ocasionado una gran crisis de Gobierno que ha sacado a flote conversaciones y correos entre los responsables de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) en un sálvese quién pueda. Los intercambios demuestran que el protocolo, que la presidenta dijo que nunca se envió y el consejero de Sanidad aseguró que llegó por error a los geriátricos, se aplicó al menos durante el tiempo en el que los hospitales estaban desbordados y los triajes –la selección de pacientes– era salvaje.

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, emitió el lunes un comunicado que defendía la actuación de la Consejería de Sanidad. «Cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital. Hay que recordar que en el periodo más virulento de la pandemia la situación de los hospitales era «de guerra»: hospitales que habiendo aumentado el número de camas en un 30% tenían más de 200 pacientes pendientes para ingresar en planta, esperando en los servicios de urgencia; unidades de cuidados intensivos que habiendo incrementado su capacidad en un 400% estaban tensionados al máximo para tener capacidad de atender a pacientes que muy probablemente se beneficiarían del tratamiento en ese tipo de unidades», argumenta García Navarro, que considera que «se ha malinterpretado el sentido de los protocolos».

Desde la patronal de residencias privadas, Cinta Pascual admite que se produjeron derivaciones, pero «muy puntuales» y apunta a lo determinante que fue contar con un sistema sanitario al límite en algunos territorios, pero al mismo tiempo censura que los protocolos «marcaran un perfil de personas que, si tu los lees, son las que tenemos nosotros. Nos dejaron fuera».

«¿Cómo estamos tan abandonadas?»

A Victoria (nombre ficticio) se le arremolinan los recuerdos cuando intenta detallar lo que la pandemia ha dejado a su paso en muchos de estos centros. Trabajadora en una pequeña residencia de Vallecas (Madrid), aún sigue teniendo un nudo en el estómago: «Una pequeña cosa», dice, que si no controlara le haría llorar «en cualquier momento». «Al principio no sabíamos nada, no había nadie a quién preguntar. Se nos empezaron a poner algunos residentes enfermos y ni siquiera nos cogían los teléfonos. Una vez estuve cuatro horas intentando que respondieran», precisa. «Yo solo pensaba: pero si las residencias somos el mayor foco ¿cómo es que estamos tan abandonadas?».

Tres meses después, alcanza a definir la montaña rusa de emociones que ha supuesto: «Primero mucha rabia, luego había que luchar por que todo saliera… Y ahora es pena. La residencia es muy pequeña y al final es una familia. Hemos colgado las fotos de las cinco personas que murieron». Con el paso del tiempo la coordinación «fue mejorando», pero cree que la situación no se atajó «hasta que no era demasiado tarde». En su caso, sí hubo derivaciones a los hospitales, explica, pero a base de «insistir y pelearlo» y porque debido a su magnitud, el centro no tiene médico y «no podíamos darles asistencia». Sin embargo, no fue fácil: «Yo llamaba y la primera respuesta era que no, pero el geriatra de enlace que teníamos me decía ‘diles que como no vengan a buscar a la gente, voy yo al juzgado y pongo una denuncia».

Este martes, ya con Madrid en fase 2, los familiares han vuelto a la residencias, más de tres meses después, con cita previa y escalonados. «Anoche muchos me comentaban lo animados que estaban», dice Ángeles. La situación está ahora estabilizada en la Gran Residencia y solo tienen 20 positivos de los 300 usuarios que quedan –en marzo eran unos 400 para 470 plazas–. Las PCR para los usuarios no llegaron hasta finales de abril o principios de mayo, y para las trabajadoras están llegando ahora: ella tiene cita este jueves, a pesar de que no tiene síntomas y sin síntomas esa prueba diagnóstica no tiene sentido. Sí que celebra que este junio llegan incorporaciones pendientes de 2020, y que se está preparando ya un módulo de 70 camas por si hubiese un rebrote en otoño, como plan de contingencia al que obliga el Ministerio.

El decreto de ‘nueva normalidad’, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y tiene que pasar por el Congreso, es específico en ese punto. Todas las residencias tendrán que presentar a Salud Pública en un plazo aún no estipulado un plan de contingencia frente a la COVID-19, para prevenir rebrotes y conseguir que si viene una segunda oleada la enfermedad no vuelva a cebarse con los usuarios de los centros. Habrá que organizar las «visitas» y «paseos» y acondicionar las instalaciones. También será obligación de las comunidades autónomas, en la ‘nueva normalidad’, que durará hasta que la enfermedad esté controlada con una vacuna o con un tratamiento muy eficaz, garantizar que los servicios sociales y los sanitarios trabajan de manera coordinada.

«Es tiempo para ver qué ha pasado y qué ha fallado. Esto no puede volver a ocurrir», apunta Isabel Barreiro, administrativa de una residencia de Vigo, que recuerda ver «con impotencia» cómo los casos aumentaban cada día. «Tenemos que saber que se actuó tarde y que no se puede mercantilizar los cuidados de las personas mayores», añade. Las trabajadoras coinciden en que la COVID-19 ha mostrado, en su versión más descarnada, la realidad de las residencias de mayores: un modelo frágil, dependiente de empresas privadas, con falta de personal y precariedad en las plantillas. «Antes estaba igual de oscuro –dice una técnica auxiliar de enfermería de Madrid– pero nadie lo miraba».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de la mitad de las muertes por COVID-19 registradas en Europa eran personas que vivían en residencias de mayores. «Una tragedia humana inimaginable», dijo el organismo en abril, que hizo un llamamiento a todo el continente para mejorar el sistema de cuidados, dar más formación al personal y cambiar, en definitiva, el modo de operar. Un aviso que también concierne a España.

Reportaje elaborado con la colaboración de las ediciones regionales de eldiarrio.es. Datos y gráficos por Ana Ordaz y Victoria Olivères.

https://www.eldiario.es/sociedad/residencias-mayores-despues-estallido-pandemia_0_1036247363.html

La Generalitat pide que Barcelona, su área metropolitana y Lleida pasen a la fase 2 de desescalada

El Departamento de Salud de la Generalitat considera que Barcelona y su área metropolitana ya están listas para pasar a fase 2. También la región sanitaria de Lleida, que padeció un aumento de contagios la semana pasada pero que, según argumentan, ha evolucionado bien. Si el Ministerio de Sanidad lo aprueba, estos dos territorios avanzarán de fase el próximo lunes, 8 de junio. 

En su informe remitido al Ejecutivo central este lunes por la tarde, los responsables de Salud de la Generalitat han solicitado también el pase a fase 3 de las regiones sanitarias catalanas más avanzadas en la desescalada: Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Alt Pirineu i Aran. Catalunya Central y Girona permanecerían en la fase 2 que han estrenado este lunes. 

La Generalitat fía la progresión de sus regiones a una evolución «a la baja» de los factores de riesgo epidemiológico como son la incidencia de nuevos casos en la última semana o la tasa de reproducción del virus. También citan “el impulso dado a la atención primaria para la capacidad de diagnóstico y de seguimiento de casos”, uno de los factores que el Ministerio le recomendó a Catalunya que mejorase, según los informes hechos públicos. 

Tras una semana en fase 1, este lunes se ha hecho efectiva la decisión adoptada el pasado viernes de unificar Barcelona con sus regiones sanitarias colindantes, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, para permitir la movilidad en toda la conurbación de la capital catalana. Ha sido el primer día en que uno se podía desplazar desde el Baix Llobregat hasta el Maresme para quedar con la familia, amigos, ir a una terraza o de compras. 

Mención aparte merece el caso de Lleida, al que el comunicado de Salud dedica hasta tres párrafos para justificar su solicitud de avance. Las autoridades catalanas consideran que el brote que hubo hace unas semanas se ha estabilizado, pero aun así añaden que “seguirán analizando la evolución de la región” y su pase estará “condicionado a la progresión de los indicadores epidemiológicos de los próximos días”.

Un brote de contagios a partir de distintos focos, entre ellos una fiesta de cumpleaños con 20 personas o la situación en varios mataderos, hizo saltar todas las alarmas. Pero desde Salud aseguran que la situación es favorable y que se realizan ya pruebas PCR a la «inmensa mayoría» de personas sospechosas de tener COVID-19, la clave para luego diagnosticar y aislar a contactos. 

Sobre la capacidad para atacar focos concretos como el de los mataderos, Salud argumenta que han puesto en marcha «planes de acción concretos» para ellos, aunque no los detalla. También para los temporeros que trabajan en la campaña de la fruta, que tienen una «alta ocupación» en la zona estos días aunque hasta ahora nadie les ha vinculado al repunte de contagios. 

https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/Generalitat-propuestas-fase_0_1032397778.html

El estudio de seroprevalencia no revelará una inmunidad de grupo en España pero dará pistas para la desescalada

El Ministerio de Sanidad ha concretado por fin algunos detalles del estudio de seroprevalencia que va a realizar a lo largo de dos meses en 36.000 hogares y que es, han repetido, una de las claves de la desescalada. Elaborado entre el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística, dará datos provinciales, autonómicos y nacionales, mediante tests rápidos y con un papel «relevante» de los servicios de Atención Primaria. Empezará en principio esta semana, tendrá tres fases y los técnicos acudirán varias veces a las casas, así que el ministro Salvador Illa ha avanzado que se podrán ir publicando resultados «preliminares» antes de acabarlo.

Lo que se puede esperar de este estudio no es que arroje que en España exista ya lo conocido como inmunidad ‘de grupo’ o ‘de rebaño’, es decir, que una parte muy grande de la población haya pasado ya la enfermedad, desarrollado anticuerpos y por tanto esté en alguna medida protegida. Cuando eso sucede, no queda la suficiente gente susceptible de contagiarse como para que la epidemia siga.

Las cifras oficiales han registrado unos 220.000 diagnósticos confirmados, pero dentro de otras estimaciones rigurosas, una de las más elevadas es la del Imperial College de Londres. A finales de marzo calculaba que podría haber unos 7 millones de ciudadanos infectados, lo que es menos del 20% de la población española. De acuerdo con varios expertos, una inmunidad de grupo para un virus como el que provoca COVID-19 requeriría, mínimo, un 60%. Todo teniendo en cuenta que, para el coronavirus, se desconoce todavía si los anticuerpos otorgan inmunidad completa, como ha advertido la OMS, aunque varias investigaciones apuntan a que generan una al menos temporal.

Que resulte ya más de la mitad de la población española o de ciertas zonas protegida es imposible por varios motivos. El primero es que «al paralizarse la sociedad, el virus no ha podido seguir infectando como lo hacía los últimos días de febrero. Las medidas de confinamiento se tomaron para que no colapsase, y aun con ellas los sistemas sanitarios han estado al borde», razona María Montoya González, directora del grupo de Inmunología Viral del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB). El segundo es histórico: como señala la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), «ninguna inmunidad de grupo para un 60% de la población se ha conseguido en la primera ola de ninguna enfermedad. De hecho, ninguna ha pasado de un 30%».

Con seguridad «van a venir otras olas», y en lo que tenemos que centrarnos, dice la SEMPSPH, es en tener «estructuras preparadas» para ellas, más que en poner esperanzas en la posibilidad de la inmunidad de rebaño. Lo que sí nos dará el estudio de seroprevalencia es «una foto de lo que ha ocurrido y ocurre en la sociedad con este virus», contesta González-Montoya. Es importante porque «hasta ahora, la mayoría de la gente que ha sido diagnosticada lo ha hecho con signos clínicos, pero este virus en un 80% de infectados da sintomatología leve o asintomatología. Completar esto será importante para tomar decisiones». También aportará información certera sobre la letalidad, para nosotros y para otros países.

No inmunidad de grupo, pero sí olas menos fuertes

En epidemiología se contemplan dos vías para alcanzar la inmunidad de grupo: de manera natural, esperando a que una mayoría se vaya infectando por la circulación libre de un virus; y de manera artificial, con una vacuna. El plazo más optimista para lograr la segunda es un año a partir de esta primavera. Desde la SEMPSH insisten en que es lo único viable: «La inmunidad de grupo natural nunca ha sido una solución. Requiere de unos postulados que no se cumplen». El más claro: la población susceptible y la no susceptible no se reparte al azar. «La inmunidad de grupo natural solo se ha conseguido con antiguas enfermedades en las que los adultos eran inmunes, como el sarampión. La ciencia la ha reproducido a través de las vacunas, que sí pueden ser solución».

Juan Ayllón, director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos, da otro plazo histórico: todas las pandemias respiratorias «se han ido resolviendo» en unos dos años, «después los virus se quedan entre nosotros, pero ya no dan problemas pandémicos porque se alcanza cierta inmunidad». Al margen, existe otro horizonte, que menciona Montoya: un tratamiento efectivo –hay varios en ensayo clínico– aliviaría el problema: «Muchos pacientes que podrían ser graves sin tratamiento no acabarían en UCI y por tanto el escenario cambiaría. Y seguramente vamos a tener resultados sobre alguno antes que la vacuna, quizá para otoño».

Ayllón, que es experto en virología, cree de todos modos que, si se cumplen las previsiones del Imperial College, «no es que el problema se haya resuelto con inmunidad de grupo», pero sí sucede algo bueno: «El impacto de las siguientes olas no será como el de esta primera». Para ilustrarlo también se retrotrae: «La pandemia de gripe de 1918 tuvo tres oleadas. La primera fue la más leve y afectó más a Madrid y a la mitad sur. La segunda fue más gorda en el norte, y Madrid estuvo casi exenta». Sobre la COVID-19, «ha pasado porque la población nunca ha visto el virus. Hay sitios que siguen sin haberlo visto y mantendrán el peligro mientras Madrid y Lombardía tendrán cierta inmunidad de base: no la suficiente para evitar brotes, pero sí para que ataque en menor dimensión. El virus ya no encuentra un lienzo blanco».

La inmunidad será distinta por zonas y eso también lo revelará el estudio del ISCIII: facilitará la desescalada por territorios, teniendo en cuenta en qué áreas sigue corriendo el virus pero también las que tienen más riesgo si entra de primeras. E incluso por sectores, «será valioso saber quiénes de entre los sanitarios tienen anticuerpos y quiénes no de cara al trabajo», indica Ayllón. Y advierte de los peligros: «Un porcentaje alto de infección puede dar sensación de tranquilidad, de que ya hemos pasado lo peor. Va a haber que trasladarlo bien a la opinión pública, y explicar sus limitaciones: los tests no son los mejores, porque en tres meses nadie tiene un kit óptimo, tampoco Francia ni Alemania». La sensibilidad de los tests que se van a usar es, según el Ministerio, superior al 80%, y para subsanar parte del margen de error se hará un segundo diagnóstico serológico a algunos participantes.

El estudio no estará concluido antes de que se decreten las primeras medidas de desescalada, porque va a durar dos meses y Pedro Sánchez las situó a finales de mayo. Pero sí que las autoridades podrán ir conociendo esos resultados «preliminares» a lo largo del proceso «que podrán determinar políticas de transición. O si hay que revertirlas si sube mucho la prevalencia», explica Ildefonso Hernández, director general de Salud Pública del Ministerio de 2008 a 2011 y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Es decir, el estudio puede acompasar las medidas, «observando los cambios y complementando los diagnósticos». «El estudio es de magnitud extraordinaria, en España se habían hecho pero con tres veces menos muestras y yendo menos veces a los hogares», valora Hernández. Las primeras cifras podrán estar listas, si no hay retrasos, en las primeras dos semanas, y darán esa «foto fija» que los expertos anhelan.

¿Son posibles las ‘fiestas COVID’?

Si la inmunidad de grupo resuelve en parte el problema, ¿por qué no se han tomado estrategias en esa dirección además de la investigación en la vacuna? Era en parte el razonamiento inicial del primer ministro británico, Boris Johnson, que quiso estirar la normalidad en Reino Unido. «Porque intentar conseguirla de golpe es una barbaridad», contesta a la pregunta Juan Ayllón, «eso solo se puede hacer si te aseguras de que el sistema no está en peligro. Por eso en Reino Unido recularon, porque el contagio desbordó todo enseguida». La inmunidad de grupo «se puede conseguir pero a lo largo del tiempo, si el sistema puede asimilar los casos. No es igual que haya el mismo número en dos meses, sin confinamiento, que en dos años. Pero tampoco podemos quedarnos dos años encerrados en casa». Ese es el punto intermedio: no colapsar el sistema, y por el camino, si se alcanza algo de inmunidad, mejor, pero no es la prioridad.

En este sentido, un artículo del New York Times de este fin de semana citaba a la doctora Michele Barry, directora del Centro para la Innovación en Salud Global de la Universidad de Stanford, para sugerir la posibilidad de «fiestas COVID-19», contagios controlados, porque «algunos ciudadanos jóvenes calcularán que arriesgarse a una enfermedad grave puede ser mejor que el empobrecimiento y el aislamiento». Hernández la ve muy remota: «Suficiente trabajo ha sido intentar la contención al máximo. Lo más sensato es seguir ese camino y engrasar bien los sistemas de protección». Sería arriesgado por varias razones: «Los periodos de incubación se están demostrando muy largos: se puede levantar el aislamiento antes de tiempo y contagiar. Y encima el virus no es tan bueno; aunque sea baja, hay letalidad por debajo de los 40 años. Es muy complejo, no me la jugaría por ahí. En Salud Pública no puedes coger a gente y exponerla al virus. Es imposible, muy muy difícil».

La SEMPSH coincide. «La inmunidad de grupo no es una estrategia, es un fenómeno natural que hemos sido capaces de reproducir con las vacunas», zanjan. Principalmente porque «no puedes plantear una estrategia donde precisamente los más vulnerables siguen siendo susceptibles y no inmunes. Con el sarampión se podía contagiar todo el mundo y no pasaba nada, porque a los 90 años mantenías anticuerpos; aquí no tenemos eso, al contrario, si entra un solo caso en una residencia de ancianos es un desastre. Es normal que haya quien plantee esto porque buscamos desesperadamente una solución al confinamiento, pero no es esta. El confinamiento se disminuirá con la vacuna. Ojalá una seroprevalencia mayoritaria, pero seguramente no tendremos en casi ninguna zona ni un 15%».

https://www.eldiario.es/sociedad/inmunidad-grupo-seroprevalencia_0_1020148322.html

Sanidad advierte a las comunidades autónomas de que el Gobierno dirigirá el proceso de desescalada

El ministro de Sanidad, Salvado Illa, ha asegurado este viernes que será el Gobierno central quien dirigirá los procesos de desescalada del confinamiento que se puedan ir poniendo en marcha. Además, Illa ha advertido de que no está previsto que se vayan a producir de forma inmediata más medidas de alivio, como la de permitir los paseos de los menores de 14 años, que comenzará este domingo a las 9.00. El anuncio del Gobierno se produce a pocas horas de que se reúna el Consejo Interterritorial de Salud que analizará precisamente los criterios para «la transición hacia la nueva normalidad», en palabras de Illa.

«No hay datos que indiquen que puedan tomarse nuevas decisiones», ha señalado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. El ministro ha insistido ante las preguntas de los periodistas en que será el Ejecutivo, en coordinación con las comunidades autónomas, quién definirá los criterios que permitirán que comience la desescalada. Y que, de momento, no se dan las condiciones para iniciarla, pese a que son varios los Gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que han comenzado a trazar, e incluso a presentar en público, sus propios planes.

Entre ello, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Alberto Núñez-Feijóo reclama, por ejemplo, que se puedan abrir los concesionarios de coches, hacer deporte y los mercados de alimentos al aire libre. En Canarias, por otro lado, se platea un desconfinamiento más avanzado para las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Illa ha reconocido que los datos de evolución de la COVID-19 están mejorando. «Por primera vez el número de nuevos curados supera al de nuevos contagiados. Esta vez sí, estamos doblegando la curva», ha apuntado el ministro. También ha reconocido que hoy se ha comunicado «el nivel más bajos de fallecidos en un mes» y que «en nueve comunidades este número es menor a 10 personas».

El Gobierno teme que un proceso de desescalada en el que cada administración tome sus propias decisiones pueda echar al traste con los buenos datos de evolución de la pandemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya informó a sus homólogos autonómicos que el levantamiento de las condiciones del confinamiento podría ser «asimétrico», aunque no necesariamente respetando las fronteras territoriales, sino más bien por zonas.

Illa ha insistido este viernes en este criterio. «Las medidas de confinamiento fueron homogéneas para luchar contra la pandemia. Ahora, deberemos tomar en consideración las diferencias [entre regiones]. Este proceso de transición será asimétrico, pero no necesariamente por comunidades autónomas», ha dicho.

El ministro ha señalado que en la reunión de esta tarde, en la que participará la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien dirige el comité de desescalada, se abordarán «los criterios y marcadores que tienen que fijar el marco en el que se tiene que producir el proceso de transición hacia la nueva normalidad». Serán cuatro: las capacidades asistenciales; la capacidad de vigilancia epidemiológica de cada territorio; la disposición de mecanismos de detección precoz de nuevos casos; y el desarrollo de las medidas de protección colectiva para evitar nuevos contagios.

«El Gobierno compartirá sus criterios y escuchará», ha dicho Illa. Para remarcar, una vez más: «En base a estos criteros y bajo la dirección del Gobierno estableceremos cómo será la transición».

Los periodistas que han participado en la rueda de prensa telemática han insistido en la existencia de diferentes planes, pero Illa ha recordado que el estado de alarma estará vigente hasta el próximo 10 de mayo y que, mientras lo esté, es el Gobierno el que tiene la potestad de dirigir todo el proceso, aunque cuente para ello con las comunidades.

Así, Illa ha recordado que el confinamiento sigue plenamente vigente y que solo se ha decretado «una medida de alivio, los paseos de los niños». Y que no está previsto que esto se amplíe a otros colectivos «No hay nuevos colectivos ni sectores que puedan beneficiarse de medidas de alivio. El real decreto lo permite, pero no las tenemos previstas porque no hay datos que indiquen que puedan tomarse nuevas decisiones».

https://www.eldiario.es/politica/Illa-comunidades-autonomas-Gobierno-desescalada_0_1020148613.html

Los hospitales esperan que el alivio detectado en las urgencias reduzca la presión sobre las UCI en los próximos días

«Creemos que hasta dentro de diez días no lo empezaremos a notar». Es el cálculo que este lunes hacía una enfermera de UCI del hospital Puerta de Hierro de Madrid que ve «mucha mejoría en la urgencia». Los profesionales están a la espera de que el alivio que experimentan los servicios de urgencias a la hora de atender a pacientes con COVID-19 se traduzca en una menor presión en las saturadas unidades de cuidados intensivos. «Poco a poco se irá notando. Primero en las plantas», remata la sanitaria.

En Euskadi, Madrid o Catalunya, los principales focos de la epidemia en España en este momento los testimonios de quienes están a pie de hospital repiten el mismo patrón: los centros reciben menos pacientes, pero el volumen acumulado va a tardar en despejarse. «Hasta ahora las urgencias eran un auténtico cuello de botella. Estábamos totalmente tensionados con pacientes en los boxes, fuera de los boxes y esperando ingresos», describe la jefa del servicio del Hospital del Mar, Isabel Cirera. En la última semana, sin embargo, «hemos pasado de 1.000 a 700 pacientes. Incluso vemos alguno que no es COVID-19», ilustra.

El Gobierno decía el 30 de marzo que siete comunidades autónomas habían superado el máximo de casos. Este martes, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad Pública de Washington coincidía en su previsión para España al asegurar que buena parte del país «ha pasado ya el pico». Lo que ocurre es que, según se va mejorando la situación en la puerta de entrada hospitalaria, los prolongados días de ingreso por COVID-19 (12 de media para pacientes moderados e incluso más de semanas para los más severos en la UCI) ralentizan que ese alivio se extienda plantas arriba. Así lo constata un médico del hospital Gregorio Marañón de Madrid: «Desde el viernes pasado la urgencia ha bajado un 40% respecto a la semana anterior». Allí han pasado de ingresar 287 personas el 28 de marzo a 57 el 5 de abril.

«Pero las UCI siguen estando llenas», subraya este sanitario destinado al servicio de cuidados intensivos. «Y hay muchos ingresados todavía. Tardaremos una semana en retomar la actividad normal en el hospital y a las UCI les quedan una o dos semanas hasta que se descongestionen». Es la pauta que puede esperarse allí donde haya una evolución similar aunque retardada de la enfermedad. De hecho, el Gobierno ha insistido en que la presión en las unidades intensivas crecería semanas después de sobrepasar el pico de contagios.

Los datos ofrecidos este lunes por la Comunidad de Madrid confirman este panorama. Los pacientes en urgencias pasaron de 1.955 a 390 en siete días. Este martes se habían actualizado a 551 en toda la red. Pero los ingresos apenas habían descendido un 5%.

En otro de los puntos calientes de la epidemia, el brote relacionado con el Hospital Universitario de Álava (que aúna a Txagorritxu y Santiago), los datos oficiales cuentan una historia parecida: la oleada de pacientes alcanzó su máximo el 25 de marzo con 325 personas hospitalizadas. A partir de ahí se ha constatado un descenso para llegar a las 250. Sin embargo, los datos de la UCI apenas han variado. De 37 a 35 camas ocupadas.

«En la UCI estamos parecido. De hecho, ya existía un sistema escalonado de acceso porque se montó en la planta séptima una unidad de cuidados intermedios para aliviarnos. Pero las compañeras de Urgencias sí que están más desahogadas en los últimos días», describe un sanitario del servicio vitoriano.

Desde el cercano Hospital de Donostia, relatan que «desde hace unos días se ve que los ingresos bajan. En la UCI estábamos llenos y ahora hay algún respirador libre, pero no estamos tan bien, ¿eh?», advierten.

«Ni de lejos» como antes

En uno de los hospitales que han pasado momentos críticos, el Severo Ochoa de Leganés, los equipos de urgencia son más cautos al explicar que ha mejorado la situación. «Pero tanto como llegar a la normalidad, no». La dirección del centro sí informó ya el domingo que el nivel asistencial había vuelto a su cauce: 51 pacientes y 35 pendientes de ingreso». Los profesionales, «muy descontentos» con sus gestores por lo que describen como «abandono», no comparten ese análisis: «Aún faltan semanas para que vuelva la normalidad de la que hablan».

En otro de los sitios donde se vieron desbordados por la llegada de pacientes, el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, consideran que «no se puede hablar de normalidad porque en la urgencia más del 90% de pacientes son COVID, pero empieza a ser asumible», cuenta una médica. Han pasado de tener 109 personas esperando una cama a finales de marzo a 20 en la primera semana de abril. «El tiempo de atención en urgencias es el habitual y todos están en una cama».

Corroboran esta descripción desde el hospital Fundación Alcorcón al estimar que «la presión ha bajado un 40 o un 50% respecto a hace una semana, pero las UCI siguen al límite». «Estamos dejando atrás la sensación de hospital de guerra así que tenemos una sensación de alivio. Es una mezcla entre emocionados y cautos. Estamos empezando a ver la luz al final del túnel» relata un Juan Manuel Parra, médico de urgencias del centro.

«Sí hemos notado menos carga en las urgencias, pero ya no sabemos si es por la incidencia de la COVID-19 o porque la población, asustada, no viene por banalidades», afirma una doctora del hospital de Igualada (Barcelona). Esta localidad fue la primera a la que se impusieron medidas drásticas al ser confinada el 12 de marzo. Un perímetro en la Conca d’Odena impedía salir a 70.000 personas por la evolución acelerada de la epidemia, que ha sido levantado el 5 de abril. Con todo, la médica avisa: «Ni de lejos estamos en la ocupación previa a la crisis».

Elaborado con información de Sofía Pérez Mendoza, Pau Rodríguez, Fátima Caballero e Iker Rioja.

https://www.eldiario.es/sociedad/UCI-espera-urgencias-reduzca-presion_0_1014199023.html

Illa habla ya de la «fase de estabilización» del coronavirus, con un «cambio de tendencia» cerca del «pico de la curva»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que «a pesar del fuerte incremento del número de casos» de coronavirus en España, que ya contabiliza 56.188 casos y 4.089 muertes, «los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia con incrementos menores». Por eso ha considerado que se está iniciando «una fase de estabilización». «El número de casos se estaría acercando a su máximo, lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva. Y los casos hospitalizados y UCI llegarán a su máximo pico unos días después de que baje el pico, a primeros de abril», ha señalado el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

El ministro ha querido dejar claro que «las decisiones se están tomando en perfecta coordinación con las autoridades autonómicas e internacionales». Y ha justificado las modificaciones en las recomendaciones del Gobierno de las últimas semanas en la «situación cambiante» de la epidemia.

«Nos enfrentamos a un problema de carácter mundial y a una situación cambiante que nos obliga a evaluar constantemente las medidas. Esto es así en españa y en todos los lugares del mundo. Cambian las decisiones y las medidas, lo que no cambia es nuestro trabajo para luchar contra el virus», ha añadido, para insistir: «La situación es absolutamente cambiante y las decisiones se han adoptado permanentemente de la mano con las comunidades autónomas».

Petición de «unidad» a la oposición

Illa ha asegurado que el Gobierno se ha «dejado la piel para apoyar a las comunidades autónomas en el suministro de material y equipos de protección». Y ha señalado que «con las compras realizadas todos los medios sanitarios van a contar con los medios para protegerse». «España ha aplicado las medidas más drásticas de distanciamiento antes de otros países. Hemos movilizado y coordinado todos los recursos, públicos y privados, civiles y militares para la protección de los ciudadanos», ha remachado en el Parlamento.

Además, ante las críticas a la gestión del Gobierno que se vislumbraron anoche durante el Pleno del Congreso, Illa ha recalcado que «las decisiones de salud pública deben ser meditadas y tomadas en el momento adecuado». En este sentido, ha señalado que «todas las medidas» que ha ido adoptando el Ejecutivo «están recogidas en los protocolos internacionales». 

Por ello ha exigido «unidad» tanto al resto de los países de la comunidad internacional como a las fuerzas de oposición en España. «Ningún Estado tendrá éxito por sí solo», ha reclcado. «Y solo caminando juntos en este país haremos posible el control y la erradicación de la enfermedad. No es tiempo de disputas estériles, sino de seguir arrimando el hombro. Es lo que nos reclama la ciudadanía».

Nuevos ataques de las derechas

Sin embargo, la oposición ha vuelto a cargar con dureza contra la labor del Gobierno. La portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra, ha criticado «las consecuencias de llegar tarde» por parte del Gobierno ante la crisis del coronavirus. A su juicio, esa demora ha provocado un «incremento de contagios». «Las decisiones tardías generan estrés al sistema y se cobran vidas. Ustedes contaban con información. Había que usar el tiempo porque las decisiones operativas se toman antes de la crisis no durante», ha señalado.

A juicio de la portavoz popular, la «falta de previsión» del Ejecutivo «se constata cada vez que el Gobierno dice ‘en unos días’. Ya no valen unos días tiene que ser ya, de forma inmediata», ha asegurado en cuanto a la llegada de material sanitario a los distintos hospitales españoles. Gamarra ha hablado además, de «falta de decisión y falta de capacidad» porque el Ejecutivo no ha sido capaz de poner en marcha «una eficaz maquinaria de contratación centralizada». 

Y ha preguntado a Illa por qué no prohibieron y restringieron todas las manifestaciones y actos multitudinarios, ni adoptaron medidas con los vuelos procedentes de Italia.

José Luis Steegman, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad, ha considerado por su parte que el Ejecutivo «debería pedir perdón de rodillas». Y ha dicho: «Simplemente no saben gobernar». El representante de la extrema derecha ha exigido «el cese inmediato» del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y le ha lanzado a Illa una advertencia: «Si no le cesa, pediremos su dimisión».

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