Una semana después de que el Partido Popular volviera a verse acorralado por un caso de corrupción tras el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen –la pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del partido Luis Bárcenas–, el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido cambiar de estrategia prometiendo mano dura contra los exdirigentes que sean procesados por la trama.
El presidente de los populares trata así de romper con el pasado más inmediato de su partido, del que sin embargo también formaron parte él y los miembros de su dirección. Con la construcción de una especie de cortafuegos frente a la Operación Kitchen, su objetivo es salvar tanto las siglas como su propio liderazgo de un nuevo proceso judicial que vuelve a torpedear sus intentos por presentar al PP como una fuerza «ejemplar» y como la «alternativa» de gobierno a la izquierda, en un contexto en el que la derecha sigue dividida en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y los populares continúan sin despegar en las encuestas.
La semana pasada, Casado atribuyó la trama a «tiempos muy pasados» en los que dijo no tener «responsabilidades», por lo que quiso desvincular a su partido de lo sucedido y pasar página. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la de la también exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuyo apoyo fue decisivo para que el líder de los populares ganara las primarias de 2018. Además, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, único exdirigente popular imputado por el espionaje, ha involucrado en la trama al propio Rajoy.
Por todo ello, el presidente del PP quiso este lunes rectificar esa despreocupación inicial prometiendo «ejemplaridad» y abriéndose a expulsar de las filas de su formación política a todo aquel cuya participación en la turbia operación a cargo de los fondos reservados quede demostrada por los tribunales.
«Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará», señalaba este lunes el líder del PP en una entrevista en la Cadena Cope. Ante las dudas que generaron sus palabras del martes pasado, cuando trató de desligar a la actual dirección del partido que preside del espionaje argumentando que cuando se produjo él era solo un «diputado por Ávila», Casado busca ahora dejar claro que está dispuesto a ser «ejemplar», garantizando que «quien la haga la va a pagar».
En una clara ruptura con la gestión de Rajoy, su predecesor al frente del PP, el líder de los populares reconocía la gravedad del asunto asegurando que «los españoles ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo». Por eso lanzaba una promesa: «Este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido».
Frente al silencio que mantuvo la semana pasada, cuando se conoció el sumario de la Operación Kitchen, Casado asegura ahora que «cualquier información» de la «naturaleza» de la trama de espionaje sí «preocupa» en Génova 13 e «indigna» a los dirigentes del PP en caso de que «se demuestre por parte de un juez que es verdad». Por eso, este lunes prometía que esas actitudes, «vengan de donde vengan y afecten a quien afecten», contarán con el «reproche» del PP. «Caerá quién tenga que caer», zanjaba.
«No tengo nada que ocultar, pero que se investigue todo y de todos”, insistía Casado. «Decir que colaboraremos es compatible con decir que no voy a admitir ni juicios paralelos ni condenas de telediarios ni dobles raseros de señores que tienen a un partido imputado por financiación ilegal”, añadía, en alusión a Podemos. «No estoy aquí para arropar a compañeros de partido sino a los españoles», añadía, para advertir de que «no va a pasar ni una» y que «quien la hace la paga».
Los estatutos del PP dictaminan que cuando «se tenga conocimiento» de que alguno de sus dirigentes «ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial», el Comité de Derechos y Garantías del partido «procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente».
«La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial», añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
La Operación Kitchen ha hecho saltar por los aires la estrategia de Casado, que pretendía iniciar el curso centrándose en su labor de oposición al Gobierno y que trataba de escenificar su enésimo giro a la moderación para desmarcarse de la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por Vox al mismo tiempo que buscaba pescar votos tanto en las filas de Ciudadanos como en parte del electorado «descontento» con la gestión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Además de la trama del espionaje, en Génova 13 sobrevuela también el caso Púnica en el que se ha visto implicado el senador madrileño David Erguido, amigo personal de Casado y uno de sus más estrechos colaboradores en los últimos dos años. Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, ofrecía a Erguido declarar como investigado como paso previo antes de elevar la exposición razonada ante el Tribunal Supremo, donde el senador está aforado por su condición de parlamentario. A primera hora de la tarde, fuentes del PP confirmaban que Erguido declarará de forma voluntaria.
