Etiqueta: Operación Kitchen

Casado busca un cortafuegos para salvar su liderazgo y promete echar del PP a los implicados en el espionaje a Bárcenas

Casado busca un cortafuegos para salvar su liderazgo y promete echar del PP a los implicados en el espionaje a Bárcenas

Una semana después de que el Partido Popular volviera a verse acorralado por un caso de corrupción tras el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen –la pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del partido Luis Bárcenas–, el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido cambiar de estrategia prometiendo mano dura contra los exdirigentes que sean procesados por la trama.

El presidente de los populares trata así de romper con el pasado más inmediato de su partido, del que sin embargo también formaron parte él y los miembros de su dirección. Con la construcción de una especie de cortafuegos frente a la Operación Kitchen, su objetivo es salvar tanto las siglas como su propio liderazgo de un nuevo proceso judicial que vuelve a torpedear sus intentos por presentar al PP como una fuerza «ejemplar» y como la «alternativa» de gobierno a la izquierda, en un contexto en el que la derecha sigue dividida en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y los populares continúan sin despegar en las encuestas.

La semana pasada, Casado atribuyó la trama a «tiempos muy pasados» en los que dijo no tener «responsabilidades», por lo que quiso desvincular a su partido de lo sucedido y pasar página. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la de la también exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuyo apoyo fue decisivo para que el líder de los populares ganara las primarias de 2018. Además, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, único exdirigente popular imputado por el espionaje, ha involucrado en la trama al propio Rajoy.

Por todo ello, el presidente del PP quiso este lunes rectificar esa despreocupación inicial prometiendo «ejemplaridad» y abriéndose a expulsar de las filas de su formación política a todo aquel cuya participación en la turbia operación a cargo de los fondos reservados quede demostrada por los tribunales.

«Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará», señalaba este lunes el líder del PP en una entrevista en la Cadena Cope. Ante las dudas que generaron sus palabras del martes pasado, cuando trató de desligar a la actual dirección del partido que preside del espionaje argumentando que cuando se produjo él era solo un «diputado por Ávila», Casado busca ahora dejar claro que está dispuesto a ser «ejemplar», garantizando que «quien la haga la va a pagar».

En una clara ruptura con la gestión de Rajoy, su predecesor al frente del PP, el líder de los populares reconocía la gravedad del asunto asegurando que «los españoles ya están hartos de este tipo de casos que abochornan a todo el mundo». Por eso lanzaba una promesa: «Este partido va a estar a la altura de lo que los españoles opinan, piensan y esperan de una fuerza que ha gobernado España y que va a volver a hacerlo muy pronto. Y eso es conducta ejemplar y tolerancia cero contra cualquier conducta que no lo haya sido».

Frente al silencio que mantuvo la semana pasada, cuando se conoció el sumario de la Operación Kitchen, Casado asegura ahora que «cualquier información» de la «naturaleza» de la trama de espionaje sí «preocupa» en Génova 13 e «indigna» a los dirigentes del PP en caso de que «se demuestre por parte de un juez que es verdad». Por eso, este lunes prometía que esas actitudes, «vengan de donde vengan y afecten a quien afecten», contarán con el «reproche» del PP. «Caerá quién tenga que caer», zanjaba.

«No tengo nada que ocultar, pero que se investigue todo y de todos”, insistía Casado. «Decir que colaboraremos es compatible con decir que no voy a admitir ni juicios paralelos ni condenas de telediarios ni dobles raseros de señores que tienen a un partido imputado por financiación ilegal”, añadía, en alusión a Podemos. «No estoy aquí para arropar a compañeros de partido sino a los españoles», añadía, para advertir de que «no va a pasar ni una» y que «quien la hace la paga». 

Los estatutos del PP dictaminan que cuando «se tenga conocimiento» de que alguno de sus dirigentes «ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial», el Comité de Derechos y Garantías del partido «procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente». 

«La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial», añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.

La Operación Kitchen ha hecho saltar por los aires la estrategia de Casado, que pretendía iniciar el curso centrándose en su labor de oposición al Gobierno y que trataba de escenificar su enésimo giro a la moderación para desmarcarse de la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por Vox al mismo tiempo que buscaba pescar votos tanto en las filas de Ciudadanos como en parte del electorado «descontento» con la gestión del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Además de la trama del espionaje, en Génova 13 sobrevuela también el caso Púnica en el que se ha visto implicado el senador madrileño David Erguido, amigo personal de Casado y uno de sus más estrechos colaboradores en los últimos dos años. Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, ofrecía a Erguido declarar como investigado como paso previo antes de elevar la exposición razonada ante el Tribunal Supremo, donde el senador está aforado por su condición de parlamentario. A primera hora de la tarde, fuentes del PP confirmaban que Erguido declarará de forma voluntaria.

https://www.eldiario.es/politica/casado-busca-cortafuegos-salvar-liderazgo-promete-echar-pp-implicados-espionaje-barcenas_1_6220390.html

Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Dos juzgados de la Audiencia Nacional investigan desde 2018 la «operación parapolicial» que montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía en su poder Luis Bárcenas, el extesorero que manejó los fondos de la caja B del PP durante dos décadas. En ambos sumarios abundan las pruebas de que la operación se pagó con fondos reservados e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo «conocimiento» del espionaje.

La investigación ha revelado que se cumplió con el «objetivo marcado», que no era otro que «apoderarse» de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia. 

La operación, orquestada por un grupo de policías que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial, recibe el nombre de Kitchen en referencia al «cocinero» o «K2», el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía. 

La trama deja ya una ristra de mandos policiales investigados. Por el momento, el único político imputado es el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que hasta ahora ha guardado silencio pero que amenaza con tirar de la manta si sus antiguos superiores siguen poniéndose de perfil. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP de aquella época, María Dolores de Cospedal.

https://www.eldiario.es/politica/cronologia-espionaje-librar-pp-20-anos-dinero-negro_1_6216501.html

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

Un «disco duro» con «información sensible» que el chófer de la familia robó a Luis Bárcenas en el marco de la operación parapolicial de espionaje que indaga la Operación Kitchen es para los investigadores una de las principales incógnitas de la magnitud de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional investiga desde 2018 las maniobras extrapoliciales que un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial hicieron para tratar de evitar que Bárcenas pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno.

El contenido de ese «disco duro», que no ha sido encontrado en los registros a los implicados en la trama, tendría «muertos de miedo» a los responsables del partido, según unas de las anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, hizo tras visitarle en prisión. Tras los encuentros con su marido en la cárcel, Iglesias anotaba la información que consideraba más comprometedora para el PP. Parte de esos documentos manuscritos, publicados por varios medios, fueron hallados en casa del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de una ristra de delitos, y que jugó un papel crucial en la llamada brigada política.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción da algunas pistas de lo que puede contener ese disco duro que obsesionaba a los dirigentes del PP, a la policía política y que la familia Bárcenas se habría guardado como garantía. Esas pistas parten de una conversación que está en el origen de la investigación y que habrían mantenido Villarejo y el chófer infiltrado por la policía en la familia del extesorero para hacerse con información comprometedora.

Lo que sigue es el relato de Anticorrupción: «El interés por la obtención del supuesto botín de la Operación KITCHEN lo traslada el propio José Manuel Villarejo Pérez a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 que dio lugar a la apertura de la presente Pieza Separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra».

El escrito de Anticorrupción reproduce la parte de la conversación a la que se refieren.

Precisamente la información digital grabada en este «disco duro» —donde Anticorrupción da por hecho que se encuentran esas grabaciones con Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP— y los documentos manuscritos por Iglesias constituyen para el juez José de la Mata, actual instructor del caso de la caja B, las evidencias más claras de que los implicados en la Operación Kitchen «cumplieron con los objetivos marcados». En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, De la Mata detalla que la estrategia se «desarrolló» por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y que el objetivo era «apoderarse» de documentos en poder del extesorero del PP para «sustraerlos a la investigación judicial en curso» y que, para ello, se actuó «extramuros del procedimiento judicial».

Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor de la Operación Kitchen que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP aquella época, María Dolores de Cospedal. Tanto en el sumario de la caja B como en el de la Operación Kitchen abundan las pruebas de que todas esas maniobras para arruinar la investigación al PP se pagaron con dinero de los fondos reservados. El responsable de esos pagos, el secretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, Francisco Martínez, imputado en la causa, ha revelado en conversaciones y documentos incautados que él no pensaba asumir solo la responsabilidad de una operación que no organizó y que toda su desgracia nace de haber sido leal con «miserables como Jorge [Fernández Díaz], Cospedal y Rajoy».

Ese dispositivo de espionaje se inició en julio de 2013, justo cuando el extesorero admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y apuntó directamente a la cúpula del PP. Los pagos al chófer de Bárcenas se extendieron hasta septiembre de 2015, según consta en informes policiales. Un año después, en septiembre de 2016, Bárcenas retiró la acusación contra el partido en la causa de la destrucción de sus ordenadores, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. Finalmente, el PP resultó absuelto en ese caso.

«Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo», puede leerse literalmente en esas notas de Rosalía Iglesias, que forman parte de un informe del inspector jefe de la UDEF que investigó durante más de una década Gürtel y la caja B del PP y que está incluido en el sumario del caso Bárcenas. Según el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “naturaleza y relevancia” del contenido de ese disco duro «viene definida por la expresión utilizada [por Rosalía Iglesias] cuando señala que se encontraban ‘muertos de miedo'». 

«Sergio» es Sergio Ríos Esgueva, uno de los protagonistas del «operativo parapolicial» investigado en la Operación Kitchen. Fue el topo que la brigada política infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio recibió 53.266,22 euros de los fondos reservados y al finalizar la misión entró en el Cuerpo Nacional de Policía a los 42 años.

Los investigadores creen que fue él quien participó en el robo de esa «información digital» a Bárcenas y la incorporó a un disco duro externo. Pero no lo hizo solo. Tal y como mantiene la mujer de Bárcenas en su nota manuscrita, actuó junto al ahora comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la Operación Kitchen, y que era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. A Gómez Gordo le adjudican los investigadores un papel relevante en la trama. Fue quien captó a Ríos Esgueva —al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados— y el encargado, junto al comisario Villarejo, de pagarle con fondos reservados.

Según el inspector jefe de la UDEF, ambos sustrajeron el material para evitar que esa «información sensible» fuera difundida a terceros y «pudiera incorporarse al procedimiento judicial» de la caja B «convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar» la investigación. De esa forma, dice el informe policial, también se pretendía que esa información que estaba en poder del extesorero estuviera bajo «control» y pudieran conocerla «responsables» del PP. El contenido exacto de ese disco duro es hasta el momento una incógnita para los investigadores.

El informe de la UDEF confirma que Bárcenas manejaba documentación relativa a la existencia de «una contabilidad ajena al sistema económico» por parte del PP, cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008. Esa documentación afectaba a «la propia formación política», así como a miembros del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, pero también a responsables de empresas privadas que actuaban como donantes y cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública.

https://www.eldiario.es/politica/juez-anticorrupcion-siguen-rastro-disco-duro-conversaciones-rajoy-barcenas-llevo-chofer-espiaba_1_6212584.html

La Audiencia Nacional descubre nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones

La Audiencia Nacional descubre nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva línea de investigación en el caso de la financiación irregular del PP o caja B. El magistrado ordenó en abril una batería de diligencias a partir de indicios hasta ahora desconocidos de pagos en negro a la formación de Mariano Rajoy a cambio de adjudicaciones a las grandes empresas que los hacían por parte de las Administraciones controladas por el Partido Popular.

El hallazgo supone un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata. 

En un auto del pasado 16 abril, que había permanecido en secreto hasta ahora, el magistrado afirma: «Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación».

El juez pone la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por valor superior a 100.000 euros. Los contratos que investiga el juez son los de mantenimiento y conservación del parque Edar La Gavia de Madrid entre 2003 y 2007, concedido al donante Rafael Palencia por el Ayuntamiento de Madrid; una segunda fase del proyecto autorizada por el Ministerio de Fomento en 2003 a cambio presuntamente de 60.000 euros; y la explotación de depuradoras de aguas residuales Viveros de la Villa, adjudicada por el Canal de Isabel II y que se conecta en los papeles de Bárcenas con una entrega al partido de 35.000 euros en 2006.

Dos de las líneas de investigación del caso de la caja B fueron desechadas por falta de indicios suficientes. Una, la citada correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas. Y dos, el pago de sobresueldos a los dirigentes del PP procedentes de esas donaciones de dinero negro. De tal modo que el juicio de la caja B, pese a la acreditada existencia de la contabilidad paralela, se iba a ceñir al pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela. Ninguno de los dirigentes de la formación se sentará en el banquillo al no poder determinar la instrucción con fuerza suficiente que las decisiones de gerente y tesorero, Lapuerta y Bárcenas, fueran conocidas por ellos. 

Un informe policial ha puesto los indicios sobre las adjudicaciones sospechosas en manos del juez De la Mata. Se trata de un documento con el sello de secreto en el que el inspector jefe Manuel Morocho estuvo trabajando durante meses. Consta de 491 páginas y lleva fecha de 17 de diciembre de 2019. En él, el policía repasa diez años de instrucción de los casos Gürtel y caja B, así como pruebas obtenidas en otros casos de corrupción como Lezo, para establecer las conexiones que permiten reabrir la investigación de las adjudicaciones finalistas, esto es, de la práctica del cohecho. 

En 2015, la causa contra un total de 22 empresarios, algunos de los más importantes constructores del país, quedó archivada. Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial de Toledo cerró el caso en junio de 2019. El juez prorrogó recientemente durante un año más el plazo de instrrucción de la caja B de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal que elimina los plazos impuestos por el anterior Gobierno. El PP y Bárcenas han recurrido dicha prórroga. 

Para conectar pagos y donaciones ha resultado fundamental la documentación incautada en el caso Lezo, incluida una grabación del encuentro entre Palencia, dueño de la constructora Degremont, con Ildefonso de Miguel, director general de la empresa de aguas públicas de Madrid, en 2008. De Miguel grabó la conversación en la que Palencia se queja de que no obtiene la adjudicación («no damos el clavo») que desea. En la charla también se habla de la labor de Lapuerta y Bárcenas de conectar a empresarios con autoridades del PP. Palencia reconoce una frecuencia «periódica» en pagos de 30.000 a 35.000 euros al gerente y el tesorero y añade: «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones».

El juez de la caja B concluye: «Estos procesos tenían lugar cuando los proyectos no se habían adjudicado, de tal forma que se abría una oportunidad de negociación directa entre el órgano adjudicador y la empresa licitadora interesada en recibir el contrato». 

El empresario también confirma el porcentaje desvelado por Correa en el juicio de Gürtel: «Un 2% o 3% es lo normal». Las cantidades analizadas por la UDEF en los citados casos coinciden con este porcentaje. Por ejemplo, los 60.000 euros del contrato por la segunda fase de Edar La Gavia representa un 1,998% del montante de la adjudicación sin IVA. 

Palencia reconoce igualmente que a Bárcenas y a Lapuerta «les viene bien» que las entregas sean próximas a campañas electorales. «Esas son aportaciones, digamos, para que ellos me abran puertas», dice Palencia. De la Mata asegura que de las cinco entregas de Palencia que aparecen en los papeles de Bárcenas, cuatro coinciden con procesos electorales.

Las entradas de dinero analizadas, insiste De la Mata en su auto de abril, fueron de tres cuentas bancarias a otras de titularidad del partido. La metodología de ingresos, añade, «se realizaba con el objetivo de no superar el límite cuantitativo de 10 millones de pesetas estalecido por la ley y ocultar el nombre del donante». La acusación popular de Izquierda Unida ya había calificado en su escrito algunos de los hechos descritos, al menos, como conspiración para el cohecho y tráfico de influencias.

Entre esa documentación extractada de decenas miles de folios y conectada en el informe de la UDEF figuran las declaraciones durante la instrucción de Álvaro Pérez, El Bigotes, colaborador de Correa; David Marjaliza, uno de los principales investigados en Púnica; del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, imputado también en Lezo, Luis Vicente Moro; de Arturo González Panero, exaldade de Boadilla; y del propio Rafael Palencia.

El líder de la Gürtel, Francisco Correa, no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio de la Primera Época. Entre la vista y la citación del juez de la caja B se produjo un hecho desvelado por elDiario.es: Correa recibió la visita en la cárcel de un abogado que aparece de forma recurrente en el sumario de Kitchen, Javier Iglesias, al que Villarejo y los otros mandos policiales apodan ‘El Largo’ y sitúan de nexo con el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Iglesias defiende que acudió a prisión a petición de Correa y que a partir de ese momento se incorporó a la defensa del empresario. 

A partir del informe de la UDEF, De la Mata solicita varias diligencias para obtener documentación de la empresa pública del suelo sobre los expedientes investigados, al canal de Isabel II sobre la adjudicación del concurso citado, así como las concesiones a la Constructora Hispánica en Boadilla del Monte y Majadahonda. Esta diligencia viene al caso de la otra declaración, además de la de Correa, que motivó la reapertura del caso de la caja B, la confesión pactada con la Fiscalía Anticorrupción del empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo para evitar la cárcel. 

El auto también alude a la Operación Kitchen y solicita el testimonio prestado por el comisario Enrique García Castaño sobre su entrada en el local de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, «el apoderamiento de información y su destino». «Los resultados obtenidos —en la operación de espionaje— cumplieron con los objetivos marcados mediante apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos Esgueva (el chófer) en unión de Andrés Gómez Gordo (el policía asesor de Cospedal)», destaca el juez. 

https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-descubre-nuevos-indicios-pagos-negro-pp-cambio-adjudicaciones_1_6213980.html

El cinismo de M. Rajoy

El cinismo de M. Rajoy

¿Se acuerda qué estaba haciendo usted el 4 de febrero del 2013? Es más que probable que no. Lo que sí es posible que recuerde es la frase que pronunció Mariano Rajoy ese día durante una comparecencia en Berlín cuando se le preguntó por los escándalos de corrupción de su partido. «Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto salvo alguna cosa que han publicado los medios», contestó al ser preguntado por los apuntes contables que aparecían en los papeles de Bárcenas. 

Un año después, el 28 de octubre del 2014, durante una intervención en el Senado aseguró que compartía el hartazgo lógico de los ciudadanos por la acumulación de escándalos. «No sólo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis». Además, en un ejercicio que si no es de cinismo se le parece mucho prometió hacer limpieza: «Pido a todos que confíen en ese Estado de Derecho y que estén seguros de que nuestro compromiso con la limpieza de la vida pública es total».

Rajoy, el que en mayo del 2011 le escribió a la mujer de Bárcenas que estaría «ahí, siempre», el que en enero de 2013 dijo que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hablado con el extesorero cuando en realidad hacía una semana que le había enviado el SMS más famoso de la última década, aquel «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte», el que cuando se le preguntó por este mensaje en la Audiencia Nacional contestó que podría haber utilizado «esta frase o cualquier otra», es el mismo que según un informe policial de Asuntos Internos, adelantado por elDiario.es, sabía que existía un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas. 

Los investigadores del caso Kitchen llegan a esa conclusión después de analizar las grabaciones incautadas al excomisario Villarejo tras su detención. Ahí es donde se puede escuchar cómo se afirma que «el Asturiano» (apodo que utilizaban para referirse al entonces presidente) tenía «conocimiento» de la operación destinada a espiar a Bárcenas. Un exministro del PP no identificado y citado en una crónica publicada este miércoles por La Razón, el diario en el que colabora Jorge Fernández Díaz, afirmaba algo que hasta ahora nadie se había atrevido a decir en ese partido: «Las decisiones no se tomaban ni siquiera en el Ministerio del Interior, se tomaban en el Palacio de la Moncloa. Otra cosa es lo que se pueda probar penalmente». Fin de la cita.

Rajoy reconoce en sus memorias que la corrupción en el PP ha sido «el talón de Aquiles» del partido y de hecho durante la moción de censura se planteó dimitir. «Hemos pagado un altísimo precio por los escándalos que nos persiguieron durante nuestro mandato aunque la mayoría arrancaban en épocas bastante lejanas en el tiempo» escribe en el libro ‘Una España mejor’. Es cierto que el partido perdió el poder, y eso es siempre un alto precio para cualquier formación, pero él había logrado, al menos hasta ahora, que las pesquisas judiciales le salpicasen lo justo. Seguramente porque gracias a los fondos reservados que se destinaron a tapar la corrupción del partido, un hecho de una gravedad evidente, se logró sabotear las investigaciones en curso. Al menos durante un tiempo. 

«Yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran», afirmó el expresidente hace tres años en su declaración ante la Audiencia Nacional. Las cosas son como son, pero son así porque alguien decidió que todo valía para intentar acabar con el independentismo o para atacar a Podemos. Crear informes con cuentas bancarias falsas atribuidas a dirigentes secesionistas o sobre una financiación de Irán al partido de Pablo Iglesias que nunca existió. Alguien fue también quien decidió que la cloaca serviría no solo para atacar a los adversarios políticos sino que permitiría cerrar la caja b del partido sin que nadie se enterase. Y como siempre, con dinero de todos.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cinismo-m-rajoy_129_6211524.html

El policía que investiga la caja B concluye que el Gobierno del PP buscaba «un arma» para chantajear a Bárcenas

El inspector jefe que ha investigado durante más de una década Gürtel y la caja B del PP asegura en un informe entregado al juez de la causa de corrupción que el espionaje a Luis Bárcenas tuvo entre sus finalidades obtener documentos que permitieran al Partido Popular «anticiparse» a la actuación judicial en su «estrategia de defensa», así como disponer de «un arma a su favor en una negociación» con el extesorero del partido, que había comenzado a confesar la financiación irregular durante al menos veinte años.

En un extenso informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el inspector jefe Manuel Morocho analiza la documentación del espionaje que remitió el Juzgado número 6, el del caso Villarejo y la Operación Kitchen al juez de la caja B. Se trata de conocer la incidencia del espionaje a Bárcenas que tuvo la «operación parapolicial» en la investigación judicial de la caja B. 

«Se trata de informacion de inteligencia, en el sentido de conocimiento, que una vez integrada y analizada permite darle un uso operativo para anticiparse a las actuaciones judiciales previniéndose de los riesgos que las mismas pueden entrañar en su estrateiga de defensa», escribe el agente 81.067 de la UDEF. 

Asimismo, el Ministerio del Interior, al que el investigador atribuye directamente la operación de espionaje extrajudicial, buscó «las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno» para contar con un «arma a su favor en una negociación» el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular. 

«Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción sobre la práctica de diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez (…) así como de la unidad policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencia y propuesta de actuaciones», asegura el agente 81.067 en su informe. 

Para el inspector jefe Morocho, los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, «confirman la veracidad del contenido de la cuenta analítica de donativos y la naturaleza de la misma en el sentido de la existencia de dinero negro recibido por le Partido Popular con origen en donantes adjudicatarios de obra pública que se aplicaba en parte al pago de cantidades a cargos públicos de la formación».

Uno de esos documentos, revelado por El Independiente, muestra que presuntamente se destinaron hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para Rajoy y sus exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos. Según el informe, su contenido guarda “una correlación objetiva, subjetiva y temporal con el contenido de la contabilidad gestionada por Luis Bárcenas”.

Los investigadores también hallaron en casa de Villarejo documentos manuscritos elaborados por parte de Rosalía Iglesias, apuntes relativos a la campaña electoral municipal y autonómica del año 2003 del PP de Madrid e información sobre “facturación diversa” que los mandos policiales de la Operación Kitchen habían sustraído a los Bárcenas. 

El informe afirma también que Sergio Ríos, el chófer que participó como topo en la operación, y el comisario Andrés Gómez Gordo sustrajeron a través de un disco duro externo “información de carácter digital” que estaba en poder del extesorero para que estuviera bajo “control” y pudieran conocerla “responsables” del PP. De esa forma, dice el inspector jefe de la UDEF, también se pretendía evitar esa “información sensible” fuera difundida a terceros y que “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación. 

https://www.eldiario.es/politica/policia-investiga-caja-b-concluye-interior-busco-evitar-riesgos-pp-arma-chantajear-barcenas_1_6211410.html

Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP

Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP

Las interferencias para reducir la trama Gürtel a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones comenzó desde practicamente el mismo momento en que estalló el caso en 2009. Algunas de esas maniobras, en el ámbito de la instrucción judicial, son públicas. Otras, caso de las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, si bien los funcionarios policiales y de la Administración de justicia que las padecieron aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue más allá e incluyó la presunta comisión de delitos, ordenados desde el núcleo mismo del Gobierno de Mariano Rajoy con el mismo fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el Partido Popular no dudó en recurrir para ello a las cloacas del Estado, denominación un tanto inconcreta que el sumario del caso Villarejo va ayudando a perfilar.  

Los ataques a los casos Gürtel y caja B no evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy terminara cayendo fruto de una moción de censura, motivada a su vez por la sentencia sobre la “primera época” de la trama de corrupción y sus demoledoras referencias a la financiación irregular del PP. Aun así, los interrogantes que todavía arroja el caso del espionaje a Luis Bárcenas impiden concluir si la “operación parapolicial” fracasó o, por el contrario, evitó que afloraran pruebas más graves de las que se mostrarán en el juicio de la caja B. No en vano, los miembros de la cúpula del partido que aparecían recibiendo sobresueldos en las anotaciones del tesorero han evitado el banquillo, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Tampoco serán juzgados los empresarios que nutrían con dinero negro esos supuestos sobresueldos.

En la Operación Kitchen están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Anticorrupción y el juez del caso Villarejo creen que actuaron de forma partidista para beneficiar a dirigentes del Partido Popular. En otras ocasiones, el sabotaje del caso se tradujo en presionar o directamente deshacerse de policías incómodos para los intereses de la formación en el Gobierno. 

El 1 de abril de 2013, elDiario.es desveló que la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado también en Kitchen, acosaba a los investigadores de Gürtel y la caja B por orden de Interior. Todos los miembros del Grupo XXI fueron llamados a declarar como sospechosos de haber filtrado el informe que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. A ese informe habían tenido acceso las decenas de abogados personados en el proceso. Un interrogatorio de Asuntos Internos, la unidad destinada a investigar a agentes que cometen delitos, es una de las experiencias más desagradables para un policía. El jefe de aquel grupo, el entonces inspector Manuel Morocho, fue reiteradamente denunciado por los imputados en las distinas piezas de Gürtel. En la oposición, el PP fue a los juzgados para frenar a la UDEF, como “máquina de fabricar pruebas” contra su partido. Era la época en que Federico Trillo dirigía la estrategia judicial del partido.

Uno de aquellos mandos denunciados fue José Luis Olivera, “Oli” o “Pepelu” en las referencias que a él que hacen Villarejo y otros policías en el sumario de la Operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tiene a Olivera en el foco por practicar un posible doble juego, intentando limitar el alcance de la investigación policial contra el PP pese a haberla dirigido en el pasado. Cuando el Ejecutivo cambió de manos, Olivera, lejos de ser destituido, fue ascendido y acabó siendo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno de Rajoy. Era uno de los policías que tenía trato directo con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. 

El máximo responsable policial de la UDEF es el comisario general de Policía Judicial. El PP tuvo tres en el primer año de Gobierno. Al primero lo destituyó por haber sido nombrado por el PSOE; al segundo, por ordenar la investigación del ático de Ignacio González sin haber informado a sus superiores; y al tercero, que ya había integrado la cúpula de la Policía con Aznar, por no frenar las investigaciones de Gürtel cuando el caso arreciaba contra el partido, poco después del informe que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato. Al reputado comisario José García Losada se le incluyó en una reestructuración más amplia anunciada con una nota a las nueve y media de la noche. Poco antes, el ministro del Interior había atribuido en Abc el informe de los regalos de la Gürtel a Ana Mato a “elementos” de la unidad que trabajan directamente para el juez y no a la propia UDEF. 

Aquel Grupo XXI de la Policía que sacó adelante el caso Gürtel, en colaboración con el juez Ruz y las fiscales Anticorrupción, fue desguazado poco a poco hasta el día de hoy. Solo continúa rematando informes el ya inspector jefe Morocho, que al ascender ha sido destinado a Canfranc, a dónde ha pedido traslado después de no recibir ninguna oferta para desempeñar sus habilidades en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y con la UDEF al mando del mismo comisario que dejó el PP. Morocho deja atrás una UDEF desmoralizada y sin medios después de haber sido la unidad protagonista en los casos más sonados contra la corrupción. 

El propio instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Ministerio de Justicia decidió sacar una convocatoria extraordinaria de plazas para acabar, explicó, con la interinidad de esos puestos. Entre ellos se encontraba el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ruz dejó de investigar la causa de la financiación irregular del PP para ponerse al frente de un juzgado de Móstoles, donde continúa a día de hoy. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del Partido Popular tras negarse la formación reiteradamente a entregar la documentación que le requería. 

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015. Dos años antes había expulsado al PP de la acusación popular del caso Gürtel con el argumento de que en realidad se dedicaba a defender a Luis Bárcenas. El PP no desistió e intentó igualmente personarse como acusación cuando se abrió el caso de la caja B. El magistrado tuvo que explicar que resultaba “incompatible” aceptar al partido como acusación en una causa que investiga su financiacion irregular. En la jornada inaugural del juicio de Gürtel, el abogado del PP se unió a la petición de nulidad de la causa planteada, entre otros, por Luis Bárcenas.

Aquel día se recordará por la intervención de la fiscal Concha Sabadell [leer aquí La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel) ]. Ella y su compañera Myram Segura habían avalado en 2009 las intervenciones de las comunicaicones de los encarcelados de forma provisional en Gürtel porque tenían indicios de que los acusados estaban moviendo el dinero de la corrupción en colaboración con sus abogados. Aquello se llevó por delante la carrera del juez que acordó los pinchazos, Baltasar Garzón, y a punto estuvo de afectar a las fiscales. El letrado Ignacio Peláez, que defendía a un constructor próximo al PP, José Luis Ulibarri, quiso extender la causa contra Garzón a las fiscales por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, pero el Supremo desestimó la querella. 

El abogado Peláez, ya fallecido, aparece también en el informe de Anticorrupción sobre la Operación Kitchen. Los investigadores han descubierto que realizó gestiones para contratar al conglomerado empresarial de Villarejo “con el fin prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel). Aunque formalmente, Peláez solo defendía a Ulibarri, Villarejo se refiere a él en la documentación incautada como “letrado director” y Anticorrupción asegura que era “un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular” investigados en Gürtel. Los papeles, dice la Fiscalía, “no reflejan una contratación sino unos actos previos para ello”.

Más allá de la operación en el marco de la brigada política, el Partido Popular recurrió a Villarejo individualmente para abortar el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de una reunión entre el policía y la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, junto al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la planta noble de Génova. «¿Tú estarías en disposición de hacer encargos puntuales?», le pregunta el empresario a Villarejo en presencia de la número dos del PP. «No tengo ningún problema», respondió el policía. La reunión se produjo en julio de 2009, el día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo.

Con el PP todavía en la oposición se había producido la reunión en la que Bárcenas pidió a Rajoy la cabeza de las fiscales, a las que acusaba de animadversión. Fue en compañía de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su amigo, el que fuera secretario general del PP Javier Arenas, en un despacho de la sede de Génova. Bárcenas recibió aquel día la promesa de Rajoy de que «todo va a cambiar» cuando él llegara a Moncloa. No fue así, al menos para Sabadell, que continuaba en el caso, aunque las presiones se incrementaron. Desde el Gobierno, destacó Jorge Fernández Díaz en las peticiones de explicaciones a la Fiscalía General por el «sectarismo» de las fiscales. 

Antes de que Bárcenas dejara de estar aforado, cuando la competencia del caso recayó en el TSJM, el juez Antonio Pedreira llegó a levantar la imputación del tesorero. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado, a quien le fue asignado un ayudante por la Comunidad de Madrid que fue facilitando información de todos los movimeintos que iba a adoptar Pedreira. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que «nadie podrá probar» que Luis Bárcenas no fuera inocente.

El Partido Popular todavía alberga la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura contra Rajoy. En ese ánimo pesa el éxito de la recusación del juez José Ricardo de Prada, al que los conservadores atribuyen los párrafos que aluden en ella a la caja B del PP. La ajustada decisión de la Sala de lo Penal de apartar a De Prada del tribunal que juzgará el caso del dinero negro -ocho votos contra siete en un pleno de abrumadora mayoría conservadora- asegura que esas menciones a la financiación irregular no eran “absolutamente necesarias” en la sentencia por la Primera Época de Gürtel. Más suerte tuvo el PP en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en los que el tesorero decía guardar más pruebas de la financiación irregular, y del que el partido resultó absuelto tras ser la primera formación politica de la historia de España que se sentaba en el banquillo.

En su investigación de la Operación Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción ha destapado el “interés” que el Partido Popular y su secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, tenían en que la brigada política de la Policía recuperara las supuestas pruebas de la caja B que Luis Bárcenas escondía cuando comenzó a tirar de la manta en el verano de 2013, al poco de ser encarcelado. Ese interés, dice Anticorrupción en su informe de la Operación Kitchen, tenía “una doble dirección” en el caso de Cospedal: “directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros dirigentes del mismo”.

A esto hay que añadir las referencias de los investigados al conocimiento que Mariano Rajoy tenía de la operación, especialmente las del secretario de Estado de Seguridad de su Gobierno. “Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, dejó Francisco Martínez por escrito. El número dos de Interior dice alude en dos de sus mensajes a la presunta participación del CNI en el espionaje a Bárcenas.

https://www.eldiario.es/politica/acoso-jueces-policias-cambio-encargos-villarejo-historia-sabotaje-causa-judicial-pp_1_6208892.html

La confesión del nuevo juguete roto del PP

La confesión del nuevo juguete roto del PP

Se llama Francisco Martínez. Fue el número dos del Ministerio del Interior, bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Está siendo investigado por la Justicia, acusado de participar en uno de los mayores escándalos de la historia democrática española: la ‘Operación Kitchen’, el espionaje a Luis Bárcenas, el tesorero que sabía demasiado. 

Francisco Martínez, entonces número dos de Interior, está en el epicentro de esa operación. Es al que acusan de dar las órdenes, de autorizar los pagos con fondos reservados. Está imputado y se juega varios años de cárcel por un presunto delito que sin duda no solo él cometió.

Francisco Martínez se ha convertido en el juguete roto. En el cabeza de turco. En el hombre abandonado por todos, y que no quiere comerse el marrón. 

elDiario.es ha accedido a un importante documento que explica bien la situación. 

Es una carta que forma parte de la investigación judicial y que la Fiscalía reproduce en el escrito donde piden que se impute a los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. La carta la escribió Francisco Martínez. Se titula «Mensajes para trasladar» y fue encontrada en el apartado «Notas» de uno de sus teléfonos móviles. 

En negrita, en varios párrafos, reproduzco la carta íntegra de Francisco Martínez. Fue escrita el 13 de noviembre de 2019, pocos días después de la última derrota electoral del PP. 

Entre líneas, van mis comentarios para entender la confesión de Martínez; lo que el juguete roto de la Kitchen pide al partido que le abandonó.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «El asunto judicial que comenzó en noviembre de 2018 me ha producido un enorme daño personal, familiar, reputacional y profesional. No solo me he visto expulsado de la vida política (esto es lo que menos me importa) sino que mi mujer lleva un año pasándolo muy mal, he perdido ofertas en el sector privado, etc. 

En todo este tiempo NADIE del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío. Al final es la idea que ha calado en la opinión pública: que el llamado «espionaje a LB» fue un asunto mío…».

Martínez había sido apartado del Congreso pocos meses antes de que escribiera esta confesión. Tras la moción de censura que derribó a Rajoy, siguió como diputado. El nuevo equipo, el de Pablo Casado, lo sacó de las listas en abril de 2019. 

Lo que él llama «espionaje a LB» (las siglas de Luis Bárcenas) fue una de las misiones más sonadas de la cloaca, esa policía política que cruzó todos los límites durante el último gobierno conservador. 

Al lado de este escándalo, el Watergate parece un juego infantil. Nixon dimitió porque colocó micrófonos en un hotel para grabar a sus rivales. El Gobierno de Rajoy utilizó todos los resortes del Estado para atacar a sus rivales políticos: Podemos y los independentistas. Esa misma policía política también intentó eliminar las pruebas que Luis Bárcenas escondía y que implicaban a la cúpula del PP en la corrupción del dinero negro, las mordidas y los sobres en B. Todo presuntamente con dinero público y usando a funcionarios del Estado. 

Nada les parecía demasiado. Ningún reparo moral les frenó. Entre otros presuntos delitos, según investiga el juez, llegaron a sobornar a un delincuente común para que se disfrazara de cura y secuestrara a punta de pistola a la familia de Bárcenas, al grito de «dónde está el puto pen drive». 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «La semana pasada, mientras los medios anunciaban mi imputación, JFD se daba un baño de masas presentando sus memorias (un repugnante gesto de vanidad que le define muy bien). Y yo me tengo que pagar mi abogado de mis casi inexistentes ahorros».

JFD es Jorge Fernández Díaz: su superior directo como ministro del Interior, donde le colocó su amigo íntimo, Mariano Rajoy. Cuando estalló el escándalo y uno de los comisarios de la cloaca acusó a Francisco Martínez de dar las órdenes de ese espionaje parapolicial, Fernández Díaz eludió cualquier responsabilidad. «No me consta para nada, me estoy enterando ahora», aseguró el exministro en una entrevista que enfadó a su antiguo número dos.

Al verse abandonado a su suerte, Martínez hizo lo habitual en esta situación; lo mismo que hizo unas décadas antes Rosendo Naseiro, cuando fue cercado por la Justicia y vio que sus jefes le podían dejar caer. Se fue ante un notario y allí presentó las pruebas de que no actuaba solo: en el caso de Martínez, los mensajes SMS sobre el espionaje a Bárcenas que cruzó con el exministro Fernández Díaz y que también publicamos hoy

«El asunto que investiga la AD (al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios) NO fue una iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras, el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información».

La «AD» es la Audiencia Nacional. Y el año 2013, cuando «las instrucciones MUY CONCRETAS» (todas las mayúsculas aparecen tal cual en el escrito original) no es un año más en la historia del PP. 

A principios de 2013, se conocieron las cuentas ocultas en Suiza de Luis Bárcenas. El tesorero del partido empezó a ser abandonado por el PP, que hasta entonces lo había protegido. Bárcenas se vio acorralado y decidió contraatacar con todo lo que tenía: toneladas de información comprometida sobre los trapos sucios de su partido. Sus maniobras de defensa, sus amenazas de ‘tirar de la manta’, acabaron provocando la filtración de los papeles de Bárcenas: la contabilidad en B de años y años de donaciones ilegales y sobresueldos en negro a dirigentes del PP. 

A finales de junio de 2013, Bárcenas entró en prisión. Pero desde la cárcel continuó su presión sobre el Gobierno de Rajoy; una extorsión, en busca de protección. Pronto llegó un nuevo aviso. El Mundo publicó los SMS que Luis Bárcenas intercambió con Mariano Rajoy cuando se destapó su cuenta en Suiza. «Sé fuerte, hacemos lo que podemos», le decía el presidente español.

Esos SMS se publicaron el 14 de julio de 2013. Qué casualidad. Las «instrucciones MUY CONCRETAS» para espiar a Bárcenas llegaron, según Martínez, justo el día anterior: el 13 de julio. Probablemente el ministro Jorge Fernández Díaz supo unas horas antes que era inminente esa publicación. Y el PP se dio cuenta de que su extesorero, aun en la cárcel, estaba fuera de control.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era ‘el asunto más importante que teníamos entre manos’… Y todo eso lo puedo demostrar.

Llegados a este punto, no tengo otro interés que centrarme en mi vida personal y dejar atrás esta etapa. No tengo cuentas pendientes con nadie ni el menor interés en perjudicar a nadie, TODO LO CONTRARIO.

Sin embargo, no voy a permitir absolutamente ningún perjuicio más para mí o para mi familia por esta historia. ABSOLUTAMENTE NINGUNO. No he hecho ninguna declaración y no me interesan nada los medios, pero si me cita el Juez seré muy claro en todas las explicaciones y entregaré todo el material probatorio que pueda aportar. Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia». 

Es una lástima que por el momento no sepamos quién era el destinatario de esta carta que escribió Francisco Martínez. Por el contexto, se trata de una persona importante del PP al que le traslada una nada velada amenaza: si me dejáis solo, cantaré. Lo mismo que hizo Luis Bárcenas, años atrás. 

A continuación, la carta cambia de estilo y se convierte en un manual de instrucciones sobre lo que puede hacer el PP para ayudar a Martínez y que no acabe tirando de la manta. Porque toda amenaza es incompleta sin una exigencia a cumplir.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «En el punto en el que estamos se pueden hacer las siguientes cosas.

Evitar a toda costa la citación dejando que este asunto quede un tiempo ‘dormido’, lo cual no debería ser difícil, teniendo en cuenta que ese juzgado está sobrecargado de asuntos y que el principal acusado en esta pieza está MUY ENFERMO. No parece difícil dejar este asunto un tiempo y centrarse en otros, que hay muchos y son mucho más importantes». 

El juzgado «sobrecargado» es el Central de Instrucción número 6, de la Audiencia Nacional. Además de todo el caso Villarejo y sus múltiples piezas separadas también investiga la trama Púnica, el caso Lezo, los CDR catalanes…

En cuanto al «principal acusado» que está «muy enfermo», Martínez se refiere al comisario Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’. Es uno de los principales imputados en toda la trama Villarejo y fue quien señaló a Martínez como responsable político del espionaje a Bárcenas.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Hay personas con una relación muy estrecha con el titular del Juzgado (ejemplo, Zoido). También debería haber personas con capacidad de llegar a los fiscales que están OBSESIONADOS con esta pieza, por venganza, por afán de notoriedad (Jesús Santos fue el preparador del fiscal Stampa)». 

El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional es Manuel García Castellón. Durante años vivió en París y Roma como juez de enlace, en un puesto muy bien remunerado al que le ascendió en su momento el Gobierno de Aznar

Lo de «hablar con los jueces» no fue algo que Martínez pidiese sin más. También lo practicó. La investigación judicial recoge una conversación por SMS entre Francisco Martínez y el mismísimo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Son estos mensajes, que aparecen en el sumario judicial.

En cuanto al fiscal Stampa, se refiere a Ignacio Stampa Fuente. El nombre les sonará. Es el fiscal del equipo de Anticorrupción al que hace apenas unas semanas toda la derecha acusó de actuar en connivencia con Podemos en el llamado ‘caso Dina’, ese supuesto escándalo de Podemos y Pablo Iglesias donde algunos medios intentaron convertir en culpables a las víctimas de la cloaca policial. 

La acusación contra Stampa era bastante descabellada, teniendo en cuenta que la Fiscalía se opuso a la inmensa mayoría de las peticiones que hizo Podemos en el tiempo en que estuvo personado en el caso Villarejo. Ahora que se ha levantado el secreto de sumario de la operación Kitchen, el señalamiento a Stampa –el fiscal que lleva este caso– se entiende mucho mejor. 

En cuanto a Jesús Santos, el que Martínez plantea que «hable con Stampa», se trata de un abogado, antes fiscal, que ha trabajado en varias ocasiones para el PP.

Que un dirigente del PP pida a su partido que presione a jueces y fiscales no es una gran novedad. Es el modus operandi. Lo hacía Bárcenas con Rajoy –y Rajoy le contestaba con el «hacemos lo que podemos»–. Lo hacían Eduardo Zaplana e Ignacio González con el Gobierno anterior.  

Herramientas no le faltan al PP para presionar. Y con estas cosas se entiende mejor las maniobras del partido para mantener de forma filibustera su control sobre el Poder Judicial, a través de un CGPJ con el mandato caducado, con el que pretenden nombrar a tres nuevos jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide si un político corrupto es culpable o inocente. 

Para muchos dirigentes del PP, el control de la Justicia es una auténtica obsesión. Algunos se juegan mucho: acabar con sus huesos en prisión. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Es importante que el Gobierno NO desclasifique nada más. Marlaska ha generado un gran daño mediante una desclasificación masiva de documentos para montar un ‘escándalo político’, probablemente para impresionar a su actual jefe y demostrar que tiene el pedigrí socialista que durante años negó. Lo que deben tener claro es que yo pediré autorización para hablar de TODO y tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron. Si lo que se pretende es desclasificar y liberar el secreto, será sobre TODO, no solo sobre a lo que mí me puede perjudicar. Precisamente, mi defensa estará basada en esta liberación del secreto sobre todo aquello que pueda justificar que yo no actué fuera de la ley y que cumplí instrucciones que también tenían otros. Por tanto, es importante que no se DESCLASIFIQUE NADA.

Si hay noticias en la prensa sobre este asunto, deberían hacerse declaraciones de apoyo, en lugar de ‘ponerse de perfil’.

Cuando Francisco Martínez habla de «otros servicios que intervinieron» en el espionaje a Bárcenas, se está refiriendo al CNI. Así figura también en algunos de los mensajes que Martínez llevó al notario para acreditar que recibía órdenes de su superior, el ministro Fernández Díaz. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Nos consta que desde el Ministerio de Marlaska están pidiendo a periodistas (concretamente a El País, a través de Óscar LOPEZ Fonseca) que hagan mucho ruido con este asunto antes del 10-N. Convendría darles un ‘toque’…».

Convendría dar un «toque» a los periodistas. Todo muy respetuoso con el derecho a la información. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Es totalmente injusto que yo pague de mi bolsillo el abogado (de momento, 12.000 euros). Creo que este gasto debería sufragarse de otro modo».

El exsecretario de Estado, a su manera, tiene razón. Si durante años el PP gastó más de un cuarto de millón de euros en la defensa judicial de Luis Bárcenas, ¿con qué argumento negarle el pago del abogado a él?

FRANCISCO MARTÍNEZ: «El desastre que supuso la detención del Yeti lo provocó FSR, con pleno conocimiento de SSS y bajo la pasividad total de Zoido. Que nadie pretenda ahora que este problema es mío».

«El Yeti» es uno de los muchos apodos del comisario Villarejo. «FSR» son las iniciales del anterior jefe del CNI, Félix Sánz Roldán. Y «SSS», las iniciales de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría»: la que mandaba en el CNI. 

«Que nadie pretenda ahora que este problema es mío», termina su carta el juguete roto de la Kitchen. En eso tiene toda la razón. 

https://www.eldiario.es/escolar/confesion-juguete-roto-operacion-kitchen_132_6206769.html

Los cuatro mensajes que implican a Jorge Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas

Los cuatro mensajes que implican a Jorge Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas

Los cuatro mensajes que implican al exministro Jorge Fernández Díaz en la operación de vigilancia y seguimiento del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas durante el verano y otoño de 2013 fueron depositados ante notario el 13 de junio de 2019 por su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tal y como adelantó elDiario.es. En estas conversaciones el titular de la cartera de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy pone en conocimiento de su subalterno la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas y que resultó ser el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional.

El primer mensaje depositado ante notario, fue enviado por Fernández Díaz a Martínez el 13 de julio de 2013 a las 20.29. “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)». Dos horas después llegó el segundo: «Es importante». 

Estas conversaciones fueron registradas por un notario en verano de 2019 después de que el comisario Enrique García Castaño, también investigado en la causa, declarase ante el juez que el exsecretario de Estado de Seguridad era informado puntualmente de la investigación a la familia Bárcenas. 

El tercer mensaje se produjo el 2 de agosto de 2013 a medianoche, con una interlocución iniciada por el propio Martínez, según las conversaciones depositadas ante notario, en la que lanzó a su jefe el siguiente mensaje: «Entiendo que hablamos mañana en cuanto tenas (sic) el contacto Cecilio. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado». A lo que Fernández Díaz respondió: “Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info «. «Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Bs noches», finalizó Martínez. En este caso, en este intercambio de SMS se apunta, como adelantó elDiario.es, a la implicación del CNI en el espionaje a Bárcenas ya que «Cecilio» es una de las denominaciones extendidas entre los policías nacionales para referirse a los miembros del CNI

En octubre de 2019 Martínez volvió a la notaría para que quedase registrado un mensaje más del exministro del Interior. De esta forma, el exsecretario de Estado de Seguridad dejó constancia de una cuarta comunicación, recibida el 18 de octubre de 2013 y más extensa que las anteriores. En ella el miembro del Gobierno de Rajoy aludía al triunfo de una actuación. «La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo ( 2 iphone y 1 i pad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)», apuntó. A continuación añadió: «Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información … veremos. Te informo». Estas comunicación son “concluyentes” para la Fiscalía, el Ministerio Público considera que estos cuatro mensajes evidencian “el conocimiento de detalle que el entonces ministro del Interior tenía respecto al desarrollo y ejecución de la operación». 

https://www.eldiario.es/politica/cuatro-mensajes-implican-jorge-fernandez-diaz-espionaje-barcenas_1_6206623.html

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

Por sorpresa, y con el país conteniendo la respiración ante el previsible estado de alarma que se declararía al día siguiente, los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano se presentaron del 14 de marzo pasado, a media mañana, en el domicilio madrileño de quien había sido secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez. Al revisar días después el clonado de su teléfono móvil, los agentes de Asuntos Internos encontraron la confesión que vincula al núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación para reventar el caso más grave de corrupción que ha afectado al Partido Popular en su historia, el que hizo aflorar dos décadas de financiación con dinero negro procedente de grandes empresarios que recibían contratos de la Administración.

“Es el asunto más importante que tenemos entre manos”. Así reproducía Martínez en las notas de su teléfono la instrucción que según él recibía constantemente de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, sobre el espionaje a Bárcenas, según aparece en un informe de Anticorrupción. La frase podría no pasar de ser una apreciación discutible si se tratara de un verdadero dispositivo policial y no de la “operación parapolicial” por la que está imputado el número dos de Interior, el máximo responsable operativo del Cuerpo y una larga nómina de mandos a la que previsiblemente se sumarán en los próximos días el exministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy. El jefe de Martínez consideraba esos seguimientos a Bárcenas más importantes que cualquier operación antiterrorista. Y también la entonces secretaria general del Partido Popular y antigua ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 

El informe que Anticorrupción ha mandado a la Audiencia Nacional para que se impute a ambos está plagado de referencias que hacen los mandos policiales al supuesto conocimiento que de la operación tiene Mariano Rajoy, al que llaman “el asturiano” o “el barbas”. En los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad hay uno que condensa las sospechas hacia el antiguo presidente del Gobierno. Martínez escribió el 19 de septiembre de 2019: “Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán Fernández Díaz y probablemente Rajoy”. La declaración como investigado del exministro del Interior está pendiente de la firma del juez instructor, Manuel García-Castellón.

El documento remitido por la Fiscalía está plagado de maniobras para tratar de entorpecer la investigación sobre el caso. En uno de los pinchazos telefónicos, Martínez recurre al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y en la charla alude directamente a Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal. «Esta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más, pues como sabes muy bien mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal». «De eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer», añade el exnúmero dos de Interior, que todavía no ha declarado en la Audiencia Nacional.

El juez también debe decidir sobre la petición de la Fiscalía sobre la número dos del PP en esa época, María Dolores de Cospedal. Del audio que grabó Villarejo con ella y su marido en la planta noble de Génova, la sede nacional del partido, los fiscales concluyen que la secretaria general estaba interesada en que triunfara la operación de espionaje en “una doble perspectiva”: “Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

El verdadero resultado de la operación sigue siendo un misterio. En la causa consta que los policías robaron una serie de documentos de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, sin pruebas concluyentes contra el partido. Sin embargo, Villarejo alude insistentemente en las conversaciones grabadas que mantiene con Enrique García Castaño a que éste debe utilizar un supuesto audio que Bárcenas grabó a Mariano Rajoy y que nunca ha trascendido. Tanto Rajoy como Cospedal aparecían en los papeles de Bárcenas como perceptores de sobresueldos, una línea de investigación del caso de la caja B que nunca prosperó en los tribunales por falta de pruebas.

El exsecretario de Estado de Seguridad, quien a lo largo de las conversaciones que mantiene con distintos interlocutores se retrata a sí mismo como el chivo expiatorio de unas maniobras en las que estaban involucrados algunos de sus jefes en el Gobierno y el PP, se guardó cuatro mensajes que probaban que la Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, era una instrucción del ministro del Interior Fernández Díaz. Los fiscales sabían antes del registro que encontrarían los documentos que había depositado Francisco Martínez en un notario con los mensajes en julio de 2019, para que diese fe de ellos cuando Martínez ya se rumiaba su imputación. Pero los fiscales no esperaban que el actual teléfono de Martínez, distinto del que utilizaba en su etapa como alto cargo de Interior, contuviera tantos datos relevantes. 

Francisco Martínez tomó la decisión de ir al notario para defenderse de lo que se le podía venir encima, pero también indignado con una entrevista de Fernández Díaz en la que el exministro aseguraba desconocer por completo el espionaje a Bárcenas y hacía una defensa de su número dos que este consideró muy tibia. “En todo este tiempo nadie del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío”, escribe el 13 de octubte de 2019 Francisco Martínez en su teléfono móvil sobre sí mismo. 

“No fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibía instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información”, continúa Martínez su relato, que hace referencia al mensaje depositado ante notario en el que Fernández Díaz le informaría de la identidad del chófer que la brigada política había infiltrado en el entorno de los Bárcenas cuando el extesorero entró en prisión y empezó a tirar de la manta. 

En su móvil, Martínez continúa confesándose: “A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesa, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos. Y todo eso lo puedo demostrar”. Todas estas reflexiones las escribe el político que ocupó uno de los despachos fundamentales en el mantenimiento de la seguridad del Estado bajo el epígrafe: “Mensajes para trasladar”.

La confesión del teléfono de Martínez se agrava cuando comienza a referirse a otros miembros del Gobierno. El antiguo número dos de Interior califica la detención del comisario José Manuel Villarejo, al que se refiere como “El Yeti”, de “desastre”. El policía está encarcelado desde 2017 por liderar una organización criminal. Una de la treintena de piezas en las que está imputado es el espionaje a Bárcenas. Su arresto se produjo en la segunda legislatura de Rajoy, con Martínez fuera ya del Gobierno. Aquel “desastre”, añade, lo provocó “FSR”, siglas del director del CNI entonces, Félix Sanz Roldán, “con pleno conocimiento de SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada”.

No es la única referencia a la participación de los servicios secretos en los seguimientos a Bárcenas. Uno de los mensajes que depositó ante notario apunta a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en la operación para recuperar información comprometedora para el PP, una función que supone una perversión de las funciones reguladas por Ley del servicio de Inteligencia y que, de haberse producido, agravaría la utilización de las instituciones por parte de la formación entonces en el Gobierno. 

En ese mensaje que ahora figura en la investigación, Martínez pide a Fernández Díaz el “contacto cecilio” —nombre utilizado en la Policía para referirse a los integrantes del CNI”— en la Operación Kitchen y el ministro se compromete a facilitárselo más tarde, cuando finalice la reunión del gabinete de Rajoy. La confesión guardada en su teléfono revela otra acusación hacia el servicio de Inteligencia. “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”, escribe Martínez en su teléfono.

El texto del móvil reaviva las sospechas sobre el funcionamiento de otras instituciones del Estado y su relación con el Partido Popular. En su intento desesperado por defenderse de una operación que según Martínez no iba con él, el exsecretario de Estado cree que se puede utilizar las conexiones del partido, supuestamente una del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “muy estrecha”, con el juez instructor; y otra del abogado que suele defender al PP, Jesús Santos, antiguo preparador de las oposiciones del fiscal Stampa, uno de los miembros de Anticorrupción que investiga el caso, según dice. En otra comunicación intervenida, Martínez llama a los dos fiscales del caso “alimañas”.

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