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La «medicalización» de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato

La «Operación Bicho», que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para «medicalizar las residencias» durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.

La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.

El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena», llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.

El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.

Aspiraban a ser «reyes» de la gestión sociosanitaria

Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.

En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa».

Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado «para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid», que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.

El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.

Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.

El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. «¿Tienes trabajo? Ahora tienes». Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.

En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado «precontrato» y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.

Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: «Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato». E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena».

Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. «Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida», cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.

Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.

A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama «medicalización de las residencias», en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.

Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido «no continuar» con «los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa». «Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites», planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.

La respuesta de Aragonés fue clara: «Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir». «Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien», añadió.

Aragonés carga contra sus trabajadores

Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje «está sacado de contexto» y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos «no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando». «Igual que los otros dos médicos que tenemos», incide. Asimismo, añade que va a «denunciar» a uno de los profesionales citados «porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal» en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.

La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.

Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios «no le han devuelto firmado en ningún momento». Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: «Exactamente». Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.

El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que «ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España», para ser «homologado». Además, asegura que durante el estado de alarma «no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada». Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es «siempre» una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. «Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios», insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que «no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores» durante el estado del alarma.

La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed «fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas». La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

Respaldados por la asociación de médicos venezolanos

Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que «la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores».

Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta situación no es un caso aislado. «Hemos recibido por parte de más de diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal», apunta.

Dos de los tres médicos llegaron a la empresa ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado de alta. En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder que él no considera eso una relación laboral: «Si usted le dice trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no es un trabajo».

Sin explicación sobre el proceso de contratación

Los sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. «Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba», cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.

No todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó parte de esta intervención y que también asegura sentirse «estafado». En un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed, aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. «No me ha dado finiquito a firmar», insiste este sanitario, que a su vez plantea que Aragonés todavía le debe dinero.

No es el único extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario, una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta situación y la achaca a impagos de empresas privadas. En relación al profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma disciplinaria por «reiteradas faltas de respeto» a otros dos miembros de la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de colegiado en las visitas de las residencias.

CCOO también constató quejas

Las quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los entrevistados le transmitieron que «no estaban cobrando» y «que habían tenido médicos trabajando para ellos sin contrato».

Alonso asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas, técnicas o productivas, «una de ellas, que era una enfermera, ni siquiera estaba en la empresa». «Un fraude a Trabajo y a la Seguridad Social», añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor. Aragonés desmiente las irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del expediente laboral, el gerente de Transamed añade: «Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?».

Los sanitarios consultados por eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos más duros de la pandemia. «Me he sentido solo. Como trabajador, porque no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son lo que son», inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían «entre siete u ocho residencias al día».

Sin la familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha «desbordado» emocionalmente. «Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin consuelo a llorar», recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce días en los que se desarrolló la «Operación Bicho» el registro de muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750 entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la Comunidad.

La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica. El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la creación de un «mando único» y la retirada de las competencias de residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El 12 de marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser «atendidos allí mismo». Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a los ancianos.

https://www.eldiario.es/madrid/medicalizacion-residencias-Comunidad-Madrid-venezolanos_0_1042195938.html

El desastre de las residencias en Madrid abre un boquete sin precedentes en el Gobierno de Ayuso

La gestión de las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus puede suponer la ruptura definitiva del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. La filtración de un correo electrónico enviado por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, alertando del protocolo que impedía el traslado de los ancianos de las residencias a los hospitales evidencia cómo las relaciones entre PP y Ciudadanos han saltado por los aires en la gestión de la crisis.

La aparición del correo también supone un sálvese quien pueda ahora que las dificultades no solo se quedan en el plano político. La orden de no trasladar a los ancianos a los hospitales puede disparar el inicio de una investigación judicial impulsada por familiares y asociaciones que piden responsabilidades penales para Ayuso por la gestión de los geriátricos y que ya está en la mesa del Tribunal Supremo.

Mientras, las constantes tensiones en el seno del Gobierno regional han avivado el debate sobre un posible adelanto electoral ahora que el PP de Madrid crece en algunas encuestas que hunden a Ciudadanos. Aunque en Génova también existe el miedo de que su socio de Gobierno decida unirse al PSOE en una moción de censura que sería apoyada por Más Madrid. Los reproches, las discrepancias y la falta de confianza han sido una constante en el Ejecutivo regional desde el primer día. Pero los últimos acontecimientos abren una disputa sin precedentes que profundiza las grietas internas en la coalición.

Las residencias madrileñas, foco letal

La crisis ha colocado el modelo de residencias en el ojo del huracán. Los geriátricos madrileños han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia.

A la situación previa, muy comprometida, se han superpuesto decisiones muy cuestionadas: el bloqueo al traslado de mayores a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaron a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios; movimientos «caóticos» de personas positivas entre residencias, un modelo de «intervención» de los centros más colapsados consistente en visitas de un funcionario sin apoyo sanitario y falta de material y pruebas para trabajadoras y residentes.

6.007 ancianos han muerto en las residencias de Madrid con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde que estallara la crisis sanitaria, según la última cifra ofrecida por la Consejería de Sanidad este martes. Todos fallecieron en la cama de los centros en los que residían –los datos no incluyen los que perecieron en los hospitales–. Durante el grueso de la crisis, los familiares y los propios centros ya denunciaron que se estaba denegando el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales.

Entonces, todavía no había trascendido a la opinión pública el protocolo, publicado por Infolibre, que Sanidad remitió a las residencias en el que ordenaba que se restringiesen los traslados de determinados pacientes de residencias a los centros hospitalarios.

Pero las órdenes en realidad no se limitó solo a las residencias, como desveló recientemente eldiario.es. Durante la fase aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid también estableció criterios para que los médicos de Atención Primaria designaran qué pacientes de COVID-19 podían y no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo (el los mismos días del protocolo sobre las derivaciones de las residencias), recomendaba dejar fuera a pacientes con «compromiso respiratorio» si tenían más de 80 años y «enfermedad en órgano terminal», aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con «expectativa de vida inferior a un año».

 

Tres días de reproches y contradicciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró este miércoles que el protocolo enviado a hospitales y residencias se trataba de un borrador que nunca llegó a los centros. Mentía. Ayuso daba estas explicaciones después de que un día antes su consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos) tachara de «inmoral» y probablemente «ilegal» esta orden que ha abierto un boquete en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Lo que Ayuso dijo hace tan solo unos días que era un «borrador» tenía la firma del entonces director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur. El documento que recomendó no derivar a los hospitales a los ancianos infectados por coronavirus lleva la firma digital de Mur, cesado por la presidenta madrileña el 13 de mayo.

El consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, confirmó el martes las informaciones publicadas por la prensa sobre esos protocolos establecidos al inicio de la pandemia desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. «No es ético y posiblemente tampoco sea legal», dijo Reyero sobre las decisiones del departamento de Sanidad, que gestiona el PP. El consejero se manifestó «radicalmente en contra» de imponer «unos niveles de exclusión» con base a la dependencia o discapacidad del enfermo, más allá de los «criterios clínicos», que deben imperar en la valoración de cada caso concreto.

El consejero de Ciudadanos desveló también durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid que se había dirigido por escrito en tres ocasiones (el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril) al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para manifestarle su desacuerdo con lo que decían esos protocolos. Reyero aseguró en comisión que ya entonces le había planteado que «si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización de las residencias».

Una de esas comunicaciones la publicaba este viernes El País. Un correo electrónico fechado el 22 de marzo en el que Reyero advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen «en unas condiciones indignas» en las residencias durante la pandemia de coronavirus. El consejero de Ciudadanos también alertaba en su misiva a Ruiz Escudero de que podría incurrirse «en una discriminación de graves consecuencias legales» si en los protocolos se recogía negar el auxilio a personas con discapacidad de cualquier edad. No obtuvo respuesta por parte del consejero de Sanidad, del Partido Popular.

Esta filtración se producía tras otra del departamento de Sanidad a El Mundo que refleja que el papel fue fabricado por Sanidad, pero también lo distribuyó por Políticas Sociales. El cruce de acusaciones ha desatado la guerra entre ambos consejeros.

Escudero habló este viernes de «traición» y acusó a Reyero de «fariseísmo político» por hacer público un correo electrónico que nunca respondió. «Podría haber llamado por teléfono, es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo gobierno, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político la verdad que sorprendente».

Pero el jueves tampoco había sido bueno para Escudero. El consejero de Sanidad admitía en la Asamblea de Madrid que los protocolos llegaron a los centros, aunque dijo que por «error». «El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación era un borrador de los hasta seis borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios», dijo. La nueva versión de Escudero contradecía la ofrecida por Ayuso un día antes cuando aseguró que aunque se estudió «no se llevó a ningún lugar».

El consejero de Políticas Sociales, sin embargo, ponía este viernes en duda que se tratase de un borrador y defendía que fue un protocolo que estuvo en vigor. «¿Un borrador es un documento que está firmado digitalmente y que se pide que se distribuya a las residencias y hospitales? Para mí eso no es un borrador», decía Reyero en una entrevista en la Sexta. «Esos protocolos decían cosas que no son adecuadas, que van en contra de lo que dice la Constitución española», insistía Reyero.

Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida pedirán la reprobación del consejero de Sanidad en el Pleno regional. «Tenemos versiones contradictorias y si el Gobierno no rectifica o no sale a dar explicaciones no descartamos pedir la reprobación del consejero de Sanidad», aseguraba el diputado de Más Madrid, Pablo Perpinyà en declaraciones a los periodistas tras la reunión que mantuvo con el Ejecutivo autonómico para abordar un pacto de reconstrucción en la región. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, confirmaba que su grupo la registrará este lunes. Esta petición se suma a la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que esclarezca lo sucedido en las residencias.

Paralelamente, en el plano judicial, el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia en estos centros. Ayuso goza de aforamiento por su condición de presidenta autonómica. Por eso es el Supremo el tribunal que debe ver la causa.

Las semanas más críticas

La primera voz de alarma estalló el 17 de marzo. La Comunidad de Madrid confirmó ese día el fallecimiento en solo cuatro días de 17 personas mayores de la residencia Montehermoso. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentaba al primer geriátrico fuera de control por un brote. Ese mismo día, Ayuso concedía una entrevista en Telecinco en la que afirmó no tener conocimiento de lo que allí había ocurrido. Era falso. Solo un día antes había recibido un correo de la residencia pidiendo auxilio. Y era el segundo email que enviaba el geriátrico Montehermoso al Gobierno regional; el primero había sido dirigido a la Consejería de Sanidad. Este episodio, desvelado por eldiario.es, es el primer capítulo del gran agujero de gestión de la Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus.

En ese correo, el representante de la residencia ya alertaba de que los traslados de residentes a hospitales se estaban denegando. «Los residentes con sintomatología, algunos de gravedad, no han podido ser derivados al hospital porque, a pesar de que se ha requerido su traslado no han llegado los servicios sanitarios», lamentaba el centro en su comunicación enviada al correo electrónico de la presidenta. No obtuvo respuesta.

La Comunidad de Madrid había anunciado cinco días antes, el 12 de marzo, dentro de su estrategia sanitaria para combatir la epidemia, que las residencias se convertirían en «centros medicalizados». «Vamos a tener cinco recursos asistenciales: las UCI, los hospitales, las residencias de mayores medicalizadas, los hoteles medicalizados y los domicilios», fueron las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Los ancianos serían atendidos en las residencias. Pero esta promesa nunca llegó.

La Consejería de Políticas Sociales denunció a los pocos días el abandono al que estaban sometidas las residencias por parte de Sanidad, cuya gestión compete al PP. El primer choque público entre Ayuso y Reyero llegaba el 21 de marzo, cuando el segundo pidió ayuda al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al Ejército para intervenir los geriátricos. La presidenta regional desautorizó a su consejero y desmintió que esa ayuda fuera necesaria. La Unidad Militar de Emergencias acabó entrando y destapó la situación en la que se encontraban estos centros.

Cinco días después, Ayuso decidía retirar las competencias de las residencias a Ciudadanos el 26 de marzo «descontenta» con la gestión de su socio de gobierno, aseguraron fuentes del entorno de la presidenta regional. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos a esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios y de ayuda para estos centros.

Ahora sabemos que en esos días, entre la petición de auxilio y la retirada de las competencias, la Consejería de Sanidad ultimaba un protocolo que bloquearía el traslado de ancianos a los hospitales. Sanidad envió a hospitales y residencias esta orden firmada por el ya cesado director de coordinación socio sanitaria Carlos Mur los días 18 y 20 de marzo. Después llegaban los correos del consejero de Políticas Sociales al de Sanidad.

Los encontronazos no cesaron. Las dos alas del Gobierno siempre discreparon sobre lo que implica la medicalización de las residencias, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis. Ayuso afirmó el 17 de marzo que lo estaban en su totalidad. La presidenta regional mentía (otra vez). Pero esta ayuda asistencial no terminaba de llegar pese a que la dirigente del PP insistía en ello. «Una residencia medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más», defendió el consejero de Políticas Sociales en el Pleno regional. «No podemos decir que las residencias están medicalizadas porque hoy por hoy no es así», aseguraba después Aguado en una entrevista en eldiario.es. Varios ayuntamientos llevaron a la Comunidad de Madrid a los tribunales y diferentes jueces obligaron al Gobierno regional a proveer a las residencias de los servicios sanitarios necesarios.

El caos de gestión y los rifirrafes dentro de la coalición llevaron a la presidenta a hablar de ceses en su Ejecutivo si se demostraban errores en la gestión de las residencias. Pero su socio de coalición, Ignacio Aguado, le paró de inmediato los pies y le recordó que no tiene capacidad para destituir a un consejero de Ciudadanos según el acuerdo que firmaron y que la hizo presidenta.

Durante esas semanas críticas en las que la pandemia golpeaba las residencias de mayores, Ayuso nunca quiso admitir que la sanidad madrileña había colapsado –tampoco lo hace ahora–. Y mientras su Consejería de Sanidad enviaba los protocolos a los geriátricos y los hospitales que impedían el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales, la presidenta madrileña concedió varias entrevistas en las que tachó de «bulo» las informaciones que apuntaban a una saturación sin precedentes del sistema sanitario. La dirigente del PP llegó a afirmar en el Financial Times el 24 de marzo que Madrid ya estaba preparada para enviar ayuda a otros territorios.

Las numerosas contradicciones y mentiras de la presidenta regional durante los dos meses y medio de pandemia la ponen frente al espejo. Ayuso se enfrenta ahora a los tribunales con numerosos querellas y denuncias contra su gestión, en un gobierno en el que los desplantes y la división son cada vez más profundos y el ambiente más irrespirable.

https://www.eldiario.es/madrid/residencias-Madrid-cronologia-Gobierno-Ayuso_0_1034847171.html

Víctimas invisibles: los centenares de ancianos que mueren con coronavirus en residencias no cuentan en las cifras oficiales de Madrid

En un mes sin coronavirus, en las residencias de mayores de Madrid suelen morir en torno al millar de personas, según el Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso. En el último mes de marzo, sin embargo, el número de ancianos fallecidos en los geriátricos madrileños ascendió a 3.055 personas (3.383 hasta el 2 de abril, la última cifra disponible). Más del triple. La emergencia sanitaria causada por la COVID-19 ha golpeado estos centros en todo el territorio español, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se han convertido en uno de los principales focos de contagios y de víctimas mortales de la enfermedad. Aunque no se sabe cuántos tenían COVID-19, son 2.000 muertes más que no figuran, en su mayoría, en las estadísticas oficiales de muertes con coronavirus que diariamente reporta el Ministerio de Sanidad.

El grueso de estos decesos en las residencias de mayores de Madrid se produjeron en la última semana del mes. La Comunidad de Madrid pasó de registrar 1.065 ancianos fallecidos en las residencias de mayores entre el 1 y el 25 de marzo a sumar 3.383 muertes hasta el 2 de abril. 2.318 fallecidos más en solo ocho días. Para comprender la magnitud de esta cifra, cabe compararla con la de fallecidos que se reportaron en Madrid esos días al Ministerio de Sanidad: en esos ocho días los muertos con coronavirus en toda la región fueron prácticamente los mismos: 2.323.

El Ministerio de Sanidad –en su informe diario– recoge que 5.371 personas que han fallecido en Madrid en las últimas semanas tenían coronavirus. El dato es casi idéntico al que contabilizan en una tabla de excel 76 hospitales de Madrid, que se organizan por su cuenta para tener datos actualizados y gestionar recursos. Según las cifras que manejan la mayoría de estos centros sanitarios (en total hay 102 en toda la región), 5.261 personas murieron en los hospitales madrileños con la COVID-19.

Atendiendo a esta contabilidad, la Consejería de Sanidad solo estaría reportando al Ministerio los fallecimientos de coronavirus que se dieron en los hospitales madrileños. Ni rastro de los fallecidos en las residencias de ancianos: 2.756 hasta el 2 de abril. Desde la Consejería de Sanidad no han querido responder sobre este tema a las preguntas de eldiario.es.

Solo 627 ancianos de las residencias de Madrid murieron en hospitales hasta esa fecha. El resto lo hicieron en las residencias, según informó la Consejería de Políticas Sociales. Hasta el inicio de la crisis vivían en los 475 geriátricos madrileños –entre públicos y privados– unos 52.031 ancianos, por lo que han perecido el 6,5%.

Según admitía este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las cifras sobre el número de fallecidos con coronavirus que hace públicas cada día su Ministerio incluyen a las personas «testadas positivamente» y dejan fuera, por tanto, a quienes han perdido la vida por causas que son sospechosas de ser compatibles con la Covid-19 pero a las que nunca se les realizó un test diagnóstico.

La alta presión asistencial que soportan los hospitales en España dejó como principales damnificados a los mayores de las residencias de ancianos. La saturación redujo al mínimo los traslados de las personas mayores con síntomas de coronavirus que enfermaban gravemente en estos centros en Madrid. En esta situación, las residencias se estaban enfrentando a tratar a pacientes sin los medios de un centro sanitario.

Desde la Consejería advirtieron de que las muertes de los ancianos en las residencias no pueden atribuirse exclusivamente al coronavirus debido a la falta de test para determinar el diagnóstico. Pero debido a esa falta de control, precisamente, se les está excluyendo de las estadísticas oficiales que elevarían el porcentaje de fallecidos en Madrid. Según los propios datos del Gobierno regional han fallecido 2.000 ancianos más durante la pandemia que un mes habitual.

El dato actualizado de muertes en las residencias madrileñas a 7 de abril no lo han querido facilitar a este periódico desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encargada de la gestión de estos centros. La cifra, sin embargo, la deberán reportar ahora todos los Gobiernos regionales al Ministerio de Sanidad por orden del ministro Salvador Illa.

La pandemia ha golpeado a las residencias de todo el país pero nada comparado con lo que está ocurriendo en Madrid. Según los últimos datos facilitados por Catalunya, hasta este lunes, 909 mayores habían muerto por coronavirus en residencias y se habían registrado 1.736 casos positivos. Otros 393 mayores tuvieron que ser hospitalizados. En conjunto en Catalunya viven 64.093 mayores en residencias públicas y privadas. El dato podría ser peor porque la Generalitat ha admitido este martes que no tiene datos sobre el coronavirus del 20% de las residencias catalanas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, hasta el momento se han detectado 837 positivos entre residentes, mientras que han fallecido 191 con coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Justicia ya está trabajando en subsanar esos posibles desajustes y trata de reunir la información sobre defunciones causadas por la COVID-19 que se inscriben y registran en todos los registros civiles de España, tanto los que informatizan los datos en la plataforma ‘Inforeg’, como los que no, con el objetivo de ofrecer una información con «mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad».

Los registros civiles están constatando un incremento de fallecimientos en comparación con la media de los últimos años, con especial incidencia entre los mayores de 75. Los expertos advierten sin embargo de que es pronto para saber qué parte del aumento de la mortalidad en España es achacable a la pandemia.

Díaz Ayuso decidía hace 12 días retirarle las competencias de las residencias de ancianos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), para dárselas a al consejero de Sanidad, del Partido Popular. La presidenta lo hacía después de que el departamento de Reyero informase de que habían fallecido 1.065 ancianos en Madrid. En el entorno de la presidenta lo achacaron al «descontento» por su gestión. Desde que asumió el control la Consejería de Sanidad fallecieron 2.300 ancianos más en ocho días en las residencias de Madrid sin que se informase de ello a la opinión pública.

https://www.eldiario.es/madrid/invisibles-Madrid-residencias-coronavirus-estadisticas_0_1014199304.html

Ábalos dice que el PSOE fue el «más perjudicado» por las «cloacas» policiales y que el Gobierno les ha puesto «fin»

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, ha respondido a Pablo Iglesias que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto «fin» a la policía política del PP. El dirigente socialista ha asegurado que las «cloacas» del Estado se dedicaron a espiar a rivales políticos del Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como concluyó el Congreso, y ha afirmado que Iglesias no fue el «único» afectado sino que hubo muchos más. De hecho, considera que el PSOE fue «el más perjudicado» porque persiguieron, entre otras cuestiones, que Sánchez no fuera presidente. 

«Las cloacas del Estado las hemos sufrido todos», ha respondido Ábalos en una rueda de prensa en Ferraz preguntado por las palabras de Iglesias en El Objetivo (La Sexta), donde reconoció ser víctima del espionaje policial y afirmó que las cloacas siguen existiendo con Sánchez en Moncloa.

«No es solo el señor Iglesias el afectado. No podemos reducir esta labor de espionaje a una sola persona. Entiendo que tiene que reclamar y todos los que se han visto afectados por esa suciedad», ha dicho Ábalos, que ha recordado que hay una investigación judicial y ha dicho que la operación de la «policía patriótica» tiene «nombres y apellidos». El dirigente socialista ha señalado directamente a Ignacio Cosidó, que fue el director de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. 

Ábalos ha negado más adelante que la policía política siga viva y ha presumido de que es el Gobierno de Sánchez ha acabado con esa operación. «Lo importante es que el Gobierno le ha puesto fin», ha expresado.

Además, ha cuestionado que «funcionara» correctamente ya que tenían como «objetivo» que el socialista «no se hiciera con la presidencia» y no ha sido así, ya que lo es en la actualidad, según ha dicho. «Nos parece que todo eso es una suciedad que sobra en un estado de derecho y que hay que combatir. Alguien tendría que asumir responsabilidades», ha declarado. «Cloaca maloliente era», ha zanjado. 

Por su parte, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que «las cloacas» del Estado ya no existen en su departamento porque «se han adoptado medidas claras y contundentes» desde que él ocupa este cargo, según informa EFE.

Otra de las preguntas más recurrentes de la rueda de prensa ha sido los pactos postelectorales que prevé alcanzar el PSOE tras el 28 de abril. Los de Sánchez evitan entrar en ese tema, aunque el propio Ábalos reconoció en una entrevista que prefería el apoyo de Ciudadanos al de los independentistas en una investidura. Sin embargo, ha aclarado que solo se le preguntó por esa disyuntiva -Albert Rivera o los independentistas- y ha dejado entrever que su apuesta es llegar a un entendimiento con Unidos Podemos. 

«La pregunta era muy clara: A o B; no estaban C o D», ha dicho sobre esa entrevista en el Español: «Yo tengo mis preferencias antes de la que tú intentas endosarme», ha rematado. La opción preferida de Sánchez es gobernar en solitario gracias al apoyo de Unidos Podemos y PNV, aunque dependerá de si los resultados en las urnas le dan a esas tres formaciones la suma necesaria. El dirigente socialista ha matizado, no obstante, que la investidura «presupone ningún pacto ni ninguna coalición», que es lo que reclama Unidas Podemos, que ha sido en estos nueve meses su «socio preferente». 

Ábalos ha recurrido a la estrategia del voto útil al PSOE al reclamar el voto para Sánchez para que su permanencia en Moncloa no dependa de apoyos «espúreos». El número tres del PSOE ha asegurado que su apelación a recibir el apoyo de Ciudadanos provocó la respuesta «histérica» de Albert Rivera que reclamó «matrimonio» a Pablo Casado al plantearle inmediatamente una coalición. 

Para el PSOE, la derecha tiene una batalla por la competición de PP, Ciudadanos y Vox que se juegan, a su juicio, «ser o no ser». Ábalos ha arremetido duramente contra el PP por poner en riesgo las pensiones después de que el ‘gurú’ económico de Casado planteara reducirlas. «No conviene jugar con ellas», ha afirmado Ábalos, para quien Daniel Lacalle y Adolfo Suárez Illana con su opinión sobre el aborto pretenden llevarnos «a la prehistoria». 

https://www.eldiario.es/politica/Abalos-PSOE-perjudicado-policiales-Gobierno_0_884011992.html

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