La «Operación Bicho», que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para «medicalizar las residencias» durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.
La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.
El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.
Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena», llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.
El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.
Aspiraban a ser «reyes» de la gestión sociosanitaria
Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.
En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa».
Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado «para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid», que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.
El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.
Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.
El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. «¿Tienes trabajo? Ahora tienes». Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.
En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado «precontrato» y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.
Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: «Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato». E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena».
Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. «Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida», cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.
Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.
A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama «medicalización de las residencias», en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.
Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido «no continuar» con «los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa». «Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites», planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.
La respuesta de Aragonés fue clara: «Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir». «Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien», añadió.
Aragonés carga contra sus trabajadores
Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje «está sacado de contexto» y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos «no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando». «Igual que los otros dos médicos que tenemos», incide. Asimismo, añade que va a «denunciar» a uno de los profesionales citados «porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal» en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.
La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.
Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios «no le han devuelto firmado en ningún momento». Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: «Exactamente». Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.
El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que «ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España», para ser «homologado». Además, asegura que durante el estado de alarma «no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada». Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es «siempre» una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. «Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios», insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que «no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores» durante el estado del alarma.
La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed «fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas». La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.
Respaldados por la asociación de médicos venezolanos
Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que «la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores».
La empresa TRANSAMED sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de los acordado. Cuidado con estos estafadores
— AMEVESP (@AMEVESP17) April 21, 2020
Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta situación no es un caso aislado. «Hemos recibido por parte de más de diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal», apunta.
Dos de los tres médicos llegaron a la empresa ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado de alta. En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder que él no considera eso una relación laboral: «Si usted le dice trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no es un trabajo».
Sin explicación sobre el proceso de contratación
Los sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. «Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba», cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.
No todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó parte de esta intervención y que también asegura sentirse «estafado». En un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed, aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. «No me ha dado finiquito a firmar», insiste este sanitario, que a su vez plantea que Aragonés todavía le debe dinero.
No es el único extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario, una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta situación y la achaca a impagos de empresas privadas. En relación al profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma disciplinaria por «reiteradas faltas de respeto» a otros dos miembros de la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de colegiado en las visitas de las residencias.
CCOO también constató quejas
Las quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los entrevistados le transmitieron que «no estaban cobrando» y «que habían tenido médicos trabajando para ellos sin contrato».
Alonso asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas, técnicas o productivas, «una de ellas, que era una enfermera, ni siquiera estaba en la empresa». «Un fraude a Trabajo y a la Seguridad Social», añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor. Aragonés desmiente las irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del expediente laboral, el gerente de Transamed añade: «Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?».
Los sanitarios consultados por eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos más duros de la pandemia. «Me he sentido solo. Como trabajador, porque no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son lo que son», inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían «entre siete u ocho residencias al día».
Sin la familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha «desbordado» emocionalmente. «Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin consuelo a llorar», recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce días en los que se desarrolló la «Operación Bicho» el registro de muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750 entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la Comunidad.
La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica. El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la creación de un «mando único» y la retirada de las competencias de residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.
El 12 de marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser «atendidos allí mismo». Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a los ancianos.
