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Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Cronología de un espionaje para librar al PP de sus 20 años de dinero negro

Dos juzgados de la Audiencia Nacional investigan desde 2018 la «operación parapolicial» que montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía en su poder Luis Bárcenas, el extesorero que manejó los fondos de la caja B del PP durante dos décadas. En ambos sumarios abundan las pruebas de que la operación se pagó con fondos reservados e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo «conocimiento» del espionaje.

La investigación ha revelado que se cumplió con el «objetivo marcado», que no era otro que «apoderarse» de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia. 

La operación, orquestada por un grupo de policías que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial, recibe el nombre de Kitchen en referencia al «cocinero» o «K2», el apodo con el que los agentes implicados se referían al chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El conductor fue captado como topo para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio, recibió más de 50.000 euros de los fondos reservados y una plaza en la Policía. 

La trama deja ya una ristra de mandos policiales investigados. Por el momento, el único político imputado es el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que hasta ahora ha guardado silencio pero que amenaza con tirar de la manta si sus antiguos superiores siguen poniéndose de perfil. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP de aquella época, María Dolores de Cospedal.

https://www.eldiario.es/politica/cronologia-espionaje-librar-pp-20-anos-dinero-negro_1_6216501.html

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

Un «disco duro» con «información sensible» que el chófer de la familia robó a Luis Bárcenas en el marco de la operación parapolicial de espionaje que indaga la Operación Kitchen es para los investigadores una de las principales incógnitas de la magnitud de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional investiga desde 2018 las maniobras extrapoliciales que un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial hicieron para tratar de evitar que Bárcenas pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno.

El contenido de ese «disco duro», que no ha sido encontrado en los registros a los implicados en la trama, tendría «muertos de miedo» a los responsables del partido, según unas de las anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, hizo tras visitarle en prisión. Tras los encuentros con su marido en la cárcel, Iglesias anotaba la información que consideraba más comprometedora para el PP. Parte de esos documentos manuscritos, publicados por varios medios, fueron hallados en casa del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de una ristra de delitos, y que jugó un papel crucial en la llamada brigada política.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción da algunas pistas de lo que puede contener ese disco duro que obsesionaba a los dirigentes del PP, a la policía política y que la familia Bárcenas se habría guardado como garantía. Esas pistas parten de una conversación que está en el origen de la investigación y que habrían mantenido Villarejo y el chófer infiltrado por la policía en la familia del extesorero para hacerse con información comprometedora.

Lo que sigue es el relato de Anticorrupción: «El interés por la obtención del supuesto botín de la Operación KITCHEN lo traslada el propio José Manuel Villarejo Pérez a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 que dio lugar a la apertura de la presente Pieza Separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra».

El escrito de Anticorrupción reproduce la parte de la conversación a la que se refieren.

Precisamente la información digital grabada en este «disco duro» —donde Anticorrupción da por hecho que se encuentran esas grabaciones con Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP— y los documentos manuscritos por Iglesias constituyen para el juez José de la Mata, actual instructor del caso de la caja B, las evidencias más claras de que los implicados en la Operación Kitchen «cumplieron con los objetivos marcados». En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, De la Mata detalla que la estrategia se «desarrolló» por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y que el objetivo era «apoderarse» de documentos en poder del extesorero del PP para «sustraerlos a la investigación judicial en curso» y que, para ello, se actuó «extramuros del procedimiento judicial».

Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor de la Operación Kitchen que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP aquella época, María Dolores de Cospedal. Tanto en el sumario de la caja B como en el de la Operación Kitchen abundan las pruebas de que todas esas maniobras para arruinar la investigación al PP se pagaron con dinero de los fondos reservados. El responsable de esos pagos, el secretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, Francisco Martínez, imputado en la causa, ha revelado en conversaciones y documentos incautados que él no pensaba asumir solo la responsabilidad de una operación que no organizó y que toda su desgracia nace de haber sido leal con «miserables como Jorge [Fernández Díaz], Cospedal y Rajoy».

Ese dispositivo de espionaje se inició en julio de 2013, justo cuando el extesorero admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y apuntó directamente a la cúpula del PP. Los pagos al chófer de Bárcenas se extendieron hasta septiembre de 2015, según consta en informes policiales. Un año después, en septiembre de 2016, Bárcenas retiró la acusación contra el partido en la causa de la destrucción de sus ordenadores, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. Finalmente, el PP resultó absuelto en ese caso.

«Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo», puede leerse literalmente en esas notas de Rosalía Iglesias, que forman parte de un informe del inspector jefe de la UDEF que investigó durante más de una década Gürtel y la caja B del PP y que está incluido en el sumario del caso Bárcenas. Según el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “naturaleza y relevancia” del contenido de ese disco duro «viene definida por la expresión utilizada [por Rosalía Iglesias] cuando señala que se encontraban ‘muertos de miedo'». 

«Sergio» es Sergio Ríos Esgueva, uno de los protagonistas del «operativo parapolicial» investigado en la Operación Kitchen. Fue el topo que la brigada política infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio recibió 53.266,22 euros de los fondos reservados y al finalizar la misión entró en el Cuerpo Nacional de Policía a los 42 años.

Los investigadores creen que fue él quien participó en el robo de esa «información digital» a Bárcenas y la incorporó a un disco duro externo. Pero no lo hizo solo. Tal y como mantiene la mujer de Bárcenas en su nota manuscrita, actuó junto al ahora comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la Operación Kitchen, y que era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. A Gómez Gordo le adjudican los investigadores un papel relevante en la trama. Fue quien captó a Ríos Esgueva —al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados— y el encargado, junto al comisario Villarejo, de pagarle con fondos reservados.

Según el inspector jefe de la UDEF, ambos sustrajeron el material para evitar que esa «información sensible» fuera difundida a terceros y «pudiera incorporarse al procedimiento judicial» de la caja B «convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar» la investigación. De esa forma, dice el informe policial, también se pretendía que esa información que estaba en poder del extesorero estuviera bajo «control» y pudieran conocerla «responsables» del PP. El contenido exacto de ese disco duro es hasta el momento una incógnita para los investigadores.

El informe de la UDEF confirma que Bárcenas manejaba documentación relativa a la existencia de «una contabilidad ajena al sistema económico» por parte del PP, cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008. Esa documentación afectaba a «la propia formación política», así como a miembros del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, pero también a responsables de empresas privadas que actuaban como donantes y cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública.

https://www.eldiario.es/politica/juez-anticorrupcion-siguen-rastro-disco-duro-conversaciones-rajoy-barcenas-llevo-chofer-espiaba_1_6212584.html

El cinismo de M. Rajoy

El cinismo de M. Rajoy

¿Se acuerda qué estaba haciendo usted el 4 de febrero del 2013? Es más que probable que no. Lo que sí es posible que recuerde es la frase que pronunció Mariano Rajoy ese día durante una comparecencia en Berlín cuando se le preguntó por los escándalos de corrupción de su partido. «Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto salvo alguna cosa que han publicado los medios», contestó al ser preguntado por los apuntes contables que aparecían en los papeles de Bárcenas. 

Un año después, el 28 de octubre del 2014, durante una intervención en el Senado aseguró que compartía el hartazgo lógico de los ciudadanos por la acumulación de escándalos. «No sólo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis». Además, en un ejercicio que si no es de cinismo se le parece mucho prometió hacer limpieza: «Pido a todos que confíen en ese Estado de Derecho y que estén seguros de que nuestro compromiso con la limpieza de la vida pública es total».

Rajoy, el que en mayo del 2011 le escribió a la mujer de Bárcenas que estaría «ahí, siempre», el que en enero de 2013 dijo que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hablado con el extesorero cuando en realidad hacía una semana que le había enviado el SMS más famoso de la última década, aquel «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte», el que cuando se le preguntó por este mensaje en la Audiencia Nacional contestó que podría haber utilizado «esta frase o cualquier otra», es el mismo que según un informe policial de Asuntos Internos, adelantado por elDiario.es, sabía que existía un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas. 

Los investigadores del caso Kitchen llegan a esa conclusión después de analizar las grabaciones incautadas al excomisario Villarejo tras su detención. Ahí es donde se puede escuchar cómo se afirma que «el Asturiano» (apodo que utilizaban para referirse al entonces presidente) tenía «conocimiento» de la operación destinada a espiar a Bárcenas. Un exministro del PP no identificado y citado en una crónica publicada este miércoles por La Razón, el diario en el que colabora Jorge Fernández Díaz, afirmaba algo que hasta ahora nadie se había atrevido a decir en ese partido: «Las decisiones no se tomaban ni siquiera en el Ministerio del Interior, se tomaban en el Palacio de la Moncloa. Otra cosa es lo que se pueda probar penalmente». Fin de la cita.

Rajoy reconoce en sus memorias que la corrupción en el PP ha sido «el talón de Aquiles» del partido y de hecho durante la moción de censura se planteó dimitir. «Hemos pagado un altísimo precio por los escándalos que nos persiguieron durante nuestro mandato aunque la mayoría arrancaban en épocas bastante lejanas en el tiempo» escribe en el libro ‘Una España mejor’. Es cierto que el partido perdió el poder, y eso es siempre un alto precio para cualquier formación, pero él había logrado, al menos hasta ahora, que las pesquisas judiciales le salpicasen lo justo. Seguramente porque gracias a los fondos reservados que se destinaron a tapar la corrupción del partido, un hecho de una gravedad evidente, se logró sabotear las investigaciones en curso. Al menos durante un tiempo. 

«Yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fueran», afirmó el expresidente hace tres años en su declaración ante la Audiencia Nacional. Las cosas son como son, pero son así porque alguien decidió que todo valía para intentar acabar con el independentismo o para atacar a Podemos. Crear informes con cuentas bancarias falsas atribuidas a dirigentes secesionistas o sobre una financiación de Irán al partido de Pablo Iglesias que nunca existió. Alguien fue también quien decidió que la cloaca serviría no solo para atacar a los adversarios políticos sino que permitiría cerrar la caja b del partido sin que nadie se enterase. Y como siempre, con dinero de todos.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/cinismo-m-rajoy_129_6211524.html

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

Por sorpresa, y con el país conteniendo la respiración ante el previsible estado de alarma que se declararía al día siguiente, los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano se presentaron del 14 de marzo pasado, a media mañana, en el domicilio madrileño de quien había sido secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez. Al revisar días después el clonado de su teléfono móvil, los agentes de Asuntos Internos encontraron la confesión que vincula al núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación para reventar el caso más grave de corrupción que ha afectado al Partido Popular en su historia, el que hizo aflorar dos décadas de financiación con dinero negro procedente de grandes empresarios que recibían contratos de la Administración.

“Es el asunto más importante que tenemos entre manos”. Así reproducía Martínez en las notas de su teléfono la instrucción que según él recibía constantemente de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, sobre el espionaje a Bárcenas, según aparece en un informe de Anticorrupción. La frase podría no pasar de ser una apreciación discutible si se tratara de un verdadero dispositivo policial y no de la “operación parapolicial” por la que está imputado el número dos de Interior, el máximo responsable operativo del Cuerpo y una larga nómina de mandos a la que previsiblemente se sumarán en los próximos días el exministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy. El jefe de Martínez consideraba esos seguimientos a Bárcenas más importantes que cualquier operación antiterrorista. Y también la entonces secretaria general del Partido Popular y antigua ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 

El informe que Anticorrupción ha mandado a la Audiencia Nacional para que se impute a ambos está plagado de referencias que hacen los mandos policiales al supuesto conocimiento que de la operación tiene Mariano Rajoy, al que llaman “el asturiano” o “el barbas”. En los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad hay uno que condensa las sospechas hacia el antiguo presidente del Gobierno. Martínez escribió el 19 de septiembre de 2019: “Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán Fernández Díaz y probablemente Rajoy”. La declaración como investigado del exministro del Interior está pendiente de la firma del juez instructor, Manuel García-Castellón.

El documento remitido por la Fiscalía está plagado de maniobras para tratar de entorpecer la investigación sobre el caso. En uno de los pinchazos telefónicos, Martínez recurre al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y en la charla alude directamente a Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal. «Esta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más, pues como sabes muy bien mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal». «De eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer», añade el exnúmero dos de Interior, que todavía no ha declarado en la Audiencia Nacional.

El juez también debe decidir sobre la petición de la Fiscalía sobre la número dos del PP en esa época, María Dolores de Cospedal. Del audio que grabó Villarejo con ella y su marido en la planta noble de Génova, la sede nacional del partido, los fiscales concluyen que la secretaria general estaba interesada en que triunfara la operación de espionaje en “una doble perspectiva”: “Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

El verdadero resultado de la operación sigue siendo un misterio. En la causa consta que los policías robaron una serie de documentos de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, sin pruebas concluyentes contra el partido. Sin embargo, Villarejo alude insistentemente en las conversaciones grabadas que mantiene con Enrique García Castaño a que éste debe utilizar un supuesto audio que Bárcenas grabó a Mariano Rajoy y que nunca ha trascendido. Tanto Rajoy como Cospedal aparecían en los papeles de Bárcenas como perceptores de sobresueldos, una línea de investigación del caso de la caja B que nunca prosperó en los tribunales por falta de pruebas.

El exsecretario de Estado de Seguridad, quien a lo largo de las conversaciones que mantiene con distintos interlocutores se retrata a sí mismo como el chivo expiatorio de unas maniobras en las que estaban involucrados algunos de sus jefes en el Gobierno y el PP, se guardó cuatro mensajes que probaban que la Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, era una instrucción del ministro del Interior Fernández Díaz. Los fiscales sabían antes del registro que encontrarían los documentos que había depositado Francisco Martínez en un notario con los mensajes en julio de 2019, para que diese fe de ellos cuando Martínez ya se rumiaba su imputación. Pero los fiscales no esperaban que el actual teléfono de Martínez, distinto del que utilizaba en su etapa como alto cargo de Interior, contuviera tantos datos relevantes. 

Francisco Martínez tomó la decisión de ir al notario para defenderse de lo que se le podía venir encima, pero también indignado con una entrevista de Fernández Díaz en la que el exministro aseguraba desconocer por completo el espionaje a Bárcenas y hacía una defensa de su número dos que este consideró muy tibia. “En todo este tiempo nadie del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío”, escribe el 13 de octubte de 2019 Francisco Martínez en su teléfono móvil sobre sí mismo. 

“No fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibía instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información”, continúa Martínez su relato, que hace referencia al mensaje depositado ante notario en el que Fernández Díaz le informaría de la identidad del chófer que la brigada política había infiltrado en el entorno de los Bárcenas cuando el extesorero entró en prisión y empezó a tirar de la manta. 

En su móvil, Martínez continúa confesándose: “A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesa, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos. Y todo eso lo puedo demostrar”. Todas estas reflexiones las escribe el político que ocupó uno de los despachos fundamentales en el mantenimiento de la seguridad del Estado bajo el epígrafe: “Mensajes para trasladar”.

La confesión del teléfono de Martínez se agrava cuando comienza a referirse a otros miembros del Gobierno. El antiguo número dos de Interior califica la detención del comisario José Manuel Villarejo, al que se refiere como “El Yeti”, de “desastre”. El policía está encarcelado desde 2017 por liderar una organización criminal. Una de la treintena de piezas en las que está imputado es el espionaje a Bárcenas. Su arresto se produjo en la segunda legislatura de Rajoy, con Martínez fuera ya del Gobierno. Aquel “desastre”, añade, lo provocó “FSR”, siglas del director del CNI entonces, Félix Sanz Roldán, “con pleno conocimiento de SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada”.

No es la única referencia a la participación de los servicios secretos en los seguimientos a Bárcenas. Uno de los mensajes que depositó ante notario apunta a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en la operación para recuperar información comprometedora para el PP, una función que supone una perversión de las funciones reguladas por Ley del servicio de Inteligencia y que, de haberse producido, agravaría la utilización de las instituciones por parte de la formación entonces en el Gobierno. 

En ese mensaje que ahora figura en la investigación, Martínez pide a Fernández Díaz el “contacto cecilio” —nombre utilizado en la Policía para referirse a los integrantes del CNI”— en la Operación Kitchen y el ministro se compromete a facilitárselo más tarde, cuando finalice la reunión del gabinete de Rajoy. La confesión guardada en su teléfono revela otra acusación hacia el servicio de Inteligencia. “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”, escribe Martínez en su teléfono.

El texto del móvil reaviva las sospechas sobre el funcionamiento de otras instituciones del Estado y su relación con el Partido Popular. En su intento desesperado por defenderse de una operación que según Martínez no iba con él, el exsecretario de Estado cree que se puede utilizar las conexiones del partido, supuestamente una del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “muy estrecha”, con el juez instructor; y otra del abogado que suele defender al PP, Jesús Santos, antiguo preparador de las oposiciones del fiscal Stampa, uno de los miembros de Anticorrupción que investiga el caso, según dice. En otra comunicación intervenida, Martínez llama a los dos fiscales del caso “alimañas”.

https://www.eldiario.es/politica/espionaje-barcenas-revela-pp-utilizo-gobierno-reventar-causa-judicial-caja-b_1_6206738.html

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