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El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

El juez y Anticorrupción siguen el rastro de un disco duro con conversaciones de Rajoy y Bárcenas que se llevó el chofer que lo espiaba

Un «disco duro» con «información sensible» que el chófer de la familia robó a Luis Bárcenas en el marco de la operación parapolicial de espionaje que indaga la Operación Kitchen es para los investigadores una de las principales incógnitas de la magnitud de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la caja B del Partido Popular. La Audiencia Nacional investiga desde 2018 las maniobras extrapoliciales que un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato judicial hicieron para tratar de evitar que Bárcenas pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno.

El contenido de ese «disco duro», que no ha sido encontrado en los registros a los implicados en la trama, tendría «muertos de miedo» a los responsables del partido, según unas de las anotaciones manuscritas que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, hizo tras visitarle en prisión. Tras los encuentros con su marido en la cárcel, Iglesias anotaba la información que consideraba más comprometedora para el PP. Parte de esos documentos manuscritos, publicados por varios medios, fueron hallados en casa del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de una ristra de delitos, y que jugó un papel crucial en la llamada brigada política.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción da algunas pistas de lo que puede contener ese disco duro que obsesionaba a los dirigentes del PP, a la policía política y que la familia Bárcenas se habría guardado como garantía. Esas pistas parten de una conversación que está en el origen de la investigación y que habrían mantenido Villarejo y el chófer infiltrado por la policía en la familia del extesorero para hacerse con información comprometedora.

Lo que sigue es el relato de Anticorrupción: «El interés por la obtención del supuesto botín de la Operación KITCHEN lo traslada el propio José Manuel Villarejo Pérez a la persona que fue captada para ello, Sergio Ríos Esgueva, tal y como consta en el audio de 2 de octubre de 2013 que dio lugar a la apertura de la presente Pieza Separada. En dicha conversación, ambos hablan sobre la problemática del Partido Popular con Bárcenas y la posesión que éste tendría de material comprometedor para los altos dirigentes de dicho partido político Mariano Rajoy Brey, María Dolores de Cospedal García y Javier Arenas Bocanegra».

El escrito de Anticorrupción reproduce la parte de la conversación a la que se refieren.

Precisamente la información digital grabada en este «disco duro» —donde Anticorrupción da por hecho que se encuentran esas grabaciones con Mariano Rajoy y otros miembros de la cúpula del PP— y los documentos manuscritos por Iglesias constituyen para el juez José de la Mata, actual instructor del caso de la caja B, las evidencias más claras de que los implicados en la Operación Kitchen «cumplieron con los objetivos marcados». En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, De la Mata detalla que la estrategia se «desarrolló» por el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y que el objetivo era «apoderarse» de documentos en poder del extesorero del PP para «sustraerlos a la investigación judicial en curso» y que, para ello, se actuó «extramuros del procedimiento judicial».

Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor de la Operación Kitchen que impute tanto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como a la secretaria general del PP aquella época, María Dolores de Cospedal. Tanto en el sumario de la caja B como en el de la Operación Kitchen abundan las pruebas de que todas esas maniobras para arruinar la investigación al PP se pagaron con dinero de los fondos reservados. El responsable de esos pagos, el secretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, Francisco Martínez, imputado en la causa, ha revelado en conversaciones y documentos incautados que él no pensaba asumir solo la responsabilidad de una operación que no organizó y que toda su desgracia nace de haber sido leal con «miserables como Jorge [Fernández Díaz], Cospedal y Rajoy».

Ese dispositivo de espionaje se inició en julio de 2013, justo cuando el extesorero admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la autoría de los papeles que El País había publicado el 31 de enero de ese año y apuntó directamente a la cúpula del PP. Los pagos al chófer de Bárcenas se extendieron hasta septiembre de 2015, según consta en informes policiales. Un año después, en septiembre de 2016, Bárcenas retiró la acusación contra el partido en la causa de la destrucción de sus ordenadores, lo que despertó las sospechas de un posible pacto entre la formación política y su extesorero. Finalmente, el PP resultó absuelto en ese caso.

«Sergio ha creado a través Jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo», puede leerse literalmente en esas notas de Rosalía Iglesias, que forman parte de un informe del inspector jefe de la UDEF que investigó durante más de una década Gürtel y la caja B del PP y que está incluido en el sumario del caso Bárcenas. Según el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, la “naturaleza y relevancia” del contenido de ese disco duro «viene definida por la expresión utilizada [por Rosalía Iglesias] cuando señala que se encontraban ‘muertos de miedo'». 

«Sergio» es Sergio Ríos Esgueva, uno de los protagonistas del «operativo parapolicial» investigado en la Operación Kitchen. Fue el topo que la brigada política infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. A cambio recibió 53.266,22 euros de los fondos reservados y al finalizar la misión entró en el Cuerpo Nacional de Policía a los 42 años.

Los investigadores creen que fue él quien participó en el robo de esa «información digital» a Bárcenas y la incorporó a un disco duro externo. Pero no lo hizo solo. Tal y como mantiene la mujer de Bárcenas en su nota manuscrita, actuó junto al ahora comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado en la Operación Kitchen, y que era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. A Gómez Gordo le adjudican los investigadores un papel relevante en la trama. Fue quien captó a Ríos Esgueva —al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados— y el encargado, junto al comisario Villarejo, de pagarle con fondos reservados.

Según el inspector jefe de la UDEF, ambos sustrajeron el material para evitar que esa «información sensible» fuera difundida a terceros y «pudiera incorporarse al procedimiento judicial» de la caja B «convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar» la investigación. De esa forma, dice el informe policial, también se pretendía que esa información que estaba en poder del extesorero estuviera bajo «control» y pudieran conocerla «responsables» del PP. El contenido exacto de ese disco duro es hasta el momento una incógnita para los investigadores.

El informe de la UDEF confirma que Bárcenas manejaba documentación relativa a la existencia de «una contabilidad ajena al sistema económico» por parte del PP, cuyos registros recogían las operaciones realizadas entre abril de 1990 y diciembre de 2008. Esa documentación afectaba a «la propia formación política», así como a miembros del partido y otras personas en calidad de receptores de fondos, pero también a responsables de empresas privadas que actuaban como donantes y cuyas empresas mantenían contratos en vigor con la Administración Pública.

https://www.eldiario.es/politica/juez-anticorrupcion-siguen-rastro-disco-duro-conversaciones-rajoy-barcenas-llevo-chofer-espiaba_1_6212584.html

Anticorrupción vincula a Cospedal con la operación Kitchen por afectarle el «material comprometedor» que tenía Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción vincula a la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro con la ‘operación Kitchen’ -el operativo parapolicial que se creo para sustraer documentos al extesorero del partido Luis Luis Bárcenas– por la «documentación comprometedora» que éste tendría sobre ella.

Así se señala en el informe, de 56 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio Público ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la pieza ‘Kitchen’ dentro del macrosumario por actividades irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

Su vinculación al caso deriva, según los fiscales, del interés personal que Cospedal tendría en la operación por dos razones: directa como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta como secretaria general del partido.

Su marido, López del Hierro, aparece en la investigación como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de su esposa, con Villarejo, para que éste manipule al chófer de Bárcenas.

Así se refleja en varias conversaciones que mantuvo Villarejo con su socio Adrián de la Joya y el comisario Jose Luis Olivera, incorporada al oficio policial inicial.

De ellas se deriva, además, que dentro de estos «encargos puntuales» que le habría realizado el PP a Villarejo estaría, identificado por el propio comisario, la «supuesta destrucción de ordenadores del Partido Popular», en alusión a los dispositivos de Bárcenas dañados que dieron lugar a una causa judicial.

https://www.eldiario.es/politica/anticorrupcion-vincula-cospedal-operacion-kitchen-afectarle-material-comprometedor-tenia-barcenas_1_6206470.html

El teléfono del exnúmero dos de Interior revela que Fernández Díaz controló la operación de espionaje a Bárcenas

El teléfono del exnúmero dos de Interior revela que Fernández Díaz controló la operación de espionaje a Bárcenas

Los mensajes hallados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en el teléfono móvil del exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, revelan que Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros del círculo personal de Mariano Rajoy, conoció en tiempo real la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, sufragada con fondos reservados, informan a eldiario.es fuentes del caso. El fin último de ese operativo era recuperar de forma ilegal las pruebas de la implicación de dirigentes del Partido Popular en la financiación irregular de la formación conservadora.

Esos avances en las pesquisas derivaron este viernes en la solicitud por parte de Anticorrupción al juez para cite como investigados al ministro del Interior entre 2012 y 2016, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo de Mariano Rajoy, y a la secretaria general del PP durante una década -la que transcurrió de 2008 a 2018-, María Dolores de Cospedal, tal y como adelantó eldiario.es

El levantamiento del secreto de esta pieza 7 del caso Villarejo está previsto para el próximo lunes y promete sacudir la escena política. Se trata de una bomba en diferido debido en parte a los efectos de la pandemia. Un día antes de que el actual Gobierno decretara el estado de alarma, los policías de Asuntos Internos se presentaron en el domicilio de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, y le requisaron su teléfono móvil.

Lo que se investiga es una operación parapolicial para recuperar los secretos del PP que supuestamente escondía Bárcenas y que incluyó el allanamiento del estudio de pintura de su esposa, Rosalía Iglesias, el control continuo de sus movimientos a través del chófer de la familia, que en realidad actuaba como topo para la brigada política, el espionaje de su teléfono móvil y, según sospechan el juez y la Fiscalía, incluso la utilización de un sicario que, disfrazado de cura, asaltó la casa de los Bárcenas armado aunque fue reducido por uno de los hijos del extesorero.

Los secretos que buscaba la policía política estaban supuestamente en poder de Bárcenas cuando el juez Pablo Ruz decretó su ingreso en prisión, en junio de 2013, y desencadenó la confesión del tesorero quien reveló el sistema de financiación que había sostenido las campañas del partido durante al menos veinte años: donaciones irregulares de grandes constructoras que luego recibían contratos de Administraciones controladas por el Partido Popular. Bárcenas también denunció entonces el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, incluido su presidente, Mariano Rajoy. 

El juicio de la caja B es el último del caso Gürtel por celebrar. Su actual instructor, José de la Mata, mantiene bajo secreto una pieza separada sobre el sabotaje de la investigación, que incluye la documentación que requirió al Ministerio del Interior acerca de la huella documental de los pagos reservados y otros papeles que pudieran estar vinculados a la Operación Kitchen. Los mandos implicados en aquellas maniobras han declarado al juez García-Castellón que se trataba de localizar a los testaferros de Bárcenas y de recuperar el dinero que supuestamente escondía. Sin embargo, ni el juez Ruz, instructor entonces de la caja B, ni los mandos policiales de la UDEF a sus órdenes, fueron nunca informados de ese supuesto operativo.

La Operación Kitchen es el nombre con el que el comisario Villarejo bautizó el operativo, que no consta en ningún documento oficial, y que responde al parecido que el comisario veía entre un famoso cocinero y el chófer de los Bárcenas, el infiltrado que la brigada política introdujo en casa del extesorero. El levantamiento del secreto de la pieza 7 de la causa Tándem o Villarejo permitirá igualmente conocer el alcance de la investigación sobre el caso de la caja B del Partido Popular. 

De entre todas las revelaciones periodísticas y judiciales de la utilización de la Policía con fines partidistas ha sido el caso del espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados, el que ha colocado al entonces responsable de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al borde de su imputación, sobre la que decidirá el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, durante los próximos días. 

La también previsible imputación de Cospedal ahonda en la tercera misión de ese grupo de mandos policiales: no solo atacaron a los partidos que impulsaron el proceso soberanista y a Podemos con indagaciones prospectivas y extrajudiciales sino que intentaron proteger al PP y a sus dirigentes saboteando la investigación judicial del mayor caso de corrupción del partido, la caja B, según sospechan los investigadores.

En la nómina de imputados por el espionaje a Bárcenas figura el comisario Eugenio Pino, el policía que eligió el PP para dirigir la Policía y artífice de la llamada brigada política. Junto a él, todos los miembros de la primera línea de aquel grupo que él conformó. La petición de imputación de Cospedal obliga a fijarse en uno de ellos, el comisario Andrés Gómez Gordo, un mando que entró y salió de la Policía para trabajar con el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados -encarcelado como supuesto cabecilla de la trama Púnica- primero, y con María Dolores de Cospedal después, cuando esta era presidenta de Castilla La Mancha. 

De hecho, su último regreso a la Policía está directamente ligado a la Operación Kitchen. El partido había destinado como chófer del tesorero a Sergio Ríos Esgueva, quien ya había trabajado para Granados en la Comunidad de Madrid. En ese puesto conoció a Gómez Gordo, primero nombrado director de seguridad de la fracasada Ciudad de la Justicia, un proyecto millonario del Gobierno de Esperanza Aguirre que se frustró por el camino, y luego asesor del consejero de Presidencia e Interior. 

Esa coincidencia convirtió en imprescindible a Gómez Gordo, quien regresó a la Policía y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada. Después fue ascendido a comisario, cargo que juró con el actual Gobierno y que desempeña en Alicante. Todo lo relacionado con la Operación Kitchen se pagaba a buen precio en el Ministerio del Interior. El propio chófer de Bárcenas, que en realidad era un infiltrado para vigilar sus movimientos, sospechan los investigadores, además de cobrar 48.000 euros de los fondos reservados durante dos años, ingresó en la Policía a los 42 años y a los pocos meses ingresó en Madrid en un puesto muy codiciado, la Brigada Móvil. 

Fuentes policiales aseguran que Gómez Gordo conoció a Cospedal a través de su marido, Ignacio López del Hierro, quien tenía relación con Villarejo desde años antes de contraer matrimonio con la secretaria general del PP. López del Hierro, al que Anticorrupción también quiere tomar declaración, aparece en los audios de Villarejo que provocaron la dimisión de Cospedal participando activamente en el plan de sabotear el caso Gürtel.

Andrés Gómez Gordo también habría participado en otra de las misiones de la policía política: desprestigiar a Podemos para evitar que llegara al Gobierno en 2016. El comisario Enrique García Castaño, investigado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, lo señaló ante el juez como el autor del informe PISA sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, publicado en distintos medios de comunicación y que fue desechado por falta de consistencia en todos los órganos judiciales donde se presentó. Las declaraciones de García Castaño permitieron tirar del hilo de la trama de la policía política hacia arriba, hasta el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. 

Solo los avances en el caso Villarejo han permitido romper el cordón que unía al exministro Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal con el actual líder del PP, Pablo Casado. Dos meses antes de que trascendieran los audios con el comisario Villarejo que acabaron con su carrera política, Cospedal había prestado sus apoyos a Casado para que se impusiera en la segunda ronda de las primarias, la del voto de los compromisarios, ante Soraya Sáenz de Santamaría. El flamante presidente respondió repartiendo cargos entre los afines a la antigua secretaria general. 

En cuanto a Fernández Díaz, el presidente del PP no tuvo problema en consagrar los excesos ya evidentes del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 nombrando portavoz en el Senado a Ignacio Cosidó y secretario de Interior y Libertades del partido a Fernández Díaz. De ambos se deshizo Casado cuando empezaban a ser cercados por las informaciones sobre las irregularidades en el Ministerio del Interior. El exministro, integrante del círculo de amigos de Rajoy, aguantó en la Ejecutiva del PP hasta el verano pasado.

https://www.eldiario.es/politica/telefono-exnumero-interior-revela-fernandez-diaz-controlo-operacion-espionaje-barcenas_1_6202064.html

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