Etiqueta: Madrid

La Atención Primaria, clave para la detección de nuevos focos de COVID-19, no tiene los refuerzos necesarios para ser eficiente

La Atención Primaria está afrontando su papel clave en el control de rebrotes de la pandemia de COVID-19 sin apenas recibir refuerzos que mitiguen el deterioro que años de falta de inversión le habían provocado. Su misión: detectar cuanto antes los casos sospechosos, tramitar las pruebas para confirmar los nuevos contagios de manera que puedan acotarse las cadenas de transmisión. Su debilidad: arrastran una escasez de recursos humanos que solo se ha parcheado, según relatan los sanitarios desde Madrid, Barcelona, Valencia, Castilla y León o Murcia.

Los centros de salud se han convertido ahora en centros de control epidemiológico además de tener que recuperar toda la atención sanitaria que suelen gestionar sus profesionales. Un repaso autonómico ofrece un panorama con deficiencias. Por ejemplo, a pesar de que la pandemia golpeó con menos fuerza, en la Región de Murcia, la nueva normalidad empieza a ser «verdaderamente estresante» para estos profesionales: «Tenemos la sensación de estar desandando el camino», apunta Jesús Abenza, vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc).

De hecho, 30 centros de salud murcianos no han recibido el personal extra anunciado al no haber suficientes candidatos, según ha reconocido el Gobierno regional. Allí, la desescalada plena ha supuesto «el retorno de la inmediatez, casi sin filtros», señala el médico. La llegada masiva de pacientes, unido a la «falta de sustitutos, la indicación de doblar consultas para garantizar el derecho a vacaciones y la baja percepción de riesgo por parte de la población han traído de vuelta la masificación de las consultas, el aumento de la demora para pedir cita con el médico de familia y la aparición de brotes», remata.

Madrid y sus «contratos basura»

Si en Murcia, con menor incidencia, se están topando con dificultades, en la que ha presentado peor situación, la Comunidad de Madrid, los sanitarios de Primaria esperan, entre angustiados y enfadados, los refuerzos prometidos. Se quejan ya públicamente de que a los centros solo llegan lo que denominan «R-0», es decir, graduados en medicina con el examen MIR aprobado, pero todavía sin destino para estudiar la especialidad. «Pueden ayudar, pero no pueden ejercer completamente», explica Mar Noguerol, portavoz de la plataforma AP se mueve. «No pueden recetar ni hacer una baja. Sí pueden apoyar en la consulta telefónica, pero eso no es un refuerzo», repite Noguerol, a cuyo centro «ni siquiera han llegado médicos».

«Son personas muy motivadas, pero no son médicos de familia», describe un director de centro del sur de la comunidad autónoma. «Actualmente estamos trabajando con entre 30 y 50 pacientes por día y el único refuerzo real que hemos tenido aquí es una enfermera que compartimos con otro centro», describe. Concha Herranz, directora en un centro de la capital, fue una de las que alzó la voz para contar lo que estaba pasando. Ahora añade que se avecina un nuevo problema: «Llegan nuestras semanas de descanso y si normalmente ya hay dificultades para cubrir plazas en verano, hay que imaginar lo que puede pasar cuando nuestras labores son más del doble que antes».

Ya a principios de junio, el sindicato CSIT auguraba que sería «muy difícil» cubrir las 335 nuevas plazas de médicos que calculaba el Gobierno regional a los que añadía 249 puestos en enfermería y 109 de administración. El problema, aducían, radica en las pobres condiciones que ofrece Madrid: precariedad y gran volumen de trabajo. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) terminó por denominar «contratos basura» las ofertas que recibían los MIR para firmar hasta el 31 de diciembre, pero sin destino fijo. El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero contestó que el que se iba era por decisión personal. «Se ha ofrecido seguir a todo el mundo», zanjó.

En el otro epicentro de la pandemia, en Catalunya, la realidad es muy variada, pero al menos en la zona metropolitana de Barcelona los refuerzos han sido más bien escasos. Como mucho alguna enfermera, y no en todos los centros. Eso significa que a la carga de la atención precoz se le ha sumado la vuelta a los servicios médicos habituales, que durante el confinamiento muchos pacientes habían pausado. «Estamos haciendo ambas cosas con el personal que éramos, y en realidad, con menos, porque hay muchos de baja», asegura Meritxell Sánchez Amat, presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primaria.

En la Comunitat Valenciana no ha habido refuerzos y se han podido realizar los seguimientos de casos sospechosos de COVID-19 gracias al descenso de atenciones ordinarias. Lo que sí está previsto por Sanidad son contrataciones para cubrir las bajas por vacaciones. Aun así, la Primaria en la Comunitat está enfrentada con la Consejería por la decisión de abrir el servicio las tardes de agosto sin tener, dicen, recursos humanos para ofrecer una atención de calidad. Las asociaciones médicas y los sindicatos firmaron un comunicado de queja con el título «hasta aquí hemos llegado». Llamaban «despropósito» al plan de la Generalitat.

«La carga de trabajo ha aumentado. Se han acumulado pacientes de otras patologías con los del COVID-19, a los que hay que seguir haciendo seguimiento», explica José Julio Benito, médico y asesor sanitario del sindicato CSIF en Castilla y León. En esta comunidad, la Junta de aprobó este jueves una inversión de 200.000 euros para Atención Primaria, pero no para aumentar el personal, una de las quejas de los sanitarios.

Aquí se ha primado la atención telefónica en la nueva normalidad. Eso significa que el médico hace primero una consulta telemática y, si tiene dudas, vuelve a citar al paciente de forma presencial. «En ese sentido el trabajo también se ha duplicado», sentencia el médico abulense. Hay temor de que este modelo acabe por imponerse aprovechando la pandemia. Más teniendo en cuenta la dispersión territorial de Castilla y León.

Los consultorios rurales, una suerte de minicentros de salud, están cerrados para evitar contagios, así que los médicos exclusivamente atienden por teléfono y solo abren cuando hay varios pacientes, a los que tienen que citar de forma escalonada. Por el envejecimiento de la población, muchos pacientes no pueden trasladarse hasta los centros, así que los médicos se trasladan a sus domicilios. «Eso hace que las jornadas sean todavía más largas, porque después de las consultas por teléfono tienen que coger el coche e ir a atender pacientes», sentencia Benito

En Andalucía, las enfermeras de Sevilla aseguraron el mes pasado que los planes de refuerzo de la Junta no dan para cubrirles durante sus descansos o bajas. Para cuadrar los horarios reducen las vacaciones, explican. Los sindicatos SATSE y CCOO consideran que los 20.000 contratos calculados para toda la comunidad autónoma por el Ejecutivo «no garantizan la recuperación y normalización de la actividad de los centros que se han ido demorando durante la crisis de la COVID-19».

La coordinación con Salud Pública

El 19 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encomendó a la Atención Primaria gran parte de la responsabilidad sanitaria en la nueva normalidad. Fue un encargo crucial, ya que son la primera línea de defensa para que los brotes de COVID-19 no se descontrolen. Brotes que se están sucediendo, como demuestran las intervenciones del director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón donde da cuenta de ellos.

La Atención Primaria está encargándose, en la práctica, de la detención de casos, rastreo de contactos y, en muchas ocasiones, también del seguimiento, cuentan desde Catalunya. La Generalitat se dotó de un servicio telefónico para contactar e informar a los contactos de positivos de COVID-19, que fue polémico porque se externalizó la labor a través de una concesión a Ferrovial. Además, se queja Meritxell Sánchez Amat, en realidad este servicio «se limita a hacer las veces de call-center«, desde donde se llama a los contactos previamente rastreados por la Atención Primaria.

En Madrid la preocupación está en la débil coordinación entre los médicos y los técnicos que hacen el rastreo una vez que los sanitarios han comprobado un positivo. «Hubo una declaración de intenciones para coordinar Primaria y Salud Pública, pero ni ellos pueden ver lo que hacemos ni nosotros ver cuál es el resultado de su rastreo; falta comunicación», explican los implicados. «Suponemos que Salud Pública hace su trabajo, pero no lo podemos asegurar», resume otro director de centro de Primaria.

El doctor Abenza, desde la Región de Murcia, relata una circunstancia similar que resume el escenario más general: «La coordinación con Salud Pública debe ser plena, rápida y eficaz porque si se nos pide que atendamos a nuestros pacientes y a los de los compañeros que no están, así como a los turistas que llegan, y que sigamos haciendo detección y seguimiento diario de los posibles casos, los casos confirmados y sus contactos, me temo que fracasaremos. No podemos hacer más con lo mismo, y menos aún si somos menos».

Reportaje elaborado con información de Carlos Navarro, Erena Calvo, Arturo Puente y Ángel Villaescusa 

https://www.eldiario.es/sociedad/Atencion-Primaria-reforzada-mantener-COVID-19_0_1044295850.html

La pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha

De entre las más de 40.000 muertes ‘no esperadas’ que dejó la pandemia de coronavirus esta primavera, 21.621 fueron las de personas que estaban recibiendo algún tipo de prestación a la dependencia, ya fuese una cuantía económica, una plaza residencial o cuidados a domicilio. Son casi la mitad de las muertes ‘de más’ totales ocurridas durante esta primera ola de COVID-19. Se desprende así de un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), al que ha tenido acceso eldiario.es.

El documento utiliza los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y los relaciona con los del MoMo, el equipo de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología que ha calculado que entre marzo y abril, las fechas que ha analizado el IMSERSO, fallecieron 42.767 personas más de las que se preveían. El dato se obtiene comparando la diferencia entre los decesos observados y las medias de los últimos 10 años para el mismo periodo, no distingue entre causas directas por COVID-19 o no.

En total, fallecieron entre marzo y abril 43.348 personas con algún tipo de prestación por dependencia. Los fallecimientos «esperados», según esas medias de otros años, eran 21.727. Por tanto, 21.621 muertes constituye un ‘exceso’ de casi el doble, el 99,5%. Si se tiene en cuenta también a los ciudadanos y ciudadanas en ‘solicitud’ de dependencia, esto es, que todavía no habían llegado a recibir la prestación, la cifra suma 25.791 personas.

El estudio diferencia por el tipo de servicio que recibía la persona fallecida. En términos relativos, donde más exceso de mortalidad se observa es en los que recibían una prestación económica que podían gastar en lo que ellos decidieran: hubo un 197,4% más de fallecimientos, 7.614 de más. Le sigue la atención residencial, la gente que tenía plaza pública o concertada en un centro sociosanitario, con un exceso de mortalidad del 175,4%, 9.107 de más. Entre los usuarios de servicios para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, es decir, de programas de rehabilitación o preventivos, ha habido un exceso del 165,0%, 1.378 muertes. Y entre los de centros de día o noche, un 112,9%, 1.013, más de lo esperado.

El IMSERSO también realiza una clasificación por regiones. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la COVID-19 esta primavera, ha sido la que más ‘exceso’ para todo tipo de prestaciones del SAAD ha reportado: en total, su mortalidad ‘de más’ entre este colectivo ha sido del 227,5%. Concretamente, también es en Madrid donde más ha golpeado el fenómeno en las residencias de ancianos: la mortalidad se incrementó un 406% en este tipo de lugares, murieron 2.842 personas ‘no esperadas’. Para la región, en general, para todo tipo de personas, durante marzo y abril el exceso de mortalidad fue del 202%, la mitad.

El tipo de prestación que menos ‘exceso de muertes’ tiene es la económica de cuidados familiares, es decir, las personas que han sido cuidadas directamente en casa por alguien de su entorno familiar. Ha habido un exceso del 21,1%, han muerto 1.492 personas más de las esperadas en esa situación. Le sigue la prestación económica de asistencia personal, el servicio menos habitual, pensado para personas con algún tipo de discapacidad pero activas –exceso del 23,5%, han fallecido 40 más de las esperadas–; y la ayuda al domicilio, con un exceso del 49,3%, 2.230 fallecidos.

Estas cifras no incluyen a aquellas personas que han muerto esperando su valoración para la dependencia, solo a las ya reconocidas por el SAAD, aunque algunas aún no hubiesen recibido nada. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente del sector, realizó una estimación pero no solo relativa a la pandemia, sino a todo 2020. De enero a finales de mayo, fallecieron en España 7.415 personas que habían solicitado la dependencia pero nunca se les llegó a hacer un estudio. El 80% de las personas que lo piden acaban con un grado u otro –hay tres, según gravedad– reconocido.

Los excesos de muertes que registra el MoMo y, ahora también, los informes del IMSERSO, que todavía son preliminares, según fuentes de la institución, contemplan tres tipos de fallecimientos: casos con COVID-19 confirmada; COVID-19 sin confirmar, y COVID-19 de manera indirecta. En este último, como explicaba hace unas semanas la responsable del equipo MoMo, Amparo Larrauri, a eldiario.es, están, por ejemplo, las personas con otras patologías que, por haber retrasado acudir al centro sanitario durante los meses más duros a nivel asistencial ya fuese por miedo o por paralización del sistema, empeoraron y fallecieron. El MoMo no especifica cuántas de las muertes son por una cosa u otra y, como señalaba Larrauri, tardarán «meses» en tener conclusiones definitivas.

https://www.eldiario.es/sociedad/esperadas-primavera-personas-usuarios-dependencia_0_1043246126.html

Europa mantendrá cerradas sus fronteras a EEUU, Brasil y Rusia por la pandemia de COVID-19

Europa ha decidido mantener sus fronteras cerradas a EEUU, Rusia o Brasil cuando admita viajeros de fuera de la Unión, según una lista provisional que debe ser refrendada el martes, según ha avanzado Euronews. Entre los estados que sí podrán entrar están China, si aplica el mismo tratamiento a los europeos, Marruecos o Canadá.

El bloque comunitario recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para el próximo miércoles 1 de julio. La lista sobre la que tendrán que pronunciarse los estados miembros se ha quedado reducida a 15 países: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbri, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China, esta última a la espera de que confirmen la reciprocidad.

Los 27 tienen hasta el mediodía de este martes para refrendar la lista provisional que se vota por mayoría cualificada, es decir, con ponderación según el tamaño de los países: no es lo mismo la decisión de Alemania que la de Luxemburgo. La propia fecha del 1 de julio ha levantado ya dudas por lo ajustado de los plazos, según fuentes comunitarias citadas por Euronews.

Los países incluidos en la lista provisional de admitidos han sido seleccionados en base a una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia es la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Según datos publicados esta semana por The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80.

Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,3 millones (120.771 muertes). En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,1 millones (51.271 fallecidos). Y en tercer lugar está Rusia con casi 600.000 casos y 8.349 muertes registradas, según la universidad Johns Hopkins.

Una vez acordada por los Estados la lista definitiva, esta se presentará a principios de la semana que viene. La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicarla, pero según informa el periódico estadounidense, portavoces del bloque comunitario advierten que si no se cumple, podría llevar a una nueva imposición de restricciones de movimiento entre los países de la UE.

https://www.eldiario.es/sociedad/UE-mantiene-turistas_0_1042196698.html

La «medicalización» de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato

La «Operación Bicho», que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para «medicalizar las residencias» durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.

La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.

El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena», llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.

El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.

Aspiraban a ser «reyes» de la gestión sociosanitaria

Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.

En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa».

Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado «para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid», que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.

El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.

Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.

El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. «¿Tienes trabajo? Ahora tienes». Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.

En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado «precontrato» y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.

Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: «Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato». E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): «Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena».

Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. «Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida», cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.

Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.

A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama «medicalización de las residencias», en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.

Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido «no continuar» con «los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa». «Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites», planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.

La respuesta de Aragonés fue clara: «Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir». «Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien», añadió.

Aragonés carga contra sus trabajadores

Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje «está sacado de contexto» y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos «no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando». «Igual que los otros dos médicos que tenemos», incide. Asimismo, añade que va a «denunciar» a uno de los profesionales citados «porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal» en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.

La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.

Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios «no le han devuelto firmado en ningún momento». Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: «Exactamente». Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.

El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que «ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España», para ser «homologado». Además, asegura que durante el estado de alarma «no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada». Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es «siempre» una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. «Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios», insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que «no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores» durante el estado del alarma.

La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed «fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas». La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

Respaldados por la asociación de médicos venezolanos

Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que «la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores».

Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta situación no es un caso aislado. «Hemos recibido por parte de más de diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal», apunta.

Dos de los tres médicos llegaron a la empresa ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado de alta. En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder que él no considera eso una relación laboral: «Si usted le dice trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no es un trabajo».

Sin explicación sobre el proceso de contratación

Los sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. «Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba», cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.

No todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó parte de esta intervención y que también asegura sentirse «estafado». En un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed, aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. «No me ha dado finiquito a firmar», insiste este sanitario, que a su vez plantea que Aragonés todavía le debe dinero.

No es el único extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario, una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta situación y la achaca a impagos de empresas privadas. En relación al profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma disciplinaria por «reiteradas faltas de respeto» a otros dos miembros de la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de colegiado en las visitas de las residencias.

CCOO también constató quejas

Las quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los entrevistados le transmitieron que «no estaban cobrando» y «que habían tenido médicos trabajando para ellos sin contrato».

Alonso asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas, técnicas o productivas, «una de ellas, que era una enfermera, ni siquiera estaba en la empresa». «Un fraude a Trabajo y a la Seguridad Social», añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor. Aragonés desmiente las irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del expediente laboral, el gerente de Transamed añade: «Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?».

Los sanitarios consultados por eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos más duros de la pandemia. «Me he sentido solo. Como trabajador, porque no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son lo que son», inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían «entre siete u ocho residencias al día».

Sin la familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha «desbordado» emocionalmente. «Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin consuelo a llorar», recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce días en los que se desarrolló la «Operación Bicho» el registro de muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750 entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la Comunidad.

La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica. El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la creación de un «mando único» y la retirada de las competencias de residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El 12 de marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser «atendidos allí mismo». Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a los ancianos.

https://www.eldiario.es/madrid/medicalizacion-residencias-Comunidad-Madrid-venezolanos_0_1042195938.html

El PP culpa a Sánchez de ocultar los muertos y obvia que Madrid es la segunda comunidad con más desfase en las cifras

La dirección del Partido Popular acusa una y otra vez al Gobierno de «mentir» en las cifras de fallecidos por la pandemia, así como de «ocultar» esos datos a la ciudadanía, argumentando que el número de muertos confirmados con pruebas positivas de la COVID-19, que Sanidad establece en 28.325, es manifiestamente menor que el exceso total de fallecidos –que contempla todos los muertos en el país por todas las causas– que facilita el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo). Este organismo ha constatado un exceso de 43.657 fallecimientos en los registros civiles entre el 10 de marzo y el 31 de mayo, coincidiendo con la emergencia sanitaria. 

Las cifras de casos confirmados que ofrece el Ejecutivo son, en todo caso, las que le facilitan las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP. Precisamente la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso es la segunda autonomía –solo por detrás de Catalunya– en la que se ha producido un mayor desfase entre los muertos confirmados por test positivos de la COVID-19 y el exceso de fallecidos registrado por el MoMo.

Según los últimos datos, Madrid, que es la comunidad más golpeada por la pandemia, ha comunicado a Sanidad 8.416 muertes confirmadas con coronavirus, si bien el exceso de fallecidos registrado por el MoMo entre las citadas fechas –del 10 de marzo al 31 de mayo– es de 14.129, un 152% por encima de la media histórica. Las muertes «sin identificar» como casos de COVID-19 en Madrid son, por tanto, 5.713.

Mientras Casado intenta ahora sostener que «tiende la mano» al Gobierno en busca de acuerdos, en sus argumentarios internos la dirección de los populares ha pedido a todos sus cargos que utilicen las cifras de muertos contra el Ejecutivo durante la campaña de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio.

Las consignas acusando al Gobierno de «mentir» y «ocultar» a los fallecidos fueron repetidas este martes tanto por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo –»Mienten para tapar la que será la losa de su legado. Con los números no se juega, es una cuestión moral», decía ella en la Cámara Baja– como por los propios candidatos populares a esos comicios autonómicos, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Iturgaiz, respectivamente, que en una charla telemática aseguraban que «este país no sabe los muertos que tiene».

Pero todos ellos obvian el desfase de datos de fallecidos que también existe en las comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid que preside Díaz Ayuso, una de las apuestas personales de Pablo Casado, a la que siempre cita asegurando que sus políticas son las que él pondría en marcha si alguna vez llega a la Moncloa.

Los datos

En todo el país, los datos del MoMo constatan un exceso de 43.657 fallecimientos entre el 10 de marzo y el 31 de mayo. La cifra proviene de comparar los decesos que ha habido con los que se esperaba que hubiera, teniendo en cuenta las medias de los últimos 10 años ajustadas «por la tendencia y por la estacionalidad». Se trata de una cifra superior a las muertes registradas oficialmente por el Ministerio de Sanidad: 28.325 según los últimos datos publicados.

La diferencia, es por tanto, de casi 16.000 muertes entre ambas cifras. Una disparidad que protagonizan principalmente cuatro comunidades autónomas que engloban el 96% de esas muertes no identificadas: Catalunya (5.908), Madrid (5.713), Castilla-La Mancha (2.258) y Castilla y León (874). 

¿Por qué existen esas diferencias entre las cifras de exceso de mortalidad y los fallecidos registrados por Sanidad? Tal y como han señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en reiteradas ocasiones, las muertes contabilizadas por Sanidad solo incluyen a las personas que han dado positivo en un test de diagnóstico: muertes con COVID-19 confirmado. 

Es decir, las cifras oficiales son una parte del total ya que no incluye a los que fallecen en residencias o domicilios particulares sin una prueba PCR positiva. Sin embargo, los datos de exceso de mortalidad incluyen a todos los fallecidos sea cual haya sido la causa de la muerte. 

En el exceso de muertes registrados por el MoMo también pueden estar, por tanto, algunas que no sean directamente atribuibles a la COVID-19. Por ejemplo, las muertes indirectas pueden haber aumentado durante la saturación del sistema sanitario y otras muertes accidentales se pueden haber reducido durante la situación excepcional de confinamiento.

Precisamente, las cuatro comunidades con mayor diferencia fueron los lugares donde más colapsó el sistema sanitario y donde hubo más falta de pruebas PCR al inicio de la epidemia. El siguiente gráfico muestra cuánto representan las muertes confirmadas por Sanidad respecto al exceso de muertes registradas durante la pandemia. 

Hay que tener en cuenta que las cifras totales de exceso de mortalidad están infraestimadas ya que el sistema MoMo se alimenta de las defunciones inscritas en los registros civiles informatizados. Esto quiere decir que las comunidades con menos registros civiles informatizados pueden registrar muchos menos decesos de los realmente ocurridos. Son los casos de Aragón (detectó el 80% de las muertes registradas finalmente en 2018), Cantabria (78%), Castilla y León (77%), Comunidad de Madrid (87%) y La Rioja (77%).

Madrid, la región donde más subió la mortalidad

Madrid ha sido la comunidad más golpeada por la pandemia. Lo dicen los datos de casos confirmados, los porcentajes de población con anticuerpos detectados y las cifras de exceso de mortalidad. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y Ciudadanos, ha visto además cómo sus muertes aumentaban un 152% respecto a la media de años anteriores. 

Se trata de unas cifras de mortalidad nunca vistas en más de 45 años en Madrid, según los datos analizados y publicados por eldiario.es. Castilla-La Mancha, Catalunya y Castilla y León –también gobernada por el PP– le siguen en el ranking de regiones con mayor exceso de mortalidad.

Estas cifras miden cómo ha cambiado la mortalidad en cada comunidad durante la crisis del coronavirus y también las diferencias en la capacidad de testar que tuvo cada autonomía al inicio de la epidemia. Por ejemplo, Madrid no es la comunidad con mayor número de muertes confirmadas con COVID-19 por cada 100.000 habitantes a pesar de registrar el mayor exceso de mortalidad.

Por el contrario, La Rioja está entre las comunidades con mayor número de casos y fallecidos confirmados por habitante y es la sexta en el exceso de mortalidad. La diferencia se explica por la capacidad de cada comunidad autónoma de hacer pruebas PCR y detectar un mayor porcentaje de personas infectadas.

9.000 muertes sospechosas en residencias

Las residencias de mayores y los centros residenciales de servicios sociales han sido uno de los grandes focos de mortalidad durante la pandamia. Tal y como reveló eldiario.es, al menos 29.000 personas fallecieron en geriátricos durante la crisis de la COVID-19 en 14 comunidades autónomas. Se trata de un 9% de los residentes totales.

Madrid fue la autonomía donde más ancianos murieron en las residencias (17%), seguida por Castilla-La Mancha (14%) y Castilla y León (11%). 

De las 29.000 personas que murieron, apenas 9.890 tenían una prueba positiva de COVID-19 y otras 9.721 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad. Aquí vuelve a destacar la Comunidad de Madrid, donde 5.000 ancianos fallecieron las residencias madrileñas sin prueba PCR.

Estas cifras y diferencias tienen mucho que ver con cómo ha sido el impacto y la evolución de la crisis en cada territorio, ya que esto ha repercutido en el colapso de los sistemas sanitarios y su capacidad para realizar test. Por ello, muchos mayores murieron como casos sospechosos de COVID-19 en las comunidades más afectadas pero sin que se les realizara una prueba PCR que confirmara el diagnóstico, especialmente al inicio de la pandemia.

En concreto, las residencias de la Comunidad de Madrid han sido uno de los mayores focos de contagio y letalidad en todo el país. La situación llegó a tal punto que el 20 de marzo se envió a las residencias y a los centros sanitarios un protocolo para impedir que los ancianos de los geriátricos fueran trasladados a hospitales y que fue firmado por un alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tal y como publicó infoLibre. La gestión de las residencias ha desatado una grave crisis interna en el gobierno regional con enfrentamientos públicos entre cargos del PP y Ciudadanos.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Gobierno-desfase-protagoniza-Madrid_0_1041496069.html

Ayuso tendrá que indemnizar a las empresas de comedor a las que suspendió el contrato para optar por Telepizza durante la pandemia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso tendrá que indemnizar a las empresas de comedor escolar a las que suspendió el contrato cuando decretó el cierre de los colegios el 11 de marzo. La suspensión de estos contratos supuso que la presidenta regional optase por empresas como Telepizza y Rodilla para garantizar la comida más importante del día a los alumnos con menos recursos durante la pandemia.

Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es de fuentes de la Consejería de Educación, estas empresas pueden ahora solicitar indemnizaciones por gastos en los que hayan incurrido a raíz de la suspensión del servicio de comedor desde el 11 de marzo, «tales como la pérdida de género que tuviesen almacenado o gastos administrativos», explican desde Educación.

Desde el Gobierno regional insisten en que la Comunidad de Madrid tuvo que suspender los contratos con las empresas de comedor en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, «que es de obligado cumplimiento». «La Comunidad no podía pagar por un servicio que no se estaba prestando», insisten, pese a que cuando suspendieron el convenio con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para recibir las ayudas de Vicepresidencia del Gobierno que dirige Pablo Iglesias recurrieron de nuevo a estos servicios pese a que los colegios continuaban cerrados.

«Una vez se pudieron abrir los centros educativos para la distribución de los menús para alumnos cuyos padres reciben la Renta Mínima de Reinserción, la Comunidad de Madrid confió en estas empresas para que prestaran este servicio hasta el pasado 19 de junio cuando finalizó el curso», reconoce Educación.

Desde 18 de marzo, unos días después del cierre de los colegios y los comedores por la pandemia de la COVID-19, hasta el 18 de mayo los menores de familias que tienen un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) se alimentaron con comida rápida de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes. Esta medida, que fue avalada en un principio por el Ministerio de Sanidad, generó las críticas de nutricionistas y familias por el riesgo para la salud infantil que conlleva mantener este tipo de dieta. La Comunidad de Madrid ha pagado en torno a un millón de euros por los menús a Telepiiza, Rodilla y Viena Capellanes. 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 envió a principios de mayo un requerimiento a la Comunidad de Madridpor estos menús. El Ministerio solicitó a través de un correo electrónico que la Consejería de Educación «revisase» el proyecto y «justificase» si era «saludable y equilibrado» o enviase un «proyecto diferente» para que se pudiera financiar con el fondo extraordinario de 25 millones aprobado por el Gobierno el 12 de marzo contra la pobreza infantil.

Fue entonces cuando Ayuso decidió rectificar. A la Comunidad de Madrid le correspondían 2,5 millones, de los cuales un millón eran para Educación y el resto para los ayuntamientos, por lo que la Consejería que dirige Enrique Ossorio se arriesgaba a perder la subvención.

https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-indemnizar-empresas-suspendio-Telepizza_0_1040796864.html

Ayuso establece dos fases para la ‘nueva normalidad’ en Madrid: aforos al 60% en museos, tiendas, toros y bares y terrazas al 80% la primera quincena

La Comunidad de Madrid ha aprobado este viernes las restricciones para el próximo domingo, cuando decae el estado de alarma y las comunidades autónomas recobrarán todas las competencias. El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha explicado que se han establecido dos fases: a partir del 21 junio y hasta el 5 de julio, los establecimientos, museos, centros comerciales, toros restaurantes y bares tendrán que limitar su aforo al 60%. Las terrazas podrán abrir al 80% en esa etapa y las discotecas permanecerán cerradas.

Tras esas dos semanas, la siguiente fase comenzará a partir del 6 de julio. La limitación de aforo ese día pasará a ser del 75% y las discotecas ya podrán reabrir: para la reapertura se acometerá el entorno de estrictas medidas de higiene, para lo cual no estarán habilitadas en ningún caso las pistas de baile y se exigirá el respeto a la distancia de seguridad interpersonal. 

La Comunidad de Madrid mantendrá restricciones desde el 21 de junio, cuando la región estrenará la nueva normalidad, hasta que el Gobierno central levante la alerta sanitaria decretada con motivo del coronavirus. La asistencia a eventos deportivos no está regulada en esta orden debido a que es competencia del Consejo Superior de Deportes.

Los aforos decretados para las dos fases serán de aplicación para los locales comerciales, tiendas, centros comerciales, las plazas de toros, alojamientos turísticos; locales comerciales y establecimientos minoristas, bibliotecas, archivos, monumentos, instalaciones deportivas cubiertas y museos. También en cines, teatros y auditorios, locales de apuestas y juego, además de parques de atracciones, zoológicos y acuarios.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echa así el freno cuando está a punto de asumir íntegramente las competencias en el control de la pandemia. A las puertas del fin del estado de alarma, que acaba el 21 de junio, el Ejecutivo autonómico que más ha confrontado con Sanidad – incluso con un recurso en los tribunales – por no aprobar en dos ocasiones su propuesta de avanzar en la desescalada extrema las precauciones ante el miedo a un rebrote. Madrid sigue concentrando casi la mitad de los contagios nacionales diarios.

Sin plan en Barajas

La principal preocupación del Gobierno regional sigue siendo el Aeropuerto de Barajas, que a partir de este domingo reabrirá los vuelos en el espacio Schengen y el 1 de julio el resto. Pese a esa gran «preocupación» manifestada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, el Ejecutivo regional no ha tomado ninguna medida adicional en este paquete de restricciones presentadas este viernes. Desde el Gobierno de Ayuso instan al Ejecutivo central a que tomen las medidas como la obligatoriedad por parte de los turistas de la realización de una en sus países de origen.

«Si no lo hace la Comunidad de Madrid, una vez más, tendrá que actuar dentro de las competencias autonómicas con los recursos que tenemos para ntentar paliar posibles rebrotes que se puedan producir», ha dicho Aguado que ha reconocido que todavía no tienen ningún plan. «Si no hacemos nada con el principal coladero del virus hace cuatro meses tenemos muchas papeletas en la rifa que cuando reabra vuelva a ser el principal coladero del virus», ha insistido.

En la misma línea ha ido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha mostrado el miedo del Ejecutivo regional a un nuevo rebrote: “La situación del virus en la Comunidad está bajo control, hablando siempre desde la prudencia y la vigilancia”, ha reconocido. “Ahora nuestra gran preocupación es el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, por los casos importados”.

Piscinas con limitación

En cuanto a las piscinas recreativas –tanto privadas como municipales– deberán mantener, hasta nueva orden, un aforo máximo del 50% (los ayuntamientos podrán regular la ocupación de las municipales), mientras que las piscinas deportivas –privadas y municipales- contarán con un aforo del 75%. A partir del 6 de julio no tendrán límite de aforo, manteniendo en las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre sus usuarios. El 1 de julio abrirán las piscinas gestionadas por la Comunidad de Madrid (M-86 Centro Deportivo, Parque Deportivo Puerta de Hierro, Instalaciones Deportivas Canal Isabel II y San Vicente de Paúl).

En cuanto a hoteles y alojamientos turísticos, las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 20 personas, preferentemente al aire libre y evitando el intercambio de material. Los albergues tendrán una ocupación del 50% hasta nueva indicación.

Las instalaciones funerarias en todas las áreas de acceso público no podrán superar el 75% de su aforo y los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas con un límite máximo, en cada momento, de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en zonas cerrados.

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% de su capacidad. Las bodas y otras celebraciones podrán realizarse en todo tipo de instalaciones ya sea en espacios al aire libre o cerrados, aunque el aforo variará siempre que no se supere el 75% de ocupación. Podrán asistir un máximo de 150 personas en espacios al aire libre y de 75 en espacios cerrados.

Transporte

En materia de Transportes, se mantiene el uso obligatorio de mascarilla para los mayores de 6 años sin excepción tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera dependientes del Consorcio se mantiene la posibilidad que se ocupe el 100% de las plazas disponibles, salvo la fila posterior al conductor en aquellos vehículos que no tengan mampara.

En lo particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta 9 plazas, se elimina la obligación de que todos los pasajeros del vehículo residan en el mismo domicilio para poder ocupar todas las plazas y se permite que se ocupen la totalidad de los asientos, en lugar de sólo dos plazas por fila de asientos.

En los públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (taxis y VTC), «como novedad», se elimina la limitación de dos pasajeros por cada fila adicional a la del conductor y se permite una ocupación de hasta tres personas por fila de asientos, con independencia de que convivan o no en el mismo domicilio. Se mantiene la limitación que impide ocupar la plaza del copiloto. En el caso de los vehículos de transporte de mercancías, se permite la ocupación máxima del vehículo.

Educación

A partir del 1 de julio, los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil podrán volver a las aulas, de forma «voluntaria y con preferencia para aquellos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su domicilio».

Para el curso escolar 2020/2021, el retorno a la actividad lectiva presencial de los centros docentes se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo. La Consejería de Educación y Juventud aprobará, mediante resolución, un protocolo de prevención y organización del regreso a las clases en el que se recogerán las recomendaciones sanitarias actualizadas para el inicio del curso.

La vuelta a las universidades no se producirá: el curso finalizará a distancia, salvo que sea necesaria alguna actividad presencial, siempre manteniendo la distancia mínima de 1,5 metros entre los asistentes además del uso de la mascarilla. Antes de que finalice el periodo de matriculación, las universidades madrileñas deberán aprobar un plan de actuación para el curso 2020/21.

Los centros del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 1 de julio con la asistencia voluntaria de los niños y con preferencia para los padres que deban acudir a su centro de trabajo. En el caso de las academias, autoescuelas, centros privados en enseñanza no reglada podrán recuperar su actividad del 21 de junio al 5 de julio con un 60% de aforo y después de un 75%.

«Hemos trabajado en coordinación y colaboración con todas las consejerías para elaborar el mejor marco posible para la reactivación económica manteniendo la seguridad y protección de los que viven aquí y de los que nos van a visitar», ha subrayado el vicepresidente regional.

https://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Madrid-limitara-pasaran-entonces_0_1039746272.html

Así será la ‘nueva normalidad’ en Galicia: parques infantiles abiertos, albergues del Camino al 50% y aforos del 75%

Galicia estrena el lunes la denominada «nueva normalidad» y, pese a la salida del estado de alarma, mantiene restricciones dictadas, esta vez, por la Xunta de Galicia, que recurre a la emergencia sanitaria para mantener limitaciones de aforos y algunas actividades paralizadas. En general, los establecimientos públicos no deberán superar el 75% de su capacidad, las actividades en grupos estarán limitadas a 25 personas, los aforos de eventos en espacios cerrados no sobrepasarán las 300 personas y las 1.000 en el exterior y se deberán mantener las obligaciones de limpieza y seguridad que establece el real decreto de la «nueva normalidad». Además, desaparece elimina el límite de personas establecido para reuniones en domicilios.

La fin de la fase 3 a partir del lunes 15 permitirá abrir los parques infantiles al aire libre pero no los que se encuentren en espacios cerrados, como los de centros comerciales, ni otras zonas de ocio para menores.

¿Qué permanece cerrado?

Deberán esperar para retomar la actividad hasta el 1 julio los establecimientos de juegos y atracciones recreativas para público de hasta 12 años, los espacios de entretenimiento y los que organicen fiestas infantiles. Tampoco podrán abrir por ahora las ludotecas, las casas nido o los punto de atención a la infancia. Espacios dirigidos a público juvenil, como los espacios jóvenes, las residencias de tiempo libre y los albergues y campamentos que dependan de Política Social también deberán permanecer cerrados por el momento. Para los campamentos de la Dirección Xeral de Xuventude se aplican los criterios de este decreto. 

También se mantendrán cerrados otras dos semanas los locales de ocio nocturno, que sin embargo podrán abrir sus terrazas al aire libre, al 75%, desde el lunes. Las fiestas, verbenas, atracciones de feira y eventos populares tampoco podrán celebrarse hasta el inicio del mes de julio

Los centros y escuelas infantiles y el resto de educación reglada -con la excepción de los últimos cursos de Bachillerato y FP, que se reincorporaron ya de manera voluntaria- no volverán hasta septiembre. La educación hasta los seis años está autorizadas desde la fase 2 pero la Xunta de Galicia ha decidido posponerla hasta después del verano.

También continuarán con las puertas cerradas muchos centros sociosanitarios, como los centros de día para personas mayores y dependientes y los ocupacionales, con la excepción de que podrán realizar terapias individuales con cita previa. Deberán esperar también los centros comunitarios de bienestar y las casas del mayor.

¿Qué aforos habrá en restauración y comercio?

Los establecimientos comerciales, independientemente de donde estén situados, podrán llegar al 75% de su capacidad, con la limitación del 50% para las zonas comunes de los centros comerciales. Se mantiene la atención preferente para mayores de 65 años

En los mercadillos al aire libre solo podrán instalarse el 75% de los puestos habituales y la afluencia de personas debe respetar la distancia de seguridad. Será responsabilidad de los ayuntamientos decidir qué puestos autorizan, con preferencia para los de alimentación y primera necesidad, y aumentar la superficie o habilitar más días para compensar la reducción del aforo.

Los restaurantes y bares podrán estar al 65%, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. Se permite el uso de las barras, siempre que se mantenga la separación de medio y medio.

Parques infantiles y biosaludables

Además de los parques infantiles al aire libre, estarán abiertos los biosaludables, las pistas de skate y otros espacios públicos similares. La capacidad de estos espacios se medirá como en las playas, una persona por cada cuatro metros cuadrados del recinto.

Velatorios, bodas y cultos religiosos

Aumenta la asistencia a velatorios y se autorizan hasta 60 personas en espacio abiertos y 30 en cerrados. En el caso de los entierros se podrán juntar hasta 75 asistentes como máximo para las comitivas fúnebres. Para los espacios de culto se mantiene la norma general del 75% de ocupación y también la prohibición de utilizar agua bendita y tocar o besar objetos durante las ceremonias.

En las bodas se aplicarán los criterios de aforo para espacios de culto y restauración. Si se celebran en otros espacios, tendrán autorizado utilizar hasta un 75% del aforo, con un máximo de 250 personas al aire libre y 150 en espacios cerrados. 

Actividad cultural y eventos

Para los museos, bibliotecas o equipamientos culturales también se aplica el límite del aforo del 75%. Las visitas de grupos que se realicen serán de un máximo de hasta 25 personas. 

Los cines, teatros, auditorios o circos deberán preasignar las butacas, que no deberán sobrepasar el 75% de ocupación. El resto de recintos que se dediquen a espectáculos o actividades recreativas podrán mantener su actividad si el público permanece sentado y no supera el 75% del aforo, con un máximo de 300 personas en recintos cerrados y 1.000 en abiertos.

Actividad deportiva y tiempo libre juvenil

Está permitida la actividad deportiva al aire libre siempre que los grupos no superen las 25 personas y no haya contacto físico. En instalaciones de interios no se pueden sobrepasar los dos tercios de capacidad.

 En el caso de los eventos deportivos que no sean ni la liga profesional de fútbol ni la de baloncesto, que regula el Estado, la capacidad también será del 75%, con un límite de 300 personas para espacios cerrados y 1.000 en abiertos.

Las actividades de tiempo libre para población infantil y juvenil se podrán realizar con un máximo de 250 participantes o un 75% de la capacidad en espacios abiertos  y 150 en cerrados o la mitad del aforo en cerrados, incluidos los monitores. Las actividades en grupos estarán limitadas a 15 personas, que no deberán tener contacto con los otros grupos

Turismo

Los hoteles podrán funcionar al 75% de su capacidad en los espacios comunes y las actividades en grupo tendrán un máximo de 25 asistentes. Los albergues turísticos, como los que recorren el Camino de Santiago, no podrán superar el 50% de su capacidad total.

Las actividades guiadas en grupo estarán limitadas a 25 personas pero no se establecen limitaciones en el caso de turismo activo y de naturaleza. Los parques naturales estarán abiertos pero las autoridades podrán limitar el uso de zonas comunes, como merenderos. Los monumentos también tienen una capacidad máxima limitada al 75%.

Los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios estarán limitados a un aforo de dos tercios de su capacidad y al 50% en las atracciones. El control de las playas corresponde a los concellos, que deberán limitar la capacidad a una persona por cada cuatro metros cuadrados de superficie.

Centros educativos no reglados y de formación

La actividad de academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada podrán tener clase presencial si no se supera el 75% de la capacidad y un máximo de 25 personas. Para las autoescuelas, es obligatorio el uso de la mascarilla dentro de los vehículos.

https://www.eldiario.es/galicia/politica/normalidad-Galicia-parques-infantiles-abiertos_0_1037646278.html

Radiografía de un colapso: cómo los recortes y las privatizaciones anticiparon el desborde del sistema sanitario en Madrid

El 20 de marzo, viernes. Dos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se quebraron. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de COVID-19 sobrepasó los centros Severo Ochoa (Leganés) y Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares). Llevaban días en situación «dramática», según contaban sus sanitarios, y aquella jornada solicitaron que trasladaran pacientes a otros hospitales al verse sobrepasada su capacidad de atención.

Otros hospitales bordearon situaciones similares: en el Universitario de Getafe, en Fuenlabrada, en el Doce de Octubre, en La Paz… Además, hasta 70 centros de Atención Primaria (incluidos de urgencias) cerraron para alimentar con sus profesionales el centro provisional de Ifema ante la falta de personal disponible.

La pandemia ha provocado una situación sin precedentes, pero detrás de esa excepcionalidad se escondía en Madrid una debilidad adquirida a conciencia. «Todos los años de recortes han hecho que el sistema se quedara muy adelgazado», reflexiona el responsable del sector sanitario de UGT, Julián Ordóñez. ¿Recortes? La que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, consejera de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, aseguraba que los ajustes presupuestarios impuestos desde 2011 estaban «salvando los servicios públicos de la quiebra» y que su deterioro era una «falacia de la izquierda».

Pero los recortes quedaron plasmados en las cuentas oficiales. La Comunidad de Madrid gastó en sanidad –no presupuestado sino gasto real– 8.438 millones de euros en 2011. Fue el pico. En 2018 el gasto, aunque remontó después de la crisis, fue todavía menor: 8.388 millones, según la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad. Entre medias, esa cifra estuvo por debajo de los 8.000 millones en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Mientras tanto, la «población con derecho a la asistencia sanitaria pública» en la Comunidad de Madrid crecía. En 2008 eran 6,31 millones de personas y en 2018 llegó a los 6,78 millones. Un 7,4% más, según los datos del Gobierno regional.

Menos camas de hospital

Detraer recursos tuvo consecuencias mensurables en el sistema sanitario público de la región. Los colapsos en el máximo de esta oleada de COVID-19 se han focalizado en los hospitales. La llegada de pacientes a las urgencias desencadenaba una secuencia de embudos. Sin suficientes camas en las plantas para ingresar enfermos aislados, se concentraban en los servicios de urgencias que se vieron obligados a habilitar zonas impensables en otro momento. «Se han puesto casi todas las plantas y el personal disponible», describieron en Fuenlabrada. En el Severo Ochoa se colocaron camas en el gimnasio, sillones en lo quirófanos, las habitaciones individuales se transformaron en dobles.

Mientras tanto, en los últimos días de marzo se sucedían las indicaciones desde la Consejería de Sanidad para que no se trasladara a mayores con enfermedades desde los servicios de Atención Primaria. En la comunicación aseguraban estar «procurando el mayor bien al mayor número de personas posible», pero en realidad señalaban como candidatas a no merecer atención hospitalaria a personas de 80 años. Lo mismo sucedía en las residencias, que recibieron protocolos indicando que no se trasladara a los enfermos de COVID-19 por la falta de camas disponibles.

La cuestión es que, en 2018, el último ejercicio recogido en las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), había menos camas de hospital en la Comunidad de Madrid que una década antes: 14.334 frente a 14.957 en 2008, según reflejan esas memorias oficiales. Se da la particularidad de que, durante esos años, el Gobierno de la Comunidad adjudicó e inauguró tres nuevos hospitales de gestión privatizada en Móstoles (el Rey Juan Carlos), Collado Villalba y Torrejón de Ardoz.

El plan de Aguirre supone para las arcas de Madrid un desembolso de 6.800 millones de euros, aproximadamente, desde 2010 a 2040. Son 1.800 millones por el hospital de Collado Villalba, 2.900 por el de Móstoles (ambos de Quirón Salud) y 2.100 por el de Torrejón (Ribera Salud).

En la pandemia de 2020, la región no ha podido contar con 250 camas hospitalarias comprometidas en los planes obligatorios de ampliación de los siete hospitales semiprivatizados puestos en marcha por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008. Las concesionarias que construyeron los edificios y gestionan la parte no sanitaria de los centros a cambio de un canon anual no han cumplido las exigencias que debieron completarse en 2017. La merma está en los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla) del Sureste (Arganda del Rey), del Tajo (Aranjuez) y del Henares (Coslada), más el trasladado Puerta de Hierro. La Consejería de Sanidad explicó en marzo pasado que esas ampliaciones estaban planeadas, pero «lleva varios meses acometer» las obras.

Plantillas menguadas

«Necesitamos recursos materiales, pero también humanos«, pedía una sanitaria del Severo Ochoa el 23 de marzo pasado. La exigencia sobre médicas y enfermeros en la Comunidad de Madrid ha sido máxima. Una plantilla obligada a tomar decisiones sobre a quién dar una cama de UCI, gestionar áreas de urgencia saturadas o comprobar cómo los contagios entre los sanitarios se multiplicaban. «No va a haber psiquiatras para cuando todo esto acabe», describían los profesionales. A la pandemia de COVID-19, los servicios sanitarios madrileños han llegado menguados también en recursos humanos. Las mismas memorias del Sermas muestran que, al acabar 2018, había 54.531 sanitarios de todas las categorías, frente a los 55.433 consignados en 2010. Tras los recortes, en 2015 y 2016 la plantilla se recuperó un poco, pero no lo suficiente.

Así, cuando se diseñó el hospital de campaña de Ifema, la Comunidad de Madrid llegó a dejar sin servicio unos 70 centros de Atención Primaria para reorganizar el personal y asignar sanitarios al hospital provisional. La Atención Primaria ha experimentado los ajustes presupuestarios y le cuesta mucho recuperar terreno. La memoria del Sermas de 2008 recuenta 457 centros de Primaria entre centros de salud, consultorios locales y de atención rural. La de 2018 consigna 430.

La Comunidad de Madrid tuvo que ampliar de urgencia la plantilla en las semanas mas exigentes de la COVID-19. Después, planeó dejar extinguirse muchos de los contratos que eran temporales. La denuncia pública del sindicato CCOO hizo rectificar esos planes. La Consejería de Sanidad se comprometió a ir prolongando unos 10.000 contratos hasta el 31 de diciembre. La semana pasada, el sindicato médico Amyts aseguró que muchos profesionales estaban renunciando a la prolongación por las nuevas condiciones diseñadas: contratos sin lugar asignado que permiten destinar al sanitario a múltiples centros durante la duración del compromiso laboral. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió que el que no ha renovado es porque no ha querido.

https://www.eldiario.es/madrid/Radiografia-colapso_0_1036947009.html

El Gobierno autoriza que Galicia salga del estado de alarma el próximo lunes

El Gobierno central autorizará el paso de Galicia a lo que denomina «nueva normalidad» el próximo lunes, 15 de junio, y permitirá levantar el estado de alarma.  La Xunta acaba de solicitarlo y mañana publicará en su Diario Oficial las normas que regirán en la comunidad. «Decaen las limitaciones de todos los derechos afectados por el estado de alarma», anunció Alberto Núñez Feijóo este viernes, cuando comunicó la petición al ejecutivo de Sánchez.

El Consello de la Xunta había aprobado esta misma mañana una solicitud que Feijóo anunció a finales de mayo, en cuanto el Gobierno central indicó que la salida del estado de alarma se haría de manera asimétrica, por territorios. El presidente dijo entonces que solicitaría que Galicia quedase fuera del mando único con su pase a la fase 3, una decisión que se cumple con una semana de retraso frente a la previsión inicial del presidente de la Xunta. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó este viernes al finalizar el Consejo de Ministros que Galicia será el primer territorio en abandonar el estado de alarma.

Galicia se adelanta así en una semana al resto de comunidades, que por ahora no han cursado su petición para continuar la gestión de la pandemia fuera del control del mando único. Las prórrogas del estado de alarma acaban el 21 de junio y entonces se restablecerá la libre circulación en el Estado, como indicó esta mañana el ministro de Sanidad. El jefe del Ejecutivo gallego considera que la situación epidemiológica de Galicia es mejor que la del conjunto del Estado, ya que la comunidad «tiene 10 veces menos contagiados por cada 100.000 habitantes que la media de España en los últimos siete días».

Movilidad entre comunidades en diferentes fases

El presidente de la Xunta sale del estado de alarma reclamando una regulación que impida la libre circulación de los habitantes de las áreas que estén en fases inferiores de desescalada. «Pedimos que vengan a Galicia personas de comunidades que estén en la misma fase y, en las que estén en fase 2, pedimos al Gobierno que tenga las cautelas necesarias», indicó Feijóo. El jefe del Ejecutivo gallego defiende que la decisión que ha adoptado no significa «abrir Galicia a comunidades en una situación epidemiológica peor» y reclama de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez una legislación sanitaria que permita limitar la movilidad.

A pesar de recuperar el control de la comunidad y de las competencias, el presidente de la Xunta carece del poder para cerrar áreas en Galicia en caso de que se produzca un rebrote. «No es especifican con claridad en el decreto-ley» que el Gobierno central publicó esta semana sobre la nueva normalidad, admitió Feijóo, que recordó que sus competencias como presidente de la Xunta le permite «cerrar establecimientos de cualquier naturaleza».

Los niños vuelven a los columpios del parque

La denominada nueva normalidad traerá para Galicia diferentes normas a las actuales. Los aforos serán del 75% con carácter general aunque existen algunas excepciones, se abrirán los parques infantiles al aire libre y las zonas de columpios, se elimina el límite de personas para reuniones en domicilios y se mantendrán medidas de higiene obligatorias y otras recomendadas. Así, los comercios, centro comerciales y otros establecimientos podrán llegar al 75% de su capacidad, con la limitación del 50% para las zonas comunes. Los restaurante, hoteles y bares podrán estar al 65%, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. Para los museos, bibliotecas, equipamientos culturales o piscinas también se aplica el límite del aforo del 75%.

En el caso de los eventos deportivos que no sean ni la liga profesional de fútbol ni la de baloncesto, que regula el Estado, la capacidad también será del 75%, con un límite de 300 personas para espacios cerrados y 1.000 en abiertos. Aumenta así mismo la asistencia a velatorios -hasta 60 personas en espacio abiertos y 30 en cerrados- y entierros, con 75 asistentes como máximo para las comitivas fúnebres. El decreto que regula esta nueva normalidad se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia, entrará en vigor el próximo lunes y tendrá una duración de 15 días, según indicó Feijóo. Tras este periodo, la intención del Gobierno gallego es analizar los resultados y continuar avanzando en las medidas.

https://www.eldiario.es/galicia/politica/Gobierno-autorizara-Galicia-alarma-proximo_0_1037296807.html

Ñ de Ñapa © 2018