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Sánchez insta a Casado a negociar la renovación del Poder Judicial ya para aparcar la reforma con la que plantea sortear el veto del PP

Sánchez insta a Casado a negociar la renovación del Poder Judicial ya para aparcar la reforma con la que plantea sortear el veto del PP

Pedro Sánchez traslada la presión a Pablo Casado para que se avenga a negociar ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva dos años en funciones si pretende que PSOE y Unidas Podemos aparquen la reforma que han planteado de la ley para sortear el veto del PP.  «Si el PP vuelve a la senda del sentido de Estado, que es la del sentido común, el Gobierno está más que dispuesto a llegar a un acuerdo ya, sin esperar un segundo más», ha expresado el presidente en una rueda de prensa en Bruselas. La pelota está, por tanto, en el tejado del líder del PP, a quien ha acusado de pretender mantener al órgano de gobierno de los jueces con el reflejo de una mayoría parlamentaria de 2011 que es radicalmente distinta a la actual. «No es de recibo», ha sentenciado: «Lo que no se puede hacer es mantener una posición de bloqueo que dura ya dos años y cuyos visos son estar seis años, hasta la próxima legislatura como mínimo».

«Es importante saber exactamente cuál es la raíz, el origen, de la crisis institucional que se está viviendo en España como consecuencia del bloqueo del PP -ha expresado-. La propuesta que se ha planteado por dos grupos parlamentarios en el poder legislativo es una propuesta que plantea una salida, es una ley antibloqueo ante una posición de obstrucción total que desde hace dos años viene ejerciendo el Partido Popular en las Cortes para la no renovación [del Poder Judicial]». «Tiene fácil solución: la solución es que el PP vuelva a la senda de la responsabilidad de Estado, del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y podamos abordar la renovación de un organismo fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia», ha afirmado el presidente. «El PP se sienta con el Gobierno, renovamos el Poder Judicial y superamos esta situación de bloqueo», ha resumido en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la polémica proposición para cambiar las reglas de elección del órgano de gobierno de los jueces y sortear el veto del PP.

En la comparecencia tras la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha mostrado la mano tendida al PP para llegar a un acuerdo con las actuales normas, que requieren su participación en el acuerdo ya que la renovación se produce con mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. Pero también ha defendido la propuesta legislativa que han presentado esta semana PSOE y Unidas Podemos para incluir una «cláusula de salvaguarda y antibloqueo» en caso de que sea imposible llegar a esa mayoría reforzada de 210 diputados. «Lo que no puede hacer el PP es utilizar la ley para incumplir la Constitución porque de igual manera el poder legislativo tendrá todo el derecho de modificar esa ley y que se cumpla la Constitución», ha aseverado.

Pero el PP ha rechazado la oferta de Sánchez y ha reaccionado a la nueva oferta de negociación manteniendo las mismas exigencias que han provocado su bloqueo a dicha renovación desde que finalizó el mandato del órgano de gobierno de los jueces, en 2018, informa Iñigo Aduriz. 

Fuentes de la dirección de Pablo Casado han asegurado a elDiario.es que el ofrecimiento de Sánchez «es una cortina de humo tras la advertencia de la UE por su intento de acabar la independencia Judicial». «Nuestra postura es la misma», insisten en Génova 13. «Primero, que Sánchez rectifique y retire el proyecto que atenta contra la independencia judicial. Dos, que avance hacia la despolitizacion de la Justicia, como hemos propuesto. Tres, que Podemos no entre en la ecuación por ir contra las instituciones y la Constitución».

La proposición registrada en el Congreso plantea que, de no alcanzarse el respaldo de los tres quintos, el CGPJ se pueda renovar con mayoría absoluta (176 votos, una cifra que la coalición puede alcanzar con sus aliados parlamentarios). Sánchez también ha sostenido que el gobierno de lo jueces en funciones «no puede seguir nombrando jueces». «Tenemos que definir cuáles son las competencias que tiene en una situación de bloqueo como la que estamos viviendo», ha dicho sobre la segunda parte de la propuesta impulsada por los grupos socialista y confederal, que establece limitaciones al Poder Judicial cuando caduca su mandato.

El presidente ha acusado al jefe de la oposición de haber roto unilateralmente en dos ocasiones el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces -una en 2018 cuando la filtración de un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, presumiendo del control a los jueces lo hizo volar por los aires y la otra este verano cuando, según Sánchez, había un entendimiento «al 99%» y los conservadores «inexplicablemente» rompieron los puentes-. Pero al mismo tiempo se ha mostrado dispuesto a sentarse de inmediato a negociar el cambio en el Poder Judicial «bajo las premisas» de ese preacuerdo alcanzado el verano. «Llevo dos años esperando al señor Casado para renovar el Poder Judicial», ha lamentado Sánchez: «Si a la tercera va la vencida, bienvenida sea».

«Quien mantiene como rehén al Poder Judicial es el partido que bloquea desde hace dos años la renovación», ha defendido Sánchez, que ha instado a Casado a negociar con las actuales reglas para que no sea necesario acometer la reforma de la ley para modificar las mayorías: «Si el PP usa la ley para bloquear la Constitución, el poder legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución. Como Ejecutivo le decimos al PP que estamos abiertos desde ya a sentarnos a negociar bajo las premisas acordadas en julio y agosto que inexplicablemente fueron rotas unilateralmente de nuevo por el PP, para llegar a una renovación cuanto antes, porque es lo que queremos», ha zanjado. 

La exigencia que plantea el PP es que Unidas Podemos quede fuera de la negociación. La respuesta de Sánchez es que se debe respetar a los partidos que forman parte de la coalición, pero ha dejado claro que las conversaciones las pilota, en todo caso, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por lo que técnicamente los de Pablo Iglesias no forman parte de ella. «El planteamiento me parece que dice poco de la voluntad de llegar a un acuerdo por parte del PP. Sabe que este es un Gobierno de coalición», ha respondido Sánchez. «Lo he dicho en muchas ocasiones que no hay ministros del PSOE ni de Unidas Podemos, hay ministros del Gobierno de España. En este caso, con quien tiene que negociar el PP es con el ministro de Justicia, que es el encargado de estos temas en el Consejo de Ministros, es que me parece de sentido común», ha rematado. 

La propuesta de reformar la ley para reducir la mayoría requerida para la renovación del CGPJ ha generado una gran controversia -PP, Ciudadanos y Vox han amenazado ya con recurrirla en los tribunales, pero también la mayoría de asociaciones de la carrera judicial la han criticado-. La polémica ha llegado también al Ejecutivo comunitario, que ha expresado sus recelos. No obstante, Sánchez ha restado importancia a esas críticas de la Comisión Europea –ha asegurado que nadie en Bruselas le ha hecho ningún comentario al respecto– y ha cargado contra el PP por llevar sus posiciones al marco comunitario en lo que considera que va en contra de los intereses del país.

«Respeto la opinión de ese portavoz», ha respondido Sánchez al ser preguntado por la advertencia de Bruselas de que se debe preservar la «independencia judicial» ante el Legislativo y el Ejecutivo. De momento, en la Comisión Europea no tienen constancia de que el Gobierno español se haya dirigido para explicar a Bruselas el proyecto legislativo.

Sánchez ha mostrado su «respeto absoluto» a la posición del portavoz de Justicia de la UE y ha aprovechado la comparecencia para recordar el «planteamiento de oposición» que ha hecho el PP a lo largo de la pandemia, cuando cuestionó las «condiciones democráticas» de España en un informe remitido a la Comisión Europea en el que acusaba al Gobierno de abusar del poder a través del estado de alarma así como de «encubrir cifras» de fallecidos. «El PP ha utilizado todo contra el Gobierno de España para derribar al Gobierno», ha continuado el presidente, que también ha asegurado que fue «testigo» de una reunión de Casado con embajadores de los veintesiete en la que puso en duda «la capacidad de gestión» y alertó del «nepotismo» del Ejecutivo a la hora de repartir los fondos europeos «como si España fuera un país sin controles o empleados públicos que defienden la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción».

«Y ahora esto», ha dicho Sánchez en referencia a la campaña que ha iniciado Casado en Europa contra la reforma impulsada por los grupos que sustentan al Gobierno incluso en una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen; y el comisario de Justicia, Didier Reynders, este jueves. «No es nuevo, es una estrategia que viene implementando el PP y me parece un error. Es una oposición a los intereses del país, creo que se equivoca», ha terminado.

https://www.eldiario.es/politica/sanchez-insta-casado-negociar-renovacion-judicial-aparcar-reforma-plantea-sortear-veto-pp_1_6297877.html

Los desplazamientos de cinco millones de personas en Madrid, en el aire a la espera de la decisión del Gobierno

Los desplazamientos de cinco millones de personas en Madrid, en el aire a la espera de la decisión del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene pensado este viernes aprobar un estado de alarma en Madrid si no hay acuerdo con la Comunidad de Madrid. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de revocar el confinamiento perimetral de la capital y otros nueve municipios de la comunidad ha sumido a la región en la incertidumbre y la confusión coincidiendo con el primer puente tras las vacaciones de verano. El fallo judicial abre la puerta a que millones de madrileños se muevan sin restricciones en plena escalada de COVID-19 en esta segunda ola de la pandemia. Pero los desplazamientos quedan ahora en el aire a la espera de los próximos pasos del Gobierno.

Las limitaciones a las entradas y salidas afectaban a más de 4,8 millones de personas que residen en Madrid capital y las localidades de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Con el fallo del Tribunal Superior estas restricciones decaen, aunque no todas las medidas: los aforos en hostelería, comercios o funerales siguen vigentes, así como la limitación de reuniones a seis personas o el cierre de bares y restaurantes a las 23 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaron a última hora del jueves para abordar los siguientes pasos después de que el Ejecutivo madrileño ignorase durante toda la tarde las convocatorias del Ministerio de Sanidad para que ambas reuniones se sentaran a negociar las siguientes restricciones. Son tres las opciones: dictar una orden con las restricciones en virtud de la ley de Salud pública, solicitar el estado de alarma o que lo declare directamente el Gobierno. Sánchez ha dado de plazo hasta las 12 del mediodía para que Ayuso decida por cuál se decanta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba en su cuenta de Twitter que su Gobierno se reunirá a primera hora para ver las «alternativas», aunque ya adelanta que su intención es distinta a la que ha planteado Sánchez. «Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor», aseguraba.

El asunto amenaza con ser un nuevo motivo de división entre los socios de coalición en la Comunidad de Madrid. En torno a las 00.45 de la madrugada, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, dejaba clara su postura en un hilo de Twitter. Aguado aboga por adoptar la opción A, que pasa por «rehacer la Orden según lo establecido en la resolución del TSJM», ha expuesto. Es decir, que el Ejecutivo madrileño dicte una nueva orden al amparo de la ley de salud pública de 1986. De esta manera, ha defendido el vicepresidente regional, se podrá evitar el estado de alarma, proteger la salud y mantener el autogobierno. «Así se lo he trasladado a la presidenta», ha expresado.

«Nadie entiende las normas. Los ciudadanos no saben qué pasa». La frese de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia en torno a las 14:45 horas sin preguntas desde la Puerta del Sol resumía a la perfección la incertidumbre y la confusión que viven los madrileños tras el fallo judicial. La Comunidad de Madrid inició la batalla en los tribunales contra las medidas de Sanidad solicitando medidas cautelares en la Audiencia Nacional, pero este jueves el Gobierno regional no tenía plan B para la sentencia que dejaba sin efecto la limitación de movimiento. La sentencia del TSJM, que no responde a su recurso sino a la imprescindible ratificación de estas limitaciones de derechos por parte de los jueces, ha dejado fuera de juego al Ejecutivo de Ayuso que no supo explicar en todo el día qué va a pasar ahora.

Ayuso optó por recomendar a los madrileños que no salgan de viaje. «Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días ahora que hay un puente», decía la presidenta, a las puertas del primer puente tras las vacaciones de verano. Una solicitud que llega solo dos días después de que su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pidiera al Ministerio que las medidas decayeran de inmediato ante «la mejoría» de los datos en la región. Los ciudadanos, entretanto, asisten atónitos a las sucesivas contradicciones de sus gobernantes.

El Gobierno regional no tenía previsto informar hasta este viernes de las nuevas restricciones que pretende poner en marcha. Las únicas limitaciones a la movilidad que mantienen su efecto son las de las tres áreas que quedaban fuera de estos diez grandes municipios: Villar del Prado, Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes; y Humanes, que afecta a ese municipio y a Moraleja de Enmedio. Sin embargo, la orden que decretó el confinamiento perimetral de estas zonas, que entró en vigor el pasado lunes, todavía no ha sido analizada por el TSJM y el Ejecutivo regional ha reiterado que sin aval judicial no hay multas, solo controles informativos. 

Durante su comparecencia, la presidenta madrileña hizo un llamamiento al Gobierno central para que trabajasen unidos en las nuevas restricciones. Visiblemente nerviosa, pidió una reunión con el Gobierno para pactar unas medidas «sensatas y justas», aunque avisaba de que su intención era volver al modelo de confinamientos selectivos. 

A pesar de este llamamiento a la unidad, el Gobierno de Ayuso por la tarde ignoraba dos comunicaciones del Ministerio de Sanidad para que el ‘grupo Covid-19’ se reuniera. Fuentes del Ejecutivo regional aseguraban que aún no se había decidido sobre el encuentro porque estaban trabajando desde la Consejería de Sanidad en la nueva orden. Además, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, uno de los componentes de ese grupo, tenía que estar por su condición de diputado a las 20:30 horas en la Asamblea de Madrid para votar varias proposiciones no de ley (PNL) y la reprobación del consejero de Educación, Enrique Ossorio, que no salió adelante.  

Minutos antes de la comparecencia de Ayuso, en una rueda de prensa en Argelia, Sánchez se había limitado a asegurar que el Gobierno pondrá sobre la mesa «todas las herramientas e instrumentos» disponibles para doblegar la curva y no descartó la activación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. «El artículo 116 fue un artículo que se activó al principio de la pandemia y que ha resultado ser eficaz en doblegar la curva», dijo Sánchez, que reconoció que «esos instrumentos el Gobierno siempre los ha contemplado». En todo caso, aseguró que las decisiones se tomarán en colaboración con el Gobierno de Ayuso. La falta de respuesta del Ejecutivo de Ayuso ha caldeado los ánimos en Moncloa, que, ante el desplante, ha empezado a trabajar en un plan de estado de alarma a la espera de conocer los próximos pasos de la Comunidad de Madrid, según han explicado fuentes gubernamentales a elDiario.es.

En su resolución, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM no cuestionan la idoneidad de las medidas, pero sí rechazan ratificarlas al entender que con la motivación realizada por el Ejecutivo regional no había base legal para hacerlo. ¿En qué se basó el Gobierno de Ayuso para pedir la ratificación de estas restricciones? Como «fundamento único» —dice el auto— invocó la Orden Comunicada del Ministerio de Sanidad que le obligó a adoptar esas medidas y que se basa, a su vez, en una ley —la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud— que «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales». 

Para los magistrados el escenario es «completamente diferente» al de solo unos días antes, cuando el Gobierno madrileño pidió la ratificación de las limitaciones de entrada y salida a determinadas áreas sanitarias. Entonces sí fundamentó esa decisión en hasta cuatro normas «y siempre por su propio ejercicio de competencias, y no, como aquí, mediando una Orden comunicada del Ministerio de Sanidad», dice la resolución. En esa ocasión la Comunidad invocó la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, que faculta a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere «necesarias» en caso de «riesgo de carácter transmisible». Además, al tratarse de una ley orgánica da un marco legal a determinadas restricciones de derechos fundamentales.

A la ley sobre salud pública y a desarrollos legislativos posteriores de ámbito autonómico se están acogiendo las diferentes administraciones para dar un paraguas legal a las medidas con las que intentan contener el virus desde que decayó el estado de alarma. Desde entonces está encima de la mesa el debate de si hay un marco jurídico idóneo para afrontar una pandemia como esta. 

Sobre esta cuestión también se pronuncian los jueces del TSJM, que en un claro recado al Gobierno, dicen que les resulta «llamativo» que no se haya  abordado una reforma legal «más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia de la COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país» pese al «consenso doctrinal existente» acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales es «ciertamente deficiente y necesitada de clarificación».

https://www.eldiario.es/madrid/decision-tribunal-superior-abre-puerta-desplazamientos-cinco-millones-personas-madrid-visperas-puente_1_6279935.html

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