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La confesión del nuevo juguete roto del PP

La confesión del nuevo juguete roto del PP

Se llama Francisco Martínez. Fue el número dos del Ministerio del Interior, bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz, en el Gobierno de Mariano Rajoy. Está siendo investigado por la Justicia, acusado de participar en uno de los mayores escándalos de la historia democrática española: la ‘Operación Kitchen’, el espionaje a Luis Bárcenas, el tesorero que sabía demasiado. 

Francisco Martínez, entonces número dos de Interior, está en el epicentro de esa operación. Es al que acusan de dar las órdenes, de autorizar los pagos con fondos reservados. Está imputado y se juega varios años de cárcel por un presunto delito que sin duda no solo él cometió.

Francisco Martínez se ha convertido en el juguete roto. En el cabeza de turco. En el hombre abandonado por todos, y que no quiere comerse el marrón. 

elDiario.es ha accedido a un importante documento que explica bien la situación. 

Es una carta que forma parte de la investigación judicial y que la Fiscalía reproduce en el escrito donde piden que se impute a los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. La carta la escribió Francisco Martínez. Se titula «Mensajes para trasladar» y fue encontrada en el apartado «Notas» de uno de sus teléfonos móviles. 

En negrita, en varios párrafos, reproduzco la carta íntegra de Francisco Martínez. Fue escrita el 13 de noviembre de 2019, pocos días después de la última derrota electoral del PP. 

Entre líneas, van mis comentarios para entender la confesión de Martínez; lo que el juguete roto de la Kitchen pide al partido que le abandonó.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «El asunto judicial que comenzó en noviembre de 2018 me ha producido un enorme daño personal, familiar, reputacional y profesional. No solo me he visto expulsado de la vida política (esto es lo que menos me importa) sino que mi mujer lleva un año pasándolo muy mal, he perdido ofertas en el sector privado, etc. 

En todo este tiempo NADIE del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío. Al final es la idea que ha calado en la opinión pública: que el llamado «espionaje a LB» fue un asunto mío…».

Martínez había sido apartado del Congreso pocos meses antes de que escribiera esta confesión. Tras la moción de censura que derribó a Rajoy, siguió como diputado. El nuevo equipo, el de Pablo Casado, lo sacó de las listas en abril de 2019. 

Lo que él llama «espionaje a LB» (las siglas de Luis Bárcenas) fue una de las misiones más sonadas de la cloaca, esa policía política que cruzó todos los límites durante el último gobierno conservador. 

Al lado de este escándalo, el Watergate parece un juego infantil. Nixon dimitió porque colocó micrófonos en un hotel para grabar a sus rivales. El Gobierno de Rajoy utilizó todos los resortes del Estado para atacar a sus rivales políticos: Podemos y los independentistas. Esa misma policía política también intentó eliminar las pruebas que Luis Bárcenas escondía y que implicaban a la cúpula del PP en la corrupción del dinero negro, las mordidas y los sobres en B. Todo presuntamente con dinero público y usando a funcionarios del Estado. 

Nada les parecía demasiado. Ningún reparo moral les frenó. Entre otros presuntos delitos, según investiga el juez, llegaron a sobornar a un delincuente común para que se disfrazara de cura y secuestrara a punta de pistola a la familia de Bárcenas, al grito de «dónde está el puto pen drive». 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «La semana pasada, mientras los medios anunciaban mi imputación, JFD se daba un baño de masas presentando sus memorias (un repugnante gesto de vanidad que le define muy bien). Y yo me tengo que pagar mi abogado de mis casi inexistentes ahorros».

JFD es Jorge Fernández Díaz: su superior directo como ministro del Interior, donde le colocó su amigo íntimo, Mariano Rajoy. Cuando estalló el escándalo y uno de los comisarios de la cloaca acusó a Francisco Martínez de dar las órdenes de ese espionaje parapolicial, Fernández Díaz eludió cualquier responsabilidad. «No me consta para nada, me estoy enterando ahora», aseguró el exministro en una entrevista que enfadó a su antiguo número dos.

Al verse abandonado a su suerte, Martínez hizo lo habitual en esta situación; lo mismo que hizo unas décadas antes Rosendo Naseiro, cuando fue cercado por la Justicia y vio que sus jefes le podían dejar caer. Se fue ante un notario y allí presentó las pruebas de que no actuaba solo: en el caso de Martínez, los mensajes SMS sobre el espionaje a Bárcenas que cruzó con el exministro Fernández Díaz y que también publicamos hoy

«El asunto que investiga la AD (al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios) NO fue una iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras, el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información».

La «AD» es la Audiencia Nacional. Y el año 2013, cuando «las instrucciones MUY CONCRETAS» (todas las mayúsculas aparecen tal cual en el escrito original) no es un año más en la historia del PP. 

A principios de 2013, se conocieron las cuentas ocultas en Suiza de Luis Bárcenas. El tesorero del partido empezó a ser abandonado por el PP, que hasta entonces lo había protegido. Bárcenas se vio acorralado y decidió contraatacar con todo lo que tenía: toneladas de información comprometida sobre los trapos sucios de su partido. Sus maniobras de defensa, sus amenazas de ‘tirar de la manta’, acabaron provocando la filtración de los papeles de Bárcenas: la contabilidad en B de años y años de donaciones ilegales y sobresueldos en negro a dirigentes del PP. 

A finales de junio de 2013, Bárcenas entró en prisión. Pero desde la cárcel continuó su presión sobre el Gobierno de Rajoy; una extorsión, en busca de protección. Pronto llegó un nuevo aviso. El Mundo publicó los SMS que Luis Bárcenas intercambió con Mariano Rajoy cuando se destapó su cuenta en Suiza. «Sé fuerte, hacemos lo que podemos», le decía el presidente español.

Esos SMS se publicaron el 14 de julio de 2013. Qué casualidad. Las «instrucciones MUY CONCRETAS» para espiar a Bárcenas llegaron, según Martínez, justo el día anterior: el 13 de julio. Probablemente el ministro Jorge Fernández Díaz supo unas horas antes que era inminente esa publicación. Y el PP se dio cuenta de que su extesorero, aun en la cárcel, estaba fuera de control.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era ‘el asunto más importante que teníamos entre manos’… Y todo eso lo puedo demostrar.

Llegados a este punto, no tengo otro interés que centrarme en mi vida personal y dejar atrás esta etapa. No tengo cuentas pendientes con nadie ni el menor interés en perjudicar a nadie, TODO LO CONTRARIO.

Sin embargo, no voy a permitir absolutamente ningún perjuicio más para mí o para mi familia por esta historia. ABSOLUTAMENTE NINGUNO. No he hecho ninguna declaración y no me interesan nada los medios, pero si me cita el Juez seré muy claro en todas las explicaciones y entregaré todo el material probatorio que pueda aportar. Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia». 

Es una lástima que por el momento no sepamos quién era el destinatario de esta carta que escribió Francisco Martínez. Por el contexto, se trata de una persona importante del PP al que le traslada una nada velada amenaza: si me dejáis solo, cantaré. Lo mismo que hizo Luis Bárcenas, años atrás. 

A continuación, la carta cambia de estilo y se convierte en un manual de instrucciones sobre lo que puede hacer el PP para ayudar a Martínez y que no acabe tirando de la manta. Porque toda amenaza es incompleta sin una exigencia a cumplir.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «En el punto en el que estamos se pueden hacer las siguientes cosas.

Evitar a toda costa la citación dejando que este asunto quede un tiempo ‘dormido’, lo cual no debería ser difícil, teniendo en cuenta que ese juzgado está sobrecargado de asuntos y que el principal acusado en esta pieza está MUY ENFERMO. No parece difícil dejar este asunto un tiempo y centrarse en otros, que hay muchos y son mucho más importantes». 

El juzgado «sobrecargado» es el Central de Instrucción número 6, de la Audiencia Nacional. Además de todo el caso Villarejo y sus múltiples piezas separadas también investiga la trama Púnica, el caso Lezo, los CDR catalanes…

En cuanto al «principal acusado» que está «muy enfermo», Martínez se refiere al comisario Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’. Es uno de los principales imputados en toda la trama Villarejo y fue quien señaló a Martínez como responsable político del espionaje a Bárcenas.

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Hay personas con una relación muy estrecha con el titular del Juzgado (ejemplo, Zoido). También debería haber personas con capacidad de llegar a los fiscales que están OBSESIONADOS con esta pieza, por venganza, por afán de notoriedad (Jesús Santos fue el preparador del fiscal Stampa)». 

El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional es Manuel García Castellón. Durante años vivió en París y Roma como juez de enlace, en un puesto muy bien remunerado al que le ascendió en su momento el Gobierno de Aznar

Lo de «hablar con los jueces» no fue algo que Martínez pidiese sin más. También lo practicó. La investigación judicial recoge una conversación por SMS entre Francisco Martínez y el mismísimo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Son estos mensajes, que aparecen en el sumario judicial.

En cuanto al fiscal Stampa, se refiere a Ignacio Stampa Fuente. El nombre les sonará. Es el fiscal del equipo de Anticorrupción al que hace apenas unas semanas toda la derecha acusó de actuar en connivencia con Podemos en el llamado ‘caso Dina’, ese supuesto escándalo de Podemos y Pablo Iglesias donde algunos medios intentaron convertir en culpables a las víctimas de la cloaca policial. 

La acusación contra Stampa era bastante descabellada, teniendo en cuenta que la Fiscalía se opuso a la inmensa mayoría de las peticiones que hizo Podemos en el tiempo en que estuvo personado en el caso Villarejo. Ahora que se ha levantado el secreto de sumario de la operación Kitchen, el señalamiento a Stampa –el fiscal que lleva este caso– se entiende mucho mejor. 

En cuanto a Jesús Santos, el que Martínez plantea que «hable con Stampa», se trata de un abogado, antes fiscal, que ha trabajado en varias ocasiones para el PP.

Que un dirigente del PP pida a su partido que presione a jueces y fiscales no es una gran novedad. Es el modus operandi. Lo hacía Bárcenas con Rajoy –y Rajoy le contestaba con el «hacemos lo que podemos»–. Lo hacían Eduardo Zaplana e Ignacio González con el Gobierno anterior.  

Herramientas no le faltan al PP para presionar. Y con estas cosas se entiende mejor las maniobras del partido para mantener de forma filibustera su control sobre el Poder Judicial, a través de un CGPJ con el mandato caducado, con el que pretenden nombrar a tres nuevos jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide si un político corrupto es culpable o inocente. 

Para muchos dirigentes del PP, el control de la Justicia es una auténtica obsesión. Algunos se juegan mucho: acabar con sus huesos en prisión. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Es importante que el Gobierno NO desclasifique nada más. Marlaska ha generado un gran daño mediante una desclasificación masiva de documentos para montar un ‘escándalo político’, probablemente para impresionar a su actual jefe y demostrar que tiene el pedigrí socialista que durante años negó. Lo que deben tener claro es que yo pediré autorización para hablar de TODO y tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron. Si lo que se pretende es desclasificar y liberar el secreto, será sobre TODO, no solo sobre a lo que mí me puede perjudicar. Precisamente, mi defensa estará basada en esta liberación del secreto sobre todo aquello que pueda justificar que yo no actué fuera de la ley y que cumplí instrucciones que también tenían otros. Por tanto, es importante que no se DESCLASIFIQUE NADA.

Si hay noticias en la prensa sobre este asunto, deberían hacerse declaraciones de apoyo, en lugar de ‘ponerse de perfil’.

Cuando Francisco Martínez habla de «otros servicios que intervinieron» en el espionaje a Bárcenas, se está refiriendo al CNI. Así figura también en algunos de los mensajes que Martínez llevó al notario para acreditar que recibía órdenes de su superior, el ministro Fernández Díaz. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Nos consta que desde el Ministerio de Marlaska están pidiendo a periodistas (concretamente a El País, a través de Óscar LOPEZ Fonseca) que hagan mucho ruido con este asunto antes del 10-N. Convendría darles un ‘toque’…».

Convendría dar un «toque» a los periodistas. Todo muy respetuoso con el derecho a la información. 

FRANCISCO MARTÍNEZ: «Es totalmente injusto que yo pague de mi bolsillo el abogado (de momento, 12.000 euros). Creo que este gasto debería sufragarse de otro modo».

El exsecretario de Estado, a su manera, tiene razón. Si durante años el PP gastó más de un cuarto de millón de euros en la defensa judicial de Luis Bárcenas, ¿con qué argumento negarle el pago del abogado a él?

FRANCISCO MARTÍNEZ: «El desastre que supuso la detención del Yeti lo provocó FSR, con pleno conocimiento de SSS y bajo la pasividad total de Zoido. Que nadie pretenda ahora que este problema es mío».

«El Yeti» es uno de los muchos apodos del comisario Villarejo. «FSR» son las iniciales del anterior jefe del CNI, Félix Sánz Roldán. Y «SSS», las iniciales de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría»: la que mandaba en el CNI. 

«Que nadie pretenda ahora que este problema es mío», termina su carta el juguete roto de la Kitchen. En eso tiene toda la razón. 

https://www.eldiario.es/escolar/confesion-juguete-roto-operacion-kitchen_132_6206769.html

Los cuatro mensajes que implican a Jorge Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas

Los cuatro mensajes que implican a Jorge Fernández Díaz en el espionaje a Bárcenas

Los cuatro mensajes que implican al exministro Jorge Fernández Díaz en la operación de vigilancia y seguimiento del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas durante el verano y otoño de 2013 fueron depositados ante notario el 13 de junio de 2019 por su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tal y como adelantó elDiario.es. En estas conversaciones el titular de la cartera de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy pone en conocimiento de su subalterno la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas y que resultó ser el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional.

El primer mensaje depositado ante notario, fue enviado por Fernández Díaz a Martínez el 13 de julio de 2013 a las 20.29. “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)». Dos horas después llegó el segundo: «Es importante». 

Estas conversaciones fueron registradas por un notario en verano de 2019 después de que el comisario Enrique García Castaño, también investigado en la causa, declarase ante el juez que el exsecretario de Estado de Seguridad era informado puntualmente de la investigación a la familia Bárcenas. 

El tercer mensaje se produjo el 2 de agosto de 2013 a medianoche, con una interlocución iniciada por el propio Martínez, según las conversaciones depositadas ante notario, en la que lanzó a su jefe el siguiente mensaje: «Entiendo que hablamos mañana en cuanto tenas (sic) el contacto Cecilio. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado». A lo que Fernández Díaz respondió: “Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info «. «Ok. Espero tu llamada después del Consejo. Bs noches», finalizó Martínez. En este caso, en este intercambio de SMS se apunta, como adelantó elDiario.es, a la implicación del CNI en el espionaje a Bárcenas ya que «Cecilio» es una de las denominaciones extendidas entre los policías nacionales para referirse a los miembros del CNI

En octubre de 2019 Martínez volvió a la notaría para que quedase registrado un mensaje más del exministro del Interior. De esta forma, el exsecretario de Estado de Seguridad dejó constancia de una cuarta comunicación, recibida el 18 de octubre de 2013 y más extensa que las anteriores. En ella el miembro del Gobierno de Rajoy aludía al triunfo de una actuación. «La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo ( 2 iphone y 1 i pad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)», apuntó. A continuación añadió: «Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información … veremos. Te informo». Estas comunicación son “concluyentes” para la Fiscalía, el Ministerio Público considera que estos cuatro mensajes evidencian “el conocimiento de detalle que el entonces ministro del Interior tenía respecto al desarrollo y ejecución de la operación». 

https://www.eldiario.es/politica/cuatro-mensajes-implican-jorge-fernandez-diaz-espionaje-barcenas_1_6206623.html

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

El espionaje a Bárcenas revela cómo el PP utilizó el Gobierno para reventar la causa judicial sobre su caja B

Por sorpresa, y con el país conteniendo la respiración ante el previsible estado de alarma que se declararía al día siguiente, los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano se presentaron del 14 de marzo pasado, a media mañana, en el domicilio madrileño de quien había sido secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez. Al revisar días después el clonado de su teléfono móvil, los agentes de Asuntos Internos encontraron la confesión que vincula al núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación para reventar el caso más grave de corrupción que ha afectado al Partido Popular en su historia, el que hizo aflorar dos décadas de financiación con dinero negro procedente de grandes empresarios que recibían contratos de la Administración.

“Es el asunto más importante que tenemos entre manos”. Así reproducía Martínez en las notas de su teléfono la instrucción que según él recibía constantemente de su inmediato superior, el ministro Jorge Fernández Díaz, sobre el espionaje a Bárcenas, según aparece en un informe de Anticorrupción. La frase podría no pasar de ser una apreciación discutible si se tratara de un verdadero dispositivo policial y no de la “operación parapolicial” por la que está imputado el número dos de Interior, el máximo responsable operativo del Cuerpo y una larga nómina de mandos a la que previsiblemente se sumarán en los próximos días el exministro del Interior y amigo íntimo de Mariano Rajoy. El jefe de Martínez consideraba esos seguimientos a Bárcenas más importantes que cualquier operación antiterrorista. Y también la entonces secretaria general del Partido Popular y antigua ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. 

El informe que Anticorrupción ha mandado a la Audiencia Nacional para que se impute a ambos está plagado de referencias que hacen los mandos policiales al supuesto conocimiento que de la operación tiene Mariano Rajoy, al que llaman “el asturiano” o “el barbas”. En los mensajes del exsecretario de Estado de Seguridad hay uno que condensa las sospechas hacia el antiguo presidente del Gobierno. Martínez escribió el 19 de septiembre de 2019: “Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán Fernández Díaz y probablemente Rajoy”. La declaración como investigado del exministro del Interior está pendiente de la firma del juez instructor, Manuel García-Castellón.

El documento remitido por la Fiscalía está plagado de maniobras para tratar de entorpecer la investigación sobre el caso. En uno de los pinchazos telefónicos, Martínez recurre al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y en la charla alude directamente a Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal. «Esta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más, pues como sabes muy bien mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal». «De eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quería hacer», añade el exnúmero dos de Interior, que todavía no ha declarado en la Audiencia Nacional.

El juez también debe decidir sobre la petición de la Fiscalía sobre la número dos del PP en esa época, María Dolores de Cospedal. Del audio que grabó Villarejo con ella y su marido en la planta noble de Génova, la sede nacional del partido, los fiscales concluyen que la secretaria general estaba interesada en que triunfara la operación de espionaje en “una doble perspectiva”: “Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

El verdadero resultado de la operación sigue siendo un misterio. En la causa consta que los policías robaron una serie de documentos de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, sin pruebas concluyentes contra el partido. Sin embargo, Villarejo alude insistentemente en las conversaciones grabadas que mantiene con Enrique García Castaño a que éste debe utilizar un supuesto audio que Bárcenas grabó a Mariano Rajoy y que nunca ha trascendido. Tanto Rajoy como Cospedal aparecían en los papeles de Bárcenas como perceptores de sobresueldos, una línea de investigación del caso de la caja B que nunca prosperó en los tribunales por falta de pruebas.

El exsecretario de Estado de Seguridad, quien a lo largo de las conversaciones que mantiene con distintos interlocutores se retrata a sí mismo como el chivo expiatorio de unas maniobras en las que estaban involucrados algunos de sus jefes en el Gobierno y el PP, se guardó cuatro mensajes que probaban que la Operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, era una instrucción del ministro del Interior Fernández Díaz. Los fiscales sabían antes del registro que encontrarían los documentos que había depositado Francisco Martínez en un notario con los mensajes en julio de 2019, para que diese fe de ellos cuando Martínez ya se rumiaba su imputación. Pero los fiscales no esperaban que el actual teléfono de Martínez, distinto del que utilizaba en su etapa como alto cargo de Interior, contuviera tantos datos relevantes. 

Francisco Martínez tomó la decisión de ir al notario para defenderse de lo que se le podía venir encima, pero también indignado con una entrevista de Fernández Díaz en la que el exministro aseguraba desconocer por completo el espionaje a Bárcenas y hacía una defensa de su número dos que este consideró muy tibia. “En todo este tiempo nadie del partido (del equipo anterior o del actual) ha mostrado el más mínimo interés en ayudarme. Por el contrario, solo ha habido filtraciones dando a entender que era un problema mío”, escribe el 13 de octubte de 2019 Francisco Martínez en su teléfono móvil sobre sí mismo. 

“No fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibía instrucciones MUY CONCRETAS (las primeras el 13/07/2013) y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información”, continúa Martínez su relato, que hace referencia al mensaje depositado ante notario en el que Fernández Díaz le informaría de la identidad del chófer que la brigada política había infiltrado en el entorno de los Bárcenas cuando el extesorero entró en prisión y empezó a tirar de la manta. 

En su móvil, Martínez continúa confesándose: “A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesa, pero escuché muchas veces de mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos. Y todo eso lo puedo demostrar”. Todas estas reflexiones las escribe el político que ocupó uno de los despachos fundamentales en el mantenimiento de la seguridad del Estado bajo el epígrafe: “Mensajes para trasladar”.

La confesión del teléfono de Martínez se agrava cuando comienza a referirse a otros miembros del Gobierno. El antiguo número dos de Interior califica la detención del comisario José Manuel Villarejo, al que se refiere como “El Yeti”, de “desastre”. El policía está encarcelado desde 2017 por liderar una organización criminal. Una de la treintena de piezas en las que está imputado es el espionaje a Bárcenas. Su arresto se produjo en la segunda legislatura de Rajoy, con Martínez fuera ya del Gobierno. Aquel “desastre”, añade, lo provocó “FSR”, siglas del director del CNI entonces, Félix Sanz Roldán, “con pleno conocimiento de SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) y bajo la pasividad total de Zoido, que no se enteraba de nada”.

No es la única referencia a la participación de los servicios secretos en los seguimientos a Bárcenas. Uno de los mensajes que depositó ante notario apunta a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en la operación para recuperar información comprometedora para el PP, una función que supone una perversión de las funciones reguladas por Ley del servicio de Inteligencia y que, de haberse producido, agravaría la utilización de las instituciones por parte de la formación entonces en el Gobierno. 

En ese mensaje que ahora figura en la investigación, Martínez pide a Fernández Díaz el “contacto cecilio” —nombre utilizado en la Policía para referirse a los integrantes del CNI”— en la Operación Kitchen y el ministro se compromete a facilitárselo más tarde, cuando finalice la reunión del gabinete de Rajoy. La confesión guardada en su teléfono revela otra acusación hacia el servicio de Inteligencia. “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”, escribe Martínez en su teléfono.

El texto del móvil reaviva las sospechas sobre el funcionamiento de otras instituciones del Estado y su relación con el Partido Popular. En su intento desesperado por defenderse de una operación que según Martínez no iba con él, el exsecretario de Estado cree que se puede utilizar las conexiones del partido, supuestamente una del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “muy estrecha”, con el juez instructor; y otra del abogado que suele defender al PP, Jesús Santos, antiguo preparador de las oposiciones del fiscal Stampa, uno de los miembros de Anticorrupción que investiga el caso, según dice. En otra comunicación intervenida, Martínez llama a los dos fiscales del caso “alimañas”.

https://www.eldiario.es/politica/espionaje-barcenas-revela-pp-utilizo-gobierno-reventar-causa-judicial-caja-b_1_6206738.html

Los mensajes entre Fernández Díaz y su número dos apuntan a la implicación del CNI en el espionaje a Bárcenas

Los mensajes entre Fernández Díaz y su número dos apuntan a la implicación del CNI en el espionaje a Bárcenas

Los mensajes entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, aluden a la presunta implicación del Centro Nacional de Inteligencia en el espionaje a Luis Bárcenas. En uno de ellos, de julio de 2013, Martínez solicita al ministro el «contacto cecilio» y Fernández Díaz responde que se lo facilitará después. Se trata de uno de los cuatro mensajes que Martínez depositó ante notario en el verano de 2019 a raíz de que fuera señalado por el comisario Enrique García Castaño en su declaración ante el juez y de que Fernández Díaz afirmara públicamente que desconocía por completo el operativo policial sobre el entorno del extesorero del PP.

La posible implicación del servicio de Inteligencia en el espionaje a Bárcenas agravaría la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy en la operación. «Cecilio» es una de las denominaciones extendidas entre los policías nacionales para referirse a los miembros del CNI. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, podría decidir este mismo lunes acerca de la imputación de Fernández Díaz; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y el marido de esta, Ignacio López del Hierro, que le solicitó el viernes Anticorrupción, según desveló elDiario.es. Fernández Díaz y Martínez, que aguarda para declarar al levantamiento del secreto del sumario, también previsto para el lunes, deberán profundizar en el contenido del citado mensaje sobre el CNI y el resto de los incautados por la Policía en casa del exsecretario de Estado. Según las citadas fuentes, en el mensaje no hay una alusión directa a Bárcenas.

La Audiencia Nacional investiga en esta pieza del caso Villarejo un operativo extrajudicial montado para recuperar pruebas que comprometían a dirigentes del Partido Popular en la financiación irregular de la formación durante dos décadas. Se trató, según sospechan los investigadores, de la utilización de funcionarios y medios públicos, policías y gastos reservados, para proteger al partido en el Gobierno. Algunos de los implicados han defendido ante el juez que hubo varias operaciones simultáneas y que una de ellas consistía en localizar a los testaferros de Bárcenas y recuperar el dinero dentro de la legalidad. Sin embargo, ni el operativo ni sus supuestos resultados se produjeron en el marco de la investigación judicial de la caja B del PP, que instruía Pablo Ruz, ni participaron en ella los agentes de la UDEF a las órdenes directas del magistrado.

La sombra del CNI planea sobre el espionaje a Bárcenas desde que trascendiera hace cinco años un episodio de aquellos días del verano de 2013. Los agentes del Área Especial de Seguimiento (AES) vigilaban día y noche los movimientos de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, y del hijo de ambos, Guillermo. En uno de los desplazamientos de Iglesias, tanto el chófer infiltrado como los policías del AES detectaron unas motocicletas que seguían al vehículo y que no pertenecían a su operativo. Al comprobar posteriormente las matrículas, los policías constataron que eran falsas. El comisario García Castaño puso este suceso en conocimiento del magistrado instructor en una de sus declaraciones como investigado, según fuentes jurídicas.

elDiario.es ha preguntado a un portavoz oficial del CNI sobre el citado mensaje y este ha respondido que el Centro no tiene comentario alguno que hacer. De confirmarse la implicación del CNI en un espionaje a Bárcenas para proteger al partido en el Gobierno, el servicio de Inteligencia habría transgredido la ley que regula su funcionamiento, de 2002. El Centro Nacional de Inteligencia, dice su artículo primero, «es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». Nada dice, por tanto, de proteger al partido en el Gobierno.

El CNI se ha desvinculado siempre de las actividades de la brigada política de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, ya fuera en sus maniobras contra el proceso soberanista catalán o para desprestigiar a Podemos. En el caso del informe sobre la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias, el denominado informe PISA, un portavoz del CNI desmintió formalmente cualquier implicación del servicio de Inteligencia en su confección, un posicionamiento público poco frecuente.

En el momento del espionaje a Bárcenas, el CNI dependía de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien luego competiría por la presidencia del PP con Pablo Casado y María Dolores de Cospedal. Esta última quedó apartada tras la primera ronda de las primarias y apoyó a Casado frente a Sáenz de Santamaría en la votación de los compromisarios, lo que llevó a la victoria al actual líder de los conservadores. Dos meses después, Cospedal tuvo que abandonar la política por la grabación de una reunión con el comisario Villarejo en la sede central del partido para intentar sabotear el caso Gürtel. En esa reunión también participó el esposo de Cospedal.

La tesis de la desvinculación del CNI de las maniobras policiales contra la oposición se ha alimentado en parte del enfrentamiento entre Fernández Díaz y Sáenz de Santamaría. El primero pertenecía al conocido como G-5, un grupo de ministros amigos entre sí y de Mariano Rajoy que compartían su animadversión hacia la número dos del Ejecutivo. Sin embargo, la relación entre Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz no fue siempre mala, más bien al contrario, y esa sintonía se prolongó durante la primera parte de la legislatura de 2012 a 2016. El director del CNI entonces era el general Félix Sanz Roldán, señalado en otra pieza del caso por haber intercedido ante Corinna Larsen por los intereses del rey emérito.

En las previsibles citaciones de Fernández Díaz y Martínez, ambos tendrán que responder además a los otros mensajes despositados ante notario por el exsecretario de Estado y que Asuntos Internos se llevó de su casa el 14 de marzo pasado. Como adelantó elDiario.es, uno de ellos demostraría que fue Fernández Díaz quien puso en conocimiento de su secretario de Estado de Seguridad la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas y que resultó ser el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional. En el mismo mensaje, el ministro del Interior habría pedido a Martínez que supervisara el operativo.

Otro de ellos es un mensaje que Fernández Díaz ha recibido y le reenvía al secretario de Estado de Seguridad. En el mismo se le informa de que una de las acciones se ha desarrollado «con éxito». Igualmente no se menciona a Bárcenas o la Operación Kitchen y no consta a qué maniobra alude de las que se realizaron para obtener información en poder de la familia del tesorero.

https://www.eldiario.es/politica/mensajes-fernandez-diaz-numero-apuntan-implicacion-cni-espionaje-barcenas_1_6204393.html

El teléfono del exnúmero dos de Interior revela que Fernández Díaz controló la operación de espionaje a Bárcenas

El teléfono del exnúmero dos de Interior revela que Fernández Díaz controló la operación de espionaje a Bárcenas

Los mensajes hallados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en el teléfono móvil del exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, revelan que Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros del círculo personal de Mariano Rajoy, conoció en tiempo real la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, sufragada con fondos reservados, informan a eldiario.es fuentes del caso. El fin último de ese operativo era recuperar de forma ilegal las pruebas de la implicación de dirigentes del Partido Popular en la financiación irregular de la formación conservadora.

Esos avances en las pesquisas derivaron este viernes en la solicitud por parte de Anticorrupción al juez para cite como investigados al ministro del Interior entre 2012 y 2016, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo de Mariano Rajoy, y a la secretaria general del PP durante una década -la que transcurrió de 2008 a 2018-, María Dolores de Cospedal, tal y como adelantó eldiario.es

El levantamiento del secreto de esta pieza 7 del caso Villarejo está previsto para el próximo lunes y promete sacudir la escena política. Se trata de una bomba en diferido debido en parte a los efectos de la pandemia. Un día antes de que el actual Gobierno decretara el estado de alarma, los policías de Asuntos Internos se presentaron en el domicilio de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, y le requisaron su teléfono móvil.

Lo que se investiga es una operación parapolicial para recuperar los secretos del PP que supuestamente escondía Bárcenas y que incluyó el allanamiento del estudio de pintura de su esposa, Rosalía Iglesias, el control continuo de sus movimientos a través del chófer de la familia, que en realidad actuaba como topo para la brigada política, el espionaje de su teléfono móvil y, según sospechan el juez y la Fiscalía, incluso la utilización de un sicario que, disfrazado de cura, asaltó la casa de los Bárcenas armado aunque fue reducido por uno de los hijos del extesorero.

Los secretos que buscaba la policía política estaban supuestamente en poder de Bárcenas cuando el juez Pablo Ruz decretó su ingreso en prisión, en junio de 2013, y desencadenó la confesión del tesorero quien reveló el sistema de financiación que había sostenido las campañas del partido durante al menos veinte años: donaciones irregulares de grandes constructoras que luego recibían contratos de Administraciones controladas por el Partido Popular. Bárcenas también denunció entonces el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, incluido su presidente, Mariano Rajoy. 

El juicio de la caja B es el último del caso Gürtel por celebrar. Su actual instructor, José de la Mata, mantiene bajo secreto una pieza separada sobre el sabotaje de la investigación, que incluye la documentación que requirió al Ministerio del Interior acerca de la huella documental de los pagos reservados y otros papeles que pudieran estar vinculados a la Operación Kitchen. Los mandos implicados en aquellas maniobras han declarado al juez García-Castellón que se trataba de localizar a los testaferros de Bárcenas y de recuperar el dinero que supuestamente escondía. Sin embargo, ni el juez Ruz, instructor entonces de la caja B, ni los mandos policiales de la UDEF a sus órdenes, fueron nunca informados de ese supuesto operativo.

La Operación Kitchen es el nombre con el que el comisario Villarejo bautizó el operativo, que no consta en ningún documento oficial, y que responde al parecido que el comisario veía entre un famoso cocinero y el chófer de los Bárcenas, el infiltrado que la brigada política introdujo en casa del extesorero. El levantamiento del secreto de la pieza 7 de la causa Tándem o Villarejo permitirá igualmente conocer el alcance de la investigación sobre el caso de la caja B del Partido Popular. 

De entre todas las revelaciones periodísticas y judiciales de la utilización de la Policía con fines partidistas ha sido el caso del espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados, el que ha colocado al entonces responsable de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al borde de su imputación, sobre la que decidirá el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, durante los próximos días. 

La también previsible imputación de Cospedal ahonda en la tercera misión de ese grupo de mandos policiales: no solo atacaron a los partidos que impulsaron el proceso soberanista y a Podemos con indagaciones prospectivas y extrajudiciales sino que intentaron proteger al PP y a sus dirigentes saboteando la investigación judicial del mayor caso de corrupción del partido, la caja B, según sospechan los investigadores.

En la nómina de imputados por el espionaje a Bárcenas figura el comisario Eugenio Pino, el policía que eligió el PP para dirigir la Policía y artífice de la llamada brigada política. Junto a él, todos los miembros de la primera línea de aquel grupo que él conformó. La petición de imputación de Cospedal obliga a fijarse en uno de ellos, el comisario Andrés Gómez Gordo, un mando que entró y salió de la Policía para trabajar con el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados -encarcelado como supuesto cabecilla de la trama Púnica- primero, y con María Dolores de Cospedal después, cuando esta era presidenta de Castilla La Mancha. 

De hecho, su último regreso a la Policía está directamente ligado a la Operación Kitchen. El partido había destinado como chófer del tesorero a Sergio Ríos Esgueva, quien ya había trabajado para Granados en la Comunidad de Madrid. En ese puesto conoció a Gómez Gordo, primero nombrado director de seguridad de la fracasada Ciudad de la Justicia, un proyecto millonario del Gobierno de Esperanza Aguirre que se frustró por el camino, y luego asesor del consejero de Presidencia e Interior. 

Esa coincidencia convirtió en imprescindible a Gómez Gordo, quien regresó a la Policía y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada. Después fue ascendido a comisario, cargo que juró con el actual Gobierno y que desempeña en Alicante. Todo lo relacionado con la Operación Kitchen se pagaba a buen precio en el Ministerio del Interior. El propio chófer de Bárcenas, que en realidad era un infiltrado para vigilar sus movimientos, sospechan los investigadores, además de cobrar 48.000 euros de los fondos reservados durante dos años, ingresó en la Policía a los 42 años y a los pocos meses ingresó en Madrid en un puesto muy codiciado, la Brigada Móvil. 

Fuentes policiales aseguran que Gómez Gordo conoció a Cospedal a través de su marido, Ignacio López del Hierro, quien tenía relación con Villarejo desde años antes de contraer matrimonio con la secretaria general del PP. López del Hierro, al que Anticorrupción también quiere tomar declaración, aparece en los audios de Villarejo que provocaron la dimisión de Cospedal participando activamente en el plan de sabotear el caso Gürtel.

Andrés Gómez Gordo también habría participado en otra de las misiones de la policía política: desprestigiar a Podemos para evitar que llegara al Gobierno en 2016. El comisario Enrique García Castaño, investigado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, lo señaló ante el juez como el autor del informe PISA sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, publicado en distintos medios de comunicación y que fue desechado por falta de consistencia en todos los órganos judiciales donde se presentó. Las declaraciones de García Castaño permitieron tirar del hilo de la trama de la policía política hacia arriba, hasta el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. 

Solo los avances en el caso Villarejo han permitido romper el cordón que unía al exministro Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal con el actual líder del PP, Pablo Casado. Dos meses antes de que trascendieran los audios con el comisario Villarejo que acabaron con su carrera política, Cospedal había prestado sus apoyos a Casado para que se impusiera en la segunda ronda de las primarias, la del voto de los compromisarios, ante Soraya Sáenz de Santamaría. El flamante presidente respondió repartiendo cargos entre los afines a la antigua secretaria general. 

En cuanto a Fernández Díaz, el presidente del PP no tuvo problema en consagrar los excesos ya evidentes del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 nombrando portavoz en el Senado a Ignacio Cosidó y secretario de Interior y Libertades del partido a Fernández Díaz. De ambos se deshizo Casado cuando empezaban a ser cercados por las informaciones sobre las irregularidades en el Ministerio del Interior. El exministro, integrante del círculo de amigos de Rajoy, aguantó en la Ejecutiva del PP hasta el verano pasado.

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