Madrid se enfrenta a partir del lunes a un reto ingente que no ha abordado ninguna otra comunidad autónoma desde que la crisis del coronavirus irrumpió con toda su virulencia en España el pasado marzo: restringir al mínimo la movilidad de casi un millón de personas para hacer frente a un virus desbocado que amenaza con colapsar de nuevo sus hospitales.
Este viernes, el día en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, compareció junto a su socio de Gobierno, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, la región registró 5.000 contagios en una sola jornada. Son mil más de los detectados durante todo el mes de julio. En 37 zonas de la región, la mayoría barrios pobres con una alta densidad de población, la situación está descontrolada. El epicentro de la pandemia constituye desde hace semanas un dolor de cabeza para el Gobierno de España y también para las regiones limítrofes: los responsables de Castilla y León y Castilla-La Mancha llevan dos semanas reuniéndose con dirigentes de Madrid para tratar de evitar la expansión de la pandemia. Por fin este viernes, se ha escenificado el gabinete de crisis en la Comunidad que va a tomar medidas «muy duras» –en palabras de Isabel Díaz Ayuso–.
Se cierran las zonas donde viven 855.193 personas, la mayor parte en el sur de Madrid, donde trabajan o acuden a los servicios decenas de miles más, y en un momento crítico para la coalición que apenas lleva un año y unos meses en el Gobierno y después de 72 horas de anuncios, rectificaciones, improvisaciones y silencios, que retratan a una administración desbordada, con una credibilidad por los suelos, que pone de manifiesto cada día unas grietas y enfrentamientos que trascienden ya a la división entre partidos que integran la coalición.
La propia foto de los tres comparecientes en la Puerta del Sol tiene ya una historia imposible. En el centro, la presidenta, desconfía de su número dos de Ciudadanos, Ignacio Aguado, situado en el escenario a su izquierda, y a quien en la Puerta del Sol acusan de múltiples deslealtades. La última, no ser tajante ante las invitaciones a la moción de censura que llegan desde la oposición. Y a la derecha, el responsable de la sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero con el que Isabel Díaz Ayuso apenas trata desde que antes del verano dimitiese la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, reacia a firmar el documento para que Madrid pasase de fase y que obligaba a garantizar el refuerzo de la atención primaria y la contratación de un millar de rastreadores.
Ese es el gabinete que a partir del lunes y sin recurrir al estado de alarma deberá controlar que casi un millón de personas en la región limiten al máximo sus desplazamientos, que no se reúnan ni en domicilios ni en otros establecimientos más de seis personas, se cierren los parques y no se atienda a nadie en la barra de los bares. Cuando se le preguntó a Ayuso qué efectivos iban a garantizar todo eso, la presidenta aludió a la dificultad de la situación, a la necesidad de que todas las administraciones arrimen el hombro y a la responsabilidad individual, lo que más ha fallado, según su diagnóstico, durante el verano. Hace unos días llegó a culpar de la situación a las costumbres de la población inmigrante que vive en el sur de Madrid.
La última semana de Ayuso y su gobierno es la constatación de un fracaso. Acudió a la Asamblea de Madrid el lunes a anunciar otra ración de políticas neoliberales: bajadas generalizadas de impuestos y una medida estrella para atajar el problema de la okupación de las viviendas, que el PP trata de convertir en un asunto político central.
Este viernes, con los medios de comunicación de todo el país emitiendo en directo su comparecencia, llegó a decir que los recursos de las autonomías son limitados y que a veces hay que elegir entre comprar respiradores y aulas prefabricadas. Cuatro días después de comprometer otra bajada de impuestos en la región más rica de España y también en la que menos tributos cobra.
Antes había tenido que desconvocar la rueda de prensa habitual de los miércoles tras la reunión del gabinete, suspender actos públicos de los consejeros e imponer el silencio entre los suyos. La propia comparecencia de Ayuso bailó varias veces de hora: se programó para las 11:30, se retrasó una hora y media y se acabó celebrando a las cinco de la tarde. La explicación oficial aludía a la necesidad de dotar a las medidas anunciadas de seguridad jurídica, mientras entre las paredes de la Puerta del Sol afloraba de nuevo el runrún de las discrepancias entre los socios de gobierno.
La desconfianza preside las relaciones dentro del Gobierno: la sintonía de Díaz Ayuso con sus responsables sanitarios –empezando por su consejero– es nula o muy mala, reconocen ya varias fuentes del Ejecutivo autonómico. Y el hombre al que había recurrido como solución a la pandemia, el viceconsejero, al que convirtió en el héroe del «hospital milagro» de Ifema, epicentro de toda la propaganda gubernamental, ni siquiera compareció este viernes. Está desaparecido desde que el miércoles anunció que habría confinamientos selectivos y fue rectificado casi al momento por la Presidencia de la Comunidad.
A su vez, el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está enfrentado con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Aunque resulte difícil de creer, no existe interlocución entre la máxima responsable del Gobierno regional y el titular que gestiona la pandemia más grave del último siglo, cuando la región encabeza el número de contagios e ingresados en el país y en Europa y se dispone a tomar medidas drásticas tras cuatro meses de inacción y bronca contra el Gobierno central.
Desde que Madrid pasó de fase, tras semanas de presión contra el Ministerio de Sanidad, al que acusaba de paralizar por sectarismo la locomotora económica de España, no se contrataron los rastreadores comprometidos, no se reforzaron los centros de salud ni se preparó con antelación el regreso a las aulas. Y ahora los hospitales se asoman de nuevo al abismo.
Hasta ahora, a la opinión pública solo trascendían los desencuentros con su socio de Gobierno que en muchas ocasiones eran públicos con desmentidos y ataques directos. Ayuso ha intentado dejar a Ciudadanos al margen de toda gestión de la pandemia hasta el punto de que en numerosas ocasiones se ha enterado de algunos anuncios por la prensa. La relación entre la presidenta y su vicepresidente es «pésima», reconocen desde ambas formaciones, y la llamada de socorro al Gobierno central del vicepresidente autonómico este jueves solo contribuyó a irritar más a la presidenta. Aguado reconocía abiertamente la incapacidad de su Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. Sus palabras acabaron con el ofrecimiento de urgencia del presidente Pedro Sánchez que se materializará este lunes en una reunión en la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional–, aunque ambos equipos ya estén trabajando juntos. Ayuso quería dejar claro este viernes que Sánchez no baja a «tutelarla», sino a «colaborar”.
Este viernes la presidenta madrileña insistía en manifestar las diferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez con el que ha confrontado desde el primer día, convertida en ariete de Pablo Casado. Ayuso volvía a situar en el origen del problema la falta de control en Barajas, pese a que su gobierno tiene datos de que no está ni mucho menos en el origen de la expansión del virus. En la última semana solo ha entrado un caso positivo por el aeropuerto, según la propia estadística de la Comunidad de Madrid.
Con este panorama, controlar la movilidad de 855.193 personas, el 13% de la población de la región, no será tarea fácil. El Gobierno regional anuncia ya sanciones de entre 6.000 y 600.000 euros a las personas que incumplan las medidas, que además de la movilidad –excepto para cuestiones como trasladarse al trabajo o ir al centro educativo– incluyen reducciones de aforo y cierre de parques [consulte aquí todas las medidas]. Este domingo, la Delegación de Gobierno y responsables de seguridad y protección civil de los ayuntamientos afectados se reunirán para coordinar una estrategia ante el reto de controlar las entradas y salidas de un gran número de población.
La reacción de los consistorios afectados –Madrid, Fuenlabrada, Getafe, Parla, San Humanes, San Sebastián de los Reyes y Moraleja de Enmedio– por las nuevas restricciones es desigual. Los alcaldes tienen un arduo trabajo por delante: implementar medidas en dos días para que se puedan cumplir los cierres perimetrales impuestos por el Gobierno regional a partir de la noche del domingo.
El municipio con más áreas afectadas y entre 400.000 y 500.000 ciudadanos concernidos por los cierres perimetrales, Madrid, no ha concretado cómo garantizará que se cumplen las medidas. El alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, arropaba a la presidenta regional, compañera de partido (PP), y avanzaba más presencia policial, refuerzos en los Servicios Sociales, más limpieza y un buzoneo para informar a cada madrileño sobre cuál es su zona básica de salud sin entrar al detalle. Su postura se desmarca de la que mantienen otros regidores de áreas afectadas, como Parla, Fuenlabrada o Getafe, que lamentan la falta de coordinación y comunicación con el Gobierno regional.
«En la misma calle habrá una parte afectada y otra no. Tenemos que ver cómo aplicamos el decreto de la Comunidad de Madrid. Va a ser complicado”, advertía el alcalde de Parla, tras conocer que 70.000 de sus vecinos están concernidos por las nuevas restricciones a la movilidad. En Fuenlabrada, con dos áreas cerradas, el alcalde se manifestaba «molesto» por la falta de comunicación y coordinación con el Gobierno regional, un malestar común a varios alcaldes socialistas del sur de Madrid. «Nos han hecho partícipes teniendo en cuenta que somos los que tenemos que realizar las labores de control y aplicación del decreto», señalaba Javier Ayala. «La presidenta pide colaboración a los ayuntamientos cuando les está ignorando», añadía, por su parte, la regidora de Getafe, Sara Hernández, también del PSOE.
La presidenta madrileña hizo poca autocrítica sobre su gestión pese a que Madrid vuelve a estar a la cabeza de los contagios no solo en España, en todo el continente. La mala situación epidemiológica de la región la achacó al «exceso de confianza» de las personas «en entornos familiares». «Las reglas del juego han cambiado. Las casas eran los lugares más seguros y ahora son las aulas, los centros de trabajo, los lugares públicos, los restaurantes…», dijo la dirigente popular obviando la falta de rastreadores y la situación de la atención primaria que dependen de su gestión. Tampoco hubo anuncios encaminados a ese sentido. Las medidas se centraron en las restricciones y en una campaña de test rápidos masivos en las 37 zonas afectadas, pero no hubo nada encaminado a mejorar las condiciones de los centros de salud de estos lugares.
La presidenta autonómica justificó estas carencias en que «los recursos de las autonomías son limitados» y por eso a veces hay que elegir entre «aulas prefabricadas y respiradores». Lo decía la misma semana que anunció rebajas generalizadas de impuestos que beneficiarán a las rentas más altas, mientras pronosticaba una caída del PIB en la región del 12,7% –unos 30.000 millones– provocada por la crisis sanitaria. Ayuso obvió además que la región ha recibido ya más de 1.200 millones de euros de los 16.000 millones del fondo que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades para hacer frente a la pandemia (en total recibirá unos 3.400 millones).
Ayuso defendió que hay que evitar «a toda costa el estado de alarma» y un confinamiento porque eso supondría «el desastre económico». Es la tesis que tanto ella como su número dos esgrimieron en mayo, durante su campaña para que Madrid pudiera pasar de fase. Tres meses después, su gobierno trata de evitar por todos los medios que la situación se repita y de luchar no solo contra el virus, también contra una hemeroteca implacable y la amenaza de una moción de censura que cada vez más partidos en Madrid consideran inevitable.
