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Un pacto con patronal y sindicatos sin periodistas y un Consejo de Ministros sin preguntas

Ni periodistas ni preguntas. El Gobierno ha suspendido la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (extraordinario este viernes) para que nada desluzca la firma del acuerdo de Pedro Sánchez con la patronal y los sindicatos para profundizar los ERTE e impedir los despidos durante la crisis derivada de la COVID-19. Era un acto al que el Ejecutivo le ha dado la mayor relevancia en un momento en el que el acuerdo con el PP para la reconstrucción se le resiste y llegar a la negociación en Bruselas con el apoyo del principal partido de la oposición es importante para el Gobierno. 

La imagen de unidad la ha conseguido en Moncloa al reunir de nuevo a los representantes de los empresarios y de los trabajadores en un acto celebrado en el exterior del palacio entre árboles y con la plana mayor del gabinete. Pero sin preguntas de los periodistas, que no estaban invitados al acto. Solo fotógrafos y cámaras de televisión. Por parte del Gobierno, al acto han asistido los cuatro vicepresidentes y los ministros de Hacienda, Trabajo, Industria Comercio y Turismo, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los representantes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y  Gerardo Cuerva, y de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han intervenido en el evento que ha cerrado Sánchez. 

Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, Moncloa no ha permitido la asistencia de periodistas a la firma, y las imágenes del acto se han distribuido a través de señal televisada. El presidente ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo a los medios de comunicación. 

Antes del acto institucional, que se ha desarrollado en los jardines de la Moncloa en un entorno idílico, Sánchez ha reunido al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para aprobar un paquete de medidas económicas, entre ellas una línea de avales ICO por un importe de 50.000 millones de euros o el Plan Renove. A pesar de la relevancia de la iniciativa que el presidente ha detallado someramente en su discurso, el Gobierno ha decidido evitar la rueda de prensa posterior donde los ministros desgranan los detalles y responden a las dudas de la prensa sobre esas u otras cuestiones de actualidad.

«El Consejo de Ministros extraordinario de hoy aprueba medidas económicas. Y estas son la base del pacto que se firma a continuación. Se distribuirán notas informativas, que los medios podrán complementar con los ministerios proponentes de las medidas. El acto de firma del Pacto contará con intervenciones del presidente del Gobierno y de los agentes sociales. No es un consejo ordinario. Y la jornada de hoy, con la concatenación de consejo extraordinario y acto de firma nos ha conducido a este formato», es la explicación que ha dado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Las ruedas de prensa se han celebrado igualmente en la decena de consejos de ministros extraordinarios que se han convocado durante la emergencia sanitaria. El antecedente de que no se convoque a los periodistas tras una reunión del gabinete se remonta a 2014, cuando el entonces Gobierno de Mariano Rajoy no dio explicaciones tras una reunión extraordinaria para aprobar la modificación legislativa que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I.

El PP no ha dudado en atizar al Gobierno por la decisión de no ofrecer una rueda de prensa tras reunir al Consejo de Ministros. «¿Qué quiere ocultar el Gobierno? ¿Sobre qué no quiere rendir cuentas ante los medios de comunicación?», se ha preguntado en Twitter la vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos.  «No se puede esconder hoy el Gobierno, que ha decidido que no da una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que tienen qué ocultar?», ha dicho en un acto de campaña Cuca Gamarra.

https://www.eldiario.es/politica/sindicatos-periodistas-Consejo-Ministros-preguntas_0_1044645901.html

El clima electoral allana los primeros acuerdos de la legislatura entre el Gobierno y el PP

La doble cita electoral en Galicia y Euskadi ha propiciado un clima de entendimiento que ha empujado al Gobierno a buscar los equilibrios necesarios para atraer al PP y a Ciudadanos al pacto por la reconstrucción social y económica, mientras trata de mantener los apoyos de la investidura.

El PSOE y Unidas Podemos apurarán las negociaciones en el Congreso para sumar el mayor número posible de grupos al pacto, que debe quedar cerrado este viernes. Por ahora los documentos presentados por los socios de coalición han salido adelante con distintas mayorías, siguiendo la «geometría variable» que procuran desde Moncloa, vista la delicada mayoría parlamentaria de la coalición. Por partes: el documento sobre la posición de España en la UE solo ha contado con el voto en contra del PNV mientras que Ciudadanos lo ha respaldado y PP, ERC, Junts y EH Bildu se han abstenido. El de política social, el partido de Inés Arrimadas y los conservadores lo rechazan en buena medida por la negativa a destinar fondos de reconstrucción a la escuela concertada que figura en el documento pactado por socialistas y grupo confederal. 

Los socios de Gobierno marcaron unos plazos para los trabajos de la comisión parlamentaria con el objetivo de que no se extendieran más allá del periodo electoral en Galicia y Euskadi. Esa era, a juicio de los socialistas, la única opción de que el PP se desmarcara de la posición beligerante que ha mantenido hasta ahora, visto lo que se juega sobre todo en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado en campaña un perfil pactista para atraer al votante moderado.

El presagio de los miembros del Gobierno se cumplía a principios de semana, la primera de las campañas vasca y gallega. Tras meses lanzando durísimas críticas al Ejecutivo por su gestión de la pandemia, acusándole de «mentir» y reprochándole el número de fallecidos, el líder del PP decidió el fin de semana cambiar de estrategia y rebajar el tono contra Sánchez. Casado ya no recurre a las víctimas del coronavirus en sus discursos para atacar al Gobierno, a pesar de que la semana pasada constituyeron el principal eje de sus mensajes , lo que llevó al propio Sánchez y a la vicepresidenta Carmen Calvo a acusar al PP durante el Pleno del Congreso del miércoles de «utilizar a los muertos» para desgastar al Gabinete.

La dirección del PP llevaba más de un mes pidiendo por escrito a sus cargos que reprocharan al Ejecutivo esa cifra de fallecidos, según los argumentarios a los que tuvo acceso a eldiario.es. También se les pidió que los utilizaran cuando ya había dado el pistoletazo de salida la precampaña, a pesar de que el pasado jueves hubo un primer cambio por parte de la dirección del PP, que unas horas después de lanzar duras acusaciones contra Sánchez en el Congreso apoyó el decreto de nueva normalidad tras negociar con PSOE y Unidas Podemos.

Desde el domingo, el viraje de los discursos de Casado, que ha participado en cinco actos de campaña, es evidente. Al líder del PP no le interesa llegar a las urnas en el papel de agitador de la crispación que había representado en las últimas semanas.

Esa actitud del líder del PP había permitido hasta ahora al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, erigirse en la principal cabeza visible del sector moderado del partido, más proclive a los acuerdos con el Gobierno y con un discurso menos bronco, al menos en las formas durante las últimas semanas, que el defendido por Casado y por dirigentes de su entorno, como la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Feijóo siempre ha tratado de mantener una voz propia, al margen de la de Casado, precisamente con la vista puesta en las elecciones del 12 de julio –en cuya campaña el logo del PP está prácticamente escondido–. Para seguir gobernando trata de ensanchar su electorado más allá de los votantes conservadores. Las encuestas apuntan a que el dirigente gallego acaricia su cuarta mayoría absoluta consecutiva, si bien todo depende de la participación, incierta en un contexto como el actual.

Desde el domingo el líder nacional del PP ha centrado sus discursos en la economía, una de las tradicionales bazas electorales de la derecha, y ha recalcado su voluntad de acuerdo con el mismo Gobierno al que hasta hace apenas unos días acusaba de haber provocado miles de muertos. Al frente del equipo negociador de su partido situó, además, a la expresidenta del Congreso y exministra Ana Pastor, de un perfil moderado, y persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy. Y este martes era Casado el que anunciaba que su partido y el Ejecutivo estaban ultimando un pacto en materia sanitaria dentro de la Comisión para la Reconstrucción que debe presentar sus conclusiones antes del próximo viernes.

El PSOE siempre ha dado por hecho que los populares no podían quedarse al margen de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, cuyo formato impusieron ellos antes de que echase a andar, y que tendrían que marcar distancias con Vox si querían parecer una alternativa de gobierno.

En un acto en Vitoria, el líder del PP reconocía que «la línea de trabajo más avanzada» dentro de las negociaciones que mantiene su grupo con el Gobierno «es la de Sanidad» y confiaba por ello en que el diálogo –que se ha trasladado a prácticamente reuniones diarias entre los equipos negociadores del PP y el Gobierno– «vaya por buen camino».

Casado también se mostraba dispuesto a intentar «remar a favor» junto al Gobierno en materia europea, otra de las patas de la Comisión de la Reconstrucción, apenas unos días después de que el PP llevara a las instituciones europeas su plan de ataque al Ejecutivo. En el marco de esa estrategia que ahora Génova pretende reconducir, la portavoz de los populares españoles en la UE, Dolors Montserrat, llegó a enviar un documento al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionaba el Estado de derecho en España y acusaba al Gobierno de querer «encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos».

Los socialistas ven factible alcanzar un acuerdo también en el apartado de posición en la UE. A pesar de que el PP ha sido muy crítico en Bruselas con la coalición de Sánchez, ha apoyado a Nadia Calviño como candidata a presidir el Eurogrupo. Por ahora sigue la negociación. «Esta es una primera aproximación», señalaba el número dos del grupo socialista, Rafael Simancas. El PSOE confía en poder llegar a más acuerdos en las próximas horas, antes de que se vote el dictamen final de las conclusiones de la reconstrucción en la comisión, a pesar de que la aprobación está garantizada tras el abandono de Vox, que contará como una abstención.

Las advertencias de los socios de la investidura

Con todo, el Gobierno espera que el nuevo tono de Casado no responda exclusivamente a la táctica electoral, tal y como señaló la portavoz, María Jesús Montero, la semana pasada.

Desde hace semanas, los partidos del Gobierno de coalición hacen equilibrios en el Congreso para intentar atraer a PP y Ciudadanos al acuerdo entre advertencias de los aliados de la investidura, que piden al Ejecutivo «elegir» entre dos bandos que plantean conclusiones a veces opuestas. El reto de la coalición es alcanzar un consenso mínimo que no eche por tierra el gran proyecto de unos nuevos ‘pactos de la Moncloa’ que planteó Pedro Sánchez en los momentos más críticos de la pandemia.

Este miércoles se reunieron los cuatro grupos de trabajo en los que se dividió la comisión parlamentaria de reconstrucción para debatir las enmiendas presentadas al documento base propuesto por el PSOE y Unidas Podemos. El primer aviso llegó en la primera de las reuniones. El diputado de ERC-Sobiranistes Joan Josep Nuet advertía al Gobierno sobre sus intenciones de acordar con el PP una posición para Europa sobre la base del pacto de estabilidad que encorseta el aumento del gasto público que, según ha dicho, han publicado algunos medios.

«Si este pacto anunciado se cumple, los Presupuestos sociales que aborden la reconstrucción no serán posibles. O los tendrá que pactar con el PP», sentenciaba. Los republicanos catalanes también han señalado en los últimos días que el acercamiento del Gobierno a Ciudadanos pone en riesgo su apoyo. «El autoconsiderado Gobierno más progresista de la historia quizás pronto tendremos que decirle el Gobierno más decepcionante», advertía este miércoles la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

La respuesta por parte del PP llegaba en la misma comisión, donde el portavoz del partido de Casado negaba, por un lado, que se hubiera alcanzado ya ningún acuerdo con el Gobierno, mientras defendía que el pacto de estabilidad es una norma europea que no se puede modificar en el marco de una comisión parlamentaria del Congreso en España.

Minutos más tarde se sumaba al debate Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos defendía el posible acuerdo con los conservadores para lograr una posición común en Bruselas que facilitara un acuerdo comunitario en la negociación de los fondos que tienen que llegar, precisamente, para financiar la reconstrucción. «Si hay acuerdo amplio en el grupo de la UE facilitará que lleguen los fondos finalistas, y eso nos permitirá unos Presupuestos progresistas, que fortalezcan la sanidad pública, la educación pública, el sistema de cuidados, y que permitan poner en marcha una transición energética o una política industrial valiente», decía Echenique, quien insistía: «Cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la UE, más opciones tendrá el Gobierno de presentar unos Presupuestos progresistas y que defiendan los servicios públicos en España».

Tras ERC, que con 13 diputados puede ser decisivo en la negociación presupuestaria, también el PNV ha lanzado una advertencia en forma de sendos votos en contra a las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo. Los nacionalistas vascos lamentan la «vaguedad» de las propuestas y el espíritu «recentralizador» que aprecia en ellas, informa Europa Press, aunque dejan la puerta abierta a cambiar el sentido del voto este viernes, cuando se valorará el conjunto de los documentos.

El PNV es otro de los aliados habituales del Gobierno de coalición y, aunque menos beligerante a la hora de poner en duda sus apoyos asimétricos, también ha mostrado sus reticencias a los posibles apoyos que Pedro Sánchez puede buscar en el arco derecho del Parlamento. Con todo, en 2018 el PNV apoyó los Presupuestos que el PP pactó con el partido que dirigía por entonces Albert Rivera y que siguen aún vigentes.

La sorpresa se produjo a última hora, cuando los socialistas votaban a favor de una enmienda de EH Bildu que planteaba derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy tal y como figura en los acuerdos de gobierno suscritos por Sánchez. La formación de la izquierda abertzale celebraba que así se cumpliera con el pacto suscrito en el marco de la negociación de la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, una hora más tarde el PSOE ha pedido repetir la votación, para lo que ha contado con el apoyo del PP. En esa segunda ocasión ha rechazado esa iniciativa.

El documento marco que pactaron PSOE y Unidas Podemos a dejaba fuera la derogación de la reforma laboral. El argumento de los socialistas es que la la comisión no está negociando ni los presupuestos ni un acuerdo de gobierno sino la reconstrucción tras la pandemia. «Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país. Tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales, susceptibles de amplios consensos», explicó el dirigente socialista Rafael Simancas este miércoles por la mañana. Tampoco salieron adelante otras enmiendas presentadas por los aliados de la investidura, como la referida al impuesto de las grandes fortunas, que también quedó fuera de la propuesta de los miembros de la coalición para tratar de ampliar los apoyos de las conclusiones. En este caso, Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio y ha votado a favor.

«Después de que PSOE, UP y PNV no hayan apoyado garantizar pensiones mínimas de 1.080 euros, aplicar una moratoria a las grandes infraestructuras ni crear un impuesto a la banca, esperamos que rectifiquen su postura antes de la votación definitiva del viernes», señalaban desde la formación independentista.

En el PSOE no esconden su pretensión de ampliar el apoyo parlamentario al Gobierno. Pero tampoco apuestan por un cambio radical de socios en el Congreso. No solo porque su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha mostrado en muchas ocasiones sus reticencias a negociar con Ciudadanos ante el temor de que las políticas sociales y fiscales se vean limitadas. Tanto Pablo Iglesias como el resto de dirigentes de Unidas Podemos han planteado que se puede abrir la negociación, pero siempre con el acuerdo de Gobierno firmado con los socialistas como punto de partida.

A pesar de que el Gobierno ha dejado de señalar a los aliados de la investidura como socios preferentes para la aprobación de los presupuestos, los socialistas modulan los mensajes. En las filas del PSOE preocupa que el escenario preelectoral en Catalunya frustre sus planes iniciales, pero también temen que el viraje de Ciudadanos sea circunstancial. Simancas intentaba desligar los acuerdos de reconstrucción de la negociación presupuestaria y de la estabilidad de la legislatura. «No estamos hablando del acuerdo de Gobierno ni de los Presupuestos, que tienen otro recorrido. Estamos hablando de las bases de reconstrucción de este país», apuntaba. Por eso, concluía, las conclusiones «tienen que ser necesariamente muy amplias, genéricas y transversales. Susceptibles de amplios consensos».

Preguntado expresamente sobre si Ciudadanos es socio de Gobierno, Simancas negaba la idea: «No, ellos mismos han negado esa posibilidad».

Unidas Podemos aprieta para ampliar el escudo social

El partido de Inés Arrimadas ha anunciado que, de momento, apoyará tres de los cuatro documentos planteados. El portavoz adjunto, Edmundo Bal, ha señalado que no votarán a favor del de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados ya que en materia de Educación, apunta a que el aumento en la inversión destinado a Educación vaya íntegro a «la educación pública de gestión directa». Desde Ciudadanos han reclamado que la concertada también reciba fondos de la reconstrucción.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos rechazan el argumento. Simancas sostuvo que el Congreso está debatiendo una reforma educativa amplia en la que se tratará a fondo el sistema español. Echenique, por su parte, aseguraba que «fortalecer la educación pública como eje vertebral» de la recuperación.

En el grupo confederal no están muy dispuestos a aceptar más rebajas en la ponencia que el viernes se aprobará en la comisión y, después, en el Pleno del Congreso. Unidas Podemos ya tuvo que tragar con que una de sus medidas estrella, el impuesto a las grandes fortunas, saltara del documento.

Los de Pablo Iglesias ya han advertido de que intentarán recuperar el nuevo tributo en la negociación de los Presupuestos. Pero, mientras tanto, la izquierda parlamentaria ha visto una brecha abierta en el socio minoritario del Gobierno. Tanto ERC como EH Bildu y Más País han mantenido esta figura entre sus conclusiones, mientras acusaban al Gobierno de perder la oportunidad de hacer un sistema fiscal más redistributivo.

La reacción en Unidas Podemos llegará en los próximos días en forma de ofensiva en el Gobierno para extender hasta 2021 los principales elementos del llamado «escudo social», las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar la crisis económica y sus consecuencias entre la población.

Algunas de estas medidas caducan a finales de julio y, como ha sucedido con los ERTE, la idea de Unidas Podemos es negociar su prórroga. La Vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias, apoyada evidentemente por el resto de los ministerios que gestiona Unidas Podemos, va a proponer en el seno del Gobierno una ampliación de las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler, de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros (luz, gas, etcétera). Unas medidas que costó poner en marcha y que deberán volver a negociar.

https://www.eldiario.es/politica/electoral-primeros-legislatura-Gobierno-PP_0_1043946682.html

Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan profundizar en los ERTE y evitar los despidos en la crisis del coronavirus

En un momento en el que las llamadas a los consensos y la unidad resuenan mucho en el Congreso de los Diputados, con difícil aplicación entre los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios vuelven a dar ejemplo práctico de ello. El Gobierno de coalición ha cerrado un nuevo acuerdo con las patronales y sindicatos mayoritarios para «la reactivación económica y el empleo». Las tres partes se comprometen a profundizar en la fórmula de los ERTE de cara al futuro y a evitar los despidos como «principal mecanismo de ajuste» ante los problemas que existan en la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, según el texto del pacto al que ha tenido acceso eldiario.es.

El acuerdo, al que se comprometió el Ministerio de Trabajo en la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, será suscrito este viernes por la mañana en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los líderes empresariales de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Poco después, el Consejo de Ministros dará luz verde a un nuevo paquete de medidas económicas, con una nueva línea de préstamos ICO de 50.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y la creación de un fondo con 10.000 millones para rescatar empresas viables, que canalizará la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), entre otras medidas según explican fuentes del Ejecutivo.

El objetivo del fondo sigue la estela de países como Francia o Alemania en sus estrategias para proteger la gran industria. En España se pretende que el Estado fortalezca, a petición de las empresas, a compañías viables pero que estén atravesando problemas con motivo de esta crisis, como pueden ser las aerolíneas o compañías hoteleras. 

El Consejo de Ministros también aprobará medidas dirigidas a los trabajadores fijos discontinuos y acuerdos ya alcanzados para impulsar el consumo, como el plan renove del sector de la automoción, entre otras medidas.

Apuesta por «acuerdos amplios de país»

El presidente del Gobierno vuelve a repetir una foto de unidad con los agentes sociales, tras los acuerdos laborales para subir el salario mínimo este 2020 y para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio. El nuevo pacto recoge compromisos amplios, bastante genéricos, para la reconstrucción económica en un momento clave para la reactivación económica dentro y fuera del país.

De cara a la interna, el acuerdo sostiene que las circunstancias excepcionales que se viven en la actualidad «exigen llegar a acuerdos amplios de país» que proporcionen «la necesaria estabilidad» y permitan un crecimiento económico «más sostenible e inclusivo». El Ejecutivo tiene además la mirada puesta en Bruselas y las negociaciones para el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, a las que llegará con un mensaje de respaldo de los representantes empresariales y de los trabajadores.

El documento que suscribirán este viernes las partes se detiene en varias ocasiones en los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), que celebran como un éxito del diálogo social que ha evitado una gran destrucción de puestos de trabajo y de empresas en estos meses. Los agentes sociales reconocen el gran esfuerzo de «fondos públicos» destinados al mecanismo, una «expresión de la fuerte solidaridad y el compromiso con las empresas y los trabajadores del conjunto del país».

El acuerdo apuesta por fomentar esta fórmula de cara al futuro, como un mecanismo de flexibilidad interna en las empresas que evite la salida definitiva de trabajadores. Empresarios, sindicatos y Gobierno coinciden en la necesidad de situar la creación de empleo de calidad en el centro de la recuperación, «evitando que el despido sea el principal mecanismo de ajuste» ante los problemas que puedan surgir en las empresas.

En cuanto a la recuperación del empleo en estos momentos, las empresas se comprometen a «la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis COVID» cuando sea posible, y a potenciar la contratación indefinida.

También se abordan otras cuestiones laborales más controvertidas, como la renovación de la legislación laboral (que enfrenta el debate continuo sobre la reforma del PP de 2012) y el teletrabajo, cuya regulación que prepara el Ministerio de Trabajo criticó el líder de la CEOE la semana pasada.

El documento apuesta de manera genérica por «modernizar» el marco laboral «a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras» y la creación de «un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral», con el objetivo de aumentar la productividad de las empresas y mejorar la situación de los trabajadores y la conciliación familiar.

Una economía más «verde» y digital

Otras premisas constantes en el acuerdo del Gobierno con los agentes sociales consisten en la necesidad de impulsar la economía «verde», de encontrar oportunidades económicas en la transición ecológica, así como de fomentar la digitalización de la economía, su reindustrialización y el desarrollo de sectores estratégicos.

Además, el Ejecutivo y los agentes sociales añaden compromisos relacionados con otras materias relevantes, como «el reforzamiento de nuestros Servicios Públicos en los distintos niveles de la Administración», especialmente la sanidad y dependencia,  la necesidad de abordar las «adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones», de manera que se proteja el poder adquisitivo, y el impulso de medidas para aflorar la economía sumergida, mediante la lucha contra «el fraude, la precariedad y la evasión fiscal».

https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-patronal-sindicatos-estabilidad-recuperacion_0_1044296457.html

El Gobierno pretende presentar los presupuestos aunque haya elecciones catalanas y ya no prioriza a ERC

«Este país necesita una cuentas públicas y las necesita ya». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 «en tiempo y forma», es decir, a finales de septiembre, independientemente de que haya elecciones en Catalunya. Además, la portavoz del Gobierno ha dejado de señalar a ERC como uno de los socios prioritarios para esa negociación a la que emplaza a todas las formaciones políticas después de que el camino se haya allanado con Ciudadanos.

«No tenemos la certeza de que vaya a haber unas elecciones en Catalunya, no ha habido una convocatoria, aunque todos podemos tener una opinión -ha expresado Montero-. Pero este Gobierno va a empezar a dialogar con todas las formaciones cuando tengamos la certeza de cuánto va a ser netamente la aportación europea». El Gobierno empezará a preparar las cuentas cuando tenga claro cuánto recibirá de los fondos de reconstrucción europeos y las cifras macroeconómicas sean más certeras de cara al año que viene. Montero ha dicho que las conversaciones se iniciarán en julio y se mantendrán en agosto y septiembre.

«En el momento en que esas incógnitas estén despejadas nos vamos a poner a trabajar con todas las formaciones políticas, también con ERC», ha señalado Montero, que ya no sitúa a los republicanos catalanes como socios prioritarios desde que la relación con el partido de Inés Arrimadas ha mejorado sustancialmente con Moncloa. «Ahora todos estamos obligados permanentemente a pactar, a llegar a acuerdos en una geometría variable dependiendo de las iniciativas, pero en el caso del Gobierno con una clara vocación de tener unos partidos políticos, unos socios prioritarios, en la interlocución como son aquellos que hicieron posible la investidura del señor Sánchez», fue la respuesta de Montero a principios de junio.

La interlocución del Gobierno con Ciudadanos sigue abierta y la posibilidad de que acabe apoyando los presupuestos, también. El portavoz de la formación, Edmundo Bal, se mostró dispuesto a facilitar las cuentas, aunque aseguró en una entrevista en El Mundo que sería «difícil» si el Gobierno mantiene la mesa de diálogo con la Generalitat. Sánchez pretende que se vuelva a reunir en el mes de julio, una vez pasen las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio, tal y como le exige ERC, aunque el Ejecutivo recuerda que también depende de Quim Torra.

A pesar del acercamiento con Ciudadanos y la posibilidad de contar con sus diez diputados para las cuentas, destacados dirigentes del PSOE lo ven complicado y consideran que el apoyo ha sido circunstancial por la emergencia sanitaria, pero el llamamiento del Gobierno es al conjunto de fuerzas políticas porque en Moncloa sí ven factible que Arrimadas facilite la aprobación. En Unidas Podemos prefieren mantener la alianza con las fuerzas progresistas y ERC ve «incompatible» apoyar unos presupuestos que tengan el respaldo de Ciudadanos. «No es el momento de vetos cruzados», ha reiterado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La pandemia, como los terremotos o las inundaciones

El llamamiento por parte del Ejecutivo es al conjunto de fuerzas políticas porque considera que así lo requiere la situación tras la emergencia sanitaria. Montero ha comparado las consecuencias de la pandemia con otras catástrofes, como los terremotos o inundaciones, pese a que no deja efectos visuales tan evidentes. «Si se hubieran medido en términos sísmicos estaríamos asistiendo a una situación de salvamento de un país que ha vivido una convulsión de ese tipo», ha expresado. 

«No hay ningún partido que haya expresado que ya podemos contar con su voto, aunque tenemos muchas esperanzas en muchas formaciones que han mostrado su disponibilidad -ha afirmado Montero-. Hablaremos con todas las que no se autoexcluyan y espero que el PP no se autoexcluya o no ponga líneas rojas». La ministra ha recordado que Pablo Casado pide ahora bajadas de impuestos cuando Mariano Rajoy hizo un» subida indiscriminada» al llegar al poder en 2011. «Ahora Casado parece que no se acuerda de cómo abordaron la crisis anterior», ha sentenciado.

https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-presupuestos-elecciones-ERC-prioritario_0_1043596263.html

Europa mantendrá cerradas sus fronteras a EEUU, Brasil y Rusia por la pandemia de COVID-19

Europa ha decidido mantener sus fronteras cerradas a EEUU, Rusia o Brasil cuando admita viajeros de fuera de la Unión, según una lista provisional que debe ser refrendada el martes, según ha avanzado Euronews. Entre los estados que sí podrán entrar están China, si aplica el mismo tratamiento a los europeos, Marruecos o Canadá.

El bloque comunitario recomendó la apertura interna de fronteras entre Estados miembros y asociados a partir del 15 de junio, pero la entrada de visitantes ajenos al bloque está programada para el próximo miércoles 1 de julio. La lista sobre la que tendrán que pronunciarse los estados miembros se ha quedado reducida a 15 países: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbri, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China, esta última a la espera de que confirmen la reciprocidad.

Los 27 tienen hasta el mediodía de este martes para refrendar la lista provisional que se vota por mayoría cualificada, es decir, con ponderación según el tamaño de los países: no es lo mismo la decisión de Alemania que la de Luxemburgo. La propia fecha del 1 de julio ha levantado ya dudas por lo ajustado de los plazos, según fuentes comunitarias citadas por Euronews.

Los países incluidos en la lista provisional de admitidos han sido seleccionados en base a una combinación de criterios epidemiológicos. El punto de referencia es la media europea de nuevas infecciones en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Según datos publicados esta semana por The New York Times esa cifra en la UE es de 16, mientras que en EEUU es de 107; en Brasil, de 190; y en Rusia, de 80.

Estados Unidos es el país con más casos detectados de todo el mundo, con más de 2,3 millones (120.771 muertes). En segundo lugar se sitúa Brasil, con más de 1,1 millones (51.271 fallecidos). Y en tercer lugar está Rusia con casi 600.000 casos y 8.349 muertes registradas, según la universidad Johns Hopkins.

Una vez acordada por los Estados la lista definitiva, esta se presentará a principios de la semana que viene. La UE no puede forzar a los Estados miembros a aplicarla, pero según informa el periódico estadounidense, portavoces del bloque comunitario advierten que si no se cumple, podría llevar a una nueva imposición de restricciones de movimiento entre los países de la UE.

https://www.eldiario.es/sociedad/UE-mantiene-turistas_0_1042196698.html

Casado habla de «oposición responsable» y cinco minutos después Álvarez de Toledo culpa al Gobierno de los muertos

Pablo Casado se reivindica como la «oposición responsable» en España por haber tendido la mano al Gobierno para alcanzar algunos acuerdos, aunque tan solo cinco minutos después, su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, responsabiliza directamente al Ejecutivo de los muertos por la pandemia y de «mentir» en las cifras, siguiendo al dedillo el argumentario interno que la dirección del PP envió el lunes a todos sus dirigentes pidiéndoles utilizar las cifras de muertos contra el Gobierno, y al que tuvo acceso eldiario.es.

«Después de sus palabras están sus actos», le ha respondido Pedro Sánchez a Casado en el ‘cara a cara’ semanal en la sesión de control en el Congreso, haciendo también alusión a esos argumentarios internos. El presidente le ha afeado la posición que el PP está defendiendo en Bruselas, donde ha trasladado la guerra contra el Ejecutivo, y le ha reclamado lealtad ante la UE.

«Usted pide adhesión incondicional,, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano», le ha reprochado el líder de la oposición, que ha asegurado que el PP «siempre» apoya al Ejecutivo en Bruselas, por ejemplo con el nombramiento de Josep Borrell como alto representante mientras que le ha recordado que los socialistas vetaron a Miguel Arias Cañete y Luis de Guindos (aunque se abstuvieron en esa votación).

Casado ha asegurado que durante la crisis sanitaria apoyó tres prórrogas del estado de alarma, el ingreso mínimo vital y le ha ofrecido planes económicos. «Le he anunciado que puedo votar a favor del decreto de nueva normalidad», le ha dicho sobre la regulación que se vota este jueves y para la que el PP ha exigido una negociación con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

«No le viene mal escuchar al PP, la pelota está en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez», ha rematado.

«Un homenaje parcial y mutilado»

El Gobierno considera que el cambio de actitud es «postureo electoral», según lo denominó este martes la portavoz, María Jesús Montero. «Me conmueven sus palabras, después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes envían para utilizar los muertos en la campaña de las elecciones vascas y gallegas», le ha recriminado Sánchez sobre las consignas que Génova envía a sus cargos.

«Empecemos por lo básico, defienda los intereses de España sobre el fondo en Bruselas. Elimine ese ignominioso informe que han enviado, que pone en cuestión la democracia española», le ha contestado Sánchez antes de zanjar: «Si usted quiere arrimar el hombro apoye el fondo de recuperación en Bruselas».

Minutos después, en su enfrentamiento habitual con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, Álvarez de Toledo ha reprochado al Ejecutivo los falecidos en la pandemia. «El Gobierno ha anunciado un homenaje para el 60% de los fallecidos. Es un homenaje parcial, mutilado», ha señalado, para recordar a renglón seguido que los organismos oficiales dependientes de la administración central «coinciden en que entre marzo y junio murieron 45.000 personas más». «Es un abismo moral», ha dicho la portavoz del PP. 

«Hay una premisa importante que se le olvida», le respondía Calvo: «Los datos que el Gobierno da actualizado las actualizan las comunidades autónomas, también las suyas». Álvarez de Toledo ha seguido a la carga acusando al Ejecutivo de «mentir a sabiendas» con las cifras de fallecidos. «Es una tragedia inconmensurable y ustedes lo ocultan», le ha dicho a la ‘número dos’ del Gobierno.

Calvo: «Han decidido hacer política con los muertos»

«Mienten para tapar la que será la losa de su legado. Con los números no se juega, es una cuestión moral. Acabarán presidiendo un homenaje al enfermo desaparecido. Ninguno es un enfermo imaginario. Cuéntelos, reconózcanlos. Este homenaje que preparan al enfermo desconocido es un homenaje a sí mismos», zanjaba la portavoz del PP.

«Usted hace imputaciones constantes a este Gobierno, al que desde el primer momento le ha negado legitimidad», le ha recordado después Calvo a Álvarez de Toledo. «Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante. Si eso forma de la mano tendida, usted es que no ha cogido el mensaje», le reprochaba.

«La cifra es la cifra seria, la corroborada, de las personas que han contraído la COVID. Evidentemente muere más gente. Esos datos están los organismos oficiales. Ese no es su problema. Su problema es deteriorar a esta ciudadanía, han decidido no ayudar nunca. Ni siquiera con el respeto debido. Usted ha decidido hacer política con los muertos», insistía Calvo. 

Sánchez defiende el «legado» de Felipe González

Otro de los rifirrafes de esta nueva sesión de control lo han protagonizado Sánchez y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha reprochado al presidente que ayer, en la Mesa del Congreso, PSOE, PP y Vox impidieran la puesta en marcha de una comisión de investigación para estudiar los posibles vínculos entre el expresidente Felipe González y los GAL. 

«En este país hubo un grupo parapolicial que asesinó impunemente, a las órdenes de un Gobierno, en los 80. Vuelven a vetar esa investigación, llámenle miedo, llámenle X», ironizaba Rufián. Dirigiéndose a la bancada socialista, el portavoz de ERC añadía: «Estoy seguro de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe González. La pregunta es por qué lo vetan y la respuesta da miedo», sentenciaba.

La intervención de Rufián servía a Sánchez para defender el «legado» de González. «Fue uno de los grandes modernizadores de la historia democrática», concluía el presidente del Gobierno. 

https://www.eldiario.es/politica/Casado-responsable-Sanchez-Bruselas-Despues_0_1041495906.html

El Gobierno plantea una propuesta más de ERTE con mayores exenciones ante la resistencia de los empresarios al pacto

El Gobierno de coalición cede bastante más para intentar llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre los ERTE tras las resistencias de los empresarios a cerar un acuerdo, del que sí están muy cerca en los representantes de los trabajadores. Pese a que el Ministerio de Trabajo ya había llevado a la mesa de negociación «cuatro propuestas» diferentes, incorporando en ellas peticiones de los agentes sociales, y la ministra Yolanda Díaz se había referido a la del pasado lunes como la última, este miércoles el Gobierno ha presentado otra oferta más generosa: contempla mayores exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas con el mantenimiento de los expedientes por fuerza mayor total en algunos casos, según explican a eldiario.es fuentes del diálogo social.

La cita del diálogo social de este miércoles, a primera hora de la mañana, se esperaba definitoria sobre si podría haber o no acuerdo para la ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Tras varias horas de encuentro, con un receso de por medio, la reunión presencial ha terminado sin una conclusión clara –fundamentalmente por las resistencias de los empresarios– y con esta nueva oferta del Gobierno.

Las patronales y los sindicatos someterán a sus órganos internos la nueva propuesta y trasladarán al Ministerio de Trabajo si avalan la prórroga. «Los contactos y conversaciones continúan hoy», explican fuentes del diálogo social.

Hay que recordar que el Gobierno ha insistido en que no va a dejar caer los ERTE el 30 de junio, cuando caducan las condiciones pactadas hasta la fecha, y que los trabajadores afectados por los expedientes mantendrán la prestación por desempleo. Lo que se negocia es cómo van a continuar estos expedientes, con qué apoyo del Estado contarán y las condiciones de estos. Para definir la letra pequeña, el Ministerio de Trabajo busca de nuevo el acuerdo con los agentes sociales, pero si este no se materializa el Ejecutivo aprobará las nuevas condiciones por su cuenta.

Más cesiones del Gobierno

El Ejecutivo ha transigido hoy de nuevo al permitir en algunos casos que continúen los ERTE por fuerza mayor total, que afectan a la totalidad de la plantilla, en la nueva normalidad. Por el momento el Gobierno se resistía a ello ya que, una vez concluido el estado de alarma, apenas hay restricciones para la actividad decretadas por el Gobierno.

Los agentes sociales advertían de que aún la demanda no se ha recuperado en muchos sectores y de que las limitaciones derivadas de las distancias de seguridad contra el contagio del virus dificultan la apertura de algunos negocios. Así, finalmente el Gobierno ha accedido a permitir que estos expedientes totales puedan continuar. Eso sí, no serán prórrogas como tal de los actuales expedientes, deberá justificarse que aún persiste esa fuerza mayor total y las exenciones de cuotas a la Seguridad Social serán algo menores que las que ha habido durante el periodo del estado de alarma.

Además, Trabajo ha llevado a la mesa la oferta de la Seguridad Social de mantener las exenciones en los ERTE por fuerza mayor parcial (en los que parte de los trabajadores se reincorporan a sus puestos) y que también haya exoneraciones en los ERTE por causas objetivas, en cantidades similares a las planteadas el pasado lunes, explican desde el diálogo social.

El Ejecutivo se abre incluso a permitir que se inicien nuevos ERTE por fuerza mayor si hay rebrotes que limitan las actividades, también con exoneraciones.

Un acuerdo que se ha complicado

El Gobierno esperaba poder cerrar un nuevo pacto sobre los ERTE con los agentes sociales a mediados de marzo, pero la negociación se ha complicado. Hubo un momento incluso en el que sindicatos y empresarios unieron fuerzas con una propuesta conjunta, que el Ejecutivo rechazó.

Trabajo ha llevado a la mesa de diálogo hasta cinco propuestas diferentes con la de este miércoles, según el recuento del Ministerio, que en estos días ha insistido en el esfuerzo y la voluntad del Gobierno para alcanzar un pacto. Mientras que al Gobierno le han resultado más complejos los pactos el terreno político durante la crisis sanitaria, el diálogo social ha supuesto un apoyo muy importante a algunas de las politicas laborales que se han puesto en marcha.

Los sindicatos ya estaban muy cerca del acuerdo con la oferta del pasado lunes y este miércoles lo están más aún. A los empresarios, pese a que han reconocido los avances de posición del Gobierno, no les convencía aún la propuesta del lunes y este miércoles han insistido en pedir más apoyo del Estado en las exoneraciones que pagan las empresas. La patronal consultó internamente ayer el documento facilitado por el Ejecutivo hasta ese momento y encontró resistencias de parte del empresariado a avalar el acuerdo.

https://www.eldiario.es/economia/acuerdo-ERTE-septiembre_0_1041495941.html

España partida en dos

Y entonces llegó el virus. Y los colegios cerraron. Y se prohibieron las visitas a las residencias. Y el Gobierno decretó el estado de alarma. Y llegó el confinamiento. Y las calles quedaron desiertas. Y las empresas tuvieron que parar. Y los empleados aprendieron a teletrabajar. Y se colapsaron los hospitales. Y se aprobaron los ERTE para evitar despidos. Y se prohibió el corte de suministros básicos en los hogares. Y se concedieron moratorias para el pago de las hipotecas. Y se habilitaron ayudas para los autónomos. Y los ingresos de millones de familias se esfumaron. Y hubo que tirar del ahorro. Y volvieron las colas en los comedores sociales. Y fallecieron ¿29.000? personas… (la cifra es siempre provisional).

Esta es la última primavera vivida. El panorama para el verano, el otoño y el invierno no se presenta más alentador. Todos los países por los que ha pasado la COVID-19 afrontan una crisis sin parangón. Y no se atisba aún la profundidad de las consecuencias. La única certeza es que vienen curvas pronunciadas, que todos tendremos que vivir de otra manera y que, por si fuera poca la fatalidad, después de la sanitaria pueden llegar la crisis económica… y la política.

La epidemia del coronavirus va a poner a prueba la confianza de la sociedad en las instituciones, en un momento en que se le exige disciplina social para afrontar la emergencia sanitaria y sus desastrosos efectos socioeconómicos. Según datos del CIS previos al estallido de la pandemia, la confianza en el Gobierno central no alcanzaba al 20% de los ciudadanos y descendía al 11% en el caso de los líderes políticos. Asimismo, apenas un 14% confiaba en el Parlamento.

Hoy, en los datos del CIS de esta semana, los españoles ya sitúan a los partidos en general como la principal preocupación del país, seguidos del paro, por encima del coronavirus y la crisis económica. Algo tendrá que ver la bronca, la crispación y la polarización permanente que se vive en el Parlamento más fragmentado de la historia democrática. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, genera poca o ninguna confianza en el 64% de los españoles encuestados por el CIS, que le otorgan una valoración de 4,9 puntos. Y el principal líder de la oposición, Pablo Casado, aún menos. El rechazo en su caso llega al 84 por ciento y su valoración, de un 3,4, está por debajo de la de Inés Arrimadas (3,9) y de la de Pablo Iglesias (3,7).

Así que, sí, corren malos tiempos para la credibilidad de la vida pública en un momento crítico. No en vano el Gobierno afrontó inicialmente esta crisis sin establecer el más mínimo cauce de diálogo con la oposición y tomando decisiones como si tuviera una mayoría absoluta de la que carece. Para cuando quiso corregir el rumbo y abrir un canal de comunicación con el PP y el resto de partidos, ya era tarde. Casado llevaba desde el inicio de la legislatura subido al monte de la exaltación y la radicalidad de la ultraderecha, un marco del que aún no se ha bajado por más que sus barones (y últimamente también algunos empresarios) le demanden moderación y entendimiento con Sánchez.

Lo que ha sido posible en algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, y ayuntamientos, como el de Madrid, entre partidos de distinto signo para alcanzar un pacto por la reconstrucción no parece que vaya a cristalizar en España. Hay una derecha sin complejos que ha aprovechado los errores del Ejecutivo para sacar rédito y montar bulla en un empeño permanente por buscar culpables y endosar la responsabilidad de los muertos. Si el líder del PP ha llegado a acusar a Sánchez de mentir en la cifra de muertos y de «esconder su incompetencia» y su «nefasta» gestión en la crisis, el de Vox fue incluso más lejos al señalar al presidente como un líder capaz de «convertir España en una inmensa cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento».

La situación es tan crítica, en España y fuera de ella, que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha avisado de que el peor golpe para el mercado laboral en la zona euro está todavía por llegar y se cebará sobre todo entre los jóvenes. De ahí que haya pedido a los jefes de Estado y de Gobierno un plan «amplio, rápido, flexible y firmemente anclado en reformas económicas». En la misma línea se ha manifestado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen: «No podemos permitirnos ningún retraso», ha apremiado.

La necesidad de grandes acuerdos en España la atestiguan en los datos: el PIB puede caer hasta el 11%, la deuda pública llegará al 122%, el déficit se incrementará hasta el 10% y la cifra oficial del paro oscilará, según las previsiones menos alarmistas, entre el 22% y el 26%. El sector turístico, más de un 12% del PIB, contiene la respiración ante la «nueva normalidad».

¿Qué más haría falta para intentar un gran acuerdo nacional por la reconstrucción del país?

Pero pese a ello, el PP barrunta que el tiempo juega a su favor, que la crisis sanitaria, además de zarandear emocional y económicamente a los españoles, ha desgastado al Gobierno y que la crisis económica, el paro y el descontento social son una gran baza electoral para la derecha. Tanto es así que, lejos de apoyar al Gobierno en la UE durante la negociación para el reparto de los 750.000 millones destinados a los países más afectados por el virus, se ha alineado con los llamados países frugales para exigir condiciones –ajustes/recortes– a cambio de las ayudas, que podrían alcanzar 140.000 millones. En su imaginario pesa más el deseo de que la exigencia de aplicar recortes divida a los socios del Gobierno que las necesidades de los españoles o la reactivación de la economía. O incluso los intereses de algunos de sus presidentes autonómicos, que reclaman al Estado presupuesto para reactivar la economía.

España entra, con el fin del estado de alarma, en la nueva normalidad y la política sigue con los mismos códigos de siempre. Las comunidades autónomas, tan renuentes al mando único durante 100 días, tendrán ahora que tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas sin tener ya al Gobierno de Sánchez como puchimbol sobre el que descargar todas las culpas.

Nada invita al optimismo en una escena política que en los próximos meses estará condicionada, además de por la crisis socioeconómica, por varios procedimientos judiciales abiertos en diversas autonomías como consecuencia de la gestión de las residencias de mayores, en las que murieron cerca de 18.000 personas. La cercanía de las elecciones vascas y gallegas y la incertidumbre sobre la fecha de las catalanas tampoco ayudan a rebajar el clima de tensión, sino más bien a elevar la bronca. El propio presidente Sánchez, en una reciente reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, animó a los suyos a revisar la estrategia de oposición para aplicar más dureza en aquellos territorios en los que gobierna el PP, lo que demuestra que nadie está por la labor de pacificar el ambiente y destinar toda la energía a la reconstrucción del país.

La división política, una vez más, tiene réplicas en otros ámbitos institucionales como es el caso de la Justicia, donde por ejemplo el Consejo del Poder Judicial sigue en funciones y sin visos de renovarse la mayoría conservadora que dejó el Gobierno de Rajoy.

La tensión política ha avivado también la brecha interna en el Tribunal Constitucional, donde progresistas y conservadores volverán a chocar, esta vez, a cuenta de la fórmula de acatamiento usada por los diputados el día de la constitución de las Cortes Generales. La decisión sobre el recurso contra la ley mordaza del Gobierno de Rajoy se atascó esta semana y ha tenido que ser aparcada.

Lo cierto es que desde el comienzo del estado de alarma y el estallido de la crisis sanitaria se han sucedido los encontronazos entre ambos sectores a propósito de asuntos como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de plenos en el Parlamento. El último episodio ha sido el de los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox contra las fórmulas de juramento que emplearon 29 diputados –25 independentistas y cuatro de Unidas Podemos– para tomar posesión de sus escaños. Contra el criterio de la minoría progresista –partidaria de no revisar la doctrina al respecto–, seis magistrados conservadores consideran que este asunto tiene especial relevancia y han presentado un escrito para que sea llevado al pleno del tribunal, donde los conservadores tienen mayoría. Lo que las impugnaciones pretenden es que se anule la toma de posesión de los 29 diputados por considerarla inválida.

Esta es la España post-pandemia y estos los mimbres con los que hay que construir un cesto de unidad para la reconstrucción socioeconómica. Juzguen ustedes mismos si es posible. El momento se presenta turbulento y con un país partido otra vez por la mitad, en el que por cierto ha vuelto a entrar en escena, como siempre que gobierna la izquierda, la Iglesia católica para augurar todos los males del infierno y advertir que las vacunas contra el coronavirus se fabrican con «fetos abortados». «El demonio existe en plena pandemia», ha dicho en alusión a las investigaciones. Acabáramos.

https://www.eldiario.es/politica/politica-perpetua-viejos-codigos-normalidad_0_1039746835.html

Guía de la ‘nueva normalidad’, comunidad por comunidad

La semana pasada, el Gobierno publicó el decreto ley que regulará la ‘nueva normalidad’, vigente en todo el territorio a partir de este domingo, cuando finaliza el plazo del estado de alarma. Entre las medidas que entrarán en vigor la próxima semana, se mantiene el uso de mascarilla obligatorio en el transporte público y en cualquier lugar en el que no se pueda mantener el metro y medio de distancia obligatorio en todo el territorio. Por otra parte, desaparecen las restricciones de movilidad entre comunidades y se recomiendan medidas para la reincorporación progresiva del trabajo presencial, si bien se fomenta el teletrabajo.

Muchas de las decisiones de cómo van a evolucionar las próximas semanas como, por ejemplo, la limitación de aforo en bares, tiendas o lugares de ocio, dependerán de las comunidades autónomas, como ya ocurre en la fase 3. Muchas de ellas ya han presentado sus planes autonómicos, mientras que Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla todavía tienen que explicar sus medidas para la entrada a la ‘nueva normalidad’.

 

Asturias

Aforo limitado: en los locales de hostelería se establece únicamente la limitación del espacio interpersonal mínimo obligatorio. Las discotecas abrirán al 50% de su capacidad y no se podrá bailar. Las pistas podrán ser usadas para poner mesas.

Playas: los ayuntamientos podrán establecer aforos máximos y límites horarios para las playas.

Parques infantiles: reabrirán las zonas para niños. Se permiten las actividades infantiles grupales con hasta 25 participantes.

 

Andalucía

Aforo limitado: se amplía la ocupación en el interior de bares y restaurantes al 75%, con un 25% de mesas. Cines y teatros podrán llegar al 65% de la ocupación. Mientras que los conciertos al aire libre podrán realizarse con un máximo de 1.500 asistentes, siempre sentados. Las zonas comunes de los hoteles tendrán un aforo del 50%.

Residencias de mayores: se permitirán nuevos ingresos en centros residenciales en los que no se hayan registrado casos de coronavirus durante la última semana.

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Aragón

Aforo limitado: se establece como norma general una ocupación máxima del 75%, salvo en locales de ocio nocturno, donde se rebaja al 50%.

Fiestas populares: quedan prohibidas hasta el 30 de septiembre.

 

Illes Balears

Aforo limitado: la ocupación queda en un 75% para establecimientos de restauración, actividades turísticas, cines, teatros y espectáculos culturales. Los bares, cafés, clubes o salas de fiesta podrán abrir como tarde hasta las 2 de la mañana. Las terrazas no tendrán restricción de aforo, solo un límite de 25 personas por mesa. El Govern balear no permitirá la apertura de los locales con aforo superior a 300 personas.

Actividades en grupo: para el deporte grupal se establece un máximo de 30 participantes.

Playas: en la playa se establece un espacio individual de 4 metros cuadrados y un máximo de 25 personas en un mismo grupo. Queda a criterio de los ayuntamientos el establecimiento de acceso, aforo y tiempo de permanencia en las playas.

Fiestas populares: volverán a partir del 1 de julio.

 

Canarias

Aforo limitado: el Gobierno regional establece, como norma general, una ocupación máxima de 1.000 personas para espacios abiertos y de 300 en espacios cerrados. Los comercios no podrán superar el 75% de la ocupación. Para bares, restaurantes, establecimientos turísticos, bibliotecas, museos, cines y otros espacios culturales no habrá aforo limitado.

Actividades en grupo: se restringe a un máximo de 30 personas cualquier actividad deportiva al aire libre y se reduce a 25 para interiores.

Playas: queda establecido un espacio de cuatro metros por persona. Los deportes en estas zonas deberán practicarse de manera individual o en parejas, evitando el contacto físico.

Parques infantiles: quedarán abiertos.

Fiestas populares: por el momento no se permitirán.

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Cantabria

La ‘nueva normalidad’ ha entrado en vigor en Cantabria este viernes.

Aforo limitado: la ocupación en bares, establecimientos de hostelería, comercios, centro comerciales, bibliotecas y centros culturales no debe superar el 75%. Las terrazas pueden abrir al 100%, con un máximo de 25 personas por mesa. En discotecas, pubs y locales de ocio nocturno, el aforo tiene que ser de un tercio de la ocupación.

Actividades en grupo: se permite la actividad física en grupo en gimnasios de hasta 30 personas y con un espacio personal de 4 metros cuadrados. Las visitas culturales y otras actividades quedan limitadas a un máximo de 25 personas.

Playas y piscinas: se puede acceder a la playa con grupos máximos de 25 personas. Las piscinas deportivas no deberán ser ocupadas por más de 30 personas, mientras que en las de ocio se permite un 75% del aforo.

Parques infantiles: quedan abiertos.

Residencias de mayores: se podrán realizar visitas con cita previa.

Fiestas y eventos populares: quedan canceladas hasta el 8 de julio.

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Castilla-La Mancha

Aforo limitado: hasta un 75% de ocupación en espacios interiores y un 100% para las terrazas. La proporción de las tres cuartas partes también se aplica para mercadillos, hoteles y discotecas –aunque las pistas de baile se ocuparán con mesas–. Los albergues tendrán una capacidad máxima del 50%.

Actividades en grupo: las personas podrán reunirse en grupos de 25, como máximo. Esto incluye actividades como visitas a museos.

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Castilla y León

Aforo limitado: se restringe a un 75% en espacios cerrados, como en hostelería, tiendas, zonas comunes de hoteles o espacios culturales. Las bibliotecas tendrán una limitación del 50% de ocupación. En locales de ocio nocturno se reduce a un tercio de la ocupación.

Playas fluviales y piscinas: para playas se calculan cuatro metros cuadrados por persona. En piscinas deberá respetarse el límite del 75% de capacidad.

Fiestas populares: todas las celebraciones quedan canceladas hasta septiembre.

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Catalunya

La Generalitat ha anunciado la entrada en vigor de la ‘nueva normalidad’ para este viernes.

Aforo limitado: el decreto no establece un límite de aforo pero sí señala la necesidad de garantizar la distancia interpersonal establecida. Para bares y restaurantes se mantienen hasta el día 25 de junio las restricciones de aforo del 50% en el interior de los establecimientos y el 75% para las terrazas. Para grandes eventos se establece un límite de 2.000 personas –3.000, si es con localidades preasignadas– en espacios abiertos y de 1.000 –2.000 con asientos fijados– para eventos cerrados.

Actividades en grupo: se permiten reuniones familiares y actividades sociales, como el deporte no profesional en el espacio público, siempre que se eviten aglomeraciones. Para ello, se limitará el acceso a espacios públicos como parques o playas.

Parques infantiles: se abren este viernes todas estas zonas.

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Comunidad de Madrid

El Gobierno regional establece dos fases en la entrada de la ‘nueva normalidad’: la primera a partir del 21 de junio y la segunda a partir del 6 de julio.

A partir del 21 de junio: los establecimientos, museos, centros comerciales, restaurantes y bares tendrán un máximo de ocupación permitida del 60% hasta el 5 de julio. Mientras que el aforo permitido de las terrazas será del 80%. Las discotecas continuarán cerradas. Las piscinas recreativas deberán limitar su ocupación al 50%; el aforo se ampliará al 75% para las deportivas.

A partir del 6 de julio: la limitación de aforo se ampliará hasta el 75%. Reabrirán las discotecas. Las piscinas no tendrán límite de ocupación, mientras se pueda respetar la distancia interpersonal.

Para las actividades en grupo se establece una limitación de 20 participantes.

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Comunitat Valenciana

Aforo limitado: la ocupación máxima en espacios cerrados será del 75%.

Playas y piscinas: la Generalitat prevé la instalación de pasarelas desmontables en las playas para garantizar la distancia de seguridad. Las piscinas podrán abrir al 75% de su capacidad.

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Euskadi

La ‘nueva normalidad’ entra en vigor en Euskadi este viernes.

Aforo limitado: no se establece límite de ocupación para bares. El ocio nocturno reabre al 60%, pero sin pistas de baile, sustituidas por zonas de mesas. El mismo porcentaje se aplicará para museos, cines, circos, auditorios o teatros. En los eventos al aire libre se permitirán hasta 1.000 personas.

Actividades en grupo: para eventos como un bufé, un cóctel, actividades de animación o reuniones, el máximo de asistentes se sitúa en 25.

Piscinas y playas: estarán abiertas. Las diputaciones y municipios podrán fijar «límites en los tiempos» en la arena.

Parques infantiles: se abren estas instalaciones con aforo limitado de un 60%. Los parques infantiles, los ‘skate park’ o las cancha de baloncesto en la calle podrán usarse, pero con un espacio de cuatro metros cuadrados por persona.

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Galicia

Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en entrar en la ‘nueva comunidad’. Lo hizo el lunes pasado, aunque con ciertas medidas de restricción.

Aforo limitado: en museos, bibliotecas, equipamientos culturales, cines u hoteles no se puede superar el 75% en los establecimientos públicos; los restaurantes y bares pueden estar al 65% de ocupación, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. En los centros comerciales el límite es de un 50%. Los eventos en espacios cerrados no deben sobrepasar las 300 personas, mientras que los realizados en espacios abiertos se limitan a 1.000 personas. Se mantienen cerrados los locales de ocio nocturno hasta el 1 de julio.

Actividades en grupo: actividades como el deporte al aire libre se limita a 25 personas, pero desaparece el límite en las reuniones en los domicilios.

Parques infantiles y zonas recreativas: abren aquellos parques infantiles que se encuentran en el exterior, pero no los que están en espacios cerrados. Los espacios de juegos y atracciones se mantienen cerrados hasta el 1 de julio.

Centros sociosanitarios: permanecerán cerrados. Podrán realizarse terapias individuales con cita previa.

Fiestas populares: se cancelan hasta el 1 de julio.

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Región de Murcia

Aforo limitado: con carácter general se establece una ocupación máxima del 75%. El número de asistentes a actividades al aire libre no deberá superar los 500, cifra que se reducirá a 200 para recintos cerrados.

Actividades en grupo: se limitan estas actividades a 30 personas.

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Navarra

Aforo limitado: será del 75% para hostelería, alojamientos turísticos, comercios, bibliotecas, cines, teatros y espacios similares. En las terrazas se amplía el aforo al 100%, con grupos no superiores a 25 personas. Las discotecas no podrán abrir sus zonas de baile, pero sí ocuparlas con mesas.

Piscinas: se permite el 75% de aforo y se suprime la cita previa.

Residencias de mayores y centros de día: se permitirán salidas de residentes y visitas y se reanuda la actividad en los centros de día sin superar el aforo del 75%.

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Información elaborada con la colaboración de todas las ediciones regionales de eldiario.es

https://www.eldiario.es/sociedad/nueva-normalidad-comunidad_0_1039396470.html

El Gobierno dará 1.050 millones en ayudas para comprar coches, que serán más cuantiosas en hogares con rentas bajas

Los 3.750 millones de euros que España invertirá en el plan de impulso a la automoción incluyen ayudas adicionales para que las personas de menor renta o con movilidad reducida cambien de coche.

El presupuesto para la renovación del parque de vehículos es de 1.050 millones, de los cuales 550 son ayudas a particulares (250 millones) y compras públicas (300). Los otros 500 corresponden a una línea ICO para vehículos industriales y comerciales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el plan este lunes acompañado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera y los ministros de Transporte, José Luis Ábalos, Ciencia e Innovación, Pedro Duque, e Industria, Reyes Maroto. También estaban los representantes de los sindicatos y las empresas del sector.

El Gobierno contempla que, dentro de esos 250 millones para particulares, las ayudas sean más cuantiosas para personas con movilidad reducida y personas que pertenezcan a hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros al mes. «Incorporar a estos colectivos dice mucho del sector de los agentes sociales al tener presente esta cuestión», ha señalado Sánchez. También habrá ayudas extra para el achatarramiento de coches de más de veinte años. Y los Ayuntamientos podrán liberar parte de su superávit para invertir en vehículos limpios.

El programa de renovación establecerá un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros; 45.000 en el caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta cero. En el caso de los turismos, será obligatorio el achatarramiento de los que tengan al menos 10 años de antigüedad. El vehículo a adquirir deberá contar con una etiqueta energética A o B. Las ayudas variarán en función de las emisiones, priorizando los vehículos más eficientes, según informan fuentes del Ministerio de Industria.

3.750 millones para impulsar al sector

La dotación para impulsar la compra de vehículos, tanto públicos como privados, es la primera palanca del plan de apoyo a la automoción. Con ella se pretende estimular la demanda, desplomada en todo el mundo durante la pandemia, y rejuvenecer los coches que usamos en España. La antigüedad media del parque es de 12,5 años. 

El grueso, 2.690 millones, irá a parar a inversiones en la cadena de valor de la industria entre 2020 y 2022. Se invertirán otros 415 millones en investigación, desarrollo e innovación y 95 millones en formación profesional. Tanto los representantes de UGT y Comisiones Obreras como los de las patronales Aedive, Faconauto, Sernauto y Anfac han agradecido al Gobierno su colaboración con la industria y se han felicitado por la aprobación del plan. José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac, ha recordado que «la implementación es clave».

La automoción es uno de los sectores más importantes de la economía española: nuestro país es el segundo fabricante de coches en Europa y el sector representa el 10% del PIB nacional. Sin embargo, hay que recordar que España carece de fabricante nacional (lo que nos deja a merced de las decisiones que tomen multinacionales extranjeras, con los centros de decisión fuera de aquí) y que está poco preparada para la electrificación: solo se producen cinco modelos eléctricos y no hay ninguna fábrica de baterías de litio. La batería supone el 40% del coste total de un coche eléctrico.

Este plan es el primero sectorial que presenta el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus. Lo hace pocas semanas después de que Nissan anunciara el cierre de su planta en Barcelona, una decisión que era previsible tras años de abandono y falta de inversiones. «Si queremos que la industria siga siendo competitiva, hay que facilitar que el sector se adapte al mercado nacional y de la exportación», ha recalcado Sánchez. «La automoción es un sector estratégico que este Gobierno apoya rotundamente. Este ambicioso plan acompañará a toda la cadena de valor. Se trata de hacer lo que haga falta para amortiguar las pérdidas del sector en el ejercicio 2020, como consecuencia del covid-19, mientras miramos al futuro: la industria saldrá fortalecida de la mano de la electrificación y contribuirá a que nuestro país avance en la senda de la transición ecológica justa».

https://www.eldiario.es/economia/Ayudas-comprar-coches_0_1038346254.html

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