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La nueva Ley de Memoria garantizará el derecho a la investigación en España de los crímenes franquistas por primera vez en 40 años

La nueva Ley de Memoria garantizará el derecho a la investigación en España de los crímenes franquistas por primera vez en 40 años

Una nueva hoja de ruta para la memoria histórica. Es lo que será la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo trámite ha dado comienzo este martes y que el Gobierno calcula que entre en vigor en el primer semestre de 2021. La norma es una batería de medidas que pretende dar un paso más a la de 2007 y cubrir los vacíos por los que instancias internacionales llevan años señalando a España. Una de las claves del anteproyecto, que consta de 66 artículos, es la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos con la que el Estado pretende por primera vez «garantizar el derecho a la investigación» de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o el franquismo, según consta en el texto.

El Ejecutivo asume que la norma «tiene los elementos suficientes para investigar las violaciones de derechos humanos». Y así lo especifica su articulado. La creación de la Fiscalía es, de hecho, una de las principales novedades del anteproyecto, del que ya se conocían algunos detalles como la asunción de las exhumaciones por parte del Estado. La idea es que el Ministerio Público sea «potente» y «en el momento en que se le planteen las denuncias, las investigue», algo que hasta ahora no ocurre, pues los casos se topan con archivos en base a la Ley de Amnistía o el argumento de la prescripción de los hechos, entre otras trabas. De esta forma, se pretende asegurar que todas las personas que han sufrido torturas, persecuciones o que quieren recuperar los restos de sus familiares puedan denunciar y cuenten con la indagación de los hechos. Hay que tener en cuenta que la norma puede sufrir cambios, ya que ahora empieza la fase de consultas antes de volver al Gobierno y pasar después al Congreso.

En la práctica, esta Fiscalía especializada se encargará de «supervisar» y «coordinar» la actividad del Ministerio Fiscal en materia de memoria democrática y derechos humanos para evitar interpretaciones dispares y restrictivas y unificar criterios en todos los procedimientos y actuaciones a los que se refiere la ley: las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución Española. También se encargará de impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de sus defunciones. El texto apunta a que «intervendrá en su caso en defensa de la legalidad y los derechos humanos».

Según ha explicado el Gobierno este martes, es en el artículo 2 de la ley donde «viene marcado este principio» que culmina en la garantía de las investigaciones para todos los ciudadanos y que obliga a los poderes públicos a interpretar la norma «de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia», que en numerosas ocasiones han llamado la atención a España por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura y su impunidad. Tratados internacionales entre los cuales «está la prohibición de la amnistía para delitos de lesa humanidad», recuerda el magistrado emérito del Constitucional, Juan Antonio Martín Pallín. «Curiosamente España firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en abril de 1977 y la ley de Amnistía es de octubre de ese año, cuando ya estaba vigente el pacto, por lo que lo infringe. Esto lo han dicho claramente la ONU y el relator Pablo de Greiff», apunta el magistrado.

En el Gobierno hay voces más y menos optimistas sobre el alcance de la actuación de la Fiscalía. Algunas se agarran a que este tipo de tratados internacionales de los que nuestro país forma parte están por encima de la ley, y citan el artículo 10.2 de la Constitución: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

Otras voces se muestran más expectantes ante el complejo y largo desarrollo normativo que implica la norma, que «no puede ir contra cosas juzgadas ni contra la seguridad jurídica», defienden estas fuentes. Lo que sí está claro, al menos sobre el papel, es la clara vocación del órgano especializado y que también supone un salto clave respecto a la circular que en 2016 envió a los fiscales provinciales la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal y que, según las familias de las víctimas, torpedeó las investigaciones. En ella, les instruía sobre cómo oponerse a las investigaciones de la magistrada argentina María Servini en el marco de la llamada ‘querella argentina’. Hace algunas semanas, la nueva titular de la Fiscalía General, Dolores Delgado, remitió otra orden que deja sin efecto la anterior, y por tanto elimina las trabas a la causa argentina sobre crímenes franquistas. Los colectivos de memoria se mostraron entonces confiados en el cambio de criterio de la Fiscalía, pero pedían más implicación al Gobierno y a los jueces.

Se trata de un paso importante en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación que tanto han exigido las asociaciones memorialistas, familias y víctimas de la dictadura porque durante 40 años la presentación de casos ante la justicia no ha estado dando lugar a la apertura de investigaciones. No obstante, la última palabra seguirá teniéndola el órgano judicial. La creación de la Fiscalía viene a «oficializar de alguna manera lo que hasta ahora se estaba haciendo de una manera rudimentaria por la buena voluntad de las asociaciones de memoria y alguna acción particular o algún ayuntamiento, pero la Fiscalía no tiene el monopolio de la acción», resalta Martín Pallín, que entiende que junto al acceso de cualquier particular a ello, «esto tiene un sentido institucional».

Con la ley en la mano, la investigación está asegurada, pero las trabas que hacen que España siga sin juzgar los crímenes y que convierten a Argentina en el único país del mundo en tener una causa abierta siguen estando sobre la mesa. Entre ellos, la Ley de Amnistía o el argumento de la prescripción de los delitos, que se erigen como dos de los recursos habitualmente usados por tribunales españoles para archivar las denuncias.

Según explica Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria histórica, «las causas de archivo siguen existiendo», por lo que «es complicado» que la nueva norma, que además prevé ilegalizar las asociaciones que hagan apología del franquismo o anular sentencias de la dictadura, «derive» en enjuiciamientos. Sin embargo, el experto celebra que la norma vaya a implicar «que por primera vez se generalicen las investigaciones» y «si eso luego no se traduce en un castigo contra nadie en el ámbito penal es otra cosa, pero es importante para conocer la verdad y que venga reflejada en un documento judicial».

Por su parte, Javier Chinchón, miembro de Rights International Spain (RIS) y profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, también apunta a las trabas que siguen existiendo en nuestro país y esgrime que «los procesos en última instancia se irán encontrando con el pronunciamiento del Tribunal Supremo» que absolvió en 2012 a Baltasar Garzón de un delito de prevaricación pero en la práctica «cerró la puerta» a otros procedimientos. El Alto Tribunal vino a defender con su interpretación la validez de la Ley de Amnistía y a esgrimir que no era posible entender este tipo de crímenes como de lesa humanidad en el momento de cometerlos, por lo que estarían prescritos.

Para que sí pudieran juzgarse, y no solo investigarse, como prevé la nueva norma, que sustituirá a la aprobada por Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2007, España debería considerar estos crímenes «como le han dicho múltiples instancias internacionales, como crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos, no sujetos pues a prescripciones, amnistías etcétera», explica Chinchón. Así lo esgrimió ya en 2014 Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, cuando evaluó a España, y cuyas observaciones han servido al Ejecutivo para redactar la ley, según ha declarado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En las 20 páginas que sirvieron a de Greiff para exponer los suspensos a nuestro país en lo que a memoria histórica se refiere, el experto destaca la Ley de Amnistía como el principal obstáculo para la búsqueda de la justicia, ya que los casos se archivan «sin que los jueces siquiera conozcan los hechos». Junto a ella, también citó las «interpretaciones restrictivas» de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, de la aplicación de la norma más favorable o de la prescripción de los delitos. En suma, concluyó, los efectos son «incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También el Comité de Derechos Humanos ha recordado a las autoridades españolas que «las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes, de garantizar un recurso efectivo, y del derecho a ser oído por un tribunal con todas las garantías».

https://www.eldiario.es/sociedad/nueva-ley-memoria-garantizara-derecho-investigacion-espana-crimenes-franquistas-primera-vez-40-anos_1_6223369.html

El Gobierno presenta la nueva ley de memoria histórica que hace responsable al Estado de la exhumación de fosas y anula sentencias franquistas

El Gobierno presenta la nueva ley de memoria histórica que hace responsable al Estado de la exhumación de fosas y anula sentencias franquistas

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la aprobada en 2007 por Jose Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno impulsa así algunas de las demandas históricas de asociaciones memorialistas y organismos internacionales, que han exigido a España avances en la materia, y supone una nueva hoja de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos humanos del franquismo. El texto prevé, entre otras cosas, la activación de un plan estatal de exhumaciones de fosas, la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura o la «resignificación» del Valle de los Caídos.

Se trata de una batería de medidas dirigidas a paliar los vacíos de nuestro país en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y que lleva años señalando Naciones Unidas. Tanto el PSOE como Unidas Podemos se han marcado siempre como prioridad resolver estas lagunas, pero sus planes se vieron alterados por la crisis del coronavirus. El texto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Carmen Calvo, ha llegado finalmente a la mesa del Consejo de Ministros, pero le queda ahora un largo camino por delante: debe ser enviado a los órganos consultivos antes de regresar de nuevo al Gobierno e iniciar su andadura en el Congreso, pero el Gobierno ya ha admitido su intención de que los plazos no se alarguen.

El plan es tocar una buena parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de la apertura de miles de tumbas e identificación de restos de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable de buscar a los restos de miles de personas represaliadas, la mayoría aún sin identificar, lo que convierte a España en uno de los países con más desaparecidos forzados del mundo. También se creará un Banco Nacional de ADN, al estilo de los que ya existen en algunas comunidades autónomas, y un «censo» de víctimas. Según el texto, adelantado por InfoLibre y El Periódico, el Estado se responsabilizará de las pruebas genéticas para identificar los restos exhumados y participará en su entrega a los familiares.

La creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución y que constituyan violaciones de derechos humanos es otra de las patas de la nueva norma. Esta Fiscalía se encargará asimismo de impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de sus defunciones. La reparación de las personas que realizaron trabajos forzados o la realización de una auditoría de los bienes incautados por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra y la dictadura son otros dos de los elementos que afrontará la nueva regulación.

La ley, además, declara «ilegítimos» los tribunales formados durante la Guerra Civil responsables de las persecuciones y represalias por motivos religiosos, políticos o ideológicos y anula las condenas y sanciones dictadas por estas mismas razones durante la dictadura. También prevé la supresión de títulos nobiliarios, condecoraciones u honores que supongan la exaltación de la guerra o el franquismo y la posibilidad de revocar medallas policiales como las del expolicía franquista, acusado de torturas, ‘Billy el Niño’, fallecido el pasado mayo.

La norma también servirá para ilegalizar fundaciones o asociaciones que hacen apología del franquismo, una medida que podría tener consecuencias para la Fundación Francisco Franco, y pasará a considerar el Valle de los Caídos, de donde fue exhumado el dictador hace casi un año, «un lugar de memoria», lo que implicará su «resignificación». En este sentido, suprimirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y acabará con el poder que los benedictinos tienen sobre Cuelgamuros y, por consiguiente, con su asignación económica anual de parte de Patrimonio. En él están aún enterrados los restos de víctimas de la dictadura a las que sus familiares aún pelean por exhumar después de que hace un año fueran autorizados los trabajos. La norma se refiere explícitamente a estos casos y asume que serán atendidas las reclamaciones.

https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-presenta-nueva-ley-memoria-historica-hara-responsable-exhumacion-fosas-anula-sentencias-franquistas_1_6221972.html

Martín Villa, el franquismo que transitó a la democracia y nunca rindió cuentas

Martín Villa, el franquismo que transitó a la democracia y nunca rindió cuentas

Es uno de esos niños de la guerra que no tuvo que emigrar. Es uno de esos chavales que no vieron al partir al exilio por última vez la sierra de Aitana. Rodolfo Martín Villa nació en 1934 (Santa María del Páramo, León) y es un ejemplo del franquismo que transitó a la democracia: fue uno de los actores principales de la jerarquía política del momento y nunca rindió cuentas. Como tantos banqueros, ex ministros, jueces, empresarios, militares, policías torturadores, gobernadores civiles… Una élite política y económica de un régimen que moría, que se reinventó, siguió dominando los resortes de poder del país, y en cuya cúpula estaba el propio rey Juan Carlos. En el caso del ex ministro de Gobernación, no llegó a examinarse judicialmente de su papel al frente de la policía aún franquista durante la represión de huelgas y manifestaciones en la Transición. Pero sí lo ha hecho este jueves ante la Justicia argentina y por decisión propia. «La Transición fue lo contrario a un genocidio», ha declarado en su defensa el único de los acusados que ha comparecido –desde la embajada argentina en España– de la veintena que investigaba la jueza María Servini desde hace seis años.

Martín Villa se licenció como ingeniero en 1962, cuando los títulos universitarios eran un lujo al alcance de muy pocos. Y ya entonces era jefe del Sindicato de Estudiantes Universitario, el falangista SEU, inspirado por José Antonio Primo de Rivera a imagen y semejanza del modelo fascista italiano. Llegó a vicepresidente del Gobierno ya en democracia, procurador en Cortes –primero– y diputado en varias legislaturas –después– y, como suele corresponder con políticos de su linaje, ha presidido grandes empresas tras décadas en la política, como Endesa (1997-2002) y Sogecable (2004-2010), además de haber sido, entre una y otra, comisionado para la catástrofe del Prestige (2003), nombrado por José María Aznar.

Martín Villa medró en el régimen vistiendo la camisa azul, como muchos otros «jóvenes reformistas provenientes del franquismo» como se autodenomina, incluido su amigo Adolfo Suárez, quien era ministro del Movimiento (la Falange) antes de convertirse en presidente del Gobierno. De la misma quinta, de Castilla y León los dos. Falangistas ambos, protagonistas de una Transición a la democracia que reinstauró las libertades a cambio de blindar la monarquía y los crímenes del régimen en el que se criaron y al que sirvieron.

Martín Villa llegó a la jefatura del sindicato de estudiantes falangista al tiempo en que se celebraba en Múnich en 1962 el llamado «contubernio», que reunió a un amplio abanico de familias políticas opuestas al régimen, incluidas las monárquicas, que aspiraban a un cambio en España. Pero él no estaba ni por el cambio ni en Múnich, Martín Villa se acercaba al Gobierno de tecnócratas que acaba de nombrar Franco al tiempo que se convertía en procurador en Cortes (diputado) en 1964, con 30 años.

Gracias a ello, en 1966 fue nombrado director general en el Ministerio de Industria. Tres años antes, en 1963, había sido ejecutado el comunista Julián Grimau tras ser torturado en esa Dirección General de Seguridad en los sótanos de la puerta del Sol que Martín Villa nunca llegó a disolver: echó el cierre en mayo de 1979, un mes después de que dejara el ministerio del Interior.

En 1965, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván y José Luis López Arangunen, entre otros profesores, habían sido separados de la universidad por su apoyo al movimiento estudiantil. Pero ni Martín Villa ni su SEU tenían nada que ver con ese movimiento estudiantil. Y, por eso, siguió medrando, y en 1969, un año después del asesinato por ETA de Melitón Manzanas, accedió a la secretaría general de la Organización Sindical Española, lo que le catapultó a ingresar en el Consejo del Reino jurando de rodillas ante Franco y un crucifijo con el uniforme falangista. El Consejo del Reino era un órgano consultivo del dictador quien, ese mismo año, nombró a Juan Carlos I como su sucesor en la jefatura del Estado.

Ya con 40 años, en 1974, fue nombrado gobernador civil y, siempre con la camisa azul y el brazo en alto, jefe provincial del Movimiento de Barcelona. En 1975, un año más tarde, entra en el Gobierno de Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales: dos años antes había entrado en la cárcel la dirección de Comisiones Obreras, precisamente por realizar actividades sindicales, en el llamado proceso 1001.

ETA había matado a Carrero Blanco en 1973, y Franco y su régimen agonizaban. El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador en la cama no sin antes haber firmado ejecuciones como las de Puig Antich (1974) y, al alba, las de dos miembros de ETA y tres del FRAP (1975). Franco moría matando y, mientras Portugal hacía su revolución de los claveles, Martín Villa se apuntaba al Gobierno Arias, el del franquismo sin Franco.

Pero ese franquismo sin Franco no encajaba ni en la sociedad española ni en el contexto internacional, que empujaban a un modelo de país diferente a los principios fundamentales del régimen que habían jurado el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y sus ministros. Juan Carlos destituye a Arias Navarro, que es relevado por Adolfo Suárez, quien forma un Gobierno de penenes –profesor no numerario– en el que no participan quienes se habían creído llamados a presidir el Gobierno –Manuel Fraga, por ejemplo– y en el que Martín Villa se convierte, ni más ni menos, que en ministro de Gobernación –posteriormente de Interior– del Ejecutivo que propició el harakiri de las Cortes franquistas con la ley de reforma política de noviembre de 1976, aquel paso «de la ley a la ley», de «la reforma y no la ruptura» que desembocó en las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de diciembre de 1978.

Martín Villa se convierte en ministro de Gobernación en julio de 1976. Pero seis meses antes, se producía la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, uno de los casos en los que está siendo investigado Martín Villa por crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia argentina imputa la participación del exministro en Vitoria, en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente «gaseada». La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, por lo que no era responsable directo de la policía, pero participó junto a Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania– y Alfonso Osorio –ministro de la Presidencia– en la decisión de enviar refuerzos y en que un mando único dirija el operativo. «Nosotros nos reunimos cuando empezaron a llegar las primeras noticias de fallecidos, y lo que nosotros conseguimos», dice Martín Villa en su declaración, «fue que no se decretara el estado de sitio».

Pero no son los únicos casos por lo que la jueza María Servini pregunta a Martín Villa. También por el asesinato por parte de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey de una mujer en Santurce –9 de julio de 1976–, en tanto que la denuncia recoge que el grupo ultraderechista estaba «protegido por la policía». Una policía a cuyo mando estaba el recién nombrado ministro de Gobernación Martín Villa y que detuvo en diciembre de ese año al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que había entrado a España con una célebre peluca. En abril de 1977 el PCE quedaría legalizado.

De 1976 también se investiga a Martín Villa por una muerte por disparos de la Guardia Civil, en septiembre en Hondarribia (Guipúzcoa). Y, ya en 1977, el asesinato por parte de un ultraderechista en Madrid de un manifestante proamnistía el 23 de enero de 1977, la víspera de la matanza de Atocha, perpetrada también por ultraderechistas.

También de 1977 son las muertes en Rentería de una persona que paseaba y le alcanzó un disparo de un guardia civil; otra muerte por disparo policial dos días después, el 14 de mayo, en Pamplona y, al día siguiente, la de un manifestante a manos de la policía en Bilbao, durante la semana proamnistía de mayo de 1977, un mes antes de las primeras elecciones de la reinstauración democrática y de que Martín Villa entregara la condecoración al mérito policial al torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, quien desde entonces –13 de junio de 1977– se benefició de un incremento salarial del 15% “en atención a sus méritos” y “para premiar servicios de carácter extraordinario”.

Los Sanfermines del 78 viven uno de los episodios más violentos de represión policial durante la Transición Española. El detonante es el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibe un tiro en la frente, y hay más de 150 heridos. Los incidentes se extienden por la ciudad, y de Pamplona, al resto de Navarra y Euskadi. Otro joven cae asesinado días después en Donostia.

Martín Villa, en estos casos, estaba a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior. Servini busca conocer si los asesinatos están enmarcados en «hechos puntuales» o son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 «en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político». Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables «con las penas de reclusión o prisión perpetua» según la legislación argentina.

El que fue ministro durante el franquismo y la Transición reconoce que se cometieron lo que califica como graves errores, y admite que hubo comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y por tanto es legítimo reclamar una reparación justa. Sin embargo, no está de acuerdo en que este proceso judicial persiga ese fin. Y rechaza de plano la idea de que lo sucedido en Vitoria pueda enmarcarse en un contexto de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Martín Villa se desmarca de los policías y guardias civiles cuyos disparos causaron las muertes de varias personas, y defiende que cuando se planteó si él podía ser responsable político de determinadas acciones policiales o merecía ser reprobado políticamente las Cámaras surgidas de las elecciones de 1977 lo rechazaron.

Ninguno de esos 12 homicidios por los que está siendo investigado Martín Villa por la justicia argentina ni condecorar a comisarios torturadores pasaban factura al ministro en aquellos años. Bien al contrario, cuando cayó Adolfo Suárez por las luchas fraticidas de la UCD, Martín Villa sale de nuevo catapultado hasta la vicepresidencia primera con Leopoldo Calvo Sotelo tras el 23F. Dos décadas después de llegar a la jefatura del sindicato universitario fascista alcanzaba la vicepresidencia del Gobierno de la España democrática tras el tránsito por los gobiernos postfranquistas preconstitucionales.

Martín Villa recibió en 2017 de manos del rey Felipe la medalla por participar en las primeras Cortes de la reinstauración democrática, en junio de 1977, las que alumbraron los pacto de La Moncloa, la Constitución de diciembre de 1978 y la ley de amnistía que vació las cárceles de represaliados y blindó los crímenes franquistas.

Una ley de amnistía que defiende Martín Villa en su declaración ante a jueza Servini y que rechaza que sea una ley de punto final. En el debate del 14 de octubre de 1977, se expresaba así en la tribuna del Congreso el aquel día portavoz del PCE Marcelino Camacho, quien había conocido las cárceles franquistas: «Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso».

Sin embargo, en las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

En la ley de Amnistía, precisamente, es donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan «sin que los jueces siquiera conozcan los hechos». Pablo de Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las «interpretaciones restrictivas» –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.

Con la implosión de UCD tras las elecciones de 1982 que encumbraron al PSOE de Felipe González con una mayoría absoluta nunca repetida se produce un relevo de las élites políticas, y Martín Villa pasa a un segundo plano político: transita por el PDP de Óscar Alzaga hasta ingresar en el PP en enero de 1989 y encadenar dos legislaturas y parte de una tercera como diputado, que abandonó para presidir Endesa en 1997, colocado por el recién elegido presidente del Gobierno, José María Aznar.

Allí permaneció hasta que en 2002 otro referente económico del PP de la época, Manuel Pizarro, le sustituyó y acomodó como presidente de la Fundación Endesa. Duró poco en ese retiro: en 2003 Aznar le encomendó el comisionado de la catástrofe del Prestige y, en 2004, accedió a la presidencia de Sogecable, donde permaneció hasta 2010.

Martín Villa es una figura paradigmática de la historia reciente de España: nacido en el bando de los vencedores de la Guerra Civil se mantiene fiel al régimen hasta que muere el dictador, levantando el brazo y vistiendo la camisa azul hasta la víspera de convertirse a la democracia, de la que sacó provecho político y económico. Como dicen quienes le están defendiendo estos días, es una «figura clave» de la Transición. Y es verdad, él estaba allí, en las reuniones, en las camarillas, en los círculos de poder lampedusianos que cambiaron para seguir mandando. Y, sobre todo, no rendir cuentas por nada de lo que pasó en cuatro décadas de dictadura.

Martín Villa es la imagen del franquismo que se hizo demócrata, y en ese hacerse demócrata propició el tránsito a la legalización de los partidos, los sindicatos, el fin del exilio y la reinstauración de una democracia constitucional que, 40 años después, aún tiene a miles de personas en las cunetas mientras verdugos y torturadores nunca fueron perseguidos y, en algunos casos, han disfrutado de impunidad hasta el final de sus días.

https://www.eldiario.es/sociedad/martin-villa-franquismo-transito-democracia-rindio-cuentas_1_6198933.html

Las ‘fake news’ del franquismo sociológico que (todavía) atentan contra la Memoria Histórica

Las 'fake news' del franquismo sociológico que (todavía) atentan contra la Memoria Histórica

Que «todos mataron igual» y «fue una guerra entre hermanos». Que las fosas comunes son un invento. O que las víctimas buscan «subvenciones». El franquismo sociológico lleva años –mucho antes de que incorporáramos el concepto– alimentando fake news para construir la Memoria de los vencedores. Un discurso que mantiene a la sociedad española navegando, no pocas veces, entre la desmemoria y la equidistancia ante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.

El negacionismo, agitado últimamente por el auge de la extrema derecha y su presencia en el Parlamento, ha inundado el discurso público de lugares comunes repetidos como verdades que atentan contra la denominada Memoria Histórica y desprecian el cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos. Aquí algunos ejemplos.

Falso. La Guerra Civil suma medio millón de muertos, en números redondos. El franquismo ejecuta (fuera del campo de batalla) a unas 150.000 personas (la mayoría de los desaparecidos forzados siguen en fosas comunes). La retaguardia republicana acumula otras 50.000 víctimas. El resto pierde la vida en el propio conflicto bélico. «Las investigaciones exhaustivas llevadas a cabo permiten afirmar que, en términos generales, la represión de los rebeldes fue aproximadamente tres veces superior a la de la zona republicana», en palabras del historiador Paul Preston.

«Es necesario crear una atmósfera de terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros (…) todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado», ordenaba el 19 de julio del 36 el general golpista Emilio Mola. Y «en zona gubernamental no hubo plan alguno» aunque «la ausencia de violencia por parte de los comités frentepopulistas que se formaron por todo el país no les libró de aportar su cuota de sangre», explica el historiador Francisco Espinosa Maestre.

Falso. Fue un golpe de Estado de parte de la oligarquía económica, militar y religiosa contra la democracia y el Gobierno de España que en julio de 1936 dirigía una coalición de los principales partidos de izquierda denominada Frente Popular. No fue una lucha cainita aunque hubiera, en casos particulares, familiares apoyando a los golpistas o a los demócratas.

En gran parte de España no hubo guerra, entendida en términos tradicionales. Un ejemplo: Cádiz, Huelva y Sevilla suman casi tantos ejecutados como el terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. En ese triángulo de Andalucía el golpe de Estado fascista triunfa y no hay batallas reseñables, sí una represión sistemática que deja unos 30.000 asesinados.

Falso. El Mapa de Fosas estatal registra más de 120.000 víctimas enterradas en 2.591 tumbas ilegales. La cartografía del terror está sin actualizar desde el año 2011. Andalucía, Aragón y Asturias son las comunidades con mayor número de fosas identificadas. Desde el año 2000 se han abierto en todo el país más de 740 fosas y recuperado alrededor de 9.000 esqueletos. Un estudio calcula que solo se podrá recuperar una cuarta parte de los desaparecidos e identificar a unas 7.000 personas, según un informe encargado por el Gobierno de España y al que ha tenido acceso eldiario.es.

Porque ya las abrió Franco. Y con dinero público. El naciente régimen franquista construyó su propia Memoria Histórica y comenzó por dar su propia verdad, justicia y reparación a quienes murieron luchando para los fascistas y a las víctimas de la violencia izquierdista.

La dictadura instruyó además la denominada Causa General, un teórico proceso para depurar «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja», que arranca en 1940 y que en gran parte acaba siendo pura propaganda franquista.

Las conocidas como matanzas de Paracuellos suman más de 2.000 derechistas asesinados durante la batalla de Madrid. Los fusilamientos sucedían en las ‘sacas’ de presos de cárceles madrileñas entre noviembre y diciembre de 1936. «Efectivamente, hubo Paracuellos y también otras atrocidades», apunta Preston. Pero el Gobierno de España «no aprobó las matanzas en Madrid en octubre y noviembre de 1936 que fueron obra de los anarquistas y el PCE», señala el hispanista. «Paracuellos siempre ha sido el recurso de los justificadores del terror fascista», una «cuestión de propaganda que ya dura ocho décadas», apunta Espinosa Maestre.

Falso. La Segunda República Española fue un régimen democrático que releva a la monarquía de Alfonso XIII. El primer bienio reformista tras su proclamación (1931-1933) acoge gobiernos de carácter republicano y socialista. Las elecciones del año 33 deparan el triunfo de las derechas y el llamado bienio negro.

Y las urnas, en febrero del 36, dan la victoria al Frente Popular cuyo programa firman Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, además de la Unión General de Trabajadores y la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. El PCE obtiene 17 escaños de 473, el PSOE alcanza 99 diputados, seguido de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con 88 e Izquierda Republicana con uno menos, en un Parlamento con hasta 32 partidos representados.

Las familias que buscan a víctimas en fosas comunes están amparadas por el derecho internacional, los derechos humanos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas… La Memoria no es revisionismo, ni venganza. Proporcionar verdad, justicia y reparación es una deuda que Naciones Unidas reclama a España. Un deber del Estado que arranca por dar un entierro digno a los muertos. En leer bien las páginas más oscuras del pasado reciente. Y cerrar heridas.

Además, muchos de los procesos de recuperación de la Memoria Histórica (incluidos trabajos arqueológicos) han corrido a cargo de las propias víctimas y de las asociaciones de Derechos Humanos. Por eso España sigue siendo una anomalía democrática con decenas de miles de desaparecidos forzados. No es cierta aquella frase del actual senador del PP Rafael Hernando: «Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle».

De hecho, las ayudas públicas de carácter estatal estaban paralizadas desde 2011, cuando las suspendió el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta que han sido rescatadas en la actual convocatoria puesta en marcha por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Algunas comunidades autónomas, diputaciones e incluso ayuntamiento han ido supliendo esta carencia en los últimos años.

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