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Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones

Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones

Lo advirtieron los sindicatos y lo terminaron reconociendo los políticos: la vuelta al colegio en esta segunda ola de coronavirus, sin los recursos materiales o profesionales necesarios, elevaba las probabilidades de contagio. Y así ha ocurrido. En Pontevedra, Málaga, Palma o Madrid, las plantillas de docentes se han visto resentidas por los primeros casos positivos en COVID-19 sin que exista un plan seguro y eficiente de sustituciones. De los 53 centros afectados según el Gobierno el jueves −según los datos recopilados este periódico, entre los notificados ese día y el viernes las incidencias ya son más de un centenar−, algunos no tienen más remedio que echar el cierre, como ha ocurrido en la provincia gallega donde siete docentes guardan cuarentena, y otros hacen malabares con el trabajo restante a costa de hacer estallar los grupos burbuja.

España ha contratado a casi 40.000 maestros extra a partir del Fondo del Coronavirus para reducir las ratios de niños, desdoblar las clases, garantizar la suplencia de las bajas y crear nuevos puestos como los “coordinadores COVID-19” o más profesores de adaptación intensiva para alumnos con necesidades especiales y en riesgo de exclusión. Cabe pensar que las bajas por contagio, por lo tanto, podrían cubrirse de inmediato gracias a esa bolsa de trabajo. La realidad es más complicada.

José María Ruíz, portavoz de Educación de CCOO, cree que la prioridad debe ser agilizar la incorporación de estas personas a los centros, “que tarda en torno a 10 o 15 días”. En ese tiempo, el claustro del colegio debe hacerse cargo de las clases sin profesora o profesor al frente. ¿La consecuencia? “La movilidad rompe cualquier atisbo de grupo burbuja, lo que se ha vendido como la gran medida de seguridad para la vuelta al cole”, expone el representante sindical. “La otra son las ratios por aula, que ya se sabe que no se están cumpliendo en muchos colegios”, indica.

Ruíz se refiere a la promesa de reducir los estudiantes para asegurar el metro y medio de distancia. El Ministerio de Educación sitúa en 15 el número ideal de niños para Infantil y Primaria, pero los primeros días de clase han puesto de manifiesto que las cifras bailan de comunidad a comunidad y que, en muchos casos, las exceden.

No es lo único en lo que difieren las consejerías de Educación. El mapa de la vuelta al cole es desigual debido a “diez años de recortes” y, para CCOO, “sería imprescindible regularlo con una resolución” a nivel estatal. Ratios, distancias, condiciones de la toma de posesión de la plaza de maestro y contrataciones automáticas para suplir las bajas, que este año más que nunca se prevén en aumento. Sobre todo “tras el despropósito en ciertas regiones como Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid”, diferencia.

Hace una semana, la imagen de cientos de profesores madrileños hacinados a la espera de hacerse un test serológico saltaba a la palestra con la consiguiente noticia de que 3.000 de ellos daban positivo. Más tarde, se supo que solo 18 estaban contagiados, pero según la secretaria general de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, lo más grave fue que “el estudio se hizo sin tener previsto un protocolo para que los positivos se quedaran en casa y pudieran ser sustituidos de forma inmediata”. 

Durante los cinco días que duró la comprobación, “hubo una neurosis generalizada porque el profesorado estaba desbordado y con las cuarentenas preventivas se vio que faltaba personal”, dice la portavoz sindical. Muchas escuelas de la capital estaban forzadas a abrir sin tan siquiera tener un profesor para cada grupo y con una incertidumbre absoluta sobre el ritmo de sustituciones de la Comunidad.

De hecho, es un temor que se ha hecho realidad en algunos centros públicos como el Miguel Hernández, situado en el sur de Madrid. Allí, el director tuvo que acudir el primer día de colegio solo para que le lanzaran el portátil y los apuntes desde la ventana puesto que él guarda cuarentena desde que su hija pequeña comenzó con síntomas compatibles con la COVID-19. “En mi escuela hay otras dos profesoras esperando su PCR y aisladas en casa”, cuenta Rubén Rodríguez. “En caso de que sea positiva alguna hay que empezar a tirar del hilo porque han estado en el centro y en contacto con otros compañeros”, reconoce preocupado.

“Los colegios pequeños tenemos la prioridad de que nos cubren las bajas a los 15 días”, explica. ¿Y mientras tanto? Es un escenario “horrible” en el que prefiere no pensar porque implicaría “tirar todas estas semanas de planificación y empezar de nuevo a organizar a los profesores, además de la responsabilidad personal por la salud de las docentes y de los niños”, describe Rodríguez. 

El director admite que les ha sido imposible cumplir con las ratios de 20 niños por aula y con el metro y medio de distancia a pesar de “haber reconvertido la biblioteca, la clase de música y otros espacios” y de los cinco nuevos maestros que les ha prometido la Comunidad de Madrid, “aunque habíamos pedido seis para garantizar los grupos de desdoble”. 

También les corresponde “medio profesor de refuerzo extra” que solo estará hasta finales de diciembre. Son logopedas o profesionales destinados a niños con desfase curricular en algunas de las áreas o en riesgo de exclusión social, es decir, “recursos muy valiosos y que lastimosamente siempre tenemos de menos”. Rubén Rodríguez define esta incorporación temporal como “un desastre” para los planes sanitarios del colegio -ya que los maestros deben pendular entre dos centros-, para las condiciones laborales de los profesores nuevos y para el ritmo de aprendizaje de los niños.

Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció 10.610 contratos «extra» de maestros para paliar la situación COVID-19, solo 350 se han incorporado de momento y cientos de ellos han renunciado a la plaza ante las dudas por la duración y las condiciones de las mismas, como anunció CCOO. Esto, unido a que las 1.117 personas de refuerzo solo permanecerán hasta navidades, es otra muestra de “la precariedad que produce ir por la vía de la sustitución”, se lamenta Galvín. “Puede suponer que Madrid no consiga atraer ni mantener al profesorado necesario para poner en marcha una vuelta al colegio segura”, sentencia.

En el caso de la capital, la Consejería ha prometido que los contratos trimestrales solo afectarán a las plazas de refuerzo, pero que los 6.000 docentes destinados a las vacantes de la educación pública “pueden estar tranquilos”. Algo que no ocurre en otras comunidades como Andalucía y Murcia, donde todos estos contratos durarán en principio hasta finales de año. En Catalunya, Aragón, La Rioja, Extremadura, Canarias, Galicia y País Vasco y Valencia, en cambio, las nuevas incorporaciones se mantendrán todo el curso lectivo. 

En Catalunya tienen otros frentes abiertos, como el medio centenar de interinos que denunciaron que la Generalitat les dejó sin la plaza al causar baja por coronavirus antes de empezar. “Estaba emocionada, llevaba tres años esperando para una vacante para todo el curso”, explicaba Marta (nombre ficticio) a elDiario.es, que había sido aceptada para un colegio en Barcelona, pero el fin de semana previo al regreso a las aulas tuvo síntomas y acudió a hacerse una PCR. “Me dijeron que podía empezar de forma telemática”, aseguraba.

Al no tomar posesión de forma presencial, sin embargo, le comunicaron que con la baja –al final dio positivo– le quitaban la plaza. “No me parece una norma coherente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Ir al colegio el lunes a ocupar mi puesto de trabajo para conservarlo y arriesgarme a crear un brote?”, se preguntaba esta docente. Según CGT y CCOO, Catalunya ha dado marcha atrás en algunos de los casos después de que estos saliesen a la luz en los medios.

Mientras, los profesores de Galicia, Murcia, Baleares, País Vasco y Madrid se preparan para una huelga hasta finales de mes. Reclaman un aumento de personal docente, la disminución de ratios y, sobre todo, más diálogo con las autonomías para “no cargar sobre sus hombros” con una «vuelta a clase segura».

https://www.eldiario.es/sociedad/primeras-bajas-profesores-covid-19-ponen-descubierto-sistema-precario-e-inseguro-sustituciones_1_6210924.html

La primera semana de clase acaba con al menos 120 incidencias por COVID-19 en los centros educativos

La primera semana de clase acaba con al menos 120 incidencias por COVID-19 en los centros educativos

La primera semana de curso escolar masivo en toda España ha empezado a dejar un goteo de casos de COVID. Según datos enviados por las comunidades autónomas al Ministerio de Educación y recopilados por este periódico han sido más de 120 incidencias las registradas en la primera semana de clase en gran parte del territorio, casi todas relativas a contagios o sospecha de positivos. Como ocurre con los datos epidemiológicos de COVID-19, hay regiones que tardan más en enviar las incidencias a un registro central o que no lo hacen de forma sistemática, máxime cuando ni siquiera están obligadas a hacerlo por el momento.

La ministra Isabel Celaá habló el jueves a primera hora de 53 casos comunicados por las autonomías, pero entre los notificados ese día y el viernes, ya son más del doble. Las incidencias se deben sobre todo a casos de positivos, confirmados o posibles, y de profesores, más que de alumnos. Por ejemplo, el consejero de Educación vasco, Jokin Bildarratz, ha revelado este viernes que hay 30 colegios vascos afectados por casos de COVID, en diferentes niveles, y que cuatro están cerrados: Mungia, Zaldibar, Soraluze y Amezketa. En la vecina Navarra, primera comunidad en la que se iniciaron las clases, ya hay 11 colegios con alumnos confinados.

Hay también situaciones en las que se ha tenido que retrasar el inicio del curso por falta de profesores de refuerzo o de adaptación de espacios (como en el colegio El Jeromín de Leganés, en Madrid), y otros en los que los centros se sitúan en localidades confinadas, como los seis centros del Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) donde ha empezado el curso de manera no presencial.

Todavía no están abiertos los más de 28.000 centros educativos de toda España (faltan Catalunya, Murcia, Canarias y Asturias, y Galicia ha anunciado que retrasa el comienzo de algunos cursos). La educación, al igual que la sanidad, es una competencia autonómica.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, explicó este jueves que el verdadero impacto de la vuelta al cole se empezará a ver a finales de la semana que viene o principios de la siguiente. «Tenemos que estar muy vigilantes», subrayaba el portavoz del Ministerio de Sanidad, «tanto en las comunidades donde hay muy baja transmisión y puede incrementarse, como en las comunidades donde hay más transmisión y los niños no afectados deben protegerse para no caer en ese nivel de transmisión». A su juicio «las comunidades autónomas están muy concienciadas de lo que se nos podría venir encima».

Simón explicó que las medidas de prevención diseñadas para los centros educativos «son muchas y en principio eficaces». Incluyen grupos burbuja o lo más cerrados posible, sobre todo entre los más pequeños, el uso de mascarillas a partir de los seis años y medidas de separación entre el alumnado. «Hay 28.000 centros educativos y es normal que en algún momento pueda generarse algún pequeño brote que se tarde un poquito más en controlar, esperemos que no, pero no se puede descartar», indicó. 

La positividad, es decir, el porcentaje de PCR que da positivo, ha aumentado entre la población entre 10 y 19 años en las últimas tres semanas, algo que puede significar «mayor transmisión entre ellos» y «efectos de los últimos coletazos de botellones o fiestas, asociado al ocio nocturno», según Simón, para quien «es pronto para achacárselo al colegio».

Coincide con este diagnóstico el epidemiólogo Fernando Rodríguez, que cree que hasta ahora se está viendo el impacto de niños y profesores que se han infectado fuera de los colegios. Su análisis es que esta será «la nueva normalidad colegial» ante tasas de contagio «muy altas» en España: un goteo de casos que en la mayoría de las ocasiones no implicará el cierre de aulas y colegios si se han adoptado las medidas de prevención oportunas.

Ahora bien, Rodríguez alerta sobre el peligro de que se sigan las normas correctamente a corto plazo en los centros educativos y después venga una relajación parecida a la que se produjo con el fin del estado de alarma y la llegada del verano (si el 1 de julio se notificaban 1.902 nuevos casos de COVID en 7 días, el 1 de septiembre la cifra había llegado a 49.399 en el mismo periodo). «Las cosas están diseñadas más o menos para que el impacto sea pequeño, pero hay que ver cómo funcionan a corto y medio plazo», afirma Rodríguez, para quien nos encontramos inmersos en un «experimento natural en vivo».

Su opinión es que será importante que las comunidades autónomas tengan preparada a gente cualificada para explicar, por ejemplo, por qué quizá no sea necesario que toda el aula entre en cuarentena si se produce un caso positivo en grupos de más edad donde se hayan tomado las medidas oportunas. Y también cree que habrá que afrontar cuando se den situaciones de alumnos con una enfermedad grave debida a la COVID o de profesores y personal que incluso puedan llegar a fallecer. «Casos que fuera de los centros se están produciendo, pero que en el contexto del colegio serán un asunto sensible que habrá que saber comunicar», señala.

https://www.eldiario.es/sociedad/primera-semana-clase-acaba-120-incidencias-covid-19-centros-educativos_1_6215334.html

Las autonomías no llegaron a alcanzar en 2019 el gasto en sanidad, educación y servicios sociales de hace una década

Las autonomías no llegaron a alcanzar en 2019 el gasto en sanidad, educación y servicios sociales de hace una década

España todavía no se ha recuperado de los recortes en sanidad, educación y servicios de sociales más duros de la crisis económica. Lo refleja un informe que publica este miércoles la Asociación de Directores y Servicios Sociales sobre la evolución de los presupuestos autonómicos a lo largo de todos estos años con datos del Ministerio de Hacienda. En el año 2009, los gobiernos regionales destinaron 116.851,7 millones de euros al ámbito social. En 2018, el último presupuesto liquidado, la cifra fue 116.857,31 millones. En 2013 se registró el nivel más bajo de inversión, menos de 100.000 millones de euros, y luego, entre 2014 y 2018 «se han ido registrando aumentos en los presupuestos». Pero en 2019 «la tendencia se ha roto» y, con el presupuesto ya definitivo, se vuelve a quedar en 116.850,46 millones de euros, ligeramente por debajo en términos absolutos tanto del de 2018 como del de hace una década.

El gasto social medio por habitante en nuestro país fue 2.498,54 € en 2019; son 36,81€ menos que en 2009 y 11,75€ menos que en 2018. «Ahora con la pandemia todos nos acordamos de la sanidad, de las residencias, con la vuelta al cole de la educación… pero es que el Estado del Bienestar venía muy maltratado de la anterior crisis y lo arrastramos», resume José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, que es referente en el sector. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyas cuantías se transfieren a las comunidades, también llevan congelados y prorrogados desde 2018, y eso «ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro», valoran.

El conjunto de gasto en el Estado no ha llegado a niveles de 2009, pero hay acusadas diferencias territoriales. Gran parte del peso de que no se alcance la inversión social de hace 10 años se debe a Catalunya. Son esa y Castilla-La Mancha las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación económica general: una reducción en un 19,6% y en un 15,4% respectivamente. «Son las dos comunidades que más frenan la recuperación, por distintos motivos. Catalunya durante los últimos años, desde 2015, y Castilla-La Mancha porque tuvo recortes muy duros a partir de 2011. Hay que valorar tanto dónde se está como de dónde se viene», sintetiza Ramírez. Aragón, Galicia y Castilla y León son regiones también con saldo deficitario.

En el lado bueno, doce comunidades sí han conseguido superar en 2019 la inversión social que hacían en 2009. La Comunidad Valenciana es la que ha logrado un mayor aumento cuantitativo en sus políticas sociales, 1.656 millones, algo que Ramírez reconoce al actual gobierno autonómico y califica de «espectacular». Baleares gana en términos relativos, tiene un crecimiento de un 24,8% de aumento. Hay un tercer grupo que se mantiene en niveles parecidos a los de 2009, con subidas de entre el 0,5% y el 5% (La Rioja, Canarias, Extremadura, Andalucía y Madrid).

«La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la  crisis anterior», continúa la Asociación.  Lo que piden como solución es un «blindaje presupuestario» de las tres materias que componen el gasto social, fórmulas «urgentes» que den aire a las autonomías para invertir en ello y que no dependa de ningún color político. También lamentan esa falta de PGE nuevos desde 2018. En los de 2019, que no salieron adelante por la negociación política, estaban incluidos 500 millones destinados al sistema de dependencia, con lo que no se llegaría a solucionar todas sus carencias –las listas de espera aumentaron el año pasado– pero que hubiesen aligerado algo la situación. «En un escenario político tan grave como el actual, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política», dicen.

La deuda de las autonomías también se ha ido acumulando esta década, en más del 360%, algo que relacionan directamente con la situación general. «La tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda». Los presupuestos autonómicos de 2020 todavía no están cerrados ni liquidados, son «iniciales» –tres comunidades, Castilla y León, Madrid y La Rioja, han prorrogado los suyos– . Catalunya, por su parte, ha intentado paliar la merma sostenida de inversión en Sanidad, Educación y Asuntos Sociales con unas cuentas para 2020 que crecen en 3.000 millones, las primeras expansivas en una década.

Aunque sobre el papel el escenario mejora respecto al ejercicio de 2019 y sí aumentan el gasto en servicios públicos, «han de ser tomados con todas las cautelas puesto que la obligada actuación con presupuestos prorrogados en las comunidades generará importantes descuadres en la contabilidad pública», explican, más por la actual coyuntura de la pandemia.

Por áreas concretas, los presupuestos autonómicos siguen por debajo de los de 2009 en Sanidad. Son 1.740,3 millones de euros menos en 2019 respecto a lo gastado en 2009, un 2,7% menos. Doce Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Galicia) sí han incrementado el gasto en Sanidad en esta etapa, pero por lo contrario destaca Catalunya, cuyo gasto ha sido en 2019 un 27% inferior al del 2009. En Educación también se ha rebajado el gasto, aunque algo menos: las comunidades han invertido 393,5 millones de euros menos, un 1%. Hay nueve comunidades (Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cantabria, Andalucía, Navarra, Murcia y La Rioja) que incrementan su gasto (Madrid lo mantiene prácticamente igual al de 2009). Y Castilla y León y Catalunya destacan por lo bajo: invierten un 8,1% y un 12% menos en educación respectivamente.

En servicios sociales es el único ámbito en el que la cosa mejora. Todas las Comunidades excepto dos (de nuevo, Castilla-La Mancha y Catalunya) recuperan en 2019 el nivel de gasto del año 2009 en esa materia, y en el conjunto de España el gasto autonómico termina con 2.132 millones más, un 17,9% de aumento. Aun así, «insuficiente», atendiendo a factores como ese incremento de las listas de atención a la dependencia. 

Además, desde la Asociación expresan un temor. Actualmente, el grueso de servicios sociales va a tres secciones: las rentas básicas de inserción, los servicios comunitarios y el sistema de atención a la dependencia. Y ven en «claro riesgo» que, tras la aprobación del Ingreso Minimo Vital, «cuando por fin se ponga en marcha, las comunidades consideren que con eso es necesario y el dinero destinado a rentas se invierta en otra cosa. Consideramos que habrá que estar atentos».

https://www.eldiario.es/sociedad/autonomias-no-llegaron-alcanzar-gasto-sanidad-educacion-servicios-sociales-decada_1_6208569.html

¿Qué pasa si no llevo a mis hijos al colegio? Los centros serán los primeros en decidir si la ausencia está justificada por la COVID-19

¿Qué pasa si no llevo a mis hijos al colegio? Los centros serán los primeros en decidir si la ausencia está justificada por la COVID-19

Entramos en la semana en la que empieza el curso en algunas comunidades autónomas y muchas familias se preguntan aún qué hacer con sus hijos. ¿Llevarlos al colegio, con los riesgos que conlleva? Y, si no van, ¿puede tener consecuencias legales para los padres? ¿Y educativas para los menores? ¿Se van a quedar los alumnos atrás si no acuden al centro, tengan algún tipo de educación en casa o no?

Como todo lo que sucede en este curso, hay más dudas que respuestas mientras la situación es teórica. Cuando atraviese ese plano hacia la práctica se verán las decisiones que toman los colegios y administraciones cuando se den estos casos. Pero también hay algo de información, hay leyes y hay interpretaciones de las mismas.

La primera evidencia es que la escolarización es obligatoria en España entre los 6 y los 16 años. Solo hay tres excepciones que justificarían la asistencia a clase en estas edades, explica el abogado Juan Rodríguez Zapatero: una enfermedad, que los menores estén en el extranjero o la itinerancia de los padres. Fuera de estos supuestos, el absentismo prolongado (cuando el alumno pierde el 20% de las clases) puede concluir, en última instancia, con la retirada de la patria potestad a los padres y con penas de cárcel de hasta seis años por abandono de la familia en los casos más extremos.

Esto dice la ley, pero los expertos matizan: esta normativa está pensada para absentismos en situaciones normales, no para una pandemia mundial que pone en colisión el derecho a la educación del menor (porque el derecho a la educación es del niño, no de los padres) con la obligación de los padres de cuidar de sus hijos. «Es evidente que las circunstancias en que nos hallamos justifican que una familia decida no llevar a sus hijos o hijas a clase. Por tanto, existiendo una causa de justificación objetiva, pública y notoria y garantizando la atención educativa al hijo o hija no debería haber repercusiones negativas», explica Carlos Delgado, socio director de Alcántara Abogados.

Ante el runrún social que recorre España estos días, la Fiscalía ha considerado oportuno aportar algo de luz respecto a la postura que va a adoptar en estas situaciones. «Algo de luz» porque la nota emitida por el organismo público parece apuntar a cierta relajación en la toma de medidas, aunque no acaba de ser explícita.

Básicamente, el ministerio fiscal recuerda que la escolarización es obligatoria y que se actuará contra quién no justifique de manera «clara y terminante» el absentismo, pero luego matiza: se modulará la respuesta institucional «a la situación concreta de los alumnos afectados y sus respectivas familias, tomando en consideración la actual situación de pandemia derivada del COVID-19 [sic] y el singular escenario de los riesgos sanitarios presentes no solo en el ámbito escolar, sino también en el familiar».

Esta última parte parece un eximente para los padres que decidan no llevar a sus hijos en edad de estar escolarizados a los colegios. Sin embargo, el último párrafo de la nota matiza: «Solo aquellos casos que carezcan de justificación clara y terminante para la exención, aún temporal, del deber de asistencia presencial del alumnado (…) motivarán que el Ministerio Fiscal prosiga sus diligencias a efectos de ejercitar la acción penal».

Y aquí surge la duda: ¿Qué es una justificación clara y terminante? ¿Se incluye una pandemia mundial? La Fiscalía lo insinúa, pero no con claridad. ¿Qué es temporal? ¿Una semana, un mes, un trimestre? Tampoco se sabe.

Ante esta incertidumbre, el abogado Delgado introduce otra variable. La ley, explica Delgado, establece como deber ineludible de la patria potestad educar a los hijos y proporcionarles una formación integral. De esta manera, propone este letrado, buscar una educación alternativa podría dar argumentos a los padres. «La decisión de no llevar a los hijos o hijas entre los 6 a los 16 años al centro escolar para preservarlos del coronavirus proporcionándoles educación y conforme a los temarios oficiales en casa no tendría por qué ocasionar responsabilidad a las familias, puesto que, precisamente, se está actuando con responsabilidad, en interés del menor, guardando su salud y la del resto de la familia», sostiene.

Rodríguez Zapatero aporta otro elemento para las familias, que también trata de forma lateral la Fiscalía en su nota: las familias pueden exigir a los centros que cumplan con las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por las administraciones. Explica el ministerio fiscal: «Las comunidades autónomas han establecido los criterios a seguir (…), que se han traducido en las correspondientes instrucciones a los centros educativos (…), que deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad establecidos».

Y en que se cumpla esta premisa básica basa la «obligación ineludible» de la asistencia presencial del alumnado, que se dará «en los parámetros y condiciones antedichos». De esta afirmación de la Fiscalía se podría deducir, explica Rodríguez Zapatero, que en el caso de que un centro no cumpla los protocolos sanitarios de seguridad los padres sí tendrían una eximente. «Existiría un derecho a no llevarlos y exigir que se cumplan las medidas», asegura.

Dice la nota de la Fiscalía que «los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a las aulas, serán los encargados de comunicar» estos incumplimientos. Esto es, serán los colegios, pegados al terreno y conocedores de las circunstancias de sus alumnos y sus familias, quienes deben tener en cuenta cada caso personal antes de decidir si está justificado o no que un alumno no acuda al centro. Otra tarea más para los docentes. Podría decirse que siempre ha sido su responsabilidad detectar el absentismo, pero hay un matiz. Sin pandemias, no tienen que valorar tanto situaciones: cuando un alumno no acude al centro se activa el protocolo. Ahora tendrán que incluir en la decisión si su situación personal o familiar justifica la ausencia.

Esta situación da pie a Rodríguez Zapatero para introducir otra reflexión: la falta de alternativas a la escolarización en la red de colegios, sean públicos o privados. «Esta situación de excepcionalidad reabre el debate de que España no ha regulado de manera adecuada alternativas que sí ofrecen en otros países [a la escolarización en el sistema], como es el homeschooling [la escolarización en casa, que está en auge estos días]. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que no reconoció el derecho de los padres a educar a sus hijos en casa, que significa que no hay una facultad de los padres a no escolarizar a sus hijos», explica. «Podría haber otras alternativas como la educación online… Todo esto pone de manifiesto que hay insuficiencias o lagunas normativas que debería pensarse en regular, partiendo del principio obligado de la escolarización», sostiene.

Otra cuestión que preocupa a algunos padres es si hay alguna posibilidad de que sus hijos pierdan la plaza en el colegio ante una ausencia reiterada. La respuesta en estos casos es un rotundo no, según los expertos. «El problema sería para las familias, pero no se le quitaría la plaza al menor porque a él le asiste el derecho a la educación», resume el mensaje José María Ruiz, responsable de Educación Pública de CCOO. «En los contados casos en que se han activado los protocolos de absentismo, la responsabilidad ha sido de los padres y ha prevalecido el derecho del menor», coincide Maribel Loranca, secretaria general de la federación de Educación de UGT.

Por último, queda la cuestión puramente académica. ¿Se van a quedar atrás los alumnos que no vayan al colegio? Si un menor no acude a su centro, básicamente pueden darse tres escenarios: que sus padres, si pueden permitírselo, contraten algún tipo de maestro para que siga con su educación o se encarguen ellos, que su centro haya previsto esa situación y se le envíe material para que avance desde casa o, sobre todo los más pequeños, que se queden a la expectativa a ver cómo evoluciona el curso.

Dejando de lado a los más mayores –se da por hecho que tendrán que continuar de alguna manera–, para los más pequeños perder algunos meses (más) de educación no debería suponer demasiado problema, explica Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. «Sabemos que la plasticidad del aprendizaje del alumnado apunta siempre a que casi nada es irreversible. No ha pasado nada que un alumno no pueda retomar. Es importante señalar esto, porque hay algunos titulares tipo La generación de la COVID-19, como si fueran a estar negativamente marcados. La psicología del desarrollo pone de manifiesto que no existen periodos críticos en los que si no haces tal cosa en tal momento ya no se aprende». Nada irreparable, pero tampoco conviene ignorarlo. «Si se ha producido algún desfase en aprendizajes concretos, debemos compensarlo», añade Martín.

Pese a este, digamos, margen de maniobra, esta catedrática defiende la necesidad de que los pequeños acudan a la escuela. «Hay aprendizajes garantizados por vivir en sociedad o por la crianza, pero hay otros que solo se aprenden porque hay una instrucción intencional. La escuela tiene una función epistémica: coge la realidad y la trae para hacerla objeto de reflexión; no se hacen cosas para resolver problemas, sino para entender el mundo. Esta función es absolutamente peculiar y la que justifica que tengamos que obligar a los alumnos a ir a la escuela».

https://www.eldiario.es/sociedad/pasa-si-no-llevo-hijos-colegio-centros-seran-primeros-decidir-si-ausencia-justificada-covid-19_1_6199016.html

Sánchez pide a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios se consensúen con Sanidad y las comunidades limítrofes

Sánchez pide a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios se consensúen con Sanidad y las comunidades limítrofes

Tras semanas de acusaciones de inacción en la preparación de la vuelta al colegio y un acuerdo de mínimos suscrito por Educación y las comunidades autónomas, Pedro Sánchez ha reclamado a los presidentes regionales que exista una suerte de pacto tácito para que el hipotético cierre de colegios por rebrotes de coronavirus se haga de forma consensuada con el Ministerio de Sanidad y las autonomías limítrofes. Ese ha sido uno de los asuntos abordados en la conferencia de presidentes que se ha reunido este viernes de forma telemática durante la pandemia. Sánchez ha reclamado que se abandone la «lucha partidista» mientras los presidentes del PP han reclamado unidad de acción en la respuesta a los rebrotes.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades para la vuelta al cole la semana pasada establecía una guía de recomendaciones genérica, pero no especificaba la forma de proceder en caso de que la expansión del virus en las escuelas obligue a tomar medidas drásticas. La intención del Gobierno es que exista una cierta unidad de acción entre territorios. Así, Sánchez les ha pedido que no actúen de forma «unilateral» dado que toda decisión en una zona «afecta a otros territorios». No obstante, ha querido mandar un mensaje de calma respecto a la vuelta al colegio. «No existe riesgo cero pero trasladan mensaje de razonable seguridad a la comunidad educativa -ha señalado-. Vamos a tener un momento crítico a partir de la próxima semana pero los acuerdos refrendados la semana pasada trasladan esa necesaria tranquilidad». 

El presidente catalán, Quim Torra, no ha secundado la resolución que ha planteado el Gobierno por la negativa del Ejecutivo a incluir su propuesta sobre una prestación por incapacidad temporal a los padres y madres que tengan que hacerse cargo de menores en cuarentena, según ha informado la Generalitat. Torra había advertido a Sánchez de que no firmaría esa propuesta si no incluía el compromiso «explícito» de que los padres y madres que tengan a hijos en cuarentena por contacto estrecho con contagiados puedan acogerse a un permiso o baja retribuidos. Las medidas de conciliación han sido uno de los debates clave sobre la vuelta al colegio sin que el Ejecutivo haya dado una respuesta concreta al respecto, a pesar de que es una reivindicación de colectivos y algunos grupos parlamentarios.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró hace un par de semanas que la posibilidad de una baja para que los padres se encarguen de niños confinados se estaba estudiando. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que se pondrá en marcha y que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en ello mientras que la portavoz, María Jesús Montero, dijo que ya hay fórmulas -baja en caso de enfermedad y flexibilidad de jornada en casos de necesaria conciliación- y dejó para más adelante, en función de la evolución de los acontecimientos, el desarrollo de ese tipo de medidas concretas.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha restado importancia a la reclamación de Torra y ha explicado que se han dejado fuera aquellas propuestas que no habían sido abordadas en la conferencia de presidentes «en aras del consenso». En una rueda de prensa tras el encuentro, Darias ha explicado que «se está trabajando» dentro del Gobierno en la fórmula y ha precisado que seguramente requerirá un cambio normativo.

Pero no solo la vuelta al colegio ha estado sobre la mesa de la conferencia de presidentes en la que Sánchez ha vuelto a desgranar las cifras económicas en relación a las comunidades autónomas después de meses de tensiones con los gobiernos regionales, que se quejaban de falta de medios. «Las comunidades han recibido por parte del Gobierno de España 119,419 millones de euros, casi un 30% más de recursos económicos», ha señalado Sánchez, que ha asegurado que supone un «esfuerzo importante» para el Estado. El Ministerio de Hacienda, que ya trabaja en la elaboración de los presupuestos y, con ellos, de las cifras relativas al techo de gasto y los objetivos de déficit, pretende convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas, antes de que acabe septiembre, según ha prometido Sánchez.

Además, se ha comprometido a involucrar a las autonomías a la hora de solicitar los fondos europeos. La negociación de esos proyectos comenzará el 15 de octubre, por lo que les ha dicho que el Gobierno contactará con los ejecutivos regionales antes de esa fecha y que se celebrará también una conferencia de presidentes para abordar ese asunto. «Estamos trabajando en las grandes líneas del mismo y espero que a finales de este mes podamos presentar a las comunidades algo sólido», ha dicho sobre el plan que España presentará ante la Comisión Europea. «Habrá una comisión interministerial, una unidad de seguimiento de ese fondo de recuperación, una conferencia sectorial también para el mismo y será liderará la ministra de Hacienda. Se promoverán Comités de alto nivel en distintas áreas para poder tener contacto con las empresas. La clave no solo es absorber los recursos económicos sino el efecto arrastre de inversión privada que puedan traer consigo», ha rematado.

Ha planteado a los líderes autonómicos que se cree un grupo de trabajo sobre la vacunación de la COVID-19. Su cálculo es que las primeras vacunas estén autorizadas a lo largo de 2021, aunque en el Ministerio de Sanidad confían en que las primeras dosis lleguen a España en diciembre. Además, Sánchez ha trasladado la necesidad de priorizar grupos de población para distribuir la vacuna «teniendo en cuenta la disponibilidad va a ser paulatina». Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron a elDiario.es que lo lógico es que primero se vacune a mayores y personas vulnerables y después al resto de la población. «Sería positivo que pusiéramos en marcha grupo de trabajo técnico operativo donde participen expertos, también de las comunidades, de sociedades científicas para abordar estas cuestiones», ha aseverado.

Sánchez se ha comprometido a que en los próximos dos años haya 3.700 millones de unidades de material sanitario, lo que ha considerado un «esfuerzo bastante grande». La falta de material fue una de las primeras batallas en el inicio de la pandemia y el Gobierno aseguró que trabajaría en una reserva estratégica para el futuro. El presidente ha recordado que se han destinado a las comunidades 213 millones de unidades de material sanitario. Esa dotación forma parte de un acuerdo marco que ha suscrito Sanidad con todas las comunidades, a excepción de la valenciana, que cuenta con sus propia reserva.

Además ha comunicado que el total de efectivos de las Fuerzas Armadas que se dedicará a labores de rastreo ascenderá a 2.650. En total doce comunidades han reclamado ayuda al ejército, que se desplegará en Canarias y Melilla en primer lugar. Las siguientes serán la Comunidad de Madrid y Murcia. «Los efectivos de las Fuerzas Armadas no es una solución permanente ni obvia que las comunidades tengan que incrementar la solución de rastreo, solo sirven para complementar es esfuerzo que haga cada Comunidad», ha recordado Sánchez. Igualmente, les ha pedido que suscriban los protocolos de la aplicación Radar Covid para que el 15 de septiembre esté en marcha en todo el país. Por ahora está operativa en diez comunidades. «Me parece decisivo y determinante», les ha dicho.

La intención del Gobierno es seguir haciendo estudios de seroprevalencia sobre la incidencia que ha tenido el coronavirus. La próxima oleada para ese análisis se realizará en el mes de octubre y el presidente ha apostado por que se hagan al menos otras dos muestras -una a final de 2020 y otra a mediados del próximo año-. Respecto a los cribados masivos que han realizado algunos territorios, Sánchez ha asegurado que es un «instrumento útil para controlar la pandemia», aunque ha instado a que vayan acompañados de un «seguimiento activo de las cuarentenas» por lo que ha planteado que se elabore un protocolo de actuación en el marco del consejo interterritorial de salud.

Sánchez, que mostró su preocupación por la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y el descontrol en la expansión de la COVID-19, ha trasladado a los presidentes autonómicos que la región acumula el 34% de los casos diagnosticados. «Nos preocupa estado de salud pública y la evolución de la epidemia en Madrid», expresó el presidente en una entrevista el martes después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusara al Gobierno de «ensañamiento» con la región. En esta nueva cita con los presidentes autonómicos y tras meses de batalla, especialmente con el PP, ha vuelto a reclamar que se rebaje la confrontación. «En esta segunda parte de la gestión de la epidemia hagamos lo posible por apartar la lucha partidista de la discusión de la epidemia», ha sentenciado.

Precisamente la presidenta de Madrid ha convocado a los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a una reunión el próximo lunes para trabajar conjuntamente ante el coronavirus. Ayuso toma la iniciativa, tras la presión de las Comunidades limítrofes por la expansión del virus y alto índice de contagios en Madrid. Page llegó a decir esta semana que la Comunidad madrileña era una «bomba radiactiva vírica» y que el 80 por ciento de los contagiados en su territorio tenían conexión directa con Madrid.

El lehendakari. Iñigo Urkullu, se marcó como prioridad evitar el colapso económico. De ahí que aludiera a la «prioridad económica», para considerar que se debe «convivir con el virus evitando el colapso económico y protegiendo a las personas, familias y empresas en situación más vulnerable». Recordó así que Euskadi cuenta con un Plan de Reactivación económica y Empleo «que implica a todos los niveles institucionales» y que remitió en agosto a Pedro Sánchez. En este ámbito, ha insistido en la necesidad de la prórroga de los ERTE, mientras se siga la exposición a los efectos de la covid, y ha propuesto articular medidas de apoyo específico a sectores tractores que atraviesan una situación «delicada», como el aeronáutico, la automoción o la máquina-herramienta. También cree «urgente» agilizar la tramitación de las ayudas sociales acordadas y aprobadas antes del verano, y «estratégico» acordar un eje de acción coordinado para activar los Fondos Europeos Next Generation.

«No son la solución completa, pero sí son una parte importante del proceso de soluciones para evitar el colapso socio-económico», ha asegurado. Por ello, la aprobación de estos proyectos «está entre las prioridades del nuevo Gobierno Vasco». «Contamos ya con un planteamiento general. Nuestra voluntad y ofrecimiento se centra en participar en el proceso de toma de decisiones, tal y como planteaste en la reunión que mantuvimos el pasado 31 de julio», ha afirmado a Sánchez. Luego, llamó a evitar el colapso educativo y ha destacado que su Ejecutivo ha preparado un protocolo para que el coronavirus «no impida la educación presencial de forma generalizada y facilite un retorno a las aulas ordenado, preventivo y sostenible».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte manifestó su desacuerdo con el reparto del fondo educativo covid, dotado con 2.000 millones de euros. Y, aunque puso en valor la partida en cuestión, defendió que no tiene en cuenta algunos costes como el transporte. También pidió acuerdo «explícito» para abordar las situaciones de brotes en los centros. y conocer las previsiones económicas para 2021, con el fin de poder avanzar en el diseño de los presupuestos, que por ley deberían comenzar su tramitación parlamentaria antes del 20 de octubre. También reiteró su interés en que se modifique la Ley orgánica de Salud y anunció que enviará una propuesta tanto al presidente del Gobierno como a las Cortes Generales para su tramitación. A su entender, es necesario «modificar la legislación sanitaria para tener «los instrumentos más eficaces para hacer frente a la pandemia».

En la misma línea de queja por el reparto de fondos intervino el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para quien la suya es la Autonomía que menos ayudas ha recibido de por habitante del fondo no reembolsable. “El reparto de fondos europeos debe ser en base a criterios objetivos y que estén perfectamente definidos”, reclamó después de exigir una flexibilización del déficit gasto relacionado con el Covid19, así como una prórroga de los ERTE en el sector hostelero hasta Semana Santa y una reducción al 4% del IVA, dos iniciativas que también defendió Moreno Bonilla. Respecto al inicio del curso escolar, pide que se valore la flexibilización de los currículos, ya “es importante para que los docentes de toda España puedan adaptar los contenidos a esta situación extraordinaria y excepcional” y que el arranque de las clases se aborde desde la coordinación y la colaboración, y no con 17 respuestas diferentes. Murcia sí asumirá la declaración en materia educativa pero quiere que se refleje un compromiso presupuestario para 2021. «La solución a la situación del aumento de contagios solo puede abordarse desde la coordinación, trabajo conjunto y colaboración entre administraciones. Pero también es importante transmitir a la población la realidad: no se puede transmitir un mensaje de normalidad porque no es así», sentenció López Miras, quien cree que «la cogobernanza debe ser real».

El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla apeló por su parte a la búsqueda de un clima de «entendimiento y sosiego» entre Autonomías y Gobierno «sin enfrentar territorios ni culparse unos a otros por el COVID-19″. Tras manifestar su preocupación por la evolución de la pandemia, recordó que este comienzo de curso escolar es el más complejo de los últimos cuarenta años y “si queremos generar confianza tenemos que actuar con unidad ya que lo que más incertidumbre puede generar es que no haya igualdad de acción entre los territorios». En este sentido, defendió la necesidad de un criterio común ante el absentismo en las aulas ya que “no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas”. También ha solicitado que la financiación del Gobierno por el COVID no sólo abarque el primer trimestre del curso sino todo el curso 2020-21.

En cuanto a los fondos europeos ha calificado de “jarro de agua fría” las noticias de Sánchez de que hasta mediados de 2021 no se liberarán los fondos en Europa, por lo que ha solicitado que el Gobierno estudie fórmulas de anticipos, dadas las expectativas que se han generado en la ciudadanía y las empresas. Sánchez se ha comprometido, después, a estudiarlo.

Los socialistas, por su parte, se alinearon con Sánchez en la necesidad de reforzar la unidad política y la institucionalidad en estos momentos críticos. El primero en hacerlo fue el valenciano, Ximo Puig, para quien es urgente contar ya con unos Presupuestos del Estado que tengan el máximo respaldo, renovar los órganos constitucionales y reforzar la cogobernanza con propuestas como la de la declaración parcial del Estado de Alarma, «que no significa confinamiento». El presidente de la Generalitat valenciana apostó después por aprobar un procedimiento exprés de contratación, bajo el paraguas de la emergencia sanitaria y económica, «para que sea mucho más ágil la contratación de proyectos vinculados al Plan de Recuperación financiado con recursos europeos». Su opinión es que las instituciones públicas tendrán «un valor crucial en los próximos meses como motor de la economía, por lo que es preciso que exista una nueva normativa que agilice y de rapidez a los procedimientos de contratación para ganar en eficiencia. Todo el control, pero toda la agilidad”, dijo.

Ximo Puig también ha subrayado la necesidad de contar con protocolos comunes de seguridad relacionados con la movilidad en Europa y contar con un espacio único europeo: “Puede ser cualquier norma que acordemos, como test a la salida y a la llegada a los destinos, lo importante es que haya unas únicas normas que garanticen la seguridad a los ciudadanos cuando transitan por el espacio común europeo”. Luego, puso en en valor el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana de cara a la preparación del curso escolar con la contratación de 4.300 profesores y 3.000 auxiliares y el desarrollo de unos protocolos de seguridad acordados con toda la comunidad educativa.

En línea con la intervención de muchos de sus homólogos, el castellano-manchego Emiliano García Page defendió una estrategia nacional frente a la pandemia porque lo contrario es «lío y caos» y apostó por un acuerdo nacional que ayude a tener unos Presupuestos para 2021. «Si las autonomías formamos parte de la arquitectura de acuerdo vamos a ayudar y es lo que sigo comprometiendo y pidiendo», afirmó antes de pedir una previsión «realista» de los fondos europeos

https://www.eldiario.es/politica/sanchez-pide-presidentes-autonomicos-cierres-colegios-consensuen-sanidad-comunidades-limitrofes_1_6200162.html

Se acabó la guerra civil de los colegios, ahora queda esperar a la siguiente

Se acabó la guerra civil de los colegios, ahora queda esperar a la siguiente

Después de días y semanas en que los medios de comunicación y la oposición alertaron sobre las ya míticas 17 vueltas al colegio diferentes («17 formas de llevar mascarilla o de ventilar el aula», se ha llegado a titular), al fin se celebró el jueves la reunión con ministros y consejeros autonómicos de Educación. Después de toda la tinta derramada, podría pensarse que iba a tener lugar un combate salvaje con posiciones radicalmente contrapuestas. De repente, el drama desapareció. Las autoridades presentes llegaron a un acuerdo básico que cada autonomía aplicará a buen seguro en función de las circunstancias. «Un mínimo común denominador», lo llamó Salvador Illa, ministro de Sanidad. 29 medidas y cinco recomendaciones. Para lo más difícil, aquello de lo que casi nadie quiere hablar –el cierre de colegios en caso de brotes–, el plan del Ministerio lo reserva a situaciones de «transmisión comunitaria no controlada» sin concretar las cifras. Es mejor que eso lo decida cada Gobierno autonómico en función de los datos de cada centro. Nadie quiere ponerse en lo peor antes de abrir las aulas.

Esta última idea tiene su parte de lógica. Si se pusieran sobre la mesa todos los posibles escenarios más negativos, los colegios no se abrirían nunca y el daño que sufrirían los alumnos, en especial los de familias más pobres, sería irreversible.

Sí hay situaciones que se van a producir, porque son inevitables, y ante las que podría haber una respuesta más clara. Preguntaron a Illa qué se hará en los casos de familias que envíen a sus hijos al colegio sabiendo que tienen fiebre. El ministro, que suele medir bien sus palabras, optó por una reacción que ignora la realidad de este país, la formada por aquellas familias que no pueden trabajar desde casa ni tienen dinero para contratar a alguien que se quede con los niños en el hogar. «Estando como estamos, no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución», dijo.

Quizá Illa no lo pueda concebir, pero ese es un dilema al que se enfrentarán muchas familias en el mundo real. Es evidente que sería una irresponsabilidad. También es verdad que es más fácil ser responsable cuando te lo puedes permitir.

La ministra de Educación admitió que el documento pactado no recoge medidas sobre conciliación para esos casos. «Pensaremos en respuestas acordes a las necesidades de las familias», dijo Isabel Celaá. Cuando terminen de pensar, es posible que nos avisen.

El acuerdo no contempla medidas inviables, como la exigencia del PP de hacer «test masivos», una medida desproporcionada que no es una garantía, porque un profesor que dé negativo en una prueba PCR puede contagiarse un día o una semana después. «Tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos», había dicho Ana Pastor el día anterior. Los gobiernos autonómicos presididos por el PP podrían realizarlas por su cuenta sin pedir permiso al Gobierno central y no se les ve con muchas ganas. Básicamente, porque tendrían que pagar las pruebas y contar con el número suficiente de laboratorios en el que analizarlas.

Una reunión de ministros y consejeros no es una garantía de éxito. Como mínimo, esta era necesaria. Podría haberse hecho a mediados de agosto, aunque no fuera la cita definitiva. Esperar a los últimos días del mes ha permitido altas dosis de ruido político y periodístico. Lo normal en esta pandemia. Los gobiernos autonómicos ya habían aprobado criterios para la reapertura de las aulas, porque tienen las competencias en educación y las ejercen todos los años. La imagen ofrecida por muchos medios –caos, decían algunos titulares– daba a entender que todo estaba paralizado a la espera de la reunión del jueves, lo que no era cierto.

Todo el mundo sabe que la respuesta de las Comunidades Autónomas dependerá de la evolución de los contagios en cada zona y cada centro. Es imposible convertir las escuelas en una burbuja, como se ha hecho con los deportistas en varias competencias celebradas este verano. «Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad», ha dicho el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. «Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos, entonces las escuelas pueden reabrir». En España, está ocurriendo todo lo contrario en las últimas semanas, así que cada uno puede hacer cuentas sobre lo que puede pasar.

El presidente del Gobierno asturiano ha ofrecido lo que considera clave para revertir los datos preocupantes de este verano: «Asturias tiene mejores datos del coronavirus, precisamente, porque se anticipó y fue más drástico en adoptar algunas medidas. La anticipación, ganar días, ha demostrado ser clave para evitar mayores contagios», ha explicado Adrián Barbón.

Otras comunidades lo tienen más complicado y han empeorado sus opciones con medidas contradictorias o tardías, o simplemente ausencia de ellas. En Madrid, una fuente inagotable de noticias difíciles de creer, todo depende de quién abre la boca. El vicepresidente afirma que la situación está controlada, al mismo tiempo que el alcalde de la capital pide a los ciudadanos que sólo salgan a la calle en las zonas del sur si es imprescindible, lo que viene a ser un confinamiento voluntario. Pero durante esta semana supieron que podían coger un coche o un tren para desplazarse en 40 minutos a Alcalá de Henares y asistir a una corrida de toros junto a otras 4.000 personas. La feria taurina de esa ciudad había sido autorizada por la Consejería de Interior, a pesar de que la Consejería de Sanidad recomendaba que no se celebrara.

Parece que el Gobierno madrileño tenía dudas sobre qué es más importante: abrir los colegios o las plazas de toros. En la tarde del jueves, después de varios días de polémica, Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión que probablemente le partió su corazón taurino. Ordenó la suspensión de las corridas previstas. Esta crisis no deja de ofrecer momentos para la historia.

https://www.eldiario.es/politica/guerra-civil-colegios_129_6185609.html

Los gobiernos autonómicos descubren desolados que Sánchez ha abandonado el presidencialismo

Los gobiernos autonómicos descubren desolados que Sánchez ha abandonado el presidencialismo

La prensa de derechas decía que había un «clamor» para que el Gobierno central asumiera el liderazgo en la lucha contra el coronavirus y pasara por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas. Era también el mensaje del PP, preocupado por el impacto de la enfermedad en la reputación de sus gobiernos autonómicos. Ambos eran los mismos que desdeñaron primero y rechazaron después las últimas prórrogas del estado de alarma, ese instrumento legal excepcional que concede todo el poder al Gobierno central. Por la gravedad de la situación y por las decisiones contradictorias o simplemente absurdas de algunos jueces metidos en el papel de expertos en pandemias, se decía que varias autonomías exigían «instrumentos jurídicos» de los que carecían.

Tanto marear con la Constitución y ahora resulta que algunos de sus principios básicos son sólo unas simples directrices.

Ya tienen una respuesta de Pedro Sánchez. ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores y acometierais inversiones. ¿Queréis que Moncloa y Sanidad asuman el control absoluto y por tanto asuman las consecuencias negativas? «El Estado autonómico no es un invento de quita y pon. Está en el Título VIII de la Constitución», explicó el presidente.

Sánchez regresó de sus vacaciones dispuesto a mantener la apuesta. El desgaste brutal sufrido en primavera no pareció notarse mucho en las encuestas, pero es un error pensar que eso va a continuar siendo así. En especial, cuando los datos de contagios en España son ahora muy malos, mucho peores que en el resto de Europa y todavía no ha llegado el otoño cuando el riesgo será mucho mayor, aunque algunos hayan tenido ahora mucha prisa en decretar la inauguración oficial de la segunda oleada de la pandemia. Todos los esfuerzos y sacrificios del confinamiento corren el riesgo de quedar amortizados. Lo mismo se puede decir de los gobiernos que no se pongan las pilas.

La omnipresencia de Sánchez en primavera, con un presidencialismo propio de los amantes de ‘El Ala Oeste’, ha dado paso a la cautela. Mientras los hospitales aguanten en la mayor parte del país, Moncloa ha decidido que es mejor volver al sistema parlamentario y autonómico. Las autonomías cuentan con las competencias y los recursos, después de que hayan recibido la ayuda del Estado, para ejecutar sus funciones. Si hay que ir más lejos, ahí está la opción del estado de alarma para los valientes, que no conlleva necesariamente un confinamiento generalizado.

No se sabe cuándo empezaron a sudar algunos presidentes autonómicos ante el dilema. Algunos ya han salido corriendo para negar que eso sea necesario. Otros más inteligentes se limitan a no precipitarse y afirman que tomarán las medidas necesarias en cada momento. Cuando alguien con mando en plaza dice que cada palo aguante su vela, es conveniente que cada uno tenga claro cuánto pesa esa vela.

Quien no deja que la realidad constitucional le frene es Pablo Casado. Le convenía esperar a ver cómo reaccionaban sus barones regionales, pero ya se sabe que el líder del PP habla más rápido de lo que piensa. Pocos minutos después, acusó a Sánchez de «dejación de funciones» y dijo que no puede ampararse en «el burladero de las Comunidades Autónomas». Cómo son los antisistema. Qué poca confianza tienen en la Constitución.

Sánchez incurrió en el optimismo antropológico que fue la nota predominante de la propaganda oficial de hace unos meses. Quiso dar «un mensaje de alerta y serenidad», una recomendación un tanto contradictoria que suele ser difícil de interpretar. Si estás alerta después de 28.924 fallecidos y un exceso de muertes de 45.000, no es fácil quedarse tranquilo. «No nos podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como en la primavera. Y quiero ser claro en este punto: no lo vamos a permitir. Repito: no lo vamos a permitir», dijo. Por mucho que insista, el caso es que se adueñó de nuestras vidas en el confinamiento, las ha condicionado por completo en el verano y lleva camino de volver a marcarlas en otoño. Es verdad que los gobiernos que sólo ofrecen un mensaje tétrico y fatalista no disfrutan de mucha esperanza de vida. Aun así, ser creíble te obliga a no alejarte demasiado de la realidad.

Más promesas en el tema que más preocupa ahora mismo a millones de españoles. Aunque las competencias de educación sean de las autonomías, Sánchez utilizó la primera persona del plural en este caso. «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid», prometió. «Les garantizo a los padres y madres y al personal docente que los centros educativos van a ser libre de Covid». Eso es poner el listón muy alto y, por otro lado, es lo que esperan escuchar los progenitores.

«Mi pregunta es: ¿cómo lo va a garantizar?», le respondió un escéptico Casado abriendo los brazos. Resulta que es el mismo compromiso que había anunciado Isabel Díaz Ayuso. «No mandamos a los alumnos a lugares de riesgo. Mandamos a los alumnos a lugares seguros», dijo la presidenta madrileña.

¿Qué otra cosa pueden prometer las autoridades? Se ve que en este tema Díaz Ayuso ha estado al final más despierta que Casado.

Nadie puede ignorar los riesgos. Como le habían exigido los sindicatos, Ayuso anunció la contratación de un alto número de profesores, 11.000, y la reducción a veinte del número máximo de alumnos por aula. Dado que ya se echa encima el curso escolar, la reapertura de las clases se hará de forma gradual por edades. Se asegura la educación presencial a los alumnos de infantil y primaria, y sólo de forma parcial a los de secundaria. La Generalitat catalana de momento deja que cada centro establezca sus criterios, aunque se compromete a abrir todas las instalaciones de enseñanza. Euskadi garantiza la educación presencial en todas las edades. Como cada año, cada autonomía tomará las principales decisiones y algunas, las más afectadas por los nuevos brotes, deberán comunicar muy claramente qué harán si se producen positivos entre alumnos y profesores. Será casi imposible impedirlos. Una vez más, la habilidad en comunicar las malas noticias será la clave que distinga a unos gobiernos de otros.

Póngame todo lo que hayan pedido Euskadi y Catalunya. Esa fue la tendencia de los gobiernos autonómicos cuando optaron por aumentar sus competencias hasta el límite. Ahora algunos desearán no estar tan expuestos. Es lo malo de llevar tatuada la palabra Constitución en la frente. Lo puede ver todo el mundo.

https://www.eldiario.es/politica/sanchez-autonomias-estado-alarma_129_6181690.html

El disparo de los contagios y la falta de medidas ponen en peligro la vuelta a las aulas a dos semanas de que empiece el curso

El disparo de los contagios y la falta de medidas ponen en peligro la vuelta a las aulas a dos semanas de que empiece el curso

Se venía anunciando desde mayo y ha acabado pasando. La vuelta al colegio se ha convertido en un caos en el que, a falta de dos semanas para que los primeros alumnos entren en las aulas, ni siquiera está garantizado que las clases vayan a empezar cuando está previsto ni si serán presenciales, online o una mezcla. Más de ocho millones de alumnos y otro medio millón largo de profesores se disponen a volver a unas aulas masificadas (salvo alguna excepción, como la Comunidad Valenciana o Andalucía de manera selectiva, ningún Gobierno regional ha bajado las ratios) con las mascarillas como único elemento de seguridad mientras se preguntan qué han hecho las administraciones todos estos meses.

Porque quedan menos de 14 días para el inicio teórico del curso y hay comunidades que aún están presentando medidas o decidiendo cuál de los escenarios que han planteado –con mayor o menor presencialidad en función de la evolución de la pandemia– van a poner en marcha. Las previsiones de retorno a los colegios fueron optimistas en su mayoría y planteaban que el escenario principal sería una vuelta sin apenas coronavirus que no requiriera grandes cambios, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Los contagios se multiplican, la curva crece y lo que valía ayer, hoy es antiguo: la «irrenunciable» presencialidad a la que aludía la ministra Isabel Celaá antes del verano está en el aire, los grupos de 15 son historia y el trabajo de los docentes midiendo aulas para asegurar primero esos dos metros de distancia de seguridad (luego bajó a uno y medio) fue en balde: con carácter general, los grupos tendrán el mismo tamaño que tenían en febrero.

Lo que ya parece una quimera es aquella idea de una vuelta presencial. Ministra y consejeros aseguraron que trabajaban para una vuelta a los colegios. El Ministerio de Educación recomendó en junio que se priorizara la de los menores de 14 en caso de tener que elegir. Los mayores de la ESO y el Bachillerato eran los alumnos mejor preparados para una enseñanza a distancia, se razonó. Los pequeños tenían que ir a clase sí o sí. Papel mojado. Murcia plantea ahora una vuelta semipresencial también para Infantil y Primaria, unas etapas que estaban blindadas a priori en todas las regiones contra la enseñanza a distancia. Catalunya abre la puerta al uso de mascarillas dentro de las aulas. Madrid anunció el miércoles que el próximo día 25 presentará un plan para una vuelta segura, a una semana del inicio del curso y después de que todos los centros de la región se pasaran julio planificando la vuelta. Este viernes el Gobierno regional ya ha afirmado que la vuelta no será 100% presencial. Andalucía también anuncia protocolos para la semana que viene, aunque sí pretende que todos los alumnos acudan a clase a diario. Galicia anuncia que contratará a 250 profesores y «otros tantos» cuando sepa las necesidades. No está claro qué tiene que pasar para que las conozcan, a diez días de la vuelta.

Pequeños anuncios –o no tan pequeños, pero no planes completos– a la espera de la reunión entre el Ejecutivo central y las comunidades el día 27 para hablar del tema, apenas cuatro días antes del teórico inicio de la actividad en los centros. Para algún momento próximo queda pendiente, también, la conferencia de presidentes de Pedro Sánchez con los líderes regionales en las próximas semanas con el mismo tema en la agenda. En esta reunión varios presidentes autonómicos, entre los que ya se han significado el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, le van a pedir a Sánchez un protocolo y calendarios únicos en toda España. Ante la proximidad de estas reuniones, algunas comunidades esperan el liderazgo del Gobierno. Van anunciando medidas, como las relativas al uso de las mascarillas o sobre la vuelta presencial, pero casi ninguna ha salido a zanjar las dudas de profesores y familias.

Llama la atención el caso madrileño, que además de reclamar que le devolvieran las competencias durante el estado de alarma (competencias en Educación que nunca perdió), se desmarcó de prácticamente todos los acuerdos que se iban alcanzando en las conferencias sectoriales entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Madrid fue, junto a Euskadi, la única comunidad que renegó del documento general que elaboró el Ministerio en junio y sobre el que se han basado, con más o menos seguimiento, el resto de regiones para elaborar sus protocolos. Pero ahora por un lado pide un plan único y por otro anuncia un plan para el día 25, dos antes de la reunión entre Gobierno central y comunidades autónomas de la que, se supone, deberían salir directrices. A ese nivel poco más puede hacer el Ministerio: legalmente, las competencias, y por tanto las decisiones y la normativa a desarrollar, son autonómicas. En manos de Celaá sí estaría bajar las ratios para todos –es normativa básica, y por tanto estatal–, pero Educación ha decidido no andar ese camino. Cada Gobierno regional podría también haber tomado esa decisión por su cuenta, pero eso significa contratar profesores y cuesta dinero.

Madrid es la comunidad autónoma donde más incierta es la situación, pero no es la única. En la región ha cristalizado finalmente el descontento en una convocatoria de huelga de docentes desde el primer día de clase. Ante las acusaciones de convocar una huelga «política», aseguran los responsables sindicales que la situación en la comunidad madrileña es sensiblemente peor que en otras y que la falta de planificación ante la COVID-19 se suma a años de recortes. En respuesta, el Gobierno regional –cuyo consejero de Sanidad deslizó este jueves que no ve segura una vuelta 100% presencial– se plantea retrasar hasta el 14 el comienzo de las clases y anuncia su plan, dejando descolocados a los docentes: ¿las propuestas de junio, los escenarios previstos, para qué eran entonces?, se preguntan. Canarias ya lo ha hecho: las clases vuelven una semana más tarde de la previsión inicial. En Andalucía, un grupo de AMPA amenaza con no llevar a sus hijos en las condiciones que propone la Junta. En Castilla y León, el Gobierno regional quería forzar a los interinos a firmar un documento declarando tener los medios propios necesarios para impartir docencia a distancia. El documento se retiró en cuanto se hizo público y se achacó a «un error».

Ni docentes ni expertos sanitarios –Fernando Simón entre ellos– entienden los criterios fijados por las administraciones para la vuelta al cole. Las disensiones entre los departamentos de Educación –que las mayores medidas de prevención que plantean son las mascarillas y empezar con la teledocencia si se descontrola la situación– y los de Salud –que piden que no haya aglomeraciones y bajar las ratios– empiezan a hacerse públicas. La estupefacción recorre grupos de Whatsapp de profesores y familias y las reuniones sindicales. «Si una de las medidas de salud pública es que los grupos por la calle no pueden ser de más de diez personas, tendríamos que intentar que en la escuela sean lo más pequeños posible», resumía Magda Campins, jefa de epidemiología del hospital Vall d’Hebron. En versión indignada de un docente: «No puedo ir a cenar con 10 amigos, pero me voy a meter en una clase con 30 alumnos sin distancia alguna de seguridad varias horas al día». No está de más en este punto recordar el estudio de la Universidad de Granada que calcula que un grupo de 20 alumnos se relaciona en total con unas 800 personas en dos días, cuestionando la utilidad de las famosas burbujas. Algunos sindicatos exigen también pruebas PCR para todo el que entre en un aula –no va a pasar con carácter general– y otros se preguntan de dónde van a sacar las obligatorias mascarillas esas familias a las que apenas les da para hacer tres comidas al día. Si las mascarillas quirúrgicas sirven para unas cuantas horas (como mucho un día lectivo de cinco o seis horas), van a hacer falta millones de ellas cada jornada. ¿Va a haber provisión para todos?

Al final, todas las peticiones de los docentes se reducen a eso: seguridad. Los profesores madrileños, atacados estos días por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por convocar una huelga, tratan de hacer pedagogía y explicar que si no quieren volver en estas condiciones no es solo por ellos: es, también, por los alumnos y sus familias, explican.

Su receta para una vuelta segura es tan clara como poco probable que se cumpla: contratar más profesores, desdoblar aulas, menos alumnos por clase. Eso que ha hecho Italia, como recuerda José Ramón Merino, responsable de Política Educativa del sindicato Stes. El país transalpino ha contratado 84.000 docentes más para una población estudiantil algo inferior a la española. «Aquí no llegan a 25.000», lamenta Merino. Según datos oficiales, en España hay 28.816 centros educativos no universitarios. La cuenta es sencilla: menos de un profesor extra por centro. En un país con 17 realidades educativas una media no refleja la situación de cada territorio, pero los datos dan para hacerse una idea. Dentro de esto, la Comunidad Valenciana ha contratado más de 4.300 profesores (uno de cada seis del total de contrataciones en España, muy por encima de su peso en el sistema) y Madrid, ninguno de momento.

Por eso, entre otras razones, en Madrid se ha convocado una huelga y en otros territorios no, y no se plantea por ahora, aunque «tampoco se descarta», según Maribel Loranca, secretaria general de la federación de Educación de UGT. «La propia presidenta [Isabel Díaz Ayuso] admite ahora que no tiene un plan y va a presentar otro. La idea de Madrid era reabrir como si estuviéramos en febrero, sin invertir. Pero la realidad es tozuda», justifica la convocatoria.

España cuenta con una pequeña ventaja: las clases empiezan aquí más tarde que en el resto de Europa y podemos mirar otros países, qué están haciendo y cómo, para tratar de evitar posibles errores que estén cometiendo. La respuesta a nivel europeo es tan variada como lo son sus países. Alemania debate sobre el uso de las mascarillas, y la reapertura de centros ha venido acompañada de rebrotes que han obligado a cerrar algún colegio, al menos dos en la primera semana. Italia, que ha contratado 84.000 profesores más, también ha habilitado espacios como centros deportivos o incluso cuarteles para desdoblar las clases. Si se detecta algún positivo en el colegio, el protocolo es cerrarlo mientras se buscan más casos. Francia ha relajado los criterios respecto a mayo, cuando promovió una vuelta voluntaria. En Reino Unido se programa una vuelta sin apenas restricciones que se ha traducido en varios casos en Escocia y por lo menos un centro cerrado.

En España, la realidad es que no hay un docente que sepa a ciencia cierta cómo va a arrancar el curso. Ni un político siquiera. «Hoy por hoy» es la expresión estrella de los consejeros de Educación. Algunos pueden tener alguna certeza más que otros, pero si realmente la aplicación de los protocolos está ligada a la situación epidemiológica, todo dependerá de la evolución de estas dos próximas semanas, advierten los expertos sanitarios. «La seguridad sanitaria de la comunidad educativa va a depender tanto de lo que se haga o deje de hacer en el interior de los centros de enseñanza como de lo que suceda fuera de ellos, es decir, en el barrio, la población o la comarca donde esos centros se encuentren», explican los expertos Daniel López-Acuña, José Martínez Olmos y Alberto Infante Campos en esta tribuna. «Cuanto menor sea la transmisión del virus, estimada por la incidencia acumulada de nuevos casos en los 14 días precedentes al inicio de la actividad escolar, mayor será la probabilidad de que las medidas adoptadas en el interior de un determinado centro de enseñanza en ese territorio resulten eficaces. Y viceversa». Si el curso empieza en las fechas previstas, los 14 días ya están contando. Y la curva solo sube.

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