Que «todos mataron igual» y «fue una guerra entre hermanos». Que las fosas comunes son un invento. O que las víctimas buscan «subvenciones». El franquismo sociológico lleva años –mucho antes de que incorporáramos el concepto– alimentando fake news para construir la Memoria de los vencedores. Un discurso que mantiene a la sociedad española navegando, no pocas veces, entre la desmemoria y la equidistancia ante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
El negacionismo, agitado últimamente por el auge de la extrema derecha y su presencia en el Parlamento, ha inundado el discurso público de lugares comunes repetidos como verdades que atentan contra la denominada Memoria Histórica y desprecian el cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos. Aquí algunos ejemplos.
Falso. La Guerra Civil suma medio millón de muertos, en números redondos. El franquismo ejecuta (fuera del campo de batalla) a unas 150.000 personas (la mayoría de los desaparecidos forzados siguen en fosas comunes). La retaguardia republicana acumula otras 50.000 víctimas. El resto pierde la vida en el propio conflicto bélico. «Las investigaciones exhaustivas llevadas a cabo permiten afirmar que, en términos generales, la represión de los rebeldes fue aproximadamente tres veces superior a la de la zona republicana», en palabras del historiador Paul Preston.
«Es necesario crear una atmósfera de terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros (…) todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado», ordenaba el 19 de julio del 36 el general golpista Emilio Mola. Y «en zona gubernamental no hubo plan alguno» aunque «la ausencia de violencia por parte de los comités frentepopulistas que se formaron por todo el país no les libró de aportar su cuota de sangre», explica el historiador Francisco Espinosa Maestre.
Falso. Fue un golpe de Estado de parte de la oligarquía económica, militar y religiosa contra la democracia y el Gobierno de España que en julio de 1936 dirigía una coalición de los principales partidos de izquierda denominada Frente Popular. No fue una lucha cainita aunque hubiera, en casos particulares, familiares apoyando a los golpistas o a los demócratas.
En gran parte de España no hubo guerra, entendida en términos tradicionales. Un ejemplo: Cádiz, Huelva y Sevilla suman casi tantos ejecutados como el terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. En ese triángulo de Andalucía el golpe de Estado fascista triunfa y no hay batallas reseñables, sí una represión sistemática que deja unos 30.000 asesinados.
Falso. El Mapa de Fosas estatal registra más de 120.000 víctimas enterradas en 2.591 tumbas ilegales. La cartografía del terror está sin actualizar desde el año 2011. Andalucía, Aragón y Asturias son las comunidades con mayor número de fosas identificadas. Desde el año 2000 se han abierto en todo el país más de 740 fosas y recuperado alrededor de 9.000 esqueletos. Un estudio calcula que solo se podrá recuperar una cuarta parte de los desaparecidos e identificar a unas 7.000 personas, según un informe encargado por el Gobierno de España y al que ha tenido acceso eldiario.es.
Porque ya las abrió Franco. Y con dinero público. El naciente régimen franquista construyó su propia Memoria Histórica y comenzó por dar su propia verdad, justicia y reparación a quienes murieron luchando para los fascistas y a las víctimas de la violencia izquierdista.
La dictadura instruyó además la denominada Causa General, un teórico proceso para depurar «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja», que arranca en 1940 y que en gran parte acaba siendo pura propaganda franquista.
Las conocidas como matanzas de Paracuellos suman más de 2.000 derechistas asesinados durante la batalla de Madrid. Los fusilamientos sucedían en las ‘sacas’ de presos de cárceles madrileñas entre noviembre y diciembre de 1936. «Efectivamente, hubo Paracuellos y también otras atrocidades», apunta Preston. Pero el Gobierno de España «no aprobó las matanzas en Madrid en octubre y noviembre de 1936 que fueron obra de los anarquistas y el PCE», señala el hispanista. «Paracuellos siempre ha sido el recurso de los justificadores del terror fascista», una «cuestión de propaganda que ya dura ocho décadas», apunta Espinosa Maestre.
Falso. La Segunda República Española fue un régimen democrático que releva a la monarquía de Alfonso XIII. El primer bienio reformista tras su proclamación (1931-1933) acoge gobiernos de carácter republicano y socialista. Las elecciones del año 33 deparan el triunfo de las derechas y el llamado bienio negro.
Y las urnas, en febrero del 36, dan la victoria al Frente Popular cuyo programa firman Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, además de la Unión General de Trabajadores y la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. El PCE obtiene 17 escaños de 473, el PSOE alcanza 99 diputados, seguido de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con 88 e Izquierda Republicana con uno menos, en un Parlamento con hasta 32 partidos representados.
Las familias que buscan a víctimas en fosas comunes están amparadas por el derecho internacional, los derechos humanos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas… La Memoria no es revisionismo, ni venganza. Proporcionar verdad, justicia y reparación es una deuda que Naciones Unidas reclama a España. Un deber del Estado que arranca por dar un entierro digno a los muertos. En leer bien las páginas más oscuras del pasado reciente. Y cerrar heridas.
Además, muchos de los procesos de recuperación de la Memoria Histórica (incluidos trabajos arqueológicos) han corrido a cargo de las propias víctimas y de las asociaciones de Derechos Humanos. Por eso España sigue siendo una anomalía democrática con decenas de miles de desaparecidos forzados. No es cierta aquella frase del actual senador del PP Rafael Hernando: «Algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle».
De hecho, las ayudas públicas de carácter estatal estaban paralizadas desde 2011, cuando las suspendió el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta que han sido rescatadas en la actual convocatoria puesta en marcha por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Algunas comunidades autónomas, diputaciones e incluso ayuntamiento han ido supliendo esta carencia en los últimos años.