«Hemos sorprendido al mundo. No nos van a robar el relato de la salud ni la Sanidad»; «lo que ustedes están pretendiendo es deshacer mi relato». Era mayo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicaba más autonomía para decidir sobre la desescalada en la región que era el epicentro de la pandemia. El Ministerio de Sanidad se había negado en dos ocasiones a autorizar el cambio de fase y Ayuso llevaba a los tribunales la decisión. De esas declaraciones de la presidenta madrileña en una entrevista y en el Pleno regional, habían pasado tan solo siete días desde que su entonces directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, dimitiera tras negarse a firmar la solicitud de cambio de fase. Fuentes consideraba que la autonomía no estaba preparada, y antes de someterse a las presiones del Gobierno regional eligió la salida.
Aquel «relato» del que hablaba la presidenta madrileña en mayo se basó en la confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ejercía de cortapisa a lo que la presidenta llamaba -y sigue llamando- «la locomotora de España”. La tesis era que un Gobierno de socialistas y comunistas se estaba cebando con Madrid por puro sectarismo. El mismo gobierno, por otra parte, que había autorizado el salto a la normalidad a Galicia, en vísperas de las elecciones autonómicas. El ambiente se había caldeado en la capital y algunos de los barrios más acomodados se habían echado a la calle contra Pedro Sánchez por seguir confinados. El propio líder del PP, Pablo Casado, se quejaba de que la coalición tenía a la gente «estabulada».
Desde el Ministerio de Sanidad se negaban a facilitar los nombres de los funcionarios que participaban en la decisión, pero alegaban que en Madrid había un problema con la atención primaria: ambulatorios y centros de salud permanecían cerrados porque su personal había sido enviado al hospital de campaña de Ifema, donde Ayuso había puesto todos los focos, y sobre todo advertían de que Madrid no podía pasar de fase mientras no contratase rastreadores. Todo aquello fue antes del verano.
A la vuelta de las vacaciones el resultado está a la vista. Improvisación en el regreso a las aulas, ausencia clamorosa de rastreadores, demoras de más de una semana en la entrega de las pruebas y una política de comunicación de anuncios y rectificaciones que mantiene en vilo al personal sanitario, a las localidades más afectadas por la pandemia e incluso al socio de coalición. Todo ha saltado por los aires en las últimas 48 horas ante un Ejecutivo completamente dividido –lo está prácticamente desde su nacimiento– que asume ya públicamente su incapacidad para hacer frente a la pandemia cuando la situación ya está descontrolada.
La incertidumbre es total en la comunidad sanitaria que mira con preocupación cómo las camas hospitalarias –también las UCIs– empiezan a llenarse de pacientes con coronavirus, después de que la Atención primaria lleve meses en el abismo. Y se ha instalado también en los ayuntamientos del Sur de la región, que leyeron en la prensa que sus municipios probablemente sufrirán medidas más restrictivas encaminadas a la limitación de la movilidad y la actividad a partir del fin de semana sin que nadie en la Puerta del Sol se haya preocupado por informar a sus alcaldes sobre si vale el anuncio que el responsable sanitario hizo el miércoles a primera hora tras informar de confinamientos selectivos a Ayuso por WhatsApp, o los desmentidos del equipo de la presidenta minutos después. Este viernes había programada una reunión de esos alcaldes con la presidenta madrileña, que Ayuso suspendió a menos de 24 horas de su celebración por «motivos de agenda». Tampoco se celebró la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno, como ocurre todos los miércoles.
Pero el desconcierto también rige dentro del Gobierno de coalición. Ignacio Aguado, vicepresidente del Ejecutivo madrileño, admitía este jueves que la Comunidad de Madrid es incapaz de hacer frente a la pandemia en un comparecencia sin preguntas que se programó de imprevisto –después de haber anulado la de la víspera– y en la que el dirigente de Ciudadanos lanzaba un mensaje casi de desesperación al Gobierno central. «La situación de la epidemia en Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos», empezaba su intervención el número dos del Ejecutivo autonómico. «Es imposible acabar con una epidemia de estas características desde un gobierno regional», lamentaba admitiendo que ya no son capaces. Y proseguía: «Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid».
La petición de Aguado llegaba después de que la presidenta madrileña decidiera dejar de dar explicaciones ante el caos del día anterior y de que su viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que puso al frente de la gestión de la pandemia en mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes, se negase a grabar un vídeo para rectificarse a sí mismo tras haber hablado de «confinamientos selectivos». Zapatero, director del hospital de campaña de Ifema que Ayuso usó para su «relato», fue una apuesta personal de la presidenta madrileña. Pero en las últimas semanas había decidido hacer un discurso más contundente que el de la propia Ayuso para la contención de la pandemia. A finales de agosto ya había pedido a los ciudadanos de las zonas más afectadas «quedarse en casa» mientras Ayuso defendía que hacer tales declaraciones suponía poner freno a la economía de «la locomotora de España».
Aguado tomaba este jueves la iniciativa para reconocer la incapacidad de su Gobierno para gestionar la pandemia, ahora que la oposición le ha trasladado toda la presión para liderar una moción de censura que propicie un cambio tras 25 años del PP en el poder madrileño. Y el mensaje no gustó a Ayuso, algo que reconocen en la Puerta del Sol casi cada vez que habla su número dos, porque supone defender que la dirigente popular no está capacitada para afrontar la situación.
Pero no solo es su socio de Gobierno –al que Ayuso ha dejado al margen de la gestión de la pandemia, como reconocen dentro de Ciudadanos– quien pone en duda la capacidad del Ejecutivo autonómico. Cada vez son más los responsables sanitarios que se han decidido a decir públicamente lo que hasta ahora clamaban en privado.
El jefe de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal de Madrid, Santiago Moreno, se preguntaba este jueves en una entrevista en El País, «por qué no se han tomado antes las medidas» que habrían evitado la expansión del virus, como hicieron en verano Aragón y Catalunya cuyos pésimos datos han descendido gracias a una gestión contundente. «Cuesta entender que aún no se hayan tomado algunas restricciones cuando hace tiempo que vemos venir la ola», se lamentaba.
En la gestión de la pandemia ha sido la Consejería de Sanidad quien siempre ha querido ser más prudente, aunque no siempre se ha encontrado con el respaldo de Ayuso. Se vio en mayo con la dimisión de la directora general de Salud Pública y ha vuelto a quedar patente este miércoles por el anuncio de «confinamientos selectivos» del viceconsejero que era desmentido mientras se producía.
El caso es ilustrativo de cómo se está luchando contra la pandemia en el territorio que más preocupa a todo el país. Zapatero informó a través de un WhastApp a la presidenta de que iba a anunciar confinamientos selectivos minutos antes de que lo hiciera en una rueda de prensa. El internista, al que Ayuso convirtió en su nuevo gurú frente a la pandemia, aseguró que «la presidenta apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos. Esta medida la presidenta la apoya de forma determinante», preguntado por si contaba con su respaldo. Casi a la misma hora desde la puerta del Sol empezaban a aflorar los desmentidos que llegaban de fuentes cercanas a la presidenta.
El episodio recuerda -con muchas diferencias- a otro de hace dos semanas. La Consejería de Justicia autorizó una corrida de toros en Alcalá de Henares que iba a concentrar a más de 4.000 personas en contra del criterio del alcalde socialista de la localidad. El mismo día que se daba el último aprobado, Sanidad filtró un informe de Salud Pública en el que «desaconejaba» el evento taurino ante el riesgo para los ciudadanos. Una vez en los medios, la feria terminó suspendiéndose al día siguiente.
La situación dos semanas después es mucho más delicada. La Comunidad de Madrid ya cuenta con más de 2.700 personas ingresadas en los hospitales de la región solo por coronavirus, 371 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCIs) que empiezan a ver su capacidad superada. La región acumula más de 15.000 fallecidos desde que se iniciara la emergencia sanitaria y solo en los últimos siete días ha sumado más de 21.000 casos positivos, 3.443 solo en las últimas 24 horas.
Fuentes del entorno de Ayuso trababan este jueves de justificar el caos vivido en el seno del Gobierno regional. “Zapatero habló de ‘confinamientos selectivos’, pero usó ese término como concepto para que todos lo entendiéramos, no dijo que vayan a aprobarse confinamientos selectivos, sino que en todo momento habló de restricciones”, aseguraban. También se quejaban de que son medidas que han puesto en marcha otras comunidades sin que a ellas se les haya puesto en duda, obviando que esas autonomías no dejaron pasar tanto tiempo ni se desmintieron al momento.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, grababa a mediodía el vídeo que se había negado a hacer su viceconsejero por la mañana. Escudero pedía «calma» ante «las interpretaciones» que había generado el anuncio de que se iban a producir confinamientos selectivos. Pero confirmaba que las medidas que iban a aprobarse iban encaminadas a «restringir la movilidad y la actividad» en las zonas con más incidencia del virus.
Nueve de los diez grandes municipios que cuentan con más casos diagnosticados de coronavirus en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en toda España están en la Comunidad de Madrid. La ciudad más castigada es Parla, con 992 casos por 100.000 habitantes, pero también figuran Alcobendas, Fuenlabrada, Madrid capital, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Getafe y Alcorcón. Dentro de la capital, hay tres distritos que rondan los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas: Puente de Vallecas (1.280), Villaverde (1.208) y Usera (1.198).
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, hacía este jueves una valoración «tremendamente negativa» de la forma de gestionar la pandemia por parte del Gobierno regional. «A menos de 24 horas a los municipios de la zona sur, a los alcaldes y alcaldesas de la zona sur, que son las zonas más afectadas por la pandemia nos acaban de suspender una reunión en la que queríamos tratar precisamente de eso, la pandemia», lamentaba. También la regidora de Alcorcón, Natalia de Andrés, criticaba que «en estos momentos donde debe prevalecer la coordinación entre administraciones para luchar contra el Covid» se estuviera dejando de lado su criterio.
Las críticas se producen cuando las costuras del Gobierno regional vuelven a quedar al descubierto por las discrepancias sobre cuáles son las medidas a adoptar y cuál debe ser su contundencia. Aguado reconoce ya la incapacidad del Gobierno autonómico ante un desborde en «escalada». Y su llamamiento de ayuda terminaba por la tarde con una carta que Pedro Sánchez remitió a la presidenta madrileña en la que le pedía una reunión «a la vista de la evolución» de la pandemia en la región, que es la que registra un mayor número de contagios y fallecidos en las últimas semanas.
El presidente del Gobierno hablaba de «cooperación» y se ofrecía a trasladarse a la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional– para abordar «conjuntamente» los siguientes pasos para hacer frente a la evolución de la Covid-19 en la región. Ayuso aceptaba el encuentro aunque decía haberse sentido muy «sola», pese a que es la comunidad que más fondos va a percibir del Gobierno, 3.400 millones de los 16.000 para todo el territorio y pese a que tenía en su mano haber solicitado el decreto de estado de alarma. La situación es de «emergencia», advierten sanitarios y epidemiólogos. Este viernes se despejarán las dudas de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Ayuso para frenar la evolución de la pandemia.
