La mesa del diálogo social ha vuelto a retomar las conversaciones este martes para cerrar un acuerdo sobre la futura Ley de teletrabajo. Sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo abordan unas negociaciones, que según fuentes conocedoras, han empezado con buen pie. El departamento que dirige la ministra Yolanda Díaz ha planteado elevar hasta el 30% de la jornada fuera del centro la definición de teletrabajo, de manera que todos los empleados que cumplieran con este porcentaje de su horario laboral en su domicilio quedarían bajo la nueva legislación. El movimiento del Ministerio tiene como objetivo rebajar las reticencias de la CEOE al documento inicial que planteaba considerar trabajo a distancia con el 20% de la jornada fuera del centro.
En la última versión del anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia, con fecha del 3 de agosto, a la que accedió elDiario.es, se especificaba que “se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad”.
El porcentaje mínimo de la jornada para declarar el trabajo a distancia se había convertido en uno de los elementos de rechazo de la patronal porque aducían que las personas que eligieran esta modalidad de trabajo solo un día a la semana ya se verían afectadas por la nueva legislación, lo que podría suponer una serie de gastos y obligaciones para las empresas. A juicio de la CEOE, un día de teletrabajo obedece a políticas de flexibilidad laboral y conciliación pactadas con el empleado.
Con el incremento al 30% de la jornada, se espera solventar este obstáculo. Los sindicatos se habían opuesto inicialmente a permitir un incremento de la jornada, pero estaban abiertos a su negociación para que la regulación saliera adelante.
Fuentes del diálogo social aseguran que las conversaciones para avanzar en la regulación del esta modalidad de trabajo que se ha impuesto para evitar la expansión de la COVID-19 se han reiniciado bien este martes, sin tantas reticencias por parte de los empresarios, por lo que se siguen consiguiendo avances como en las reuniones de la primera semana de agosto.
Entonces en la mesa se consensuó que las empresas no tendrían que asumir todos los gastos del trabajo a distancia, se eliminaba cualquier referencia a los «gastos indirectos» y dejaba en manos de los convenios su compensación. «La última versión del texto supone una mejora sobre la anterior, ya que recoge planteamientos trasladados desde el ámbito empresarial a la Secretaría de Estado de Empleo», señalaron entonces fuentes de la patronal a este medio, aunque recalcaron que todavía quedaban «elementos de mejora».
Con la regulación del teletrabajo, el Gobierno trata de equipararse al resto de los países de la UE, donde ya sea mediante una legislación laboral o a través de convenios colectivos, la mayoría de los países tiene regulado el teletrabajo. En España, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 13 bajo el epígrafe de «trabajo a distancia» esta modalidad de empleo, pero lo hace con muchas carencias. Está tan poco definido, que el Gobierno se vio obligado a incluir en el decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el artículo Cinco para que el teletrabajo tuviera «carácter preferente» frente a medidas como la cesación temporal o la reducción de la actividad.