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Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP

Acoso a policías, cambio de jueces y encargos a Villarejo: historia del sabotaje a la causa judicial contra el PP

Las interferencias para reducir la trama Gürtel a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones comenzó desde practicamente el mismo momento en que estalló el caso en 2009. Algunas de esas maniobras, en el ámbito de la instrucción judicial, son públicas. Otras, caso de las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, si bien los funcionarios policiales y de la Administración de justicia que las padecieron aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue más allá e incluyó la presunta comisión de delitos, ordenados desde el núcleo mismo del Gobierno de Mariano Rajoy con el mismo fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el Partido Popular no dudó en recurrir para ello a las cloacas del Estado, denominación un tanto inconcreta que el sumario del caso Villarejo va ayudando a perfilar.  

Los ataques a los casos Gürtel y caja B no evitaron que el Gobierno de Mariano Rajoy terminara cayendo fruto de una moción de censura, motivada a su vez por la sentencia sobre la “primera época” de la trama de corrupción y sus demoledoras referencias a la financiación irregular del PP. Aun así, los interrogantes que todavía arroja el caso del espionaje a Luis Bárcenas impiden concluir si la “operación parapolicial” fracasó o, por el contrario, evitó que afloraran pruebas más graves de las que se mostrarán en el juicio de la caja B. No en vano, los miembros de la cúpula del partido que aparecían recibiendo sobresueldos en las anotaciones del tesorero han evitado el banquillo, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Tampoco serán juzgados los empresarios que nutrían con dinero negro esos supuestos sobresueldos.

En la Operación Kitchen están imputados todos los mandos de la primera línea de la brigada política que se alojó en la Policía de 2012 a 2016. Anticorrupción y el juez del caso Villarejo creen que actuaron de forma partidista para beneficiar a dirigentes del Partido Popular. En otras ocasiones, el sabotaje del caso se tradujo en presionar o directamente deshacerse de policías incómodos para los intereses de la formación en el Gobierno. 

El 1 de abril de 2013, elDiario.es desveló que la Unidad de Asuntos Internos, entonces dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado también en Kitchen, acosaba a los investigadores de Gürtel y la caja B por orden de Interior. Todos los miembros del Grupo XXI fueron llamados a declarar como sospechosos de haber filtrado el informe que apareció en el registro de la agencia de detectives Método 3. A ese informe habían tenido acceso las decenas de abogados personados en el proceso. Un interrogatorio de Asuntos Internos, la unidad destinada a investigar a agentes que cometen delitos, es una de las experiencias más desagradables para un policía. El jefe de aquel grupo, el entonces inspector Manuel Morocho, fue reiteradamente denunciado por los imputados en las distinas piezas de Gürtel. En la oposición, el PP fue a los juzgados para frenar a la UDEF, como “máquina de fabricar pruebas” contra su partido. Era la época en que Federico Trillo dirigía la estrategia judicial del partido.

Uno de aquellos mandos denunciados fue José Luis Olivera, “Oli” o “Pepelu” en las referencias que a él que hacen Villarejo y otros policías en el sumario de la Operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción tiene a Olivera en el foco por practicar un posible doble juego, intentando limitar el alcance de la investigación policial contra el PP pese a haberla dirigido en el pasado. Cuando el Ejecutivo cambió de manos, Olivera, lejos de ser destituido, fue ascendido y acabó siendo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno de Rajoy. Era uno de los policías que tenía trato directo con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. 

El máximo responsable policial de la UDEF es el comisario general de Policía Judicial. El PP tuvo tres en el primer año de Gobierno. Al primero lo destituyó por haber sido nombrado por el PSOE; al segundo, por ordenar la investigación del ático de Ignacio González sin haber informado a sus superiores; y al tercero, que ya había integrado la cúpula de la Policía con Aznar, por no frenar las investigaciones de Gürtel cuando el caso arreciaba contra el partido, poco después del informe que provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Ana Mato. Al reputado comisario José García Losada se le incluyó en una reestructuración más amplia anunciada con una nota a las nueve y media de la noche. Poco antes, el ministro del Interior había atribuido en Abc el informe de los regalos de la Gürtel a Ana Mato a “elementos” de la unidad que trabajan directamente para el juez y no a la propia UDEF. 

Aquel Grupo XXI de la Policía que sacó adelante el caso Gürtel, en colaboración con el juez Ruz y las fiscales Anticorrupción, fue desguazado poco a poco hasta el día de hoy. Solo continúa rematando informes el ya inspector jefe Morocho, que al ascender ha sido destinado a Canfranc, a dónde ha pedido traslado después de no recibir ninguna oferta para desempeñar sus habilidades en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior y con la UDEF al mando del mismo comisario que dejó el PP. Morocho deja atrás una UDEF desmoralizada y sin medios después de haber sido la unidad protagonista en los casos más sonados contra la corrupción. 

El propio instructor de la caja B, Pablo Ruz, no pudo culminar su trabajo porque el Ministerio de Justicia decidió sacar una convocatoria extraordinaria de plazas para acabar, explicó, con la interinidad de esos puestos. Entre ellos se encontraba el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ruz dejó de investigar la causa de la financiación irregular del PP para ponerse al frente de un juzgado de Móstoles, donde continúa a día de hoy. Antes había tomado la decisión histórica de registrar la sede del Partido Popular tras negarse la formación reiteradamente a entregar la documentación que le requería. 

Ruz abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015. Dos años antes había expulsado al PP de la acusación popular del caso Gürtel con el argumento de que en realidad se dedicaba a defender a Luis Bárcenas. El PP no desistió e intentó igualmente personarse como acusación cuando se abrió el caso de la caja B. El magistrado tuvo que explicar que resultaba “incompatible” aceptar al partido como acusación en una causa que investiga su financiacion irregular. En la jornada inaugural del juicio de Gürtel, el abogado del PP se unió a la petición de nulidad de la causa planteada, entre otros, por Luis Bárcenas.

Aquel día se recordará por la intervención de la fiscal Concha Sabadell [leer aquí La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel) ]. Ella y su compañera Myram Segura habían avalado en 2009 las intervenciones de las comunicaicones de los encarcelados de forma provisional en Gürtel porque tenían indicios de que los acusados estaban moviendo el dinero de la corrupción en colaboración con sus abogados. Aquello se llevó por delante la carrera del juez que acordó los pinchazos, Baltasar Garzón, y a punto estuvo de afectar a las fiscales. El letrado Ignacio Peláez, que defendía a un constructor próximo al PP, José Luis Ulibarri, quiso extender la causa contra Garzón a las fiscales por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, pero el Supremo desestimó la querella. 

El abogado Peláez, ya fallecido, aparece también en el informe de Anticorrupción sobre la Operación Kitchen. Los investigadores han descubierto que realizó gestiones para contratar al conglomerado empresarial de Villarejo “con el fin prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG (Sumario Gürtel). Aunque formalmente, Peláez solo defendía a Ulibarri, Villarejo se refiere a él en la documentación incautada como “letrado director” y Anticorrupción asegura que era “un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular” investigados en Gürtel. Los papeles, dice la Fiscalía, “no reflejan una contratación sino unos actos previos para ello”.

Más allá de la operación en el marco de la brigada política, el Partido Popular recurrió a Villarejo individualmente para abortar el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de una reunión entre el policía y la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, junto al marido de ésta, Ignacio López del Hierro, en la planta noble de Génova. «¿Tú estarías en disposición de hacer encargos puntuales?», le pregunta el empresario a Villarejo en presencia de la número dos del PP. «No tengo ningún problema», respondió el policía. La reunión se produjo en julio de 2009, el día antes de que Bárcenas declarara como investigado en el Tribunal Supremo.

Con el PP todavía en la oposición se había producido la reunión en la que Bárcenas pidió a Rajoy la cabeza de las fiscales, a las que acusaba de animadversión. Fue en compañía de la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, y su amigo, el que fuera secretario general del PP Javier Arenas, en un despacho de la sede de Génova. Bárcenas recibió aquel día la promesa de Rajoy de que «todo va a cambiar» cuando él llegara a Moncloa. No fue así, al menos para Sabadell, que continuaba en el caso, aunque las presiones se incrementaron. Desde el Gobierno, destacó Jorge Fernández Díaz en las peticiones de explicaciones a la Fiscalía General por el «sectarismo» de las fiscales. 

Antes de que Bárcenas dejara de estar aforado, cuando la competencia del caso recayó en el TSJM, el juez Antonio Pedreira llegó a levantar la imputación del tesorero. El PP, bajo una estrategia dirigida por Federico Trillo, consiguió mantener una secreta y continua comunicación con el magistrado, a quien le fue asignado un ayudante por la Comunidad de Madrid que fue facilitando información de todos los movimeintos que iba a adoptar Pedreira. Fue a partir de finales de 2009, poco después de que Mariano Rajoy afirmara que «nadie podrá probar» que Luis Bárcenas no fuera inocente.

El Partido Popular todavía alberga la esperanza de que el Tribunal Supremo revierta la sentencia de la Audiencia Nacional que motivó la moción de censura contra Rajoy. En ese ánimo pesa el éxito de la recusación del juez José Ricardo de Prada, al que los conservadores atribuyen los párrafos que aluden en ella a la caja B del PP. La ajustada decisión de la Sala de lo Penal de apartar a De Prada del tribunal que juzgará el caso del dinero negro -ocho votos contra siete en un pleno de abrumadora mayoría conservadora- asegura que esas menciones a la financiación irregular no eran “absolutamente necesarias” en la sentencia por la Primera Época de Gürtel. Más suerte tuvo el PP en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en los que el tesorero decía guardar más pruebas de la financiación irregular, y del que el partido resultó absuelto tras ser la primera formación politica de la historia de España que se sentaba en el banquillo.

En su investigación de la Operación Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción ha destapado el “interés” que el Partido Popular y su secretaria general entonces, María Dolores de Cospedal, tenían en que la brigada política de la Policía recuperara las supuestas pruebas de la caja B que Luis Bárcenas escondía cuando comenzó a tirar de la manta en el verano de 2013, al poco de ser encarcelado. Ese interés, dice Anticorrupción en su informe de la Operación Kitchen, tenía “una doble dirección” en el caso de Cospedal: “directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma e indirecta, como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros dirigentes del mismo”.

A esto hay que añadir las referencias de los investigados al conocimiento que Mariano Rajoy tenía de la operación, especialmente las del secretario de Estado de Seguridad de su Gobierno. “Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge (Fernández), Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar”, dejó Francisco Martínez por escrito. El número dos de Interior dice alude en dos de sus mensajes a la presunta participación del CNI en el espionaje a Bárcenas.

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