El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo ha defendido en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que el órgano de gobierno de los jueces siga haciendo nombramientos en la cúpula judicial pese a estar en funciones. A su juicio, los nombramientos de altos cargos —en el caso del Tribunal Supremo, de carácter vitalicio— deben seguir desarrollándose “con normalidad”.
“Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo, ante los que ha exhortado “nuevamente” a los grupos parlamentarios a renovar la institución “sin mayores dilaciones”. “Este retraso representa una seria anomalía”, ha asegurado Lesmes, que fue alto cargo —director general de Justicia y de Objeción de Conciencia— en los gobiernos de José María Aznar.
El CGPJ, que debía haber sido renovado en diciembre de 2018, ha reactivado recientemente estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de plazas en los principales tribunales, seis de ellas en el Supremo. La negativa del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a alcanzar un acuerdo para la renovación de los órganos judiciales tiene una consecuencia muy concreta a finales del mes de septiembre, cuando votará a los magistrados para tres plazas de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, la que entiende de las causas contra aforados.
Un Consejo interino y que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado hasta el momento la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales.
Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el líder del PP aseguró que había puesto como condición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y llegar a cualquier otro acuerdo de Estado que Unidas Podemos salga del Ejecutivo. Al día siguiente, el nuevo portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo en cambio que Casado había propuesto a Sánchez un cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ, pese a que en julio las negociaciones se movieron en una renovación con el modelo actual.
Durante el discurso, Lesmes ha recordado el papel y compromiso del sistema judicial durante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, y ha subrayado que toda crisis es una oportunidad para avanzar. Ha citado, en este sentido, la «ineficientemente organizada» Administración de Justicia que tiene «procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada».
También se ha referido a la crisis de la COVID-19 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que en su discurso ha ensalzado la «lección impagable de responsabilidad y entrega de la sociedad española» ante la pandemia y ha expresado su «afecto y solidaridad» por los fallecidos. Por otro lado, Delgado se ha referido al juicio del procés como un «ejemplo de normalidad institucional y de compromiso con el deber y la legalidad».
Por otro lado, la fiscal general ha anunciado que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las «ocupaciones de morada», al que se ha referido como «fenómeno delictivo», si bien no ha dado más detalles del contenido de esa instrucción.