El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva línea de investigación en el caso de la financiación irregular del PP o caja B. El magistrado ordenó en abril una batería de diligencias a partir de indicios hasta ahora desconocidos de pagos en negro a la formación de Mariano Rajoy a cambio de adjudicaciones a las grandes empresas que los hacían por parte de las Administraciones controladas por el Partido Popular.
El hallazgo supone un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata.
En un auto del pasado 16 abril, que había permanecido en secreto hasta ahora, el magistrado afirma: «Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación».
El juez pone la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por valor superior a 100.000 euros. Los contratos que investiga el juez son los de mantenimiento y conservación del parque Edar La Gavia de Madrid entre 2003 y 2007, concedido al donante Rafael Palencia por el Ayuntamiento de Madrid; una segunda fase del proyecto autorizada por el Ministerio de Fomento en 2003 a cambio presuntamente de 60.000 euros; y la explotación de depuradoras de aguas residuales Viveros de la Villa, adjudicada por el Canal de Isabel II y que se conecta en los papeles de Bárcenas con una entrega al partido de 35.000 euros en 2006.
Dos de las líneas de investigación del caso de la caja B fueron desechadas por falta de indicios suficientes. Una, la citada correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas. Y dos, el pago de sobresueldos a los dirigentes del PP procedentes de esas donaciones de dinero negro. De tal modo que el juicio de la caja B, pese a la acreditada existencia de la contabilidad paralela, se iba a ceñir al pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela. Ninguno de los dirigentes de la formación se sentará en el banquillo al no poder determinar la instrucción con fuerza suficiente que las decisiones de gerente y tesorero, Lapuerta y Bárcenas, fueran conocidas por ellos.
Un informe policial ha puesto los indicios sobre las adjudicaciones sospechosas en manos del juez De la Mata. Se trata de un documento con el sello de secreto en el que el inspector jefe Manuel Morocho estuvo trabajando durante meses. Consta de 491 páginas y lleva fecha de 17 de diciembre de 2019. En él, el policía repasa diez años de instrucción de los casos Gürtel y caja B, así como pruebas obtenidas en otros casos de corrupción como Lezo, para establecer las conexiones que permiten reabrir la investigación de las adjudicaciones finalistas, esto es, de la práctica del cohecho.
En 2015, la causa contra un total de 22 empresarios, algunos de los más importantes constructores del país, quedó archivada. Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial de Toledo cerró el caso en junio de 2019. El juez prorrogó recientemente durante un año más el plazo de instrrucción de la caja B de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal que elimina los plazos impuestos por el anterior Gobierno. El PP y Bárcenas han recurrido dicha prórroga.
Para conectar pagos y donaciones ha resultado fundamental la documentación incautada en el caso Lezo, incluida una grabación del encuentro entre Palencia, dueño de la constructora Degremont, con Ildefonso de Miguel, director general de la empresa de aguas públicas de Madrid, en 2008. De Miguel grabó la conversación en la que Palencia se queja de que no obtiene la adjudicación («no damos el clavo») que desea. En la charla también se habla de la labor de Lapuerta y Bárcenas de conectar a empresarios con autoridades del PP. Palencia reconoce una frecuencia «periódica» en pagos de 30.000 a 35.000 euros al gerente y el tesorero y añade: «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones».
El juez de la caja B concluye: «Estos procesos tenían lugar cuando los proyectos no se habían adjudicado, de tal forma que se abría una oportunidad de negociación directa entre el órgano adjudicador y la empresa licitadora interesada en recibir el contrato».
El empresario también confirma el porcentaje desvelado por Correa en el juicio de Gürtel: «Un 2% o 3% es lo normal». Las cantidades analizadas por la UDEF en los citados casos coinciden con este porcentaje. Por ejemplo, los 60.000 euros del contrato por la segunda fase de Edar La Gavia representa un 1,998% del montante de la adjudicación sin IVA.
Palencia reconoce igualmente que a Bárcenas y a Lapuerta «les viene bien» que las entregas sean próximas a campañas electorales. «Esas son aportaciones, digamos, para que ellos me abran puertas», dice Palencia. De la Mata asegura que de las cinco entregas de Palencia que aparecen en los papeles de Bárcenas, cuatro coinciden con procesos electorales.
Las entradas de dinero analizadas, insiste De la Mata en su auto de abril, fueron de tres cuentas bancarias a otras de titularidad del partido. La metodología de ingresos, añade, «se realizaba con el objetivo de no superar el límite cuantitativo de 10 millones de pesetas estalecido por la ley y ocultar el nombre del donante». La acusación popular de Izquierda Unida ya había calificado en su escrito algunos de los hechos descritos, al menos, como conspiración para el cohecho y tráfico de influencias.
Entre esa documentación extractada de decenas miles de folios y conectada en el informe de la UDEF figuran las declaraciones durante la instrucción de Álvaro Pérez, El Bigotes, colaborador de Correa; David Marjaliza, uno de los principales investigados en Púnica; del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, imputado también en Lezo, Luis Vicente Moro; de Arturo González Panero, exaldade de Boadilla; y del propio Rafael Palencia.
El líder de la Gürtel, Francisco Correa, no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio de la Primera Época. Entre la vista y la citación del juez de la caja B se produjo un hecho desvelado por elDiario.es: Correa recibió la visita en la cárcel de un abogado que aparece de forma recurrente en el sumario de Kitchen, Javier Iglesias, al que Villarejo y los otros mandos policiales apodan ‘El Largo’ y sitúan de nexo con el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Iglesias defiende que acudió a prisión a petición de Correa y que a partir de ese momento se incorporó a la defensa del empresario.
A partir del informe de la UDEF, De la Mata solicita varias diligencias para obtener documentación de la empresa pública del suelo sobre los expedientes investigados, al canal de Isabel II sobre la adjudicación del concurso citado, así como las concesiones a la Constructora Hispánica en Boadilla del Monte y Majadahonda. Esta diligencia viene al caso de la otra declaración, además de la de Correa, que motivó la reapertura del caso de la caja B, la confesión pactada con la Fiscalía Anticorrupción del empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo para evitar la cárcel.
El auto también alude a la Operación Kitchen y solicita el testimonio prestado por el comisario Enrique García Castaño sobre su entrada en el local de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, «el apoderamiento de información y su destino». «Los resultados obtenidos —en la operación de espionaje— cumplieron con los objetivos marcados mediante apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos Esgueva (el chófer) en unión de Andrés Gómez Gordo (el policía asesor de Cospedal)», destaca el juez.