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La pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha

De entre las más de 40.000 muertes ‘no esperadas’ que dejó la pandemia de coronavirus esta primavera, 21.621 fueron las de personas que estaban recibiendo algún tipo de prestación a la dependencia, ya fuese una cuantía económica, una plaza residencial o cuidados a domicilio. Son casi la mitad de las muertes ‘de más’ totales ocurridas durante esta primera ola de COVID-19. Se desprende así de un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), al que ha tenido acceso eldiario.es.

El documento utiliza los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) y los relaciona con los del MoMo, el equipo de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología que ha calculado que entre marzo y abril, las fechas que ha analizado el IMSERSO, fallecieron 42.767 personas más de las que se preveían. El dato se obtiene comparando la diferencia entre los decesos observados y las medias de los últimos 10 años para el mismo periodo, no distingue entre causas directas por COVID-19 o no.

En total, fallecieron entre marzo y abril 43.348 personas con algún tipo de prestación por dependencia. Los fallecimientos «esperados», según esas medias de otros años, eran 21.727. Por tanto, 21.621 muertes constituye un ‘exceso’ de casi el doble, el 99,5%. Si se tiene en cuenta también a los ciudadanos y ciudadanas en ‘solicitud’ de dependencia, esto es, que todavía no habían llegado a recibir la prestación, la cifra suma 25.791 personas.

El estudio diferencia por el tipo de servicio que recibía la persona fallecida. En términos relativos, donde más exceso de mortalidad se observa es en los que recibían una prestación económica que podían gastar en lo que ellos decidieran: hubo un 197,4% más de fallecimientos, 7.614 de más. Le sigue la atención residencial, la gente que tenía plaza pública o concertada en un centro sociosanitario, con un exceso de mortalidad del 175,4%, 9.107 de más. Entre los usuarios de servicios para la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, es decir, de programas de rehabilitación o preventivos, ha habido un exceso del 165,0%, 1.378 muertes. Y entre los de centros de día o noche, un 112,9%, 1.013, más de lo esperado.

El IMSERSO también realiza una clasificación por regiones. La Comunidad de Madrid, la más afectada por la COVID-19 esta primavera, ha sido la que más ‘exceso’ para todo tipo de prestaciones del SAAD ha reportado: en total, su mortalidad ‘de más’ entre este colectivo ha sido del 227,5%. Concretamente, también es en Madrid donde más ha golpeado el fenómeno en las residencias de ancianos: la mortalidad se incrementó un 406% en este tipo de lugares, murieron 2.842 personas ‘no esperadas’. Para la región, en general, para todo tipo de personas, durante marzo y abril el exceso de mortalidad fue del 202%, la mitad.

El tipo de prestación que menos ‘exceso de muertes’ tiene es la económica de cuidados familiares, es decir, las personas que han sido cuidadas directamente en casa por alguien de su entorno familiar. Ha habido un exceso del 21,1%, han muerto 1.492 personas más de las esperadas en esa situación. Le sigue la prestación económica de asistencia personal, el servicio menos habitual, pensado para personas con algún tipo de discapacidad pero activas –exceso del 23,5%, han fallecido 40 más de las esperadas–; y la ayuda al domicilio, con un exceso del 49,3%, 2.230 fallecidos.

Estas cifras no incluyen a aquellas personas que han muerto esperando su valoración para la dependencia, solo a las ya reconocidas por el SAAD, aunque algunas aún no hubiesen recibido nada. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente del sector, realizó una estimación pero no solo relativa a la pandemia, sino a todo 2020. De enero a finales de mayo, fallecieron en España 7.415 personas que habían solicitado la dependencia pero nunca se les llegó a hacer un estudio. El 80% de las personas que lo piden acaban con un grado u otro –hay tres, según gravedad– reconocido.

Los excesos de muertes que registra el MoMo y, ahora también, los informes del IMSERSO, que todavía son preliminares, según fuentes de la institución, contemplan tres tipos de fallecimientos: casos con COVID-19 confirmada; COVID-19 sin confirmar, y COVID-19 de manera indirecta. En este último, como explicaba hace unas semanas la responsable del equipo MoMo, Amparo Larrauri, a eldiario.es, están, por ejemplo, las personas con otras patologías que, por haber retrasado acudir al centro sanitario durante los meses más duros a nivel asistencial ya fuese por miedo o por paralización del sistema, empeoraron y fallecieron. El MoMo no especifica cuántas de las muertes son por una cosa u otra y, como señalaba Larrauri, tardarán «meses» en tener conclusiones definitivas.

https://www.eldiario.es/sociedad/esperadas-primavera-personas-usuarios-dependencia_0_1043246126.html

El Gobierno aprueba la ley del «solo sí es sí» en medio de una bronca entre Carmen Calvo e Irene Montero

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales en medio de una fuerte guerra entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo ministerio ha pilotado la redacción de la norma. Desde Unidas Podemos ven como un éxito la aprobación del proyecto frente a lo que consideran un intento de «bloqueo» de la vicepresidenta socialista y del Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo. «Igualdad ha ganado la batalla», sostienen fuentes consultadas por eldiario.es. Desde la vicepresidencia primera evitan entrar en esa polémica: “Esta es una ley de todo el Gobierno en la que todos los ministerios siempre tienen cosas que decir. No hay un ellos y un nosotros. Se han mejorado cosas desde del acuerdo”.

La bronca entre Calvo y Montero viene de largo y provocó la primera crisis en el Gobierno de coalición, que tuvo que reunir la mesa permanente de seguimiento del pacto firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. Ya en julio del año pasado, durante las negociaciones fallidas para un Gobierno conjunto, la cartera de Igualdad fue uno de los elementos de disputa. Y volvió a serlo en las conversaciones, esta vez fructíferas, que dieron lugar al actual Ejecutivo.

«Esta vez Igualdad ha ganado la batalla, pero para cualquier otra ley feminista habrá que volver a seguir peleando con todo», apuntan a eldiario.es fuentes de la negociación. En las filas de Montero «sorprende que se tengan reticencias ante una ley que por fin blinda que solo sí sea sí» y consideran que «Justicia y Calvo han bloqueado con excusas de cuestiones técnicas» la norma, «mientras le costó un mes sentarse a hablar sobre la propuesta de Igualdad». En la parte socialista del Gobierno insisten en que no se ha boicoteado el proyecto y que se ha tramitado con normalidad aportando modificaciones desde distintos departamentos. 

En este sentido, las fuentes consultadas sostienen que desde el primer borrador, que se presentó el mes pasado, Justicia intentó bloquear la tramitación de la norma, lo que dio lugar a una primera bronca interna. Se refieren reuniones a las que no acudía la otra parte y cómo otros ministerios sí hicieron las aportaciones que se les solicitaba. Ese conflicto se solucionó en la mesa permanente de PSOE y Unidas Podemos en la que se acordó que la modificación del Código Penal para lo relativo al consentimiento sexual se incluyera en esta normativa y no en la reforma integral del código, que era lo que defendía a priori la parte socialista del Ejecutivo. Esa misma tarde se celebró una reunión entre Igualdad y Justicia.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Irene Montero ha evitado esa polémica y se ha limitado a decir, a preguntas de los periodistas sobre las divergencias, «en esta última fase el texto se ha ido enriqueciendo con aportaciones de otros ministerios sin alterar lo sustancial de la ley» en la línea de lo que manifiesta la parte socialista del Ejecutivo. 

«Una vez que un anteproyecto se aprueba en el Consejo de Ministros es ya un proyecto del Ejecutivo no de ningún departamento en concreto», ha aprovechado para decir la portavoz, María Jesús Montero, que ha intervenido para quitar hierro al asunto al explicar que en «todos los trámites previos hay que hablar con el resto de departamentos». 

«Nada que añadir. Este es un anteproyecto de ley ambicioso. Los debates que tenemos se quedan en esa puerta y no tengo nada más que añadir», ha dicho la ministra de Igualdad, preguntada específicamente por las críticas que han manifestado fuentes de su departamento. 

Los detalles del texto que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros se cerraron este mismo lunes, en medio de filtraciones a la prensa que criticaban tanto el fondo como la forma de la norma. Desde la parte socialista del gabinete sostenían que eran modificaciones normales en la tramitación de cualquier norma que sale del Consejo de Ministros, aunque admitían que la redacción de Igualdad tenía contradicciones respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Convenio de Estambul y también que se invadían competencias de las comunidades autónomas.

Fuentes de la negociación explican que costó mucho organizar la primera reunión de trabajo con Justicia, después de varios intentos en los que dando largas. “A Igualdad le ha costado mucho hacer entender a Calvo y Justicia la prioridad de esta ley”, aseguran. “A este ministro de Justicia hay que obligarle a hacer avances feministas. Esta va a ser una de las peleas de Igualdad esta legislatura”, zanjan.

En el departamento de Calvo no han sentado bien esas críticas.”Unos están en unas cosas y otros en otras”, lamentan sobre las acusaciones que vierten desde la parte de Unidas Podemos en el Gobierno. “El anteproyecto es de todo el Gobierno. Se ha trabajado al máximo posible”, sentencian fuentes de la vicepresidencia primera, que aseguran que “es falso” que se haya intentado bloquear la aprobación de la ley impulsada por Igualdad.

https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Carmen-Calvo-Irene-Montero_0_1001950065.html

Bárcenas y Cospedal declararán como testigos en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP

La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el extesorero del mismo partido político Luis Bárcenas declararán el próximo 10 de abril como testigos en el juicio por la destrucción de los ordenadores que éste último utilizaba en la sede de los ‘populares’ de la calle Génova, en Madrid.

Así se expone en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, encargado de juzgar a partir del próximo 9 de abril a la extesorera Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y al abogado de la formación Alberto Durán, así como al propio PP.

Las sesiones comenzarán el próximo 9 de abril, a las 9:45 horas, con las cuestiones previas y continuarán los días 10, 11, 12 y 15 del mismo mes. Según la misma diligencia, durante la segunda jornada tendrá lugar las declaraciones de los cuatro acusados, que únicamente se enfrentan a las penas solicitadas por la acusación popular ejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori Desc.

Ese mismo miércoles 10 de abril, es el día señalado para que el Bárcenas y Cospedal, entre otros testigos, comparezcan ante el juez Eduardo Muñoz de Baena. Las testificales continuarán en la siguiente jornada; mientras que el día 12 de abril está reservado para los peritos, quedando la última sesión para las conclusiones finales.

Bárcenas ha retirado su acusación

Luis Bárcenas, que se encuentra en prisión cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel, acudirá finalmente a este juicio como testigo y no como acusación, como inicialmente estaba personado. El extesorero se retiró de este procedimiento en septiembre de 2016 cuando el borrado de los discos duros aún estaba en instrucción.

De este modo, la única acusación que existe es la de IU, Adade y el Observatori Desc, pues la Fiscalía pide la absolución para todo ellos o, en su caso, la aplicación de la ‘Doctrina Botín’, que adoptó este nombre cuando el banquero fallecido Emilio Botín evitó ser juzgado al establecerse que no se puede mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular. El PP y Carmen Navarro también intentaron evitar sentarse en el banquilllo de los acusados utilizando esta figura, pero la juez instructora desestimó esta pretensión.

El Ministerio Público considera que este caso debe ser archivado porque, a su juicio, no existen «indicios relativos a ciertos extremos esenciales» y sostiene que la única versión sobre estos hechos es la de Bárcenas, aunque la considera «inverosímil y contradictoria».

«35 pasadas y rallado hasta su destrucción física»

La vista oral se iniciará más de un año después de que la jueza instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara a juicio a la extesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán, por los delitos de encubrimiento y daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos.

La jueza vio claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».

https://www.eldiario.es/politica/Barcenas-Cospedal-destruccion-ordenadores-PP_0_864414192.html

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