Los mensajes hallados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en el teléfono móvil del exnúmero dos de Interior, Francisco Martínez, revelan que Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros del círculo personal de Mariano Rajoy, conoció en tiempo real la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, sufragada con fondos reservados, informan a eldiario.es fuentes del caso. El fin último de ese operativo era recuperar de forma ilegal las pruebas de la implicación de dirigentes del Partido Popular en la financiación irregular de la formación conservadora.
Esos avances en las pesquisas derivaron este viernes en la solicitud por parte de Anticorrupción al juez para cite como investigados al ministro del Interior entre 2012 y 2016, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo de Mariano Rajoy, y a la secretaria general del PP durante una década -la que transcurrió de 2008 a 2018-, María Dolores de Cospedal, tal y como adelantó eldiario.es.
El levantamiento del secreto de esta pieza 7 del caso Villarejo está previsto para el próximo lunes y promete sacudir la escena política. Se trata de una bomba en diferido debido en parte a los efectos de la pandemia. Un día antes de que el actual Gobierno decretara el estado de alarma, los policías de Asuntos Internos se presentaron en el domicilio de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, y le requisaron su teléfono móvil.
Lo que se investiga es una operación parapolicial para recuperar los secretos del PP que supuestamente escondía Bárcenas y que incluyó el allanamiento del estudio de pintura de su esposa, Rosalía Iglesias, el control continuo de sus movimientos a través del chófer de la familia, que en realidad actuaba como topo para la brigada política, el espionaje de su teléfono móvil y, según sospechan el juez y la Fiscalía, incluso la utilización de un sicario que, disfrazado de cura, asaltó la casa de los Bárcenas armado aunque fue reducido por uno de los hijos del extesorero.
Los secretos que buscaba la policía política estaban supuestamente en poder de Bárcenas cuando el juez Pablo Ruz decretó su ingreso en prisión, en junio de 2013, y desencadenó la confesión del tesorero quien reveló el sistema de financiación que había sostenido las campañas del partido durante al menos veinte años: donaciones irregulares de grandes constructoras que luego recibían contratos de Administraciones controladas por el Partido Popular. Bárcenas también denunció entonces el pago de sobresueldos a dirigentes del partido, incluido su presidente, Mariano Rajoy.
El juicio de la caja B es el último del caso Gürtel por celebrar. Su actual instructor, José de la Mata, mantiene bajo secreto una pieza separada sobre el sabotaje de la investigación, que incluye la documentación que requirió al Ministerio del Interior acerca de la huella documental de los pagos reservados y otros papeles que pudieran estar vinculados a la Operación Kitchen. Los mandos implicados en aquellas maniobras han declarado al juez García-Castellón que se trataba de localizar a los testaferros de Bárcenas y de recuperar el dinero que supuestamente escondía. Sin embargo, ni el juez Ruz, instructor entonces de la caja B, ni los mandos policiales de la UDEF a sus órdenes, fueron nunca informados de ese supuesto operativo.
La Operación Kitchen es el nombre con el que el comisario Villarejo bautizó el operativo, que no consta en ningún documento oficial, y que responde al parecido que el comisario veía entre un famoso cocinero y el chófer de los Bárcenas, el infiltrado que la brigada política introdujo en casa del extesorero. El levantamiento del secreto de la pieza 7 de la causa Tándem o Villarejo permitirá igualmente conocer el alcance de la investigación sobre el caso de la caja B del Partido Popular.
De entre todas las revelaciones periodísticas y judiciales de la utilización de la Policía con fines partidistas ha sido el caso del espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, con cargo a los fondos reservados, el que ha colocado al entonces responsable de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al borde de su imputación, sobre la que decidirá el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, durante los próximos días.
La también previsible imputación de Cospedal ahonda en la tercera misión de ese grupo de mandos policiales: no solo atacaron a los partidos que impulsaron el proceso soberanista y a Podemos con indagaciones prospectivas y extrajudiciales sino que intentaron proteger al PP y a sus dirigentes saboteando la investigación judicial del mayor caso de corrupción del partido, la caja B, según sospechan los investigadores.
En la nómina de imputados por el espionaje a Bárcenas figura el comisario Eugenio Pino, el policía que eligió el PP para dirigir la Policía y artífice de la llamada brigada política. Junto a él, todos los miembros de la primera línea de aquel grupo que él conformó. La petición de imputación de Cospedal obliga a fijarse en uno de ellos, el comisario Andrés Gómez Gordo, un mando que entró y salió de la Policía para trabajar con el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados -encarcelado como supuesto cabecilla de la trama Púnica- primero, y con María Dolores de Cospedal después, cuando esta era presidenta de Castilla La Mancha.
De hecho, su último regreso a la Policía está directamente ligado a la Operación Kitchen. El partido había destinado como chófer del tesorero a Sergio Ríos Esgueva, quien ya había trabajado para Granados en la Comunidad de Madrid. En ese puesto conoció a Gómez Gordo, primero nombrado director de seguridad de la fracasada Ciudad de la Justicia, un proyecto millonario del Gobierno de Esperanza Aguirre que se frustró por el camino, y luego asesor del consejero de Presidencia e Interior.
Esa coincidencia convirtió en imprescindible a Gómez Gordo, quien regresó a la Policía y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada. Después fue ascendido a comisario, cargo que juró con el actual Gobierno y que desempeña en Alicante. Todo lo relacionado con la Operación Kitchen se pagaba a buen precio en el Ministerio del Interior. El propio chófer de Bárcenas, que en realidad era un infiltrado para vigilar sus movimientos, sospechan los investigadores, además de cobrar 48.000 euros de los fondos reservados durante dos años, ingresó en la Policía a los 42 años y a los pocos meses ingresó en Madrid en un puesto muy codiciado, la Brigada Móvil.
Fuentes policiales aseguran que Gómez Gordo conoció a Cospedal a través de su marido, Ignacio López del Hierro, quien tenía relación con Villarejo desde años antes de contraer matrimonio con la secretaria general del PP. López del Hierro, al que Anticorrupción también quiere tomar declaración, aparece en los audios de Villarejo que provocaron la dimisión de Cospedal participando activamente en el plan de sabotear el caso Gürtel.
Andrés Gómez Gordo también habría participado en otra de las misiones de la policía política: desprestigiar a Podemos para evitar que llegara al Gobierno en 2016. El comisario Enrique García Castaño, investigado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, lo señaló ante el juez como el autor del informe PISA sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, publicado en distintos medios de comunicación y que fue desechado por falta de consistencia en todos los órganos judiciales donde se presentó. Las declaraciones de García Castaño permitieron tirar del hilo de la trama de la policía política hacia arriba, hasta el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Solo los avances en el caso Villarejo han permitido romper el cordón que unía al exministro Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal con el actual líder del PP, Pablo Casado. Dos meses antes de que trascendieran los audios con el comisario Villarejo que acabaron con su carrera política, Cospedal había prestado sus apoyos a Casado para que se impusiera en la segunda ronda de las primarias, la del voto de los compromisarios, ante Soraya Sáenz de Santamaría. El flamante presidente respondió repartiendo cargos entre los afines a la antigua secretaria general.
En cuanto a Fernández Díaz, el presidente del PP no tuvo problema en consagrar los excesos ya evidentes del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 nombrando portavoz en el Senado a Ignacio Cosidó y secretario de Interior y Libertades del partido a Fernández Díaz. De ambos se deshizo Casado cuando empezaban a ser cercados por las informaciones sobre las irregularidades en el Ministerio del Interior. El exministro, integrante del círculo de amigos de Rajoy, aguantó en la Ejecutiva del PP hasta el verano pasado.