El Gobierno prevé sacar a 82.000 niños de la pobreza severa este año con una nueva estrategia para los más vulnerables

Apuntar de manera diferenciada contra la pobreza infantil más dura. Es la nueva estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil a la cabeza, que ha dejado plasmada en los Presupuestos para 2019. La intención del Ejecutivo socialista es sacar a 82.000 niños de la pobreza severa, hasta dejar la tasa en un 6,6%, el dato más bajo desde 2013. Para ello, el Gobierno pretende doblar la ayuda que reciben las familias más pobres, con una nueva categoría dentro del colectivo de hogares desfavorecidos que acceden a esta prestación.

La pobreza severa queda identificada como la de aquellas familias que viven en hogares con ingresos por debajo del 25% de la renta mediana de la población en España. En la práctica con menos de 355 euros al mes. En 2017, último año con datos oficiales al respecto, 630.000 niños y niñas vivían en esa situación, según los datos del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Un 7,5% de la población infantil en España.

Niños que afrontan una escasez económica en sus hogares que se plasma muchas veces en viviendas pequeñas y mal acondicionadas, una peor alimentación, menos acceso al ocio, o situaciones de restricción de agua y luz, entre otras consecuencias. A la larga, menores expuestos a peores carreras educativas y laborales e, incluso, a problemas de salud.

Los datos generales de pobreza infantil, aquellos menores que viven en familias con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, elevan la tasa hasta el 28,3% de los niños. Casi uno de cada tres menores: 2.365.000 niños y niñas. La recuperación económica desde 2014 se ha plasmado en ligeras reducciones de la pobreza infantil, pero la severa continúa estancada.

Ayudas muy bajas a las familias vulnerables

Uno de los problemas detectados por el Alto Comisionado para combatir la pobreza infantil es que la cuantía de las ayudas específicas por hijo a cargo para familias desfavorecidas es muy baja. En 2018, de 291 euros al año, 24,25 euros al mes.

“La generosidad es ridícula”, sostenía en una entrevista con eldiario.es Pau Marí-Klose, alto comisionado contra la pobreza infantil. Estas ayudas tienen menos incidencia en la reducción de la pobreza que otras prestaciones, como las pensiones o la prestación por desempleo que reciba alguno de los miembros del hogar familiar. Una de las causas, explicaba a este medio Marí-Klose, es su escasa cuantía.

Por ello, el Gobierno explicó que su intención era elevar esta prestación. La hoja de ruta del Ejecutivo de Sánchez es llegar a implantar su Ingreso Mínimo Vital, con el que conseguiría erradicar la pobreza infantil severa según sus cálculos. Pero alcanzar ese escenario es un objetivo a largo plazo y, por el momento, se aplicarán incrementos graduales de las ayudas para familias desfavorecidas.

La pobreza severa se combate con más recursos

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, el Ejecutivo plantea dos subidas de estas prestaciones. Por un lado, un incremento general del 17% de la ayuda, hasta los 341 euros euros al año, para las personas que tengan acceso a esta prestación. Por otro, un alza del 102% para las familias en situación de pobreza severa, bajo el umbral del 25% de la renta mediana, hasta los 588 euros al año.

Así, la prestación se duplica para los hogares más pobres, con una nueva categoría de beneficiarios diferenciada que no existía hasta ahora. El objetivo del Gobierno socialista es concentrar esfuerzos en aquellos menores con menos recursos, con la intención de reducir la pobreza severa en un “12%” y sacar de esta situación a unos 82.000 niños y niñas este año. En términos de tasa, explican en el Alto Comisionado, supondría dejarla en un 6,6%, el dato más bajo desde 2013.

El gasto de estas ayudas está incluido dentro de las prestaciones familiares no contributivas de los Presupuestos, que el Estado financia mediante una transferencia de crédito a la Seguridad Social de 1.862 millones de euros en 2019. Este año, explica el Gobierno en la memoria económica del proyecto presupuestario, la aportación del Estado se incrementa en 266 millones de euros con respecto a 2018 “como consecuencia de la elevación de la cuantía” de estas ayudas por hijo a cargo.

Además, las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65% se incrementan un 3% respecto al ejercicio anterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha identificado la partida contra la pobreza infantil como aquella de la que se siente personalmente “más orgulloso” dentro del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. El aumento queda por el momento condicionado a que el Ejecutivo logre sacar adelante las cuentas públicas y, en cualquier caso, según explican fuentes oficiales, las cuantías se aplicarán a todo el ejercicio 2019, aunque los Presupuestos se aprobarán a mitad de año.

https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-pobreza-severa-estrategia-vulnerables_0_857065185.html

Vox se lía con las competencias andaluzas: quiere devolverlas al Estado mientras pide autonomía para aplicarlas

El documento de 19 propuestas que Vox presentó este martes al PP y que constituyen las condiciones que la formación de extrema derecha plantea para que sus 12 diputados en el Parlamento andaluz apoyen la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, deja al descubierto las contradicciones del partido de Santiago Abascal sobre la política autonómica y el modelo territorial del Estado.

La primera medida que contempla el texto que los representantes de Vox llevaron a la reunión que mantuvieron con los dirigentes populares es una declaración institucional de la presidencia de la Junta “a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público” y “que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles”.

A pesar de esa petición para poner en marcha un proceso de recentralización de las competencias autonómicas, los siguientes puntos del documento de Vox reivindican la autonomía andaluza para legislar y adoptar medidas precisamente en algunas de las materias que el partido de extrema derecha pretende devolver al Estado.

En el plano educativo, la formación que preside Santiago Abascal plantea incluso ampliar el gasto autonómico con la ampliación de la red de guarderías y llega a incorporar todo un epígrafe en el que desgrana cómo deben ser las políticas de la Junta para garantizar la “libertad de educación”. “La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones”, apunta Vox en su documento. “Para ello se implantará 4 de 6 un ‘PIN parental’ con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”, añade.

Protección a la segregación por sexos

Tratando siempre de que la administración autonómica siga controlando los contenidos que se impartan en las clases andaluzas, el partido de extrema derecha reivindica, asimismo, una “garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”.

Vox quiere también que la nueva Junta defienda “la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada)”, así como proteger a los colegios que segregan por sexos: “Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada”, zanjan.

Entre sus propuestas, Vox plantea que Andalucía emplee sus competencias autonómicas para “reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social” y para “ampliar el concierto al bachillerato”, así como para promover la “libre elección de centro”.

El partido de extrema derecha contempla también que la nueva Junta ejerza sus competencias en materia de Sanidad proponiendo un Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública que refuerce las Unidades del Dolor “en toda la red sanitaria” o prestando “especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto”.

Competencias de Interior

La formación que preside Santiago Abascal llega a plantear incluso iniciativas para las que la Junta no tiene las competencias transferidas, como las relativas a la inmigración o al control policial, que dependen del Ministerio del Interior. Vox propone que la Junta “colabore con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados” porque, a su juicio, “la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.

Otro de los asuntos para los que el Gobierno andaluz no tiene competencias es el referido al “control del fundamentalismo islámico”. Vox plantea que la Junta colabore “con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista” exigiendo “a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia y poniendo especial atención en la protección de la mujer”. 

Finalmente Vox llega a plantear que Andalucía pueda legislar para ciudadanos que ni siquiera residan en la comunidad autónoma. En su “plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España” el partido propone “asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional”, así como “asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua”. 

Las 19 propuestas del documento presentado este martes al PP –que fueron inmediatamente rechazadas por los populares, que las consideraron “inviables”– evidencian la confusión competencial de Vox y la dificultad para articular su propuesta política extremista en las instituciones.

https://www.eldiario.es/politica/Vox-competencias-andaluzas-devolverlas-aplicarlas_0_854965278.html

Ciudadanos negocia la Mesa del Parlamento con Vox y Adelante Andalucía para intentar salvar su imagen centrista

Ciudadanos tiene en su mano inclinar la balanza del signo político de la Mesa del Parlamento andaluz, que se constituye este jueves en la sesión inaugural de la undécima legislatura. El partido naranja quiere preservar su papel de moderado centrista y, para lavar la imagen de un acuerdo con la extrema derecha, intenta negociar a la vez con Vox y con Adelante Andalucía (Podemos-IU) para que ambos entren juntos en el órgano de gobierno de la Cámara, cada uno con un representante. Esa carambola daría una imagen de pluralidad del Parlamento, apoyada en los resultados electorales, y ayudaría a salvar la imagen de liberal centrista que quiere proyectar Albert Rivera en Europa. El problema es que estos dos partidos -Vox y Adelante- se repelen, y uno ofrece sus votos a cambio de dejar fuera al otro.

En las últimas 24 horas, la estrategia de Ciudadanos ha quedado al descubierto al conocerse que su portavoz se ha reunido con los dirigentes de Podemos e IU a la par que telefoneaba al candidato andaluz de Vox, tratando de hacer contrapeso. Una fotografía indiscreta capturó a los líderes de Ciudadanos (Cs) y de Adelante Andalucía, Juan Marín, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, manteniendo una reunión secreta en un bar, este martes 25 de diciembre, a 48 horas de que se constituya el Parlamento andaluz. La imagen ha sido difundida en exclusiva por elindependiente.com. Los tres dirigentes abordaron la composición de la Mesa, el órgano que toma las decisiones más importantes del Parlamento y que jugará un papel fundamental en esta legislatura tan compleja.

Marín quiere que los cinco partidos con representación parlamentaria -PSOE, PP, Cs, Adelante Andalucía y Vox- tengan un miembro con voz y voto en la Mesa, y también aspira a que alguien de su formación presida la Cámara. Hace dos semanas, al hacerse pública una reunión a sus espaldas entre el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, y Francisco Serrano, el candidato de Vox, Marín amenazó con romper la negociación con los populares. Subrayó que la extrema derecha no entraba en la ecuación para formar un nuevo Gobierno con el PP, y aseguró que si Serrano le llamaba, ni siquiera cogería el teléfono. Ahora es él quien ha telefoneado al cabeza de lista de Vox, tratando de meterle en la misma foto de negociación que a Podemos e IU para que todos los grupos estén representados en la Mesa.

Rodríguez y Maíllo necesitan negociar para tener un representante en este órgano, porque si no hay pacto y cada grupo vota a sus elegidos, en la Mesa sólo entrará PSOE, PP y Cs. Adelante Andalucía y Vox quedarían fuera -o se les habilitaría un puesto con voz, pero sin voto- y Marín trata de integrarles en un pacto global para que estén todos representados. Pero los líderes de Adelante no ven nada claro entrar en la Mesa a la par que la formación de extrema derecha, y son recelosos con un acuerdo que, según dicen, es una forma de normalizar la irrupción de Vox en este órgano, camuflada con la presencia de Adelante Andalucía y el discurso de la pluralidad de la Cámara. La foto ‘robada’ en el bar de la estación de tren de Cádiz ha provocado una reacción inmediata del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que en su cuenta de Twitter ha respondido: “Ciudadanos rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía”.

PP y Ciudadanos suman 47 diputados y necesitan ocho votos más para conformar un Gobierno de cambio, del que ya han pactado un acuerdo con 90 medidas. Para sacarlo adelante y para controlar la Mesa del Parlamento, el PP andaluz propone apoyarse en los votos de Vox, y Ciudadanos prefiere convencer al PSOE o a Adelante Andalucía para que faciliten la investidura de otro presidente de la Junta -previsiblemente al líder del PP, Juanma Moreno– y de un presidente de la Cámara de Ciudadanos. En este contexto se ha conocido esta reunión secreta e in extremis de Marín, Rodríguez y Maíllo, que añade más incertidumbre a la sesión constitutiva de la undécima legislatura de este jueves.

Fuentes de sendos grupos parlamentarios han confirmado a Europa Press que dicho encuentro ha tenido lugar en la mañana de este martes en la estación de tren de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Así las cosas, desde el partido naranja han explicado que el fin de la reunión ha sido abordar “las distintas posibilidades de que hay” para la Mesa del Parlamento, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo.

Desde Adelante Andalucía, por su parte, han indicado que esta reunión responde a la intención de la confluencia de hablar “con todos los grupos parlamentarios menos con Vox” sobre la conformación de la Mesa de la Cámara al objeto de reclamar su espacio en este órgano y que, aunque no han alcanzado ningún acuerdo, su intención es seguir negociando para tener el hueco que creen que les corresponde en dicho órgano.

El encuentro entre los líderes de Cs y Adelante Andalucía se ha producido en la misma mañana que el PP-A y el partido naranja han difundido el contenido íntegro del acuerdo programático que han alcanzado para la gobernabilidad de Andalucía y que incorpora un total de 90 medidas, todo tras cerrar el último bloque relativo a reactivación de los servicios públicos en la comunidad, que se suma a los referentes a regeneración democrática y reformas económicas y fiscales hechos públicos desde el pasado domingo.

Asimismo, está previsto que este miércoles la comisión política liderada por los máximos representantes de PP-A y Cs, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, se vuelva a reunir para negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y del futuro gobierno, una vez que han cerrado el referido acuerdo programático.

Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, dicha reunión de alto nivel, en la que también participarían los números dos de ambas formaciones, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, y otros representantes andaluces, tendrá lugar a lo largo del miércoles en la Cámara andaluza, lugar donde se han celebrado todos los encuentros formales entre PP-A y Cs. Al final de la reunión, la idea sería celebrar una comparecencia pública para dar cuenta del resultado de la misma.

Arranca la legislatura

Dicha reunión se produce prácticamente ‘in extremis’, dado que este jueves se constituye el Parlamento y da comienzo la XI Legislatura, siendo éste el plazo tope para los ‘populares’ en la negociación, ya que han advertido en distintas ocasiones de que el acuerdo programático está vinculado a los relativos a la Mesa y al futuro gobierno. O hay acuerdo en las tres cosas o ninguna.

El principal escollo en la negociación es el papel que debe desempeñar Vox, formación que ha reclamado representación en la Mesa del Parlamento y que suma mayoría absoluta con PP-A y Cs. Mientras que los ‘populares’ no tienen problema en que Vox entre en la Mesa, la formación naranja rehúsa dicha posibilidad y plantea que el PSOE-A se abstenga.

Dicha propuesta cuenta con el rechazo frontal del PP-A, que considera que el PSOE-A no puede ser “protagonista” del cambio porque es “a quien se quiere cambiar”. También Vox está en contra de dicho planteamiento y ha advertido de que sus votos no participarán de ningún acuerdo que suponga contar con la formación liderada por Susana Díaz.

Y Adelante Andalucía, en este escenario, han reclamado desde el primero momento su derecho, con 17 disputados, a contar con un representante, con voz y voto, en la Mesa del Parlamento.

https://www.eldiario.es/andalucia/Marin-Rodriguez-Maillo-Mesa-constitutiva_0_850065250.html

Cinco prácticas que serán legales para los partidos en España tras la aprobación del spam electoral

El Senado aprobará este miércoles la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta permitirá a los partidos políticos elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, Whatsapp, email y mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo. 

Este tipo de prácticas está prohibidas para las empresas y comunicaciones comerciales, pero los partidos han incluido una excepción especial en la citada ley para poder llevarla a cabo en periodos de campaña electoral. Expertos y juristas lo han denominado como la legalización del “Cambridge Analytica español”.

Algunas de las prácticas son las que protagonizó Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Otras, en cambio, suponen para muchos expertos una novedad o incluso ir más allá del escándalo de Trump y Cambridge Analytica:

1. Elaborar perfiles ideológicos de los votantes 

Los partidos políticos (pero también las coaliciones y agrupaciones electorales) podrán utilizar herramientas para rastrear la actividad de los ciudadanos en redes sociales y páginas web. De esa información, se les permitirá extraer aquello que les parezca relevante a nivel político y elaborar perfiles ideológicos: cuáles son los problemas que más te interesan, a qué partidos apoyaste en el pasado o qué es lo que te hizo variar el sentido de tu voto en un determinado momento. Si está en las redes, los partidos podrán recopilarlo.

El peligro que supone la creación de esa base de datos es el punto que ha provocado que múltiples juristas y organizaciones de defensa de los derechos digitales carguen contra la ley. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) explica que “los datos que tienes en cualquier red social se pueden monitorizar, se pueden cruzar para crear bases de datos muy completas”. “Es un matiz que no admite ningún tipo de rectificación: los partidos no deberían tener ningún derecho a manejar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos”, asevera. 

2. Averiguar cómo contactar contigo de forma privada 

“El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial”, detalla la nueva ley. Implica que los partidos podrán extraer datos de contacto de su monitoreo de páginas web y redes sociales, como el número de teléfono o email.

Al evitar que la propaganda electoral sea equiparada con una comunicación comercial, los partidos podrán ponerse en contacto contigo por vía privada (vía Whatsapp, SMS o email) usando esos datos. “La ley legaliza el spam sobre cuestiones políticas durante la campaña electoral, sin necesidad de consentimiento previo del ciudadano”, expone Jorge Morell, abogado especializado en protección de datos.

3. Enviar propaganda personalizada 

El objetivo de todo esto es dar una vuelta de tuerca a la publicidad electoral. Los partidos quieren enviarte propaganda enfocada en tus centros de interés, no gastar sus balas con información sobre aspectos que no te interesan. Por eso necesitan rastrear las redes: quieren saber si has opinado sobre pensiones o sobre educación pública, si has colgado fotos en una manifestación a favor de la unidad de España o por el derecho a decidir.

También es una vuelta de tuerca al escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Donald Trump utilizó los datos personales obtenidos por esa empresa para poder segmentar sus mensajes al máximo en sus anuncios a través de redes sociales. Enviar propaganda directamente al móvil de los ciudadanos supone ir más allá: de la propaganda segmentada a la propaganda personalizada.

4. Explotar “tus demonios” 

La propaganda personalizada puede aprovechar los puntos de interés del usuario de forma positiva, por ejemplo, explicando las propuestas del partido que la realiza en torno a esos puntos. Pero también puede hacerlo de forma negativa, para enfatizar los errores de otros partidos o los miedos del votante.

“Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Cambridge Analytica sabía que lo más interesante de un usuario eran sus demonios, sus odios. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible”, recuerda Borja Adsuara, letrado experto en derechos digitales y miembro del Jurado de la Publicidad.

5. Oponerte al envío de esta propaganda 

El mismo artículo que establece que los partidos políticos podrán elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y enviarles spam al móvil incluye un punto sobre la posibilidad de evitarlo: “Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

Todos los partidos han defendido este punto como un avance notable, porque hasta ahora el buzoneo electoral quedaba en un limbo desregularizado y era difícil impedir que los partidos enviaran su clásica propaganda en formato físico. Esto cambia con la nueva ley. No obstante, este derecho tampoco ha quedado fuera de las dudas de los expertos. Carlos Sánchez Almeida se pregunta: “¿Qué garantía vas a tener de que no te metan en otra base de datos al ejercerlo, como opositor a ese partido en concreto?”.

https://www.eldiario.es/tecnologia/practicas-partidos-Espana-aprobacion-electoral_0_837816546.html

El fiasco en el Poder Judicial perpetúa a Lesmes al frente del Supremo

La espantada de Manuel Marchena para no asumir la jefatura del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Supremo tiene efectos secundarios: perpetuará al frente de la judicatura al controvertido Carlos Lesmes, a pesar de que su mandato está agotado. 

El fiasco de las negociaciones frustradas después de que PP y PSOE pactasen una nueva configuración del órgano de gobierno de los jueces amenaza la renovación en un momento muy sensible para la Justicia, a las puertas del juicio al procés que sentará en el banquillo a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum del 1-O. Todo está roto. El PP improvisó a última hora del martes una enmienda para tratar de que sean los jueces los que elijan a sus representantes. De entrada, no piensa votar la lista acordada con el PSOE en el Congreso y que contiene nombres de juristas elegidos por el propio partido. El PP retiró también ayer su firma de la candidatura conjunta pero no tiene en su mano evitar que esa votación se produzca, si no convence a los socialistas de que hagan lo propio. 

Los mensajes de WhatsApp enviados por Ignacio Cosidó a más de un centenar de Senadores del grupo que preside han desatado una tormenta que amenaza con dejar las cosas como están: con el discutido Carlos Lesmes renovado de manera automática e indefinida al frente de la cúpula judicial.

La ley no es específica sobre las consecuencias de no alcanzar la renovación de la cúpula judicial en los plazos marcados: simplemente establece una prórroga del equipo anterior hasta que se produzca un nuevo acuerdo.   

La sustitución de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y del Supremo era la gran coincidencia de inicio con la que PSOE y PP iniciaron las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Tras el escándalo provocado por los WhatsApp de Cosidó, su continuidad se presenta como indefinida, a la espera de un acuerdo que parece imposible vistas las declaraciones de las últimas horas que han hecho los dirigentes socialistas y populares. Lesmes estaba de salida en la élite de los jueces, muy afectado por la crítica pública a su papel tras haber forzado el Supremo un cambio de opinión sobre una sentencia que marcaba quién debía abonar el impuesto de las hipotecas.

Al final la resolución cayó del lado de la banca y el propio Lesmes tuvo que salir a pedir perdón en nombre del Supremo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció un cambio legal para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo abonasen los bancos pidió al tribunal que reflexionase.

La relación de Lesmes con el PP ya era fría y pese a sus pretensiones de renovar un mandato más, la dirección de Casado decidió sustituirlo por Marchena. Ahora ese plan se han truncado y Lesmes vuelve a estar al frente sin un horizonte claro de salida. Con él se mantendrán en sus puestos los vocales que ya estaban de salida y que se confiesan indignados por el tratamiento que Cosidó ha dado con su mensaje al Tribunal Supremo. 

El cambio de posición del PP sobre el pacto alcanzado con los socialistas pone de relieve su concepción del acuerdo: primero el presidente y luego los vocales. Sin Marchena en la carrera, los conservadores ya no quieren un acuerdo ni les vale el reparto de vocales que habían pactado. El acuerdo fraguado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, había generado una cierta contestación interna. Sectores a la derecha del partido acusaban a Casado de haberse plegado al PSOE, que cedía la presidencia a Marchena a cambio de tener un miembro más en el consejo: 11 frente a 10. 

En el Gobierno de Sánchez, desean lo contrario: que la caída de Marchena de la candidatura no debe afectar a los nombres de expertos juristas sobre los que hace tan solo una semana había pleno consenso. 

Los bloqueos en la renovación de la cúpula judicial no son una novedad en la historia del bipartidismo (Ciudadanos se negó a participar en el cambio de cromos y Podemos se limitó a proponer a una candidata que no fue aceptada), pero nunca se había producido después de un acuerdo cerrado y comunicado a la opinión pública. En 2006, durante el Gobierno de Zapatero, el PP se negó a renovar el organismo y alargó durante dos años su Consejo con mayoría conservadora y presidencia del mismo signo ideológico. Fueron dos años de bloqueo.

A día de hoy la reconstrucción del acuerdo se presenta muy complicada. Los dos principales negociadores, Catalá y Delgado, han desaparecido de la escena: “No hay negociación ni interlocución”, aseguran fuentes del grupo parlamentario popular. En el Gobierno, mientras tanto, no salen de su asombro. “Delgado era una negociadora válida hasta hoy a las ocho y media de la mañana (por el martes) y de repente lo único que vale para desbloquear el acuerdo es que presente la dimisión”, aseguran fuentes de Moncloa. 

El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere dar por perdida la posibilidad de acuerdo e insiste en que seguirán buscando la negociación para reconducir la situación. Los socialistas no aclaran cuál será su movimiento de cara al Pleno del jueves en el que se puede dar la paradoja de ver a los diputados de Sánchez votando a favor de los candidatos propuestos por el PP -dentro de la lista única acordada- y a los que la formación conservadora ya ha renunciado. 

En Moncloa no se fían de las intenciones de Casado y su equipo: “Al final hay un sector del PP que era crítico con el acuerdo y han conseguido romperlo”, aseguran fuentes del ejecutivo. “Muy probablemente van a convertir a la Justicia en otro frente de oposición más. Si esto fuera al inicio de legislatura lo tendrían muy difícil. Deben pensar que se pueden permitir otro frente “, aseguran las mismas fuentes. Pese a este razonamiento, la consigna a esta hora pasa por seguir realizando llamadas al entendimiento como las que el propio Sánchez lanzó este martes desde la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también pidió la dimisión de Cosidó.  

Marchena, recusado

En el equipo de Sánchez aseguran que las imprudentes comunicaciones de Cosidó “han causado un grave daño a la judicatura”, que podría tener consecuencias directas en el desarrollo del juicio del Procés. Varias defensas de los exconsellers y la del propio Oriol Junqueras se han apresurado a anunciar que pedirán la recusación de Marchena al frente del tribunal que los juzgará alegando que según él PP él era el que iba a garantizar el control del tribunal “desde atrás”. Usarán como argumento los mensajes de Cosidó para intentar demostrar que el magistrado carece de la debida imparcialidad y que está dirigido políticamente.

En ámbitos judiciales hay opiniones en sentidos contrarios: entre los que creen que Marchena podrá seguir al frente del juicio del Procés y quien asegura con rotundidad que deberá apartarse. En el primer grupo se posiciona uno de los ministros de Sánchez convencido de que “esa recusación no será aceptada”, cuando la Sala del 61 del Supremo tenga que abordarla.

https://www.eldiario.es/politica/fiasco-judicial-perpetua-Lesmes-Supremo_0_837817262.html

Gana la banca en el Supremo: las dos semanas en las que el Tribunal enterró su prestigio

Han pasado dos semanas desde que el Tribunal Supremo decidió revisar aquella histórica sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Este martes se ha revocado esa doctrina en un pleno dividido, convocado a través de una decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo muy cuestionada, que ha terminado por enterrar el prestigio del alto tribunal con esa maniobra para revisar una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena.

Jueves 18 de octubre: se hace pública la sentencia que habían redactado los magistrados de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo anula un artículo del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Según los jueces, el impuesto debían pagarlo el interesado en el negocio. Es decir, los bancos.

Viernes 19 de octubre. 24 horas después del fallo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo (la del Contencioso-Administrativo) Luis Díez-Picazo adopta una decisión inédita. A través de un comunicado público, informa de que convoca al Pleno (los 31 magistrados de la Sala) para que revisen la doctrina. Su argumento es que la sentencia suponía un “giro radical” respecto a lo que el Supremo había dicho en otras ocasiones, lo que ha provocaba una “enorme repercusión económica y social”.

La maniobra de Díez-Picazo es inédita porque nunca antes se había convocado al Pleno después de publicar una sentencia. Lo habitual, en temas especialmente sensibles que requieren el respaldo de todos los jueces de la Sala, es que se convoque antes. La decisión provoca, además, la paralización de los recursos pendientes en el Supremo sobre este asunto.

Lunes, 22 de octubre. El escándalo que provocó la maniobra de Díez-Picazo obliga a Carlos Lesmes a reunirse con él y con los magistrados que habían firmado la sentencia. El caos se había apoderado del mercado inmobiliario, con cancelaciones de hipotecas y firmas de compra-ventas que se echan atrás. El presidente del Supremo y los jueces que dictaron la sentencia condenatoria a los bancos acuerdan celebrar el Pleno el 5 de noviembre y extender la incertidumbre durante dos semanas más.

El propio Lesmes se ha visto obligado a pedir perdón públicamente a los ciudadanos. Lo hizo el pasado 25 de octubre: otra decisión insólita. “No lo hemos gestionado bien”, dijo a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo. Entretanto, se conoce que otras dos sentencias del Supremo aún sin publicar fallaban en el mismo sentido que la primera: los bancos debían afrontar el impuesto de las hipotecas.

El desánimo se apodera de varios magistrados del tribunal en un momento muy delicado, a las puertas de que se celebre el juicio a los líderes del procés. “La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro”, apuntaban fuentes del Supremo, que definían el sentimiento dentro del tribunal de “tristeza”.

Durante estas dos semanas, en que han estado en juego miles de millones de euros, se han movido todas las partes implicadas en el proceso. La banca desplegó una campaña de presión incidiendo en que, en caso de perder este litigio, las hipotecas se encarecerían. Además, los directivos de las entidades insistieron en que en Europa el impuesto lo asumía siempre el cliente.

Esa campaña de presión se orquestó a la par que las grandes entidades presentaban sus resultados: Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Bankinter ganaron entre enero y septiembre más de 13.200 millones de euros.

Los cálculos más optimistas cifraban en 2.300 millones el coste para la banca de devolver el impuesto de las hipotecas. El Gobierno, por su parte, ha elevado este martes esa cifra hasta los 5.000 millones, antes de conocer el fallo del alto tribunal.

Por su parte, los grandes despachos de abogados han dedicado estas dos semanas a preparar su estrategia seguros de que los jueces iban a ponerse de su lado. Comenzaron a contratar letrados para hacer frente a las miles de reclamaciones judiciales que preveían. Ahora su única esperanza es acudir a la justicia europea, que ya les dio la razón con las cláusulas suelo.

Tras esas dos semanas con el prestigio del Supremo en vilo se llegó a la reunión del lunes. Tres ausencias dejaron en manos de 28 magistrados la decisión del Supremo. Los pronósticos apuntaban a un pleno largo y dividido, pero que finalmente decantase la balanza del lado de los clientes. La cuestión a dirimir entonces era si se establecía un plazo de reatroactividad de cuatro años para reclamar o únicamente se decidía que, a partir de ahora, los bancos cargarían con el pago de ese tributo.

Lunes 5 de noviembre. Tras ocho horas de reunión solo se pronuncian nueve jueces que evidencian la división en la Sala. La decisión queda en el aire. 

Martes 6 de noviembre. La división continua durante otra larga jornada de deliberaciones. A última hora, un solo voto evita que la banca afronte miles de reclamaciones por este impuesto: 15 votos a 13 de los 28 jueces. Tres de los 31 magistrados del pleno no participaron en la deliberación: uno por estar trabajando en la junta electoral central, otro por encontrarse de viaje y un tercero por un conflicto de intereses al tener familiares con una vivienda en Rivas Vaciamadrid (el ayuntamiento que inició el pleito).

La decisión del Supremo se ha producido el mismo día que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha fallado contra España por no garantizar un juicio justo a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. “Una jornada negrísima para la Justicia”, según reconocen fuentes del Ejecutivo. El Gobierno estudiará el fallo y fijará su posición oficial en el Consejo de Ministras del jueves.

Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea ha anunciado que propondrán cambios legislativos: “Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD”. En una línea similar se ha pronunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: “No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro”.

Podemos e IU, por su parte, han convocado una concentración para este sábado a las puertas del tribunal. “Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada”, ha tuiteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

https://www.eldiario.es/politica/Supremo-semanas-tribunal-enterro-prestigio_0_832917821.html

Visita al zoo, una lavadora, cocinera o velones de misa: estos son los gastos que financia el Estado a los monjes del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos lo pergeñó Francisco Franco cuando ganó la guerra y lo construyó en honor a los que lucharon con él. Un grandioso monumento fascista con abadía, basílica, hospedería, escolanía, explanada y la cruz más grande del cristianismo cuyos gastos, íntegramente, corren a cuenta del Estado desde su creación en 1940. Entre reparaciones y gastos de personal, Patrimonio Nacional (que depende del Ministerio de Presidencia) se deja más de un millón de euros al año allí y, aunque también recauda por las entradas (cada una cuesta 9 euros), acumula pérdidas de 11 millones de euros en una década. 

Las cuentas y las pérdidas varían cada año pero lo que permanece estable es que los monjes que habitan allí reciben del Estado 340.000 euros anuales para sus gastos y para cumplir los fines que les encomendó, vía BOE, el dictador: “Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”, dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices o mantener el culto “con todo el esplendor que la Iglesia recomienda”. Para conseguir todo esto se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1957, cuyos beneficiarios son los monjes benedictinos. Es una fundación privada de carácter religioso que gestiona los 340.000 euros que le ingresa Patrimonio cada año y que financia la vida de los monjes, misas y su escolanía de niños cantores. 

Tras varias negativas a entregar las facturas y los gastos desglosados, Patrimonio ha dado acceso a eldiario.es, gracias a una petición al Portal de Transparencia, a un resumen elaborado por el organismo público de los gastos de los religiosos, aunque no han aportado las facturas concretas ni el detalle, alegando que “si bien han sido verificadas”, obran en poder de los religiosos y la fundación y que ya no las tiene el Estado.

Los datos aportados (eldiario.es los ha agrupado en epígrafes para los gráficos), que se circunscriben al periodo 2014 -2017, muestran que el concepto en el que más dinero público gastaron los monjes benedictinos, que no tienen salario puesto que han hecho voto de pobreza, es en comer. Son 405.000 euros en cuatro años. Esto no incluye la alimentación de los niños cantores, que son una cincuentena, cuya comida está incluida en el concepto “gastos educativos” y otras veces en “profesorado”. Solo en 2017 se les incluye en el mismo epígrafe que los monjes en el apartado de la comida. Estos cambios de epígrafe y distintos criterios de imputación de gastos no son una anomalía en el documento remitido, un descontrol que el Tribunal de Cuentas afeó a Patrimonio Nacional en 2013 en un duro informe en el que relató que no había una rendición de cuentas exhaustiva y en el que detectó todo tipo de deficiencias contables. 

El año en el que más dinero gastaron en alimentación fue en 2016: más de 133.000 euros para una treintena de 30 personas (ahora mismo hay 24 religiosos y 3 acólitos). Según el informe de ese año del Ministerio de Agricultura sobre hábitos alimentarios en España, el gasto medio en comida por cada español es de 1.528 euros. A los monjes les sale más de 3.000 por cabeza. Preguntado por esta partida de gasto, el prior no ha dado respuesta al mail de eldiario.es sobre si incluye la comida de otras personas, aunque extraoficialmente fuentes cercanas lo asumen como una cantidad razonable para alimentar simplemente a los religiosos: “Son 10 euros al día por monje”, explican. Que incluyera la alimentación de invitados a retiros espirituales o a visitantes de la hospedería tendría difícil encaje, ya que los monjes cobran a estos visitantes por la comida y estarían cobrando dos veces: del estado y de las visitas. Para elaborar desayunos, comidas y cenas, los monjes cuentan también con el trabajo de una “cocinera” (además de una “limpiadora” y una “lavandera”, según la respuesta de Patrimonio) a cargo del Estado. 

Con los benedictinos convive la escolanía de niños cantores, con residencia en el Valle de los Caídos y que dedican su tiempo al estudio, a la Iglesia y al canto. A su educación ha dedicado el Estado 128.000 euros en cuatro años. ¿Para comprar qué? Por ejemplo, su comida, sus uniformes, pagar salarios de profesores, los libros de texto con los que estudian o la “adquisición de equipación deportiva”. 

En el capítulo de “gastos educativos” también se incluyen excursiones que han organizado los religiosos para los niños y que han sido financiadas con impuestos: “Visitas al Zoo y Aquarium de Madrid, al Centro de Naturaleza Ambiental Cañada Real y al Monasterio de Piedra”. También los folios “DIN A4 80 mgr”, fotocopias o “lote de orlas” van a cargo de “material de oficina” y del Estado. 

Los gastos de culto los financian igualmente las arcas públicas, de las que han salido una media de 5.200 euros anuales para la celebración de misas, entre ellas, algunas en honor al bando franquista, como la celebrada en julio por el prior Santiago Cantera, falangista declarado y defensor de que no se exhume a Franco. Aquí, el sucinto desglose del Estado enviado por Patrimonio Nacional recoge que se han invertido esos miles de euros al año en “lamparillas de cera, botellas de cera líquida y velones, entre otros elementos”. Un litro de cera líquida son 4 euros en tiendas especializadas. Cada velón de 200 gramos cuesta menos de un euro.  

Los gastos cotidianos de mantenimiento de la abadía, la basílica y la escolanía también sale de esos 340.000 euros anuales, a parte de los millones que ha invertido Patrimonio en reparar el Valle y prevenir derrumbamientos en el conjunto monumental. Los religiosos, a través de la Fundación que canaliza estas transferencias públicas, han empleado 140.000 euros en el periodo 2014-2017 en “reparación del órgano, compra de mosquiteras y de una lavadora”, así como “reparaciones de electrodomésticos o revisión del gas, control de plagas o la “reparación de un ordenador”. 

En “comunicaciones”, básicamente teléfono, como recogía el informe del Tribunal de Cuentas de 2013, se han gastado más de 27.000 euros de 2014 a 2017 (una factura de algo más 500 euros al mes). En luz, más de 70.000 en cuatro años, incluyendo la de la hospedería. En gasóleo y combustibles, casi 240.000 euros.

Aunque el límite establecido para la subvención anual son 340.000 euros, en el desglose (abajo, el informe completo) se puede observar que siempre se excede esta cifra: 340.038 euros (2014), 340.290 (2015), 342.799 (2016) y 340.003 (2017). Preguntado por estas desviaciones al alza en favor de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional no ha aportado de momento una respuesta a eldiario.es.

https://www.eldiario.es/sociedad/Velones-lavadora-financia-Valle-Caidos_0_831517516.html

Tensión en las calles de Alsasua antes del inicio del acto de España Ciudadana

Tensión en las calles de Alsasua, Navarra, por la convocatoria del acto de “apoyo a la Guardia Civil” por parte de la plataforma España Ciudadana donde han acudido Albert Rivera y está prevista la presencia de cargos del Partido Popular y Vox. La Policía Foral ha acordonado la Plaza de los Fueros para impedir la entrada de los manifestantes que protestan contra el acto, que han recibido a los primeros asistentes con gritos de Altsasukoak aske (Libertad para los de Alsasua).

Albert Rivera ha llegado escoltado por un pasillo de seguridad. La Policía Foral y la Guardia Civil se han repartido las funciones de seguridad en el centro del pueblo, donde se acumula la tensión. Los guardias civiles escoltan a quienes llegan a la Plaza de los Fueros hasta un cordón de seguridad con el que han rodeado los aledaños del Ayuntamiento. La portavoz del Partido Popular en Navarra, Ana Beltrán, ha suspendido las declaraciones a los medios que tenía previsto hacer en las calles de Alsasua. 

La Iglesia de Alsasua ha intentado boicotear el acto al hacer repicar a toda potencia las campanas desde el inicio de los discursos. En el pueblo y en buena parte del plaza se escuchaban más las campanas que las palabras desde el escenario de España Ciudadana.

Ciudadanos celebra en este pueblo, donde hace dos años fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, un acto político de apoyo a la Guardia Civil dentro de su gira España Ciudadana, una serie de mítines de marcado carácter nacionalista español que arrancó en Catalunya.

Este sábado, una marcha recorrió gran parte de la localidad, la mayor parte en silencio solo roto en algunos momentos para corear el lema de la protesta, “Utzi Altsasu bakean – Dejad en paz a Altsasu”, el mismo que se leía en la pancarta que la encabeza. Ya al final del recorrido se han podido escuchar también otros gritos como “alde hemendik” (fuera de aquí).

DIRECTO

https://www.eldiario.es/norte/Tension-Alsasua-inicio-Espana-Ciudadana_0_832216859.html

La reunión de Cospedal y Villarejo se suma a la lista de maniobras del PP para entorpecer la investigación de Gürtel

Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación. 

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del “quien la hace la paga” a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso. 

La cita entre Villarejo y Cospedal, desvelada por Moncloa.com, se produjo en el despacho que ésta última, que ya llevaba un año al frente de la Secretaría General del PP, tenía en la sede nacional del partido. También estaba presente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que el policía mantenía informado del avance de las investigaciones, tal y como reconoció ella misma este lunes en un comunicado. Días después de aquella reunión, Cospedal acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior, de haber creado “un Estado policial” y de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción. 

Meses antes, en febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y líder de la oposición, había intentado salir al paso de las primeras detenciones por el caso Gürtel denunciando en una comparecencia en esa misma sede una persecución contra su partido. “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, aseguró. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó sus pesquisas con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”.

Otros cargos del PP se sumaron a esa estrategia. Entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos, secretario general durante la etapa en la que la trama empezó a hacer negocios con el PP, que en abril de 2010 se adhirió a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. O Federico Trillo, entonces coordinador de Libertades Públicas del PP, que en septiembre de 2011 recuperó los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP

De la “trama contra el PP” a “una causa general” 

En junio de 2010, tras la inhabilitación de Garzón, la instrucción de la causa pasó al juez Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Cuando sus autos confirmaron el papel central del partido en la trama, Cospedal dijo que esos escritos estaban “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”. Este magistrado fue el que, en abril de 2013, decretó la expulsión del PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse a defender subrepticiamente al extesorero Luis Bárcenas, hoy condenado a 33 años de cárcel por atribuirse fondos de la caja B y esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales. 

Con el avance de las investigaciones, a mediados de 2013, el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. Y eso a pesar de que entonces los conservadores llevaban ya año y medio en la Moncloa, tiempo que habían aprovechado para intentar controlar la investigación con continuos ceses y nombramientos de policías afines. La destitución más sonada fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. eldiario.es reveló enero de 2014 que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Mato.

En esta época se sitúa también la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Según el extesorero, esos discos duros guardaban información sobre la caja B del PP, por lo que su manipulación pudo afectar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular de la formación conservadora. En este caso, del que se celebrará el juicio en los próximos meses, está procesado el PP como persona jurídica.

Ruz no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Así que en marzo de 2015 el caso cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. Con él, el PP ya tenía otro magistrado al que dirigir sus ataques, una tarea que llevó a cabo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros y añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.

Tras haber intentado desacreditar el caso desde el inicio, el PP tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó el juicio. Mientras, en público, los dirigentes conservadores reiteraban que los acusados ya estaban fuera del partido e insistían en el “quien la hace la paga”; en privado, su letrado intentaba que se anularan las grabaciones de los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial. Finalmente, la sentencia que se dictó tras ese juicio, de 1.687 páginas, acreditó la existencia en el PP de un sistema de financiación con dinero negro de empresarios a cambio de adjudicaciones articulado a través de una caja B de la que salían sobresueldos para Rajoy y el resto de dirigentes del partido.

https://www.eldiario.es/politica/Intentos-PP-investigaciones-judiciales-corrupcion_0_830467299.html

El pasaporte de la pobreza: así segregan las ciudades a los inmigrantes en sus barrios

Génesis, aunque nació en la República Dominicana, lleva ya tres años viviendo en el barrio de San Cristóbal, al sur de Madrid. Trabaja de camarera sirviendo desayunos en uno de los bares más concurridos de la plaza principal. Como ella, el 40% de los residentes que viven entre los bloques de pisos de la barriada es inmigrante. 

Recuerda que se vino a España con 15 años con su madre y su tía, que ya vivía en el país. “Cuando llegamos a España, nos mudamos a Lavapiés con mi tía y allí nos quedamos hasta que me independicé”, explica. Ahora, con una pareja y un hijo, su presente y futuro próximo está en San Cristóbal. Ante la pregunta de por qué se vino al barrio, ella lo tiene claro: “por las rentas, es mucho más barato vivir aquí”. 

Gustavo Machín representa la cara minoritaria de la moneda. Como embajador de Cuba en España, su residencia oficial está en el lujoso barrio de Piovera, al norte de la capital. La colonia de chalets y adosados de lujo que conforman la extensa urbanización la convierten en el área de Madrid con mayor número de piscinas por kilómetro cuadrado.

Solo el 10% de la población residente en el barrio nació fuera de Europa. Entre ellos, los diplomáticos que viven en las distintas embajadas y consulados de la zona (Irak, Azerbaiyán o Arabia Saudí) y las empleadas domésticas que trabajan como internas en las viviendas de lujo, según aseguran los vecinos. La brecha económica entre San Cristóbal y La Piovera es de casi 80.000 euros por hogar.

Los ejemplos de San Cristóbal y Piovera señalan un fenómeno social en la ciudad de Madrid: los habitantes que nacieron fuera de Europa se concentran principalmente en los barrios más pobres de la capital y las áreas de mayor renta media están monopolizadas por la población nativa. 

Es el caso de Silito, que se vino a España en 1993, justo antes del gran boom de la inmigración latinoamericana. Oriundo de la República Dominicana, en sus primeros años empezó trabajando como interno en una casa de la lujosa urbanización madrileña de Santo Domingo. Después se trasladó al municipio de Alcobendas y se mudó finalmente al distrito de Villaverde, en el sur de Madrid, en 2004.

Durante la crisis, Silito perdió su casa por no poder pagar la hipoteca y ahora vive de un alquiler en un piso que consiguió a unas pocas calles de su antigua casa en el barrio de San Cristóbal. “A mí me gusta aspirar a tener una buena casa o a disfrutar de unas vacaciones”, se lamenta. Con 64 años cumplidos, las posibilidades de salir de la zona más pobre de Madrid son remotas.

Su caso no es único en la capital. Los datos del proyecto Urban Audit y del Padrón municipal analizados por eldiario.es muestran que, en la ciudad de Madrid, los residentes con pasaporte de fuera de Europa esquivan los barrios con mayor renta media para instalarse en las zonas más pobres de Tetuán, Usera, Vallecas o Villaverde. 

“En España, por suerte, no existen guetos; pero sí existen procesos de segregación residencial muy vinculados a la renta y al precio de la vivienda”, explica Antonio Jesús Palacios, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. “Los inmigrantes siempre se sitúan donde la vivienda es más barata y lógicamente es más barata en los barrios más pobres”, comenta Palacios.

Un fenómeno que también se repite en Barcelona: en Les Tres Torres (Sarrià), el barrio más rico de la ciudad condal, apenas un 8,1% de la población es extranjera. Una proporción que se multiplica por 5 en el Raval, con hasta un 50% de la población nacida fuera de Europa. La brecha económica entre los barrios es de más de 50.000€ por hogar.

“La segregación suele ser mayor cuanto más grande es la ciudad y lo demuestran los ejemplos de Madrid, Barcelona y las grandes ciudades globales”, argumenta Juan León, doctor de Sociología en la Universidad de La Laguna (ULL). ¿Significa esto que no existe segregación en otras ciudades españolas menos pobladas?

Para comprobarlo, hemos calculado el porcentaje de residentes nacidos en países de América, África y Asia en cada barrio de las ciudades con más de 250.000 habitantes que incluyen datos de renta media por hogar. ¿Coinciden en el resto de grandes ciudades que las zonas con más inmigrantes son las más pobres del municipio? En la mayoría, sí.

En 13 de las 16 municipios más poblados, las áreas con mayor proporción de residentes nacidos fuera de Europa están entre los más pobres de la ciudad. Este es el resultado del análisis de los datos del proyecto estadístico Urban Audit y del Padrón Continuo para el año 2016, publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

¿Por qué el porcentaje de inmigrantes en Lavapiés duplica al de la Castellana o El Viso? ¿Cuál es la razón para que apenas haya residentes no europeos en barrios de renta alta como Sarrià (Barcelona), El Pla del Remei (Valencia) o Abando (Bilbao)? ¿Se debe exclusivamente al precio de la vivienda? 

“Lo que más incide son los precios de los alquileres, los inmigrantes buscan donde son más baratos”, comenta María José Piñeiro, Doctora en Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela. Un estudio en el que participó, precisamente, encontró evidencias de procesos de segregación de inmigrantes en barrios pobres de A Coruña durante la crisis. 

Aunque los expertos y organizaciones consultadas por eldiario.es coinciden en que el precio del alquiler es la razón principal, argumentan que existen otros factores como las políticas migratorias, la presencia de redes de protección o la simple discriminación racial.

“La conducta por parte de los nativos también es importante: muchos no quieren convivir con inmigrantes y se marchan de los barrios con mayor concentración de extranjeros”, comenta Lidia Farré, investigadora de la Universidad de Barcelona. Los datos le dan la razón. Uno de cada tres españoles rechazaría o trataría de evitar “vivir en el mismo barrio en el que viven muchos inmigrantes”, según los datos del último barómetro del CIS sobre actitudes hacia la inmigración. 

Una segregación que puede tener efectos perversos, según Farré: “Aunque pueda ser positiva al principio, para proporcionar una red de seguridad, si los inmigrantes viven aislados el proceso de asimilación con la comunidad nativa es mucho más difícil”. 

Alquilo piso, pero “solo a españoles”

En la odisea de buscar piso en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el color de tu piel y el país que aparece en tu pasaporte puede determinar que consigas uno u otro piso. Una búsqueda rápida por portales inmobiliarios devuelve decenas de anuncios de habitaciones y pisos que se alquilan “solo a españoles”. 

Una discriminación que ya ha sido probada por distintas investigaciones. En 2011, un estudio publicado en la revista Journal of the Spanish Economic Association realizó el siguiente experimento: contactaron por correo electrónico a los propietarios de pisos en alquiler anunciados en la web de Idealista. Para señalar la procedencia étnica, los correos se enviaban utilizando los nombres más comunes entre los nativos y los más utilizados por marroquíes residentes en España. 

¿Hay sorpresa en el resultado? Los mensajes firmados con un nombre marroquí tienen una probabilidad hasta 18 puntos menor de ser contestado. Lidia Farré, una de las autoras del estudio, argumenta que esta discriminación “no explica el origen de la segregación pero sí su persistencia”. “En los barrios donde hay menos población inmigrante se discrimina menos a los extranjeros”, comenta.

Una actitud que es más habitual entre los nativos de lo que se piensa. El 36% de los españoles trataría de evitar o rechazaría alquilar un piso a inmigrantes, según los datos de la última encuesta del CIS. Esta discriminación, sin embargo, no es exclusiva de caseros y propietarios.

Un informe de la asociación SOS Racismo en 2016 denuncia que las inmobiliarias también tratan de forma distinta a inmigrantes y nativos. En el experimento, realizaron 462 llamadas a más de 200 agencias inmobiliarias en siete comunidades autónomas. De las personas a las que las no les ofrecieron ningún piso, el 70% eran de origen extranjero.

“Hay una situación de discriminación étnica a la hora de alquilar a inmigrantes”, explica Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu, que denuncia que hay muchas personas de origen extranjero que tienen dinero, están trabajando y nadie quiere alquilarle un piso.

“Ahora está pasando que la subida de los alquileres está expulsando a inmigrantes de barrios como Lavapiés”, dice Ndongala. En la ciudad de Madrid, el precio del alquiler ha subido un 41% desde 2015, según los datos de Idealista

Un incremento que no distingue entre zonas ricas y pobres. En el distrito de Villaverde, donde se ubica el barrio de San Cristóbal, el precio de la vivienda ha subido un 34%. En Hortaleza, el distrito que incluye la urbanización de Piovera, los alquileres han subido un 22%.

Chinatown y Little Ecuador: segregar por país

Cuando caminas por la calle de Lavapiés, en el barrio del mismo nombre en Madrid, el olor a curry delata la zona con mayor densidad de restaurantes indios por metro cuadrado. En Pradolongo, el Chinatown madrileño, hasta el 10% de los residentes nacieron en China: es el barrio con mayor concentración de personas nacidas en el país asiático. San Diego, en Vallecas, podría denominarse Little Ecuador. El 9% de los residentes nació en el país sudamericano.

La segregación de inmigrantes en los barrios más vulnerables también se da por país de origen. Los datos analizados por eldiario.es muestran esta disparidad geográfica: la inmigración proveniente de países africanos, asiáticos y latinoamericanos se agrupan en distintos barrios de cada ciudad.

En Barcelona, por ejemplo la población asiática se concentra en El Raval, los residentes de origen africano en la zona norte de Nou Barris y los inmigrantes latinoamericanos se distribuyen de manera más uniforme por los barrios más pobres.

“Toda la zona de Nou Barris (Barcelona) es donde hay más población ecuatoriana y casi todos los que se vinieron ya tenían un familiar aquí”, explica Anabel Intriago, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. “He visto muchas comunidades que se cierran pero nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas a todo”, comenta.

Precisamente, una investigación de El Confidencial demostró la segregación de comunidades de inmigrantes provenientes del mismo país de origen en algunas manzanas de las mayores ciudades españolas.

“Las comunidades nacionales buscan sinergias cuando se desplazan a otro país para tratar de reproducir su estilo de vida, tener los mismos bienes y servicios que en su país de origen y la concentración espacial facilita todo esto”, comenta el investigador Juan León, de la Universidad de La Laguna.

En San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), “productos latinos” es el distintivo más común en los carteles de los negocios locales, tras “carnicería islámica” o “locutorio”. Es el barrio con mayor proporción de inmigrantes africanos y latinoamericanos de todo Madrid: un 10% y un 28% de los residentes, respectivamente.

La imagen contrasta con las calles de la lujosa urbanización de Piovera. Entre los pocos balcones que se pueden ver tras las verjas y muros blindados de los chalets del barrio, la presencia de banderas españolas es mayoritaria. 

“Siempre han existido zonas de las ciudades reservadas para las élites, altos cargos y otros grupos de las élites. Está claro que la segregación no es positiva porque no favorece la diversidad de las ciudades”, remata el investigador Antonio Palacios.

https://www.eldiario.es/economia/pasaporte-ciudades-espanolas-segregan-inmigrantes_0_828368071.html

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