Dos tribunales confirman el fraude de las subvenciones al cine: sesiones fantasma y taquillas infladas para cobrar ayudas

Pases de películas que ni siquiera se llegaban a exhibir, compra masiva de entradas, y proyecciones de títulos desconocidos que supuestamente llegaban a decenas de pueblos españoles pero que nunca tuvieron lugar. Estas son las principales estrategias que determinados productores y exhibidores desplegaron en el pasado para manipular al alza la cifra de espectadores de sus películas y aparentar que alcanzaban los requisitos que establecía la normativa que daba acceso a subvenciones públicas de hasta 1,5 millones de euros por cinta. 

Dos sentencias sobre el llamado fraude del taquillazo dictadas por juzgados de Madrid prueban la connivencia entre exhibidores (salas de cine) y productores –los beneficiarios de las subvenciones– para falsear los datos reales de taquilla. Y hay otros tres procedimientos abiertos en los que la Fiscalía reclama penas de hasta dos años de prisión para los procesados por los delitos de fraude a las subvenciones y falsedad en documento oficial. 

Hasta 2016, el ICAA, dependiente del entonces Ministerio de Educación y Cultura, otorgaba estas ayudas en función de una combinación de parámetros en la que se valoraba la inversión y, principalmente, lo recaudado en la taquilla. La primera parte, la ayuda general, se establecía sobre un porcentaje sobre la recaudación bruta. La segunda, llamada complementaria, se obtenía en base a un sistema de puntos siempre que la inversión del productor hubiera superado un mínimo.

Para acceder al sistema de ayudas los largometrajes tenían que haber alcanzado una recaudación de entre 330.557 y 601.012 euros en los primeros 12 meses de exhibición comercial. Ese era el listón para las películas proyectadas entre 2009 y 2010, que son las convocatorias a las que se refieren los procedimientos abiertos en los tribunales. Las salas eran las encargadas, semana a semana, de trasladar al ICAA las cifras de recaudación de cada sesión a través de un documento oficial. 

El fallo más reciente, del pasado 11 de junio, condena a cinco meses de cárcel a dos hermanos que se pusieron de acuerdo con sus empresas de producción y exhibición de películas para hacer creer al ICAA que, entre los días 11 y 31 de agosto de 2010, “múltiples espectadores” habían presenciado los filmes La zona muerta, Pecador y La última mirada en 95 pueblos de España. Pero la realidad es que las películas ni siquiera se llegaron a proyectar. De no haberse acreditado la “manipulación”, relata la sentencia, ambos se habrían embolsado más de 2,2 millones de euros de dinero público. Los condenados por sendos delitos continuados de fraude a las subvenciones en grado de tentativa y falsedad en documento oficial son Jaume y Antonio Solé Viñas. El primero es administrador de la productora ABS Production y el segundo de la exhibidora Luna Exhibition. 

La segunda sentencia, del 20 de septiembre de 2016, detalla la otra gran fórmula de manipulación de la taquilla: la compra masiva de entradas por parte de los productores. En este caso, fueron condenados a cuatro meses de prisión sustituidos por ocho meses de multa con una cuota diaria de tres euros Juan Manuel Arance y Miguel Bardem, coproductores con su compañía Goodfellas de la película El rey de la montaña. La jueza consideró probado que abonaron a “determinadas exhibidoras” el importe neto de las entradas con el objetivo de “aumentar ficticiamente el número de espectadores”. Gracias a ello obtuvieron una subvención de 198.560,70 euros que “no les hubiera correspondido si no hubieran adquirido las entradas”. Tras la apertura de diligencias, los acusados devolvieron el dinero y reconocieron los hechos, lo que contribuyó a atenuar su pena. 

González Macho, a la espera de juicio 

Entre los encausados en los procedimientos que están todavía a la espera de juicio está el expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho. El que fuera fundador de las salas Renoir está implicado en dos de estos procesos, por los que suma peticiones de la Fiscalía de cuatro años de cárcel. En ambos escritos, el Ministerio Público lo acusa de haber trasladado al ICAA, a través de su exhibidora Alta Films, un “dato irreal” del número de espectadores que las películas La isla interior y Rosa y negro habían tenido en supuestas sesiones matinales de varias salas de su propiedad.

La Fiscalía asegura que el número de espectadores en esos pases de mañana era “ingente” y superaba incluso a los de la tarde a pesar de no estar anunciadas en ningún sitio. Sin esta práctica fraudulenta, prosigue el Ministerio Público, el productor de La isla interior, Juan Romero Iglesias, sobre quien también recae una petición de prisión de dos años, no habría obtenido 272.695,99 de los 293.326,83 euros de subvención que reclamó al ICAA. Mismo reproche para Edmundo Gil Casas, productor de Rosa y negro, que tampoco habría tenido derecho a 731.972,89 de los 758.675,28 euros de dinero público solicitados. Gil Casas también se enfrenta a una petición de dos años de cárcel. El Ministerio Público mantiene que, en los dos casos, González Macho se puso de acuerdo con los productores para “manipular” los datos de espectadores y recaudación para obtener ayudas públicas más cuantiosas. Y a todo ellos les imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público. 

El tercer procedimiento relacionado con el fraude del taquillazo que está a la espera de juicio es el de la película El Discípulo, producida por Ircania, compañía administrada por Emilio Ruiz Barrachina. En su escrito, la Fiscalía mantiene que este productor se puso de acuerdo con responsables de la salas Luchana y Pequeño Cine Estudio, ambas en Madrid, y el cine Casablanca de Valladolid para “incrementar ficticiamente” el número de espectadores de ese filme. Gracias a ello, Ruiz Barrachina accedió a una subvención “indebida” de 548.460,81 euros por la que se enfrenta a dos años de prisión. Los responsables de las citadas salas, también acusados como él de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público, afrontan similares peticiones de cárcel. 

El fraude saltó a los medios de comunicación en noviembre de 2015, cuando se hizo público un informe remitido por el Ministerio de Educación y Cultura a la Fiscalía de Madrid en 2012. El origen de ese documento fue una denuncia presentada por trabajadores de una de las salas ante el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el organismo encargado de gestionar las ayudas. Estos empleados habían detectado que las cifras oficiales que se remitían a ese organismo y que este utilizaba para ponderar las subvenciones no se correspondían con la realidad. El sistema se cambió en 2016. Desde ese año, las subvenciones se otorgan a medida que la película va avanzando en su proceso de  producción, no de manera automática en función de la recaudación, como se hacía hasta entonces. Los fraudes de aquella época siguen su camino en los tribunales.

https://www.eldiario.es/politica/Fraude-subvenciones-cine_0_821368607.html

Las diferentes versiones de la ministra de Justicia sobre Villarejo: de negarlo todo a admitir tres encuentros

Primero dijo que no tuvo ningún encuentro con José Manuel Villarejo, después acotó que no tuvo ninguna cita “profesional” con él para luego ampliar que tampoco mantuvo “ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial”. Una vez publicado que estuvieron juntos en una comida, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha terminado por reconocer que ha coincidido con el policía, ahora en prisión preventiva, en tres ocasiones.

Delgado ha ido cambiando su versión sobre la relación que tuvo en su etapa de fiscal de la Audiencia Nacional con el excomisario Villarejo. La primera llegó tras una información de El Confidencial en la que se apuntaba que la Audiencia Nacional investigaba si la ministra y el policía se citaron para tratar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura.

Ese día, el pasado 17 de septiembre, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que negaba la información y aseguraba que Delgado no había intervenido en ese proceso de extradición. El comunicado añadía que la ministra “mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado en la información, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también negó que Delgado hubiese jugado ningún papel en el proceso.

Aunque inicialmente no estaba previsto, Delgado hizo unas declaraciones a los medios horas después del comunicado en las que acotó ese escrito de Justicia y dijo que no se había encontrado con Villarejo en ninguna cita “profesional, de trabajo, como fiscal de la Audiencia Nacional”.

Dejaba abierto entonces que hubiese contactos personales, algo que se apresuró a negar Justicia un día después. En un comunicado que respondía a una nueva información de El Confidencial, el Ministerio aclaraba que “Dolores Delgado no ha tenido ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo”.

Admite tres encuentros

Aquella negativa tan rotunda fue desmentida por una noticia publicada por Moncloa.com, que recogía una grabación de una comida en 2009 en la que participaban, entre otros, la ministra, Baltasar Garzón, Villarejo y el excomisario Enrique García Castaño. Se celebraba la concesión de una medalla a Villarejo por parte del gobierno del PSOE.

Ante la evidencia de que había compartido una comida con Villarejo, la ministra admitió este lunes que habían sido tres encuentros en total en los últimos 25 años. La cadena SER publicó el detalle: cuando se lo presentaron durante unas jornadas jurídicas, en la comida con Garzón y un tercer encuentro, hace unos 15 meses. Delgado, entonces encargada de coordinar la lucha contra el yihadismo desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acudió a un restaurante para hablar con el responsable de Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Allí estaba Villarejo.

La ministra afirma que no ha habido “un cambio de versión”, pero lo cierto es que ha terminado por reconocer unos encuentros que un primer momento negó rotundamente. En cuanto a sus expresiones en la comida de la que se han publicado las grabaciones, afirma que se dieron en “un ambiente distendido”. Sobre su publicación, dice que es un “ataque execrable”.

Delgado ha afirmado este martes, durante un desayuno informativo, que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez y del resto del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado suficientes sus explicaciones y ha dicho que la titular de Justicia está “concentrada” en los restos que tiene al frente del Ministerio.

Fuentes del Gobierno y del PSOE admiten que este nuevo episodio se suma al desgaste sufrido en las últimas semanas con la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón y de las informaciones sobre la tesis de Pedro Sánchez, que se va a ver obligado a comparecer en el Senado en un pleno monográfico.

Esas mismas fuentes, aunque reconocen que la polémica -que llevará a Delgado al Congreso- les está haciendo mella, puntualizan que por ahora no está sobre la mesa la dimisión de la ministra.

https://www.eldiario.es/politica/diferentes-versiones-Delgado-encuentros-Villarejo_0_818218444.html

PP y Ciudadanos aparcan su guerra para atacar a Pedro Sánchez por su tesis doctoral

El PP y Ciudadanos han aparcado la guerra abierta que mantienen desde que Pablo Casado ganó las primarias el pasado julio y que les había llevado a cruzar graves acusaciones sobre todo por el asunto catalán hasta el punto de que los de Rivera habían acusado al Partido Popular de asumir el discurso independentista y estos respondieron acusándole de mezclarse con radicales y violentos en sus actos reivindicativos.  

La dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, una pieza clave del Gobierno socialista, a raíz de la investigación periodística de eldiario.es que destapó graves irregularidades en la consecución de su máster, ha hecho que los partidos que rivalizan por el centro-derecha oliesen la sangre. El PP decidió entrar de lleno en un tema que siempre había rehusado desde la llegada de Casado a la presidencia: la tesis del presidente, Pedro Sánchez, y las sospechas que se han vertido sobre ella durante los últimos años, alimentadas por la decisión del presidente de no facilitar su distribución en Internet.

Ciudadanos eligió ese flanco, consciente de que es el mejor camino para distanciarse de sus rivales en el arranque de un curso político que tiene por delante varias convocatorias electorales. El partido de Rivera ha elegido un campo en el que hacer daño al PSOE -que acaba de dejar caer a una de sus ministras- y dañar también al PP, en vilo hasta que el Supremo decida en unas semanas si, tal y como pidió una juez de primera instancia, imputa a Casado por las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

En el pleno del Congreso del miércoles, con la renuncia de Montón en todas las portadas, el líder de Ciudadanos dirigió sus dardos contra el jefe del Ejecutivo. “Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis”, le espetó. Cambió sobre la marcha su pregunta en la sesión de control obviando Catalunya, que era el tema registrado en el orden del día. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, permitió ese giro sin llamarle la atención hasta que acabó su primera intervención. Pastor dio una confusa explicación en la que no quedó claro que Sánchez no tenía por qué contestar a ese asunto. El Gobierno presentó una queja formal contra la presidenta de la Cámara Baja al entender que no había hecho cumplir el reglamento.

Ciudadanos marca el paso

Visiblemente molesto, Sánchez respondió. El ruido acerca de su tesis le persigue desde las primarias de 2014 y es uno de los temas que, junto con los asuntos de su familia, más le molesta al presidente. El socialista siempre se negó a publicar su tesis y lo máximo en lo que transigió durante algún tiempo fue en autorizar a algunos periodistas a que accedieran al texto y después a permitir su consulta libre en la Universidad Camilo José Cela.

La intervención de Rivera robó todo el protagonismo a Casado en el que era su debut parlamentario y el primer cara a cara contra el presidente del Gobierno. El líder del PP, muy incómodo con el asunto de los másteres, ni siquiera había citado el cese de Montón en sus críticas al gabinete socialista.

La publicación por parte de ABC y Ok Diario de dos informaciones sobre supuestos plagios -hasta ahora no acreditados- de Sánchez en su trabajo de fin de carrera -sacó cum laude en la Universidad Camilo José Cela- animó al PP a subirse al carro de su rival en un asunto que los populares siempre habían rehuido. 

El presidente y su equipo, que sabían desde la víspera de la publicación de una “información falsa” que atribuyen a Ciudadanos, apenas durmieron para preparar la respuesta que, a diferencia de otras ocasiones, estaba lista a primera hora del jueves: Moncloa lo negó todo y anunció que si no hay rectificación, Sánchez emprenderá acciones legales contra el diario ABC. 

En el Gobierno están convencidos de que “no hay tema” con la tesis del presidente y apelan a la respuesta que ha dado la universidad, que descarta irregularidades, y al comunicado de uno de los exaltos cargos del Gobierno de Zapatero, Carlos Ocaña, al que OK Diario culpaba de haber redactado la tesis, y que lo ha negado rotundamente.

Sin embargo, algunas fuentes reconocen que el asunto -y más en la semana de la caída de Montón- desgasta y asumen que PP y Ciudadanos tratarán de sacarle todo el partido posible. Para empezar, Rivera ya ha sumado al PP para forzar que Sánchez acuda al Parlamento a rendir cuentas –Ciudadanos no puede hacerlo en solitario porque está lejos de los 70 diputados que se requieren para hacerlo–. El PP, que mantuvo un perfil muy bajo con el escándalo de Montón, ha apoyado finalmente esa petición que rechazan tanto Unidos Podemos como Esquerra Republicana de Catalunya.

El asunto todavía coleará y por ahora ha obligado al presidente a difundir su tesis en Internet. Los socialistas defienden que no existió plagio alguno aunque admiten que fue un error mantener el documento oculto durante tanto tiempo y esperan acabar rentabilizándolo a largo plazo. “Está cerrado de la mejor manera posible. Se les ha ido el freno”, expresa un dirigente del PSOE. “Estos tiros históricamente han salido por la culata”, agrega otro. Frente al terremoto interno que causaron las irregularidades de Montón, en el PSOE hay cierre de filas en el caso de la tesis de Sánchez a la vista de las informaciones publicadas.

Franco en un segundo plano

Moncloa espera minimizar el daño que han provocado las acusaciones de plagio y que la apuesta de Ciudadanos se convierta en un boomerang hacia Casado conforme avance el proceso judicial que investiga su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. De hecho, el PSOE se apresuró a pedir la dimisión del líder del PP justo después de que Rivera aireara las dudas sobre la tesis de Sánchez en el Congreso el miércoles. 

El Gobierno acusa a las “derechas azul y naranja” de haber propiciado la polémica de la tesis del presidente coincidiendo con la aprobación en el Congreso del decreto ley que permite exhumar a Francisco Franco. Para el Ejecutivo era una fecha marcada en rojo por su importancia para un debate que genera, además, incomodidad en el PP y Ciudadanos.

“Es inentendible y vergonzoso que el día que tenemos que decirle a todo este país que seguimos juntos contra la violencia de género y que vamos a exhumar los restos del dictador, las derechas quieran decirle a los españoles que el problema está en otro sitio, en una tesis doctoral”, ha expresado Carmen Calvo en los pasillos del Congreso. Moncloa ha replicado incluso una nota de prensa con ese asunto. La vicepresidenta ha cargado contra las derechas por “ponerse de perfil frente a la dictadura” en referencia a su abstención en la votación del decreto para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. 

En una comunicación en Facebook, Sánchez ha acusado a Ciudadanos y el Partido Popular de montar una campaña “de desprestigio” y se mostró “orgulloso” de su trabajo universitario.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Ciudadanos-Pedro-Sanchez-doctoral_0_814019480.html

El PP protege a su líder tras la dimisión de Montón: “El asunto de Pablo Casado es completamente distinto”

Un cordón sanitario para proteger a su líder. Nada más conocerse la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el PP ha puesto en marcha una operación para desligar en todo lo posible este caso, que se ha llevado por delante a otra ministra de Sánchez en menos de 100 días, del que acorrala al presidente del partido, Pablo Casado. La principal baza de los conservadores es repetir que en el asunto de Casado no se ha acreditado “ni plagios, ni falsedad documental, ni manipulación de notas”, como ha defendido esta mañana en una entrevista en Cadena Ser el vicesecretario popular Javier Maroto. 

“[En el caso de Montón] se descubrieron plagios y falsificaciones en sus notas. Esas son las dos cuestiones que llevaron al PSOE a cambiar de opinión y ninguna de esas dos cuestiones aparecen en el caso del señor Casado. Esto hace que la señora Montón mantenga una posición imposible de sostener y que afortunadamente no sucede con Pablo Casado”, ha abundado Maroto, que insiste en que “nadie ha puesto en duda los trabajos de Casado”, documentos que se ha negado a entregar a la prensa en reiteradas ocasiones y que no encuentra en su ordenador. El vicesecretario intenta reducir el asunto de Casado a “las convalidaciones” y “si se daban a él por ser una persona conocida o era un criterio habitual, como sostenemos en el PP”. 

La estrategia del PP pasa por presentar a su líder como una persona “inocente” sobre la que se terminará demostrando que ha sido una “víctima”. “Todas las acusaciones contra él se han ido desmoronando, mientras que con la ministra ha sido al revés. Las dudas han ido creciendo y hasta el propio presidente ha tenido que aceptar que no podía seguir ni un minuto más en el cargo”, remarcó unos minutos después de la dimisión el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Maroto ha ido un paso más este miércoles, anticipando que el Supremo pudiera investigar el caso. En ese escenario, ha dejado claro, seguirían defendiendo a su líder porque confían en que se demostrará que “es una víctima, como otros alumnos de una univerisdad que desea facturar mucho y tener muchos alumnos”. 

Casado ignora el asunto en la sesión de control

Mientras sus compañeros de partido han salido a defenderle, Casado directamente ha obviado el asunto de la dimisión de Montón en la sesión de control. No ha hecho ninguna referencia al asunto que copaba las portadas de los medios y que se había producido tan solo doce horas antes de su ‘cara a cara’ con el presidente, que dio su apoyo a la ministra hasta el final.

Sí se ha pronunciado después de la sesión, preguntado por los periodistas, pero su estrategia es la misma: tratar de diferenciarse del caso de la exministra. “Escuché a la ministra decir que no todos los casos son iguales y, en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público y del propio registro de las notas que probablemente ha hecho que haya precipitado su dimisión”. Ha insistido el presidente de los conservadores que está “muy tranquilo” porque su máster en la URJC no tiene “nada que ver”

El líder del PP ha evidenciado una hoja de ruta clara: evitar que se hable de los estudios de otros al menos hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Casado ha evitado pronunciarse también sobre el otro tema del día, que ha sacado a relucir Ciudadanos: la tesis de Sánchez. Su argumento es que mientras se habla de eso, se obvian otros temas relevantes que afectan al Ejecutivo.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Monton-Pablo-Casado-completamente_0_813668876.html

Montón no consigue explicar las irregularidades de su máster y culpa a la universidad: “No soy yo la responsable”

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha vuelto a defender en una entrevista en la Cadena Ser que no hubo ninguna irregularidad en el ‘Máster en Estudios Interdisciplinares de Género’ que cursó en 2010-2011 en la Universidad Rey Juan Carlos. “Considero que dimitir por algo que no he hecho es injusto”, ha asegurado, pero ha evitado responder si se plantea la renuncia. 

“Hoy estoy aquí porque siento el apoyo de las personas que importan”, ha zanjado, después de aclarar que había hablado con el presidente del Gobierno y con la vicepresidenta, Carmen Calvo. “Quieren que esté fuerte y dé explicaciones claras”.

Las informaciones publicadas en exclusiva por eldiario.es desde este lunes indican que el máster de la ministra cuenta con más de una cuestión irregular. Por ejemplo, que no asistiera prácticamente a clase, que se le convalidara al menos una asignatura por sus estudios de Medicina o que no conociera a sus profesores. 

Este lunes, en la rueda de prensa en la que la ministra pretendía despejar todas las dudas, Montón aseguró que había cursado “a distancia” el máster, lo que explicaba su escasa asistencia a clase y el hecho de que no conociera a alumnas ni profesores. Sin embargo, la información oficial del máster que aprobó en la Universidad Rey Juan Carlos desmiente esta explicación e indica que era un curso exclusivamente presencial.

En la entrevista ha vuelto a insistir en que fue la universidad la que le permitió no asistir a clase y que eso no suponía un trato de favor. “Yo era portavoz parlamentaria y quería hacer bien mi trabajo. No es cuestión de que no tuviera tiempo para las clases. Le envié un mail a la profesora y me contestó que no hacía falta asistir”. Ante la pregunta de si esa opción suponía un trato de favor respecto del resto de alumnas, Montón se ha defendido: “Lo estamos mirando con los ojos de 2018, pero entonces me estaban diciendo ‘no te preocupes, lo puedes hacer a distancia’. No he recibido un trato de favor”. 

“Hay que dar explicaciones, hay que dar la cara. Aportar las pruebas documentales y no dar excusas logísticas”, ha comenzado Montón. Pero no ha podido explicar por qué no hablaba con los profesores ni tenía relación alguna con ellos. “Yo no tenía interés en hacerme notar”, ha sido toda su justificación.

El cambio de las notas y el TFM

La información de eldiario.es acredita que en julio de 2011, al acabar el curso, el expediente de Carmen Montón tenía una de sus asignaturas calificada con un “no presentado”. El 25 de noviembre de 2011, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese “no presentado” por un “aprobado”, pese a que las actas de ese curso ya estaban cerradas. Eso explicaría que el título de la ministra tenga fecha del año siguiente y no el de sus compañeras de curso. 

“Si tuviera una explicación se la daría, porque la principal interesada en saber qué pasó con ese expediente soy yo”, ha afirmado ante las preguntas de la periodista Pepa Bueno. “Desgraciadamente, no conservo esos documentos. Si no fuera así, no estaríamos teniendo esta conversación”. Sin embargo, Montón no ha podido garantizar que hubiera aprobado todas las asignaturas antes de presentar el trabajo final de máster. 

“Yo presenté el trabajo, tengo el ordenador que lo acredita”, ha defendido. Y ha explicado que en la universidad no le dijeron que tuviera que subsanar ninguna cosa ni aprobar ninguna asignatura. 

“Tengo el certificado de notas. Yo entendí que estaba entregando el trabajo fin de máster y que tenía todo superado. Nadie me advirtió lo contrario. Las evaluaciones que se hacían se podían subsanar con lo que reclamara cada docente, cada práctica. Eran comentarios de textos, poner ejemplos de anuncios sexistas…”, ha explicado. 

Y ha adjudicado toda la responsabilidad a la Rey Juan Carlos: “De todo lo que pudiera haber cometido la universidad, no soy yo la responsable; no es el máster de Montón”. 

La ministra ha acudido a la entrevista con una copia de su TFM, y ha invitado a Pepa Bueno a hojearlo. Pero se ha negado a entregarlo o a permitir que los periodistas de la Cadena Ser le hicieran una copia. Ya lo había hecho ayer después de la rueda de prensa, cuando mostró el trabajo a la prensa, pero no incluyó ese documento en el paquete que el ministerio envió más tarde a las redacciones. 

https://www.eldiario.es/politica/Monton_0_813318706.html

Las notas de la ministra Montón fueron manipuladas meses después de terminar el máster

La ministra Carmen Montón no aprobó todo su máster “en la convocatoria de junio de 2011”, como ha defendido ella misma en público y como dice el expediente académico oficial que ha presentado y que también publicó este lunes eldiario.es. 

En esa fecha, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura,  Montón aparecía con un “no presentado” cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. El sistema informático de registro de la Universidad Rey Juan Carlos refleja claramente que el 13 de julio de 2011 una materia aún está por superar: “No presentado”, aparece en la ficha de la alumna Carmen Montón Giménez que figura en la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuatro meses más tarde, el 25 de noviembre de 2011, alguien entró en ese mismo sistema informático y modificó la nota. De “no presentado” pasó a “aprobado”. eldiario.es no ha podido acreditar quién es esta persona que cambia la nota ni por qué lo hace. En esa fecha, las actas oficiales del máster estaban ya cerradas y el curso académico 2010-2011 había finalizado.

El mecanismo legal para cambiar una nota con las actas ya cerradas es extremadamente inusual y muy complejo. En el caso de la ministra Carmen Montón, eldiario.es no tiene constancia de que esas gestiones se hayan realizado ni con qué motivación. La Universidad Rey Juan Carlos no da respuesta y remite a la interesada, con el argumento de que no puede revelar los expedientes de sus exalumnas. Carmen Montón asegura que completó todo el curso en junio de 2011. eldiario.es ha repreguntado a fuentes del Ministerio de Sanidad si se mantienen en esa versión: “Así consta en su propio portal del alumno y en su expediente académico que expidió la universidad y hemos repartido hoy (por el lunes)”, afirman.

No es la primera vez que un máster del instituto universitario que dirigía Enrique Álvarez Conde presenta una irregularidad de este tipo. Lo mismo ocurrió con Cifuentes y la funcionaría Amalia Calonge, que modificó las notas a posteriori para cambiar un “no presentado” por otra nota. La excusa del fallo en la transcripción de notas, que en su momentó usó Cristina Cifuentes y la URJC para intentar justificar este cambio irregular en su expediente, queda esta vez descartado porque Montón nunca ha hablado de que haya habido ningún error en su expediente. Es más, lo ha dado todo por correcto.

Que Montón tuviera una asignatura pendiente hasta noviembre de 2011 convierte en fraudulenta su presentación del trabajo de fin de máster. El artículo 8.2 del reglamento es bastante claro. “Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) el alumno  tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente”. Pero en junio, según los registros informáticos de la Universidad, es evidente que Carmen Montón no había superado todas sus asignaturas.

La ministra ha asegurado en dos ocasiones que presentó ese TFM en junio, como consta en sus notas, aunque no ha podido acreditarlo con ningún correo. Según el calendario de aquel curso, las alumnas tenían el 10 de junio como plazo máximo de entrega, como pudo confirmar eldiario.es en un mail que enseñó la propia Montón a los periodistas de esta redacción. Las pruebas recabadas por eldiario.es demuestran por tanto que presentó el trabajo cuando una de sus asignaturas figuraba en su expediente como “no presentado”, algo que le debió impedir que presentase el trabajo.

Este procedimiento de calificaciones es prácticamente calcado al de Cristina Cifuentes, que está siendo investigado en el juzgado de instrucción 51 de Madrid: un cambio de notas fuera del curso escolar, sin rastro de apertura de actas ajustadas a la normativa y que incluye la presentación del TFM cuando quedan asignaturas por aprobar. El Instituto Universitario de ambos másteres es el mismo. 

El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, demuestra que las notas finales de Carmen Montón se pusieron un curso después de lo que defiende la ministra. Eso explicaría la anomalía en su título universitario oficial firmado por el rey, que certifica que finalizó los estudios de máster en “junio de 2012”, un año después que sus compañeras, en cuyos títulos figura “junio de 2011” como el mes en que completaron este posgrado. La expedición de ese certificado académico estaba regulada por el Real Decreto 1002/2010, y en él se detalla que en estos documentos oficiales tiene que aparecer la “fecha de finalización de las enseñanzas” en el formato de mes y año. 

Según Montón, este llamativo error en la fecha de su título era culpa de la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha solicitado una corrección en una carta que este lunes ha enseñado a los medios.

Tras publicarse la noticia de eldiario.es que revela que el máster de Montón está plagado de irregularidades, la ministra ha dado una rueda de prensa en la que ha insistido en su inocencia y ha cambiado la versión que ofreció a los periodistas que investigaron su título diciendo que hizo el máster “a distancia”. La documentación de la universidad revela que la única modalidad legal era presencial.

Montón también negó haber pedido ninguna convalidación, pese a que la profesora Sonia Núñez ha acreditado una convalidación en sus actas. Montón en todo momento ha defendido que hizo el curso en un año, en el 2010/2011. La ministra de Sanidad, cada hora más cuestionada por los propios dirigentes del PSOE y del propio Gobierno, se niega a dimitir porque, según ha defendido con vehemencia en dos ocasiones, “no todos somos iguales”. 

https://www.eldiario.es/sociedad/Monton-presentado-aprobado_0_812969321.html

La ministra de Sanidad obtuvo un máster en la Rey Juan Carlos plagado de irregularidades

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, superó con una nota media de 8,43 un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la universidad pública Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado. Entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE. Son seis materias de un total de 12 (más un trabajo final) en las que sacó tres sobresalientes, un notable y dos aprobados sin tener contacto con sus profesores, como ella misma ha admitido a eldiario.es.

Uno de estos sobresalientes fue otorgado por Enrique Álvarez Conde, el director del instituto que organizó los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, e imputado en la investigación judicial de estos dos posgrados y que no responde a las llamadas de este medio. Otra de sus profesoras y directora del máster era Laura Nuño, imputada también en el caso Cifuentes y número dos del catedrático desde diciembre de 2017. El máster lo organizaba el Instituto de Derecho Público de la URJC, recientemente clausurado por las numerosas irregularidades destapadas por eldiario.es y que hoy investiga la justicia. En el claustro de este curso, como docentes o tutores de los trabajos, también figuran otros dos profesores imputados por el máster de Cifuentes: Pablo Chico de la Cámara y Clara Souto.

En el momento en que cursó su máster sobre estudios de género, Carmen Montón ya era una importante referencia política en esa materia. Era diputada y portavoz socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso. Un año antes de matricularse había defendido la ley del aborto y en 2005 también fue la ponente de la normativa que autorizó los matrimonios homosexuales en nuestro país, bajo el Gobierno de Zapatero.

En las últimas semanas, eldiario.es ha contactado con todos los profesores y una gran parte de los alumnos del máster de Carmen Montón para intentar verificar si la política socialista recibió un trato de favor en sus estudios, como el que disfrutaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado, entre otros alumnos relacionados con Álvarez Conde y que están siendo investigados por la justicia.

El máster de Montón en la URJC constaba de 12 asignaturas más un trabajo de fin de máster y en el claustro figuraban 23 docentes –muchas de las asignaturas tenían más de un profesor impartiendo clase–. Doce han respondido a las preguntas de esta redacción (aunque dos de ellos dicen que finalmente no dieron clase pese a que figuraban en las guías docentes), dos han declarado que no van responder y nueve no han respondido al teléfono, mails y mensajes enviados por eldiario.es. Esta redacción también ha localizado a ocho compañeras de Montón. Solo cinco de ellas han accedido a aclarar unas preguntas aunque todas han solicitado que se les garantice el anonimato. La URJC tampoco ha respondido por el momento a las preguntas sobre posibles irregularidades en este posgrado.

Además de estas comprobaciones con docentes y alumnos, el pasado martes 4 de septiembre, eldiario.es solicitó a una reunión con la ministra para recabar su versión, que se celebró ese mismo día, a las 17:30, en su despacho en el Ministerio de Sanidad. Allí, la ministra respondió a las preguntas de los tres periodistas que han participado en esta investigación y mostró la documentación que guardaba de ese curso. La reunión duró cerca de dos horas.

A diferencia de Cifuentes y Casado, Carmen Montón sí dio acceso a revisar los papeles y sí cuenta con una copia de su trabajo de fin de máster, que ha enseñado a eldiario.es. Fue dirigido por Laura Nuño, trata sobre reproducción asistida –Montón, como diputada, participó en la elaboración de la ley que la regula en España– y la ministra conserva distintas versiones de ese trabajo, que consta de unas 50 páginas.

Al margen de ese trabajo, la investigación de eldiario.es ha detectado numerosas irregularidades que diferencian el trato dado en la URJC a la entonces diputada socialista del que recibieron otros alumnos anónimos. También existen múltiples contradicciones entre las distintas explicaciones aportadas por la ministra y los datos obtenidos de otras fuentes y documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es. Las principales irregularidades son estas.

Convalidaciones sobre feminismo con una licenciatura de Medicina

Una de las profesoras del máster de Montón fue Sonia Núñez Puente, que en ese curso impartió las clases de ‘Feminismo y construcción de la identidad de género’. “A Carmen no la recuerdo en clase porque convalidó y yo tampoco sabía que estaba entre las alumnas. Cuando salió publicado en los medios lo del máster revisé mis actas y comprobé que aparece convalidada”, asegura esta profesora de la URJC a eldiario.es con rotundidad. Sin embargo, la ministra de Sanidad afirma tajantemente que no solicitó ninguna convalidación. En las notas de la ministra, a las que ha tenido acceso eldiario.es, esa asignatura figura con un aprobado en junio, tras un “no presentado” en la primera convocatoria.

Una convalidación así sería irregular porque en la licenciatura de Medicina que tiene Montón no existe ninguna asignatura equivalente, ni sobre feminismo ni sobre identidad de género. El resto de los alumnos del mismo curso consultados por eldiario.es, todos ellos licenciados como Montón, niegan que hubiesen sido informados de que podían optar a convalidaciones.

Laura Nuño, que también fue tutora del trabajo final de Montón, formó parte de la comisión de convalidaciones de este máster, según su propio currículum. Nuño no ha querido contestar a las preguntas de eldiario.es sobre si hubo o no hubo convalidaciones para Carmen Montón: “Mi abogado me indica que no puedo hablar con la prensa”, afirma por whatsapp. Laura Nuño está imputada en la investigación penal del máster de Cifuentes, donde su firma aparecía como parte de la comisión de convalidaciones que aprobó irregularmente gran parte de las asignaturas en las que se matriculó Cifuentes con actas con firmas falsificadas. Nuño siempre ha defendido que esa firma suya se falsificó.

Las fechas de su título no coinciden con las de sus notas

En el expediente de notas de Carmen Montón, al que ha tenido acceso eldiario.es, figura que todas las asignaturas se aprobaron en el curso 2010-2011. Sin embargo, el título oficial emitido por la Universidad Rey Juan Carlos, que también ha podido cotejar esta redacción, tiene otra fecha. Según ese título, Montón terminó su máster “en junio de 2012”. Es decir, un año más tarde de lo que aparece en sus notas.

Fuentes universitarias consultadas por esta redacción explican que la expedición de ese certificado académico estaba regulada por el Real Decreto 1002/2010, en él se detalla que en estos documentos oficiales tiene que figurar la “fecha de finalización de las enseñanzas” en el formato de mes y año. Por lo tanto, en este caso tendría que quedar escrito que el posgrado fue superado en junio del 2011.  

Otras alumnas consultadas por eldiario.es confirman que en su diploma final así consta, algo que ha podido confirmar esta redacción tras cotejar uno de estos documentos: recoge como fecha de finalización de los estudios el mes de “junio de 2011”. La ministra Carmen Montón, que asegura que también se había percatado de esta irregularidad, no sabe explicar cuál es la causa.

Apenas asistió a clase

El máster se impartía jueves, viernes y sábado cada dos semanas en el campus de Vicálvaro. Montón aseguró que optó por este posgrado porque le cuadraba el horario. Había consultado otro en Valencia, donde ya cursó la licenciatura, pero no le permitía compatibilizarlo con su actividad en el Congreso, aunque aseguró que en su ciudad natal se sentiría “más acogida”. Optó por estos estudios con la intención de acceder al doctorado, tal y como explicó en el encuentro que mantuvo con este medio. Era un máster oficial autorizado en 2010 por la Comunidad de Madrid y que habilitaba para ello. Se trataba de la primera edición que realizaba la Universidad Rey Juan Carlos. El máster constaba de 60 créditos ECTS: 1.500 horas de esfuerzo entre clases y trabajos y tiempo dedicado al estudio.

Pese a que optó por este máster por el horario, según su explicación, apenas pisó las clases. Durante la reunión con los periodistas de eldiario.es, la ministra de Sanidad cambió en numerosas ocasiones de versión sobre cómo fue su asistencia al curso. En un primer momento aseguró de forma tajante que fue a todas las clases. Pero a lo largo de la conversación, corrigió esta primera afirmación. Primero matizó que empezó en octubre, cuando fue admitida, más tarde calcula noviembre y al final de la reunión confirma a eldiario.es que empezó las clases en enero, de modo que se perdió 6 de las 12 asignaturas presenciales –la asignatura número 13 es el trabajo de fin de máster– .

Sus notas, a las que ha tenido acceso eldiario.es, confirman que no se presentó a ninguna de las asignaturas del primer cuatrimestre. Todas aparecen en esa convocatoria como “no presentado”. También confirman que, en la convocatoria de junio, sacó tres sobresalientes, un notable y dos aprobados en asignaturas que habían acabado cuando ella empezó. Los sobresalientes suelen tener en cuenta la participación del alumno en clase y se premia así su implicación, explican fuentes universitarias consultadas, que refieren que sería raro poner la máxima nota a alguien que no ha aparecido nunca por clase.

Otra profesora que prefiere no dar su nombre, cuya materia Montón aprobó en junio, confirma a eldiario.es que no recuerda a Montón ni siquiera haberle aprobado. “No me suena que estuviera, la habría conocido”, reseña. Además tras revisar su documentación y en una segunda comunicación asegura que “no tiene constancia de ella” en “trabajos ni en participación en foros”. 

La ministra no recuerda dónde fue a clase

¿Dónde se daban las clases? Ante la pregunta de eldiario.es, Carmen Montón no sabe contestar. Dice Móstoles, luego Leganés, hace una llamada en otra sala, pero no es capaz de responder lo que cinco alumnas refieren a eldiario.es sin ninguna duda y a la primera: Vicálvaro. Montón achacó su error a que no tiene carné de conducir y acudía al campus en taxi o le llevaba en coche algún familiar.

Una estudiante que asistió a todas las asignaturas confirma que vio a Montón “un par de días” en clase. Esta estudiante, que prefiere no ser identificada, cuenta que en ese momento no sabía quién era: “Me avisó otra compañera, que la había visto en Telecinco, ella no dijo a qué se dedicaba”. Una de las profesoras externas, Carmen Bravo, también confirma que Montón fue tres días con ella, ya que compartieron coche a la vuelta de Vicálvaro. Es la única de sus profesoras, de entre las doce que han querido responder a eldiario.es, que recuerda a la alumna Montón en clase.

La profesora Pilar Charro la puntuó con un cinco en Empresa, trabajo e Igualdad, a pesar de que exigía el “80% de asistencia a clase”, según queda por escrito en la guía docente de la asignatura. Cuando se impartió esta materia, Montón confirma que no había aparecido por el campus. Charro no ha querido responder directamente a las preguntas de eldiario.es y se ha remitido a la respuesta que diese la URJC, que tampoco ha contestado.

Tampoco la recuerdan en clase o responden que no saben si acudió otros seis docentes contactados. Son Manuel Tamayo, Nuria Alonso, David Trillo, Raquel Gómez, Pepa Franco y Clara Guilló. Esta última es la única docente que dice que Montón sí le dio un trabajo: “Entregó el trabajo pertinente”, zanja escuetamente. 

Oficialmente, el máster era presencial. Es decir, que era obligatoria la asistencia al menos a un 80% de las clases y con justificación de faltas, según exige el Ministerio de Educación a través de la la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca). Sin embargo, su directora, Laura Nuño, envió un correo a todos los alumnos de esa promoción asegurando que podían cambiar la asistencia a las clases por otros trabajos: “Aunque el Máster es presencial, no es obligatoria la asistencia. En el supuesto de que en una asignatura o varias no se pueda asistir, se puede hacer un seguimiento on-line (con tutorías sobre los materiales, entrega del ejercicio o la práctica, etc.)”. En el caso de Montón, también en esos trabajos alternativos existen irregularidades. 

Entregó trabajos de un modo distinto al resto

Este máster no tenía exámenes, y las asignaturas se aprobaban con trabajos sobre lo expuesto en las clases. Montón no puede precisar qué entregó para aprobar las seis asignaturas que ya habían acabado cuando ella se incorporó al máster, en enero. Para las otras seis que le quedaban sí asegura que lo hizo todo, y pone como ejemplo una guía que establece que los trabajos serían de unas 30 o 40 líneas. “Era un máster muy poco exigente”, asegura la ministra, que achaca esta laxitud a que se trataba de la primera edición de este título en la Universidad Rey Juan Carlos.

Las cinco alumnas contactadas por eldiario.es que también cursaron el máster dicen que los trabajos eran más extensos. “Para Álvarez Conde hice un trabajo de 17.000 palabras”, dice una de ellas tras revisar su ordenador. “Recuerdo por ejemplo cuatro lecturas densas de las que había que redactar tres folios de cada una para una asignatura”, dice otra estudiante, que añade que también se acuerda de “Fichas para completar de los planes de Igualdad de unas cuatro páginas”.

“Leíamos las lecturas, reflexionábamos en clase y luego hacíamos un trabajo para exponer a la semana siguiente”, reseña esta misma estudiante. Otra, apunta: “Había que trabajarlo, hacer trabajos de lo visto en clase y leer documentación”. En su explicación a eldiario.es, Montón no se detuvo en ningún momento en el tiempo exigido para la preparación de las clases ni la bibliografía de cada asignatura que figura en las guías docentes.

Dos profesoras y cinco alumnas de aquel posgrado, confirman que los trabajos de cada asignatura se enviaban a través de una plataforma online o por mail al profesor. Montón relata otra modalidad muy distinta. No cita en ningún momento de la reunión la plataforma online y dice que “los entregaban en persona en la clase” (en plural, refiriéndose a todas las alumnas). Cinco alumnas niegan tajantemente que se dieran nunca en mano.

¿Cómo entregó Montón entonces los trabajos de las seis asignaturas que ya habían finalizado cuando ella empezó a ir a clase si no pudo hacerlo en mano? Por mail, responde la ministra, pero no a los profesores, sino a Lara Martínez, persona de confianza de Álvarez Conde y Laura Nuño, que actuaba como secretaria de ese posgrado. ¿Qué le entregó exactamente? ¿Seis trabajos? “Lo que me pidiera”, zanja la ministra, sin poder precisar qué. Martínez no ha respondido a las llamadas de eldiario.es y las alumnas contactadas niegan que ellas entregaran trabajos a Lara Martínez: “Era la encargada de matrículas o proporcionar información del máster”, asegura una de ellas.

Pagó la matrícula fuera de plazo

El máster aprobado con notable por Carmen Montón arrancó en septiembre de 2010. El plazo oficial para el pago de la matrícula expiraba ese mismo mes, pero la entonces diputada no abonó su matrícula hasta diciembre de 2010, cuando ya estaban a punto de terminar la mitad de las clases presenciales.

Según las explicaciones de Montón, tuvo problemas con el sistema de pago online de la Universidad Rey Juan Carlos. Para demostrarlo enseña a eldiario.es una serie de correos de octubre de 2010 con la secretaria del curso, Lara Martínez, donde manifiesta su deseo de recuperar las pocas clases que para entonces ya había perdido tras lograr la admisión en el curso. En esos mismos mails, Montón escribe estar “avergonzada” por no haber asistido a esas primeras clases de septiembre. Sin embargo, según explicó a eldiario.es, no acudió a ninguna de las clases al menos hasta enero del año siguiente.

Realizó su TFM, pero no lo defendió porque se eliminó esa obligatoriedad

Montón sí muestra borradores y la versión definitiva de 50 páginas de un trabajo final de máster (TFM) sobre reproducción asistida y un par de prácticas de un folio de extensión para justificar que ha cursado el máster completo bajo las mismas condiciones que el resto de sus compañeras. Además de un intercambio de mails con la secretaria del máster, Lara Martínez, también aporta otros correos con la directora del Máster Laura Nuño y con su compañera de clase Nuria Varela, periodista y exdirectora de comunicación de la exministra Bibiana Aído.

Sus correos están enviados desde la dirección oficial del Congreso de los Diputados. Entre esta documentación no hay rastro de comunicaciones con profesores. Preguntada por algún mail de envío de trabajo, contesta que no los conserva. Tampoco conserva el mail en el que entregó el Trabajo Fin de Máster que, aunque aquel año ya era preceptivo defender ante un tribunal, se entregaba al profesor. Esa excepción de no defenderlo en público se aplicó a todas las alumnas, no solo a la entonces diputada. Sacó sobresaliente y fue calificada por Laura Nuño.

Sobresalientes sin pisar la clase

La política socialista se matriculó en estos estudios en el 2010, nada más superar su licenciatura en Medicina. Consiguió el posgrado en un solo curso, con una nota media de 8,43. Las alumnas consultadas también sacaron más de ocho como nota final, más o menos la misma que Montón, pese a que habían asistido a clase desde septiembre.

Montón compatibilizó sus estudios con varios puestos en el Congreso: era portavoz de la Comisión de Igualdad; vocal de la de Sanidad, la de RTVE y en otra sobre drogas; adscrita a la Constitucional y la de Justicia y vocal suplente de la diputación permanente. 

Terminó el primer cuatrimestre con todas las asignaturas calificadas con un “no presentado”. En junio recuperó esas calificaciones y obtuvo tres sobresalientes, un notable y dos aprobados.

Una de las máximas calificaciones fue entregada por Enrique Álvarez Conde, a quien Carmen Montón dice no conocer ni recordar como profesor. Otro de sus sobresalientes se lo puso Manuel Tamayo, a la que ministra tampoco vio como profesor porque su asignatura se impartió en septiembre. “No recuerdo a Montón, ni a ningún otro alumno. No recuerdo ese caso”, contesta este profesor a eldiario.es. Ante la pregunta de si ha calificado con sobresaliente a algún otro alumno que no haya ido a clase, Tamayo responde de forma contundente: “Eso no lo he hecho en mi vida”.

https://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-Rey-Juan-Carlos-irregularidades_0_812619036.html

El baile de escaños del PP en el Congreso: Santamaría y sus afines, relegados a los puestos con peor visibilidad

El Grupo Popular ha vuelto a hacer esta semana cambios en el reparto de posiciones de sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esta vez la modificación ha sido significativa por una cuestión clave: Soraya Sáenz de Santamaría y los suyos han sido desplazados a puestos de peor visibilidad, cuando no a las últimas filas del hemiciclo.

El PP registró estos cambios en el Congreso a última hora de este miércoles. La formación conservadora ya hizo una reorganización a mediados de junio, días después de que saliera adelante la moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy.

Al poco tiempo de que Pablo Casado alcanzara la presidencia del PP, se hizo una pequeña ordenación para situarlo en el escaño habitual del líder de la oposición y, además, acercar a su asiento a algunos de sus diputados de confianza, como Dolors Montserrat, portavoz en el Congreso, y Teodoro García Egea, secretario general del partido. Cabe destacar que, durante el mandato de Rajoy, Casado ocupaba un asiento en el lado derecho de la tercera fila.

Santamaría pasó entonces de estar en la primera fila a la segunda, pero justo detrás de Casado, en el último puesto de ese lateral. Es decir, una posición con gran visibilidad: es el lugar al que se dirigen todos los focos y cámaras. Ahora, la que fuera vicepresidenta del Gobierno permanece en esa misma hilera, pero en el otro extremo, de mucha menor exposición, mientras que Javier Maroto -vicesecretario de Organización del PP- ha ocupado su escaño.

Precisamente, el nuevo puesto que ocupa Santamaría es colindante -con pasillo entre ambas- a la sección ocupada por el grupo parlamentario de Ciudadanos y, en concreto, a los asientos de Albert Rivera y la diputada Marta Martín.

Sáenz de Santamaría… y todos los suyos

Pero la que fuera mano derecha de Rajoy no ha sido la única desplazada. También ha habido otros diputados que le apoyaron en el proceso de primarias y han sido movidos a otros escaños. Así, aunque Fernando Martínez-Maillo, que ha sido rescatado por Casado como portavoz adjunto en el Congreso, se seguirá sentando en la segunda fila, ahora lo hará en un escaño posicionado en el centro de la bancada, con una exposición más reducida. 

Ya en la tercera hilera se sitúan buena parte de los apoyos más conocidos de la que fue mano derecha de Rajoy. La mejor posición la ocupa la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, que se sienta en el primer asiento empezando por la derecha. No obstante, esta diputada fue incluida en la Ejecutiva de Casado como secretaria de Igualdad.

Al otro lado de la fila se sitúan algunos exministros que fueron sustento de Santamaría. Son los casos de Álvaro Nadal (Energía y Turismo), Fátima Báñez (Empleo), Cristóbal Montoro (Hacienda) e Íñigo Méndez de Vigo (Educación), por orden de derecha a izquierda. De todos ellos, Montoro es el único que ha descendido -antes se sentaba en la segunda hilera- respecto a la última configuración de escaños hecha por el anterior presidente del PP.

El asiento de la exvicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, se ha establecido en la cuarta fila, después de que hace apenas dos semanas fuera sustituida en la Diputación Permanente, a la que pertenecía desde 1989. A solo unos escaños se sienta, junto a ella, el que fuera jefe de Gabinete de Rajoy, José Luis Ayllón, que hasta ahora se sentaba en primera fila.

https://www.eldiario.es/politica/PP-Congreso-Santamaria-relegados-visibilidad_0_811569253.html

Actualizado: 9 septiembre, 2018 — 12:00 pm

La ley contra la venta de armas que el PSOE vendió en 2007 como un éxito no evitó años de exportaciones del PP sin control

A principios de esta semana el Ministerio de Defensa confirmó que ha paralizado la salida de un cargamento de bombas de precisión láser hacia Arabia Saudí por el alto riesgo de que se empleen para cometer crímenes de guerra en Yemen. La decisión había sido adelantada en agosto, cuando el departamento dirigido por Margarita Robles anunció que iba a “revisar las posibles ventas que estén todavía en trámite y que pudieran implicar la utilización directa de armamento contra población civil”. Impedir este tipo de exportaciones no es solo una iniciativa política, sino una obligación estipulada por la legislación española.

La Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, que regula la exportación de armamento, no deja dudas al respecto. Impide las ventas cuando “existan indicios racionales” de que las armas “puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz”, “exacerbar tensiones o conflictos latentes”, “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos” o “tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”. Arabia Saudí viola varios de esos preceptos, como han atestiguado organismos internacionales como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. 

En el caso de la venta paralizada ahora la vulneración de la norma era incluso más evidente, ya que las bombas de precisión láser son del mismo tipo al utilizado por las fuerzas saudíes para atacar infraestructuras básicas yemeníes como hospitales y plantas de agua.

Ese tipo de crímenes de guerra empezaron a ser documentados en marzo de 2015, el mismo año que el Gobierno del PP autorizó la fabricación de las bombas de precisión para Arabia Saudí. Preguntado por este medio, el Ministerio de Defensa no ha querido revelar la fecha exacta en la que se autorizó la exportación. Sin conocerla, no es posible saber si el anterior Gobierno incumplió la ley al dar luz verde a la venta de las bombas de precisión.

En cualquier caso, la ley sobre comercio de armas no hace distinciones entre el tipo de armamento para desestimar una autorización. Cuando existan esos “indicios”, debe desestimarse la venta de material militar. Sin embargo, con sobrada evidencia de lo que ocurre en Yemen y del hallazgo de armas españolas en sus campos de batalla, el Gobierno del PP siguió concediendo autorizaciones de exportación hacia Arabia Saudí.

En 2017, bajo el mandado de la entonces ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, España autorizó más ventas a Arabia Saudí que nunca antes. El contrato paralizado por Margarita Robles supone menos del 1% de las armas exportadas desde el comienzo de la guerra. Esta misma semana ha atracado en el puerto de Santander un barco saudí para llevarse un cargamento de balas españolas

Hecha la ley, hecha la trampa 

En el momento de aprobación de la ley, 2007, esta se vendió como un gran éxito. El PP había vetado su desarrollo en las legislaturas previas haciendo uso de su mayoría absoluta, lo que provocaba que la exportación de armas se regulara a través de decretos ley. Joan Clos (PSC), entonces ministro de Industria, declaró que España aprobaba un sistema de control “sumamente exigente y riguroso”. Preguntado por este medio, Clos ha preferido no pronunciarse sobre las exportaciones de armas autorizadas por el PP los últimos años.

Quien sí lo ha hecho ha sido uno de los principales redactores de la norma, el entonces diputado de CiU, Carles Campuzano, hoy en el PDeCat. “El problema que ha habido desde el día uno de la aprobación de la ley han sido los criterios de interpretación”, reconoce, explicando que el Gobierno puede autorizar ventas a Arabia Saudí si su gobierno firma cláusulas de no reexportación y justifica la compra en la defensa de posibles ataques.

El diputado detalla que la norma no precisó el protocolo para controlar las armas una vez que llegan al destino. Es la trampa: once años después de la aprobación de la ley, Defensa reconoció a eldiario.es que no tenía ninguna forma de revisar que los países receptores del armamento español lo utilizan para aquello a lo que se comprometieron. Se comprometió entonces a redactar un protocolo, que el nuevo equipo ministerial espera presentar en breve.

Eso sí, Campuzano expone que la ley no planeó ningún instrumento de sanción para con los Gobiernos que la incumplan. “Los únicos mecanismos son los políticos. Cuando un Gobierno toma una decisión que otro grupo considera que no es correcta, puede intentar la reprobación. Es el instrumento parlamentario previsto”.

“La única opción es presentar un recurso contencioso-administrativo e impugnar una venta en concreto”, explica Alberto Estévez, portavoz de la campaña Armas bajo Control, de la que forman parte Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, FundiPau y Greenpeace. “Ese proceso te puede llevar dos o tres años de pelea. Además, necesitas tener mucha información sobre ese contrato en concreto, algo que no suele ser posible porque las actas de la Junta Interministerial encargada de autorizar las ventas de armas son secretas”, argumenta.

Los representantes de esta campaña llevan años reuniéndose con el Gobierno para alertar de la situación de las armas españolas en Yemen y otros países que atraviesan tensiones políticas. Califican de “muy buena noticia” los avances en el protocolo de control que inició el PP y espera finalizar el PSOE, aunque Estévez señala que ha habido un cambio “como entre la noche y el día” entre ambos equipos: “Antes te decían que no, que España iba a seguir exportando y ya está. Ahora por lo menos hay una voluntad de impedir este tipo de ventas”.

Explicaciones en el Congreso 

Otra de las medidas contempladas en la ley de 2007 es una comparecencia obligatoria en la Comisión de Defensa del Congreso para presentar el informe anual de exportaciones de armas. Este año esa comparecencia llegó a estar en duda, ya que el PSOE se vio en la tesitura de defender un informe elaborado por el Gobierno del PP con las cifras de 2017, etapa de gobierno de los populares. Tras meses de debate en la mesa de la comisión, la presión de Unidos Podemos logró convencer al grupo socialista de la secretario de Estado de Comercio “acudiera a informar, no a defender el informe del PP”, revela el portavoz morado de Defensa, Juan Antonio Delgado.

La comparecencia ha sido finalmente agendada para este viernes. El anuncio de la paralización del contrato con Arabia Saudí, que ha sido tachado de “electoralista” por la oposición por suponer tan solo un 1% de las ventas totales, ha venido como anillo al dedo al PSOE, que además de comentar las cifras de exportación, anunciará “la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y si va a haber algún cambio de la política de exportación de armas a estos países”.

https://www.eldiario.es/politica/Arabia-Saudi-prevaricacion-PP-autorizarla_0_811569096.html

Anticorrupción pide archivar la pieza sobre Corinna y no ve susceptibles de investigación sus revelaciones sobre el rey Juan Carlos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la pieza denominada ‘Carol’, abierta en la Audiencia Nacional tras la revelación de las conversaciones entre la princesa Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo y no ve que las revelaciones sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos I sean “susceptibles de investigación en sede penal”.

No obstante, el Ministerio Fiscal se reserva la posibilidad de investigar las transacciones financieras internacionales sobre las que se habla en esa conversación, especialmente las relativas al cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, si bien recuerda que en aquel momento el rey gozaba de inviolabilidad.

Corinna dice en las grabaciones de Villarejo que el rey Juan Carlos pedía dinero para Nóos. “Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones… En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero? El Rey”, asegura Corinna a Villarejo y el empresario Juan Villalonga, amigo de los dos, en una conversación mantenida en Londres en el año 2015. “Él llamó y dijo: ‘Puedes por favor poner un contrato de 100.000, un contrato de un millón…’. Yo estaba a su lado”, añade.

Si en la primera entrega de las grabaciones la empresaria de origen danés acusaba a Juan Carlos de Borbón de usarla como testaferro, en esta sitúa al monarca directamente dentro de la organización delictiva de la trama Nóos. “¿Tú sabes todas las cosas que yo sé? Tengo las copias de las cuentas bancarias del otro (en referencia a Juan Carlos I). Tengo las copias…, la estructura organizativa. Y no las tengo porque las haya robado, sino porque él me las dio”, afirma Corinna, “el rey no distingue entre lo que es legal y lo que es ilegal”.

Asegura, además, que el monarca era consciente en todo momento de los movimientos ilegales de su yerno Iñaki Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por esta trama, y a quien también hace referencia en la conversación. 

https://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-Corinna-Juan-Carlos-investigacion_0_811919010.html

Ñ de Ñapa © 2018