Cinco prácticas que serán legales para los partidos en España tras la aprobación del spam electoral

El Senado aprobará este miércoles la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta permitirá a los partidos políticos elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, Whatsapp, email y mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo. 

Este tipo de prácticas está prohibidas para las empresas y comunicaciones comerciales, pero los partidos han incluido una excepción especial en la citada ley para poder llevarla a cabo en periodos de campaña electoral. Expertos y juristas lo han denominado como la legalización del “Cambridge Analytica español”.

Algunas de las prácticas son las que protagonizó Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Otras, en cambio, suponen para muchos expertos una novedad o incluso ir más allá del escándalo de Trump y Cambridge Analytica:

1. Elaborar perfiles ideológicos de los votantes 

Los partidos políticos (pero también las coaliciones y agrupaciones electorales) podrán utilizar herramientas para rastrear la actividad de los ciudadanos en redes sociales y páginas web. De esa información, se les permitirá extraer aquello que les parezca relevante a nivel político y elaborar perfiles ideológicos: cuáles son los problemas que más te interesan, a qué partidos apoyaste en el pasado o qué es lo que te hizo variar el sentido de tu voto en un determinado momento. Si está en las redes, los partidos podrán recopilarlo.

El peligro que supone la creación de esa base de datos es el punto que ha provocado que múltiples juristas y organizaciones de defensa de los derechos digitales carguen contra la ley. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) explica que “los datos que tienes en cualquier red social se pueden monitorizar, se pueden cruzar para crear bases de datos muy completas”. “Es un matiz que no admite ningún tipo de rectificación: los partidos no deberían tener ningún derecho a manejar bases de datos con información ideológica de los ciudadanos”, asevera. 

2. Averiguar cómo contactar contigo de forma privada 

“El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial”, detalla la nueva ley. Implica que los partidos podrán extraer datos de contacto de su monitoreo de páginas web y redes sociales, como el número de teléfono o email.

Al evitar que la propaganda electoral sea equiparada con una comunicación comercial, los partidos podrán ponerse en contacto contigo por vía privada (vía Whatsapp, SMS o email) usando esos datos. “La ley legaliza el spam sobre cuestiones políticas durante la campaña electoral, sin necesidad de consentimiento previo del ciudadano”, expone Jorge Morell, abogado especializado en protección de datos.

3. Enviar propaganda personalizada 

El objetivo de todo esto es dar una vuelta de tuerca a la publicidad electoral. Los partidos quieren enviarte propaganda enfocada en tus centros de interés, no gastar sus balas con información sobre aspectos que no te interesan. Por eso necesitan rastrear las redes: quieren saber si has opinado sobre pensiones o sobre educación pública, si has colgado fotos en una manifestación a favor de la unidad de España o por el derecho a decidir.

También es una vuelta de tuerca al escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Donald Trump utilizó los datos personales obtenidos por esa empresa para poder segmentar sus mensajes al máximo en sus anuncios a través de redes sociales. Enviar propaganda directamente al móvil de los ciudadanos supone ir más allá: de la propaganda segmentada a la propaganda personalizada.

4. Explotar “tus demonios” 

La propaganda personalizada puede aprovechar los puntos de interés del usuario de forma positiva, por ejemplo, explicando las propuestas del partido que la realiza en torno a esos puntos. Pero también puede hacerlo de forma negativa, para enfatizar los errores de otros partidos o los miedos del votante.

“Tu perfil como votante no son solo los temas que te interesan, sino cuáles son los que te indignan. Es lo que hemos visto en EEUU, cuando Trump hacía propaganda política fake. Cambridge Analytica sabía que lo más interesante de un usuario eran sus demonios, sus odios. Sea verdad o no sea verdad, te tocan en la fibra sensible”, recuerda Borja Adsuara, letrado experto en derechos digitales y miembro del Jurado de la Publicidad.

5. Oponerte al envío de esta propaganda 

El mismo artículo que establece que los partidos políticos podrán elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y enviarles spam al móvil incluye un punto sobre la posibilidad de evitarlo: “Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

Todos los partidos han defendido este punto como un avance notable, porque hasta ahora el buzoneo electoral quedaba en un limbo desregularizado y era difícil impedir que los partidos enviaran su clásica propaganda en formato físico. Esto cambia con la nueva ley. No obstante, este derecho tampoco ha quedado fuera de las dudas de los expertos. Carlos Sánchez Almeida se pregunta: “¿Qué garantía vas a tener de que no te metan en otra base de datos al ejercerlo, como opositor a ese partido en concreto?”.

https://www.eldiario.es/tecnologia/practicas-partidos-Espana-aprobacion-electoral_0_837816546.html

El fiasco en el Poder Judicial perpetúa a Lesmes al frente del Supremo

La espantada de Manuel Marchena para no asumir la jefatura del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Supremo tiene efectos secundarios: perpetuará al frente de la judicatura al controvertido Carlos Lesmes, a pesar de que su mandato está agotado. 

El fiasco de las negociaciones frustradas después de que PP y PSOE pactasen una nueva configuración del órgano de gobierno de los jueces amenaza la renovación en un momento muy sensible para la Justicia, a las puertas del juicio al procés que sentará en el banquillo a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum del 1-O. Todo está roto. El PP improvisó a última hora del martes una enmienda para tratar de que sean los jueces los que elijan a sus representantes. De entrada, no piensa votar la lista acordada con el PSOE en el Congreso y que contiene nombres de juristas elegidos por el propio partido. El PP retiró también ayer su firma de la candidatura conjunta pero no tiene en su mano evitar que esa votación se produzca, si no convence a los socialistas de que hagan lo propio. 

Los mensajes de WhatsApp enviados por Ignacio Cosidó a más de un centenar de Senadores del grupo que preside han desatado una tormenta que amenaza con dejar las cosas como están: con el discutido Carlos Lesmes renovado de manera automática e indefinida al frente de la cúpula judicial.

La ley no es específica sobre las consecuencias de no alcanzar la renovación de la cúpula judicial en los plazos marcados: simplemente establece una prórroga del equipo anterior hasta que se produzca un nuevo acuerdo.   

La sustitución de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y del Supremo era la gran coincidencia de inicio con la que PSOE y PP iniciaron las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Tras el escándalo provocado por los WhatsApp de Cosidó, su continuidad se presenta como indefinida, a la espera de un acuerdo que parece imposible vistas las declaraciones de las últimas horas que han hecho los dirigentes socialistas y populares. Lesmes estaba de salida en la élite de los jueces, muy afectado por la crítica pública a su papel tras haber forzado el Supremo un cambio de opinión sobre una sentencia que marcaba quién debía abonar el impuesto de las hipotecas.

Al final la resolución cayó del lado de la banca y el propio Lesmes tuvo que salir a pedir perdón en nombre del Supremo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció un cambio legal para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo abonasen los bancos pidió al tribunal que reflexionase.

La relación de Lesmes con el PP ya era fría y pese a sus pretensiones de renovar un mandato más, la dirección de Casado decidió sustituirlo por Marchena. Ahora ese plan se han truncado y Lesmes vuelve a estar al frente sin un horizonte claro de salida. Con él se mantendrán en sus puestos los vocales que ya estaban de salida y que se confiesan indignados por el tratamiento que Cosidó ha dado con su mensaje al Tribunal Supremo. 

El cambio de posición del PP sobre el pacto alcanzado con los socialistas pone de relieve su concepción del acuerdo: primero el presidente y luego los vocales. Sin Marchena en la carrera, los conservadores ya no quieren un acuerdo ni les vale el reparto de vocales que habían pactado. El acuerdo fraguado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, había generado una cierta contestación interna. Sectores a la derecha del partido acusaban a Casado de haberse plegado al PSOE, que cedía la presidencia a Marchena a cambio de tener un miembro más en el consejo: 11 frente a 10. 

En el Gobierno de Sánchez, desean lo contrario: que la caída de Marchena de la candidatura no debe afectar a los nombres de expertos juristas sobre los que hace tan solo una semana había pleno consenso. 

Los bloqueos en la renovación de la cúpula judicial no son una novedad en la historia del bipartidismo (Ciudadanos se negó a participar en el cambio de cromos y Podemos se limitó a proponer a una candidata que no fue aceptada), pero nunca se había producido después de un acuerdo cerrado y comunicado a la opinión pública. En 2006, durante el Gobierno de Zapatero, el PP se negó a renovar el organismo y alargó durante dos años su Consejo con mayoría conservadora y presidencia del mismo signo ideológico. Fueron dos años de bloqueo.

A día de hoy la reconstrucción del acuerdo se presenta muy complicada. Los dos principales negociadores, Catalá y Delgado, han desaparecido de la escena: “No hay negociación ni interlocución”, aseguran fuentes del grupo parlamentario popular. En el Gobierno, mientras tanto, no salen de su asombro. “Delgado era una negociadora válida hasta hoy a las ocho y media de la mañana (por el martes) y de repente lo único que vale para desbloquear el acuerdo es que presente la dimisión”, aseguran fuentes de Moncloa. 

El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere dar por perdida la posibilidad de acuerdo e insiste en que seguirán buscando la negociación para reconducir la situación. Los socialistas no aclaran cuál será su movimiento de cara al Pleno del jueves en el que se puede dar la paradoja de ver a los diputados de Sánchez votando a favor de los candidatos propuestos por el PP -dentro de la lista única acordada- y a los que la formación conservadora ya ha renunciado. 

En Moncloa no se fían de las intenciones de Casado y su equipo: “Al final hay un sector del PP que era crítico con el acuerdo y han conseguido romperlo”, aseguran fuentes del ejecutivo. “Muy probablemente van a convertir a la Justicia en otro frente de oposición más. Si esto fuera al inicio de legislatura lo tendrían muy difícil. Deben pensar que se pueden permitir otro frente “, aseguran las mismas fuentes. Pese a este razonamiento, la consigna a esta hora pasa por seguir realizando llamadas al entendimiento como las que el propio Sánchez lanzó este martes desde la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde también pidió la dimisión de Cosidó.  

Marchena, recusado

En el equipo de Sánchez aseguran que las imprudentes comunicaciones de Cosidó “han causado un grave daño a la judicatura”, que podría tener consecuencias directas en el desarrollo del juicio del Procés. Varias defensas de los exconsellers y la del propio Oriol Junqueras se han apresurado a anunciar que pedirán la recusación de Marchena al frente del tribunal que los juzgará alegando que según él PP él era el que iba a garantizar el control del tribunal “desde atrás”. Usarán como argumento los mensajes de Cosidó para intentar demostrar que el magistrado carece de la debida imparcialidad y que está dirigido políticamente.

En ámbitos judiciales hay opiniones en sentidos contrarios: entre los que creen que Marchena podrá seguir al frente del juicio del Procés y quien asegura con rotundidad que deberá apartarse. En el primer grupo se posiciona uno de los ministros de Sánchez convencido de que “esa recusación no será aceptada”, cuando la Sala del 61 del Supremo tenga que abordarla.

https://www.eldiario.es/politica/fiasco-judicial-perpetua-Lesmes-Supremo_0_837817262.html

Gana la banca en el Supremo: las dos semanas en las que el Tribunal enterró su prestigio

Han pasado dos semanas desde que el Tribunal Supremo decidió revisar aquella histórica sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Este martes se ha revocado esa doctrina en un pleno dividido, convocado a través de una decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo muy cuestionada, que ha terminado por enterrar el prestigio del alto tribunal con esa maniobra para revisar una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena.

Jueves 18 de octubre: se hace pública la sentencia que habían redactado los magistrados de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo anula un artículo del texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Según los jueces, el impuesto debían pagarlo el interesado en el negocio. Es decir, los bancos.

Viernes 19 de octubre. 24 horas después del fallo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo (la del Contencioso-Administrativo) Luis Díez-Picazo adopta una decisión inédita. A través de un comunicado público, informa de que convoca al Pleno (los 31 magistrados de la Sala) para que revisen la doctrina. Su argumento es que la sentencia suponía un “giro radical” respecto a lo que el Supremo había dicho en otras ocasiones, lo que ha provocaba una “enorme repercusión económica y social”.

La maniobra de Díez-Picazo es inédita porque nunca antes se había convocado al Pleno después de publicar una sentencia. Lo habitual, en temas especialmente sensibles que requieren el respaldo de todos los jueces de la Sala, es que se convoque antes. La decisión provoca, además, la paralización de los recursos pendientes en el Supremo sobre este asunto.

Lunes, 22 de octubre. El escándalo que provocó la maniobra de Díez-Picazo obliga a Carlos Lesmes a reunirse con él y con los magistrados que habían firmado la sentencia. El caos se había apoderado del mercado inmobiliario, con cancelaciones de hipotecas y firmas de compra-ventas que se echan atrás. El presidente del Supremo y los jueces que dictaron la sentencia condenatoria a los bancos acuerdan celebrar el Pleno el 5 de noviembre y extender la incertidumbre durante dos semanas más.

El propio Lesmes se ha visto obligado a pedir perdón públicamente a los ciudadanos. Lo hizo el pasado 25 de octubre: otra decisión insólita. “No lo hemos gestionado bien”, dijo a la prensa en unas jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo. Entretanto, se conoce que otras dos sentencias del Supremo aún sin publicar fallaban en el mismo sentido que la primera: los bancos debían afrontar el impuesto de las hipotecas.

El desánimo se apodera de varios magistrados del tribunal en un momento muy delicado, a las puertas de que se celebre el juicio a los líderes del procés. “La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro”, apuntaban fuentes del Supremo, que definían el sentimiento dentro del tribunal de “tristeza”.

Durante estas dos semanas, en que han estado en juego miles de millones de euros, se han movido todas las partes implicadas en el proceso. La banca desplegó una campaña de presión incidiendo en que, en caso de perder este litigio, las hipotecas se encarecerían. Además, los directivos de las entidades insistieron en que en Europa el impuesto lo asumía siempre el cliente.

Esa campaña de presión se orquestó a la par que las grandes entidades presentaban sus resultados: Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Bankinter ganaron entre enero y septiembre más de 13.200 millones de euros.

Los cálculos más optimistas cifraban en 2.300 millones el coste para la banca de devolver el impuesto de las hipotecas. El Gobierno, por su parte, ha elevado este martes esa cifra hasta los 5.000 millones, antes de conocer el fallo del alto tribunal.

Por su parte, los grandes despachos de abogados han dedicado estas dos semanas a preparar su estrategia seguros de que los jueces iban a ponerse de su lado. Comenzaron a contratar letrados para hacer frente a las miles de reclamaciones judiciales que preveían. Ahora su única esperanza es acudir a la justicia europea, que ya les dio la razón con las cláusulas suelo.

Tras esas dos semanas con el prestigio del Supremo en vilo se llegó a la reunión del lunes. Tres ausencias dejaron en manos de 28 magistrados la decisión del Supremo. Los pronósticos apuntaban a un pleno largo y dividido, pero que finalmente decantase la balanza del lado de los clientes. La cuestión a dirimir entonces era si se establecía un plazo de reatroactividad de cuatro años para reclamar o únicamente se decidía que, a partir de ahora, los bancos cargarían con el pago de ese tributo.

Lunes 5 de noviembre. Tras ocho horas de reunión solo se pronuncian nueve jueces que evidencian la división en la Sala. La decisión queda en el aire. 

Martes 6 de noviembre. La división continua durante otra larga jornada de deliberaciones. A última hora, un solo voto evita que la banca afronte miles de reclamaciones por este impuesto: 15 votos a 13 de los 28 jueces. Tres de los 31 magistrados del pleno no participaron en la deliberación: uno por estar trabajando en la junta electoral central, otro por encontrarse de viaje y un tercero por un conflicto de intereses al tener familiares con una vivienda en Rivas Vaciamadrid (el ayuntamiento que inició el pleito).

La decisión del Supremo se ha producido el mismo día que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha fallado contra España por no garantizar un juicio justo a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. “Una jornada negrísima para la Justicia”, según reconocen fuentes del Ejecutivo. El Gobierno estudiará el fallo y fijará su posición oficial en el Consejo de Ministras del jueves.

Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea ha anunciado que propondrán cambios legislativos: “Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD”. En una línea similar se ha pronunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: “No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro”.

Podemos e IU, por su parte, han convocado una concentración para este sábado a las puertas del tribunal. “Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada”, ha tuiteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

https://www.eldiario.es/politica/Supremo-semanas-tribunal-enterro-prestigio_0_832917821.html

Visita al zoo, una lavadora, cocinera o velones de misa: estos son los gastos que financia el Estado a los monjes del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos lo pergeñó Francisco Franco cuando ganó la guerra y lo construyó en honor a los que lucharon con él. Un grandioso monumento fascista con abadía, basílica, hospedería, escolanía, explanada y la cruz más grande del cristianismo cuyos gastos, íntegramente, corren a cuenta del Estado desde su creación en 1940. Entre reparaciones y gastos de personal, Patrimonio Nacional (que depende del Ministerio de Presidencia) se deja más de un millón de euros al año allí y, aunque también recauda por las entradas (cada una cuesta 9 euros), acumula pérdidas de 11 millones de euros en una década. 

Las cuentas y las pérdidas varían cada año pero lo que permanece estable es que los monjes que habitan allí reciben del Estado 340.000 euros anuales para sus gastos y para cumplir los fines que les encomendó, vía BOE, el dictador: “Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”, dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices o mantener el culto “con todo el esplendor que la Iglesia recomienda”. Para conseguir todo esto se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1957, cuyos beneficiarios son los monjes benedictinos. Es una fundación privada de carácter religioso que gestiona los 340.000 euros que le ingresa Patrimonio cada año y que financia la vida de los monjes, misas y su escolanía de niños cantores. 

Tras varias negativas a entregar las facturas y los gastos desglosados, Patrimonio ha dado acceso a eldiario.es, gracias a una petición al Portal de Transparencia, a un resumen elaborado por el organismo público de los gastos de los religiosos, aunque no han aportado las facturas concretas ni el detalle, alegando que “si bien han sido verificadas”, obran en poder de los religiosos y la fundación y que ya no las tiene el Estado.

Los datos aportados (eldiario.es los ha agrupado en epígrafes para los gráficos), que se circunscriben al periodo 2014 -2017, muestran que el concepto en el que más dinero público gastaron los monjes benedictinos, que no tienen salario puesto que han hecho voto de pobreza, es en comer. Son 405.000 euros en cuatro años. Esto no incluye la alimentación de los niños cantores, que son una cincuentena, cuya comida está incluida en el concepto “gastos educativos” y otras veces en “profesorado”. Solo en 2017 se les incluye en el mismo epígrafe que los monjes en el apartado de la comida. Estos cambios de epígrafe y distintos criterios de imputación de gastos no son una anomalía en el documento remitido, un descontrol que el Tribunal de Cuentas afeó a Patrimonio Nacional en 2013 en un duro informe en el que relató que no había una rendición de cuentas exhaustiva y en el que detectó todo tipo de deficiencias contables. 

El año en el que más dinero gastaron en alimentación fue en 2016: más de 133.000 euros para una treintena de 30 personas (ahora mismo hay 24 religiosos y 3 acólitos). Según el informe de ese año del Ministerio de Agricultura sobre hábitos alimentarios en España, el gasto medio en comida por cada español es de 1.528 euros. A los monjes les sale más de 3.000 por cabeza. Preguntado por esta partida de gasto, el prior no ha dado respuesta al mail de eldiario.es sobre si incluye la comida de otras personas, aunque extraoficialmente fuentes cercanas lo asumen como una cantidad razonable para alimentar simplemente a los religiosos: “Son 10 euros al día por monje”, explican. Que incluyera la alimentación de invitados a retiros espirituales o a visitantes de la hospedería tendría difícil encaje, ya que los monjes cobran a estos visitantes por la comida y estarían cobrando dos veces: del estado y de las visitas. Para elaborar desayunos, comidas y cenas, los monjes cuentan también con el trabajo de una “cocinera” (además de una “limpiadora” y una “lavandera”, según la respuesta de Patrimonio) a cargo del Estado. 

Con los benedictinos convive la escolanía de niños cantores, con residencia en el Valle de los Caídos y que dedican su tiempo al estudio, a la Iglesia y al canto. A su educación ha dedicado el Estado 128.000 euros en cuatro años. ¿Para comprar qué? Por ejemplo, su comida, sus uniformes, pagar salarios de profesores, los libros de texto con los que estudian o la “adquisición de equipación deportiva”. 

En el capítulo de “gastos educativos” también se incluyen excursiones que han organizado los religiosos para los niños y que han sido financiadas con impuestos: “Visitas al Zoo y Aquarium de Madrid, al Centro de Naturaleza Ambiental Cañada Real y al Monasterio de Piedra”. También los folios “DIN A4 80 mgr”, fotocopias o “lote de orlas” van a cargo de “material de oficina” y del Estado. 

Los gastos de culto los financian igualmente las arcas públicas, de las que han salido una media de 5.200 euros anuales para la celebración de misas, entre ellas, algunas en honor al bando franquista, como la celebrada en julio por el prior Santiago Cantera, falangista declarado y defensor de que no se exhume a Franco. Aquí, el sucinto desglose del Estado enviado por Patrimonio Nacional recoge que se han invertido esos miles de euros al año en “lamparillas de cera, botellas de cera líquida y velones, entre otros elementos”. Un litro de cera líquida son 4 euros en tiendas especializadas. Cada velón de 200 gramos cuesta menos de un euro.  

Los gastos cotidianos de mantenimiento de la abadía, la basílica y la escolanía también sale de esos 340.000 euros anuales, a parte de los millones que ha invertido Patrimonio en reparar el Valle y prevenir derrumbamientos en el conjunto monumental. Los religiosos, a través de la Fundación que canaliza estas transferencias públicas, han empleado 140.000 euros en el periodo 2014-2017 en “reparación del órgano, compra de mosquiteras y de una lavadora”, así como “reparaciones de electrodomésticos o revisión del gas, control de plagas o la “reparación de un ordenador”. 

En “comunicaciones”, básicamente teléfono, como recogía el informe del Tribunal de Cuentas de 2013, se han gastado más de 27.000 euros de 2014 a 2017 (una factura de algo más 500 euros al mes). En luz, más de 70.000 en cuatro años, incluyendo la de la hospedería. En gasóleo y combustibles, casi 240.000 euros.

Aunque el límite establecido para la subvención anual son 340.000 euros, en el desglose (abajo, el informe completo) se puede observar que siempre se excede esta cifra: 340.038 euros (2014), 340.290 (2015), 342.799 (2016) y 340.003 (2017). Preguntado por estas desviaciones al alza en favor de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional no ha aportado de momento una respuesta a eldiario.es.

https://www.eldiario.es/sociedad/Velones-lavadora-financia-Valle-Caidos_0_831517516.html

Tensión en las calles de Alsasua antes del inicio del acto de España Ciudadana

Tensión en las calles de Alsasua, Navarra, por la convocatoria del acto de “apoyo a la Guardia Civil” por parte de la plataforma España Ciudadana donde han acudido Albert Rivera y está prevista la presencia de cargos del Partido Popular y Vox. La Policía Foral ha acordonado la Plaza de los Fueros para impedir la entrada de los manifestantes que protestan contra el acto, que han recibido a los primeros asistentes con gritos de Altsasukoak aske (Libertad para los de Alsasua).

Albert Rivera ha llegado escoltado por un pasillo de seguridad. La Policía Foral y la Guardia Civil se han repartido las funciones de seguridad en el centro del pueblo, donde se acumula la tensión. Los guardias civiles escoltan a quienes llegan a la Plaza de los Fueros hasta un cordón de seguridad con el que han rodeado los aledaños del Ayuntamiento. La portavoz del Partido Popular en Navarra, Ana Beltrán, ha suspendido las declaraciones a los medios que tenía previsto hacer en las calles de Alsasua. 

La Iglesia de Alsasua ha intentado boicotear el acto al hacer repicar a toda potencia las campanas desde el inicio de los discursos. En el pueblo y en buena parte del plaza se escuchaban más las campanas que las palabras desde el escenario de España Ciudadana.

Ciudadanos celebra en este pueblo, donde hace dos años fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, un acto político de apoyo a la Guardia Civil dentro de su gira España Ciudadana, una serie de mítines de marcado carácter nacionalista español que arrancó en Catalunya.

Este sábado, una marcha recorrió gran parte de la localidad, la mayor parte en silencio solo roto en algunos momentos para corear el lema de la protesta, “Utzi Altsasu bakean – Dejad en paz a Altsasu”, el mismo que se leía en la pancarta que la encabeza. Ya al final del recorrido se han podido escuchar también otros gritos como “alde hemendik” (fuera de aquí).

DIRECTO

https://www.eldiario.es/norte/Tension-Alsasua-inicio-Espana-Ciudadana_0_832216859.html

La reunión de Cospedal y Villarejo se suma a la lista de maniobras del PP para entorpecer la investigación de Gürtel

Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación. 

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del “quien la hace la paga” a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso. 

La cita entre Villarejo y Cospedal, desvelada por Moncloa.com, se produjo en el despacho que ésta última, que ya llevaba un año al frente de la Secretaría General del PP, tenía en la sede nacional del partido. También estaba presente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que el policía mantenía informado del avance de las investigaciones, tal y como reconoció ella misma este lunes en un comunicado. Días después de aquella reunión, Cospedal acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior, de haber creado “un Estado policial” y de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción. 

Meses antes, en febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y líder de la oposición, había intentado salir al paso de las primeras detenciones por el caso Gürtel denunciando en una comparecencia en esa misma sede una persecución contra su partido. “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, aseguró. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó sus pesquisas con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”.

Otros cargos del PP se sumaron a esa estrategia. Entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos, secretario general durante la etapa en la que la trama empezó a hacer negocios con el PP, que en abril de 2010 se adhirió a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. O Federico Trillo, entonces coordinador de Libertades Públicas del PP, que en septiembre de 2011 recuperó los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP

De la “trama contra el PP” a “una causa general” 

En junio de 2010, tras la inhabilitación de Garzón, la instrucción de la causa pasó al juez Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Cuando sus autos confirmaron el papel central del partido en la trama, Cospedal dijo que esos escritos estaban “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”. Este magistrado fue el que, en abril de 2013, decretó la expulsión del PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse a defender subrepticiamente al extesorero Luis Bárcenas, hoy condenado a 33 años de cárcel por atribuirse fondos de la caja B y esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales. 

Con el avance de las investigaciones, a mediados de 2013, el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. Y eso a pesar de que entonces los conservadores llevaban ya año y medio en la Moncloa, tiempo que habían aprovechado para intentar controlar la investigación con continuos ceses y nombramientos de policías afines. La destitución más sonada fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. eldiario.es reveló enero de 2014 que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Mato.

En esta época se sitúa también la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Según el extesorero, esos discos duros guardaban información sobre la caja B del PP, por lo que su manipulación pudo afectar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular de la formación conservadora. En este caso, del que se celebrará el juicio en los próximos meses, está procesado el PP como persona jurídica.

Ruz no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Así que en marzo de 2015 el caso cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. Con él, el PP ya tenía otro magistrado al que dirigir sus ataques, una tarea que llevó a cabo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros y añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.

Tras haber intentado desacreditar el caso desde el inicio, el PP tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó el juicio. Mientras, en público, los dirigentes conservadores reiteraban que los acusados ya estaban fuera del partido e insistían en el “quien la hace la paga”; en privado, su letrado intentaba que se anularan las grabaciones de los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial. Finalmente, la sentencia que se dictó tras ese juicio, de 1.687 páginas, acreditó la existencia en el PP de un sistema de financiación con dinero negro de empresarios a cambio de adjudicaciones articulado a través de una caja B de la que salían sobresueldos para Rajoy y el resto de dirigentes del partido.

https://www.eldiario.es/politica/Intentos-PP-investigaciones-judiciales-corrupcion_0_830467299.html

El pasaporte de la pobreza: así segregan las ciudades a los inmigrantes en sus barrios

Génesis, aunque nació en la República Dominicana, lleva ya tres años viviendo en el barrio de San Cristóbal, al sur de Madrid. Trabaja de camarera sirviendo desayunos en uno de los bares más concurridos de la plaza principal. Como ella, el 40% de los residentes que viven entre los bloques de pisos de la barriada es inmigrante. 

Recuerda que se vino a España con 15 años con su madre y su tía, que ya vivía en el país. “Cuando llegamos a España, nos mudamos a Lavapiés con mi tía y allí nos quedamos hasta que me independicé”, explica. Ahora, con una pareja y un hijo, su presente y futuro próximo está en San Cristóbal. Ante la pregunta de por qué se vino al barrio, ella lo tiene claro: “por las rentas, es mucho más barato vivir aquí”. 

Gustavo Machín representa la cara minoritaria de la moneda. Como embajador de Cuba en España, su residencia oficial está en el lujoso barrio de Piovera, al norte de la capital. La colonia de chalets y adosados de lujo que conforman la extensa urbanización la convierten en el área de Madrid con mayor número de piscinas por kilómetro cuadrado.

Solo el 10% de la población residente en el barrio nació fuera de Europa. Entre ellos, los diplomáticos que viven en las distintas embajadas y consulados de la zona (Irak, Azerbaiyán o Arabia Saudí) y las empleadas domésticas que trabajan como internas en las viviendas de lujo, según aseguran los vecinos. La brecha económica entre San Cristóbal y La Piovera es de casi 80.000 euros por hogar.

Los ejemplos de San Cristóbal y Piovera señalan un fenómeno social en la ciudad de Madrid: los habitantes que nacieron fuera de Europa se concentran principalmente en los barrios más pobres de la capital y las áreas de mayor renta media están monopolizadas por la población nativa. 

Es el caso de Silito, que se vino a España en 1993, justo antes del gran boom de la inmigración latinoamericana. Oriundo de la República Dominicana, en sus primeros años empezó trabajando como interno en una casa de la lujosa urbanización madrileña de Santo Domingo. Después se trasladó al municipio de Alcobendas y se mudó finalmente al distrito de Villaverde, en el sur de Madrid, en 2004.

Durante la crisis, Silito perdió su casa por no poder pagar la hipoteca y ahora vive de un alquiler en un piso que consiguió a unas pocas calles de su antigua casa en el barrio de San Cristóbal. “A mí me gusta aspirar a tener una buena casa o a disfrutar de unas vacaciones”, se lamenta. Con 64 años cumplidos, las posibilidades de salir de la zona más pobre de Madrid son remotas.

Su caso no es único en la capital. Los datos del proyecto Urban Audit y del Padrón municipal analizados por eldiario.es muestran que, en la ciudad de Madrid, los residentes con pasaporte de fuera de Europa esquivan los barrios con mayor renta media para instalarse en las zonas más pobres de Tetuán, Usera, Vallecas o Villaverde. 

“En España, por suerte, no existen guetos; pero sí existen procesos de segregación residencial muy vinculados a la renta y al precio de la vivienda”, explica Antonio Jesús Palacios, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. “Los inmigrantes siempre se sitúan donde la vivienda es más barata y lógicamente es más barata en los barrios más pobres”, comenta Palacios.

Un fenómeno que también se repite en Barcelona: en Les Tres Torres (Sarrià), el barrio más rico de la ciudad condal, apenas un 8,1% de la población es extranjera. Una proporción que se multiplica por 5 en el Raval, con hasta un 50% de la población nacida fuera de Europa. La brecha económica entre los barrios es de más de 50.000€ por hogar.

“La segregación suele ser mayor cuanto más grande es la ciudad y lo demuestran los ejemplos de Madrid, Barcelona y las grandes ciudades globales”, argumenta Juan León, doctor de Sociología en la Universidad de La Laguna (ULL). ¿Significa esto que no existe segregación en otras ciudades españolas menos pobladas?

Para comprobarlo, hemos calculado el porcentaje de residentes nacidos en países de América, África y Asia en cada barrio de las ciudades con más de 250.000 habitantes que incluyen datos de renta media por hogar. ¿Coinciden en el resto de grandes ciudades que las zonas con más inmigrantes son las más pobres del municipio? En la mayoría, sí.

En 13 de las 16 municipios más poblados, las áreas con mayor proporción de residentes nacidos fuera de Europa están entre los más pobres de la ciudad. Este es el resultado del análisis de los datos del proyecto estadístico Urban Audit y del Padrón Continuo para el año 2016, publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

¿Por qué el porcentaje de inmigrantes en Lavapiés duplica al de la Castellana o El Viso? ¿Cuál es la razón para que apenas haya residentes no europeos en barrios de renta alta como Sarrià (Barcelona), El Pla del Remei (Valencia) o Abando (Bilbao)? ¿Se debe exclusivamente al precio de la vivienda? 

“Lo que más incide son los precios de los alquileres, los inmigrantes buscan donde son más baratos”, comenta María José Piñeiro, Doctora en Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela. Un estudio en el que participó, precisamente, encontró evidencias de procesos de segregación de inmigrantes en barrios pobres de A Coruña durante la crisis. 

Aunque los expertos y organizaciones consultadas por eldiario.es coinciden en que el precio del alquiler es la razón principal, argumentan que existen otros factores como las políticas migratorias, la presencia de redes de protección o la simple discriminación racial.

“La conducta por parte de los nativos también es importante: muchos no quieren convivir con inmigrantes y se marchan de los barrios con mayor concentración de extranjeros”, comenta Lidia Farré, investigadora de la Universidad de Barcelona. Los datos le dan la razón. Uno de cada tres españoles rechazaría o trataría de evitar “vivir en el mismo barrio en el que viven muchos inmigrantes”, según los datos del último barómetro del CIS sobre actitudes hacia la inmigración. 

Una segregación que puede tener efectos perversos, según Farré: “Aunque pueda ser positiva al principio, para proporcionar una red de seguridad, si los inmigrantes viven aislados el proceso de asimilación con la comunidad nativa es mucho más difícil”. 

Alquilo piso, pero “solo a españoles”

En la odisea de buscar piso en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el color de tu piel y el país que aparece en tu pasaporte puede determinar que consigas uno u otro piso. Una búsqueda rápida por portales inmobiliarios devuelve decenas de anuncios de habitaciones y pisos que se alquilan “solo a españoles”. 

Una discriminación que ya ha sido probada por distintas investigaciones. En 2011, un estudio publicado en la revista Journal of the Spanish Economic Association realizó el siguiente experimento: contactaron por correo electrónico a los propietarios de pisos en alquiler anunciados en la web de Idealista. Para señalar la procedencia étnica, los correos se enviaban utilizando los nombres más comunes entre los nativos y los más utilizados por marroquíes residentes en España. 

¿Hay sorpresa en el resultado? Los mensajes firmados con un nombre marroquí tienen una probabilidad hasta 18 puntos menor de ser contestado. Lidia Farré, una de las autoras del estudio, argumenta que esta discriminación “no explica el origen de la segregación pero sí su persistencia”. “En los barrios donde hay menos población inmigrante se discrimina menos a los extranjeros”, comenta.

Una actitud que es más habitual entre los nativos de lo que se piensa. El 36% de los españoles trataría de evitar o rechazaría alquilar un piso a inmigrantes, según los datos de la última encuesta del CIS. Esta discriminación, sin embargo, no es exclusiva de caseros y propietarios.

Un informe de la asociación SOS Racismo en 2016 denuncia que las inmobiliarias también tratan de forma distinta a inmigrantes y nativos. En el experimento, realizaron 462 llamadas a más de 200 agencias inmobiliarias en siete comunidades autónomas. De las personas a las que las no les ofrecieron ningún piso, el 70% eran de origen extranjero.

“Hay una situación de discriminación étnica a la hora de alquilar a inmigrantes”, explica Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu, que denuncia que hay muchas personas de origen extranjero que tienen dinero, están trabajando y nadie quiere alquilarle un piso.

“Ahora está pasando que la subida de los alquileres está expulsando a inmigrantes de barrios como Lavapiés”, dice Ndongala. En la ciudad de Madrid, el precio del alquiler ha subido un 41% desde 2015, según los datos de Idealista

Un incremento que no distingue entre zonas ricas y pobres. En el distrito de Villaverde, donde se ubica el barrio de San Cristóbal, el precio de la vivienda ha subido un 34%. En Hortaleza, el distrito que incluye la urbanización de Piovera, los alquileres han subido un 22%.

Chinatown y Little Ecuador: segregar por país

Cuando caminas por la calle de Lavapiés, en el barrio del mismo nombre en Madrid, el olor a curry delata la zona con mayor densidad de restaurantes indios por metro cuadrado. En Pradolongo, el Chinatown madrileño, hasta el 10% de los residentes nacieron en China: es el barrio con mayor concentración de personas nacidas en el país asiático. San Diego, en Vallecas, podría denominarse Little Ecuador. El 9% de los residentes nació en el país sudamericano.

La segregación de inmigrantes en los barrios más vulnerables también se da por país de origen. Los datos analizados por eldiario.es muestran esta disparidad geográfica: la inmigración proveniente de países africanos, asiáticos y latinoamericanos se agrupan en distintos barrios de cada ciudad.

En Barcelona, por ejemplo la población asiática se concentra en El Raval, los residentes de origen africano en la zona norte de Nou Barris y los inmigrantes latinoamericanos se distribuyen de manera más uniforme por los barrios más pobres.

“Toda la zona de Nou Barris (Barcelona) es donde hay más población ecuatoriana y casi todos los que se vinieron ya tenían un familiar aquí”, explica Anabel Intriago, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. “He visto muchas comunidades que se cierran pero nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas a todo”, comenta.

Precisamente, una investigación de El Confidencial demostró la segregación de comunidades de inmigrantes provenientes del mismo país de origen en algunas manzanas de las mayores ciudades españolas.

“Las comunidades nacionales buscan sinergias cuando se desplazan a otro país para tratar de reproducir su estilo de vida, tener los mismos bienes y servicios que en su país de origen y la concentración espacial facilita todo esto”, comenta el investigador Juan León, de la Universidad de La Laguna.

En San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), “productos latinos” es el distintivo más común en los carteles de los negocios locales, tras “carnicería islámica” o “locutorio”. Es el barrio con mayor proporción de inmigrantes africanos y latinoamericanos de todo Madrid: un 10% y un 28% de los residentes, respectivamente.

La imagen contrasta con las calles de la lujosa urbanización de Piovera. Entre los pocos balcones que se pueden ver tras las verjas y muros blindados de los chalets del barrio, la presencia de banderas españolas es mayoritaria. 

“Siempre han existido zonas de las ciudades reservadas para las élites, altos cargos y otros grupos de las élites. Está claro que la segregación no es positiva porque no favorece la diversidad de las ciudades”, remata el investigador Antonio Palacios.

https://www.eldiario.es/economia/pasaporte-ciudades-espanolas-segregan-inmigrantes_0_828368071.html

Jordi Sànchez recomendó desde la cárcel no declarar la independencia y convocar elecciones

El día que Catalunya declaró la independencia cayó en viernes. Durante la semana anterior, el entonces president Carles Puigdemont habló con decenas de personas, que trataron de persuadirle en un sentido y en otro. Empresarios, rivales políticos, enviados del Gobierno central o líderes independentistas. Entre el grupo de afines que recomendaron a Puigdemont a no lanzarse a una declaración de independencia estuvo quien se convertiría pocos meses después en el número dos de su candidatura y hoy presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, según explicó el propio exlíder la ANC en su declaración ante el Tribunal Supremo del pasado 11 de enero.

El pasado mes de octubre Sànchez hizo llegar su opinión contraria a la DUI desde Soto del Real, donde estaba ya encarcelado. Allí se reunió el 25 de octubre con Rafael Ribó, Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) y con el que Sànchez había colaborado profesionalmente. Según traslada Ribó, la vía de Sànchez era acudir a elecciones autonómicas, aceptando así la oferta lanzada por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que entonces aseguraba que unos comicios convocados por Puigdemont aún podían parar la aplicación del artículo 155.

“Yo en ese momento di mi opinión. Creía que había que iniciar un proceso de convocatoria de elecciones. Como al final ha acabado sucediendo, pero con otro mecanismo menos traumático”, aseguró en enero Sànchez, que por entonces ya era diputado electo de JxCat, en una vista ante el juez Llarena y a preguntas de su abogado. El entonces presidente de la ANC afirmó además que quien le pedía su opinión ya la conocía. Eso es así porque, según dijo, su oposición a la declaración de independencia ha sido una opinión política que había sostenido siempre.

En efecto, no era la primera vez que Sànchez manifestaba un pensamiento en esa línea. El propio presidente de JxCat recuerda ante Llarena la posición que expresó en la Diada en el programa matinal de Rac1 presentado por Jordi Basté. “Yo en esa conversación planteé que era partidario de que si el día 30 de septiembre a las 23:59, creo que utilicé esa expresión, el Gobierno de Rajoy decía ‘vamos a hablar y vamos a encontrar un cauce aunque sea para 2028 para un referéndum dialogado, acordado, busquemos la reforma…’ pues que yo me comprometía a desactivar el llamamiento del 1 de octubre”, aseveró.

Al recordar sus declaraciones, Sànchez expresó además que el 1 de octubre fue una “movilización ciudadana”, tras lo que reclamó ante el juez Llarena un referéndum, que los catalanes tienen derecho a exigir, dice. Pero entonces volvió a mostrarse contrario a la unilateralidad, hasta el punto de reivindicar que había que “encontrar unos cauces para negociar, no la independencia, sino las reformas necesarias y el referéndum”. 

Esta opinión contraria de Sànchez a dar pasos unilaterales hacia la ruptura no varió después del 1 de octubre. En la semana posterior al referéndum, mientras el Govern discutía sobre qué tipo de declaración parlamentaria hacer, el presidente de la ANC se sumó a la vía del expresident Artur Mas y la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, que abogaban sin ambages por la convocatoria electoral.

Diferentes fuentes conocedoras de las reuniones de aquellos días han explicado que, como presidente de la ANC y antes de la declaración de independencia, Sànchez estuvo frecuentemente alineado con las tesis de Mas y el PDeCAT contra la independencia unilateral. Lo que no era tan conocido es que mantuvo estas opiniones incluso cuando se incorporó a la candidatura de Puigdemont, en noviembre pasado, en la que figuró como número dos.

Para sumarse a la lista electoral, Sànchez preguntó si el nuevo proyecto político tenía entre sus objetivos declarar la independencia o continuar con la unilateralidad. Solo cuando tuvo garantías de que no accedió a sumarse a la lista de Puigdemont. Pese a esto, aún hizo una advertencia: “Yo no seguiré, si actúo como diputado, ninguna decisión con el criterio que hemos identificado como de unilateralidad”, relató a Llarena. Sànchez es hoy en día uno de los dirigentes más próximos a Puigdemont y junto a él es impulsor del movimiento de la Crida per la República.

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Jordi-Sanchez-recomendo-independencia-elecciones_0_828368020.html

El Gobierno cree que pedir la abolición de la monarquía en el Parlament fue un “nuevo intento” por lograr la república catalana

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la moción aprobada en el Parlament de Catalunya a instancias de los comunes que pedía la abolición de la monarquía y la reprobación de la actuación del rey en Catalunya. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tuvo dudas de presentar ese recurso dado que la iniciativa parlamentaria no tiene ningún efecto jurídico más allá de lo declarativo, ha decidido hacerlo a pesar de que el Consejo de Estado no ve base jurídica para ello. Pedro Sánchez considera que llevar ese pronunciamiento en contra de Felipe VI ante el alto tribunal constituye “sentido de Estado” y “un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral por proclamar la independencia”.

La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, ha admitido que el Consejo de Estado ha concluido que la iniciativa aprobada en el Parlament no es un “objeto idóneo para su impugnación”, pero ha enfatizado que “informe del Consejo de Estado no es vinculante”. “El Gobierno agradece y respeta el trabajo y la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte esta argumentación jurídica”, ha continuado Celaá: “El Gobierno interpondrá por sentido de Estado recurso ante el Tribunal Constitucional”. 

La ministra ha sostenido que ese pronunciamiento del Parlament en el que censuraba la actuación de Felipe VI con respecto al proceso independentista en Catalunya es “inconstitucional” y que, al plantear el fin de la monarquía, supone “un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral por proclamar la independencia”. Otro de los argumentos es que la Cámara autonómica se excedió de sus atribuciones. Para el Gobierno, un parlamento regional no puede pronunciarse sobre el modelo de Estado. 

Para el Gobierno no se puede cuestionar al rey por ser inviolable

Sin embargo, el Consejo de Estado, adelantado por La Vanguardia, considera que no se puede privar a una “Asamblea representativa como es el Parlament de su capacidad para expresar su disconformidad con la actuación del jefe del Estado en relación con unos sucesos que tuvieron lugar, precisamente, en Catalunya”.

Para el Ejecutivo de Sánchez, la moción del Parlament es “un nuevo intento, como antes anteriores del Parlament, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una república”. Además, entiende que “no es admisible” que se cuestione la actuación del jefe del Estado por su “inviolabilidad”. 

El Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado, como es preceptivo antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque no vinculante. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también se saltó la recomendación de la institución consultiva cuando recurrió la investidura a distancia de Carles Puigdemont. En aquella ocasión, el Consejo de Estado lo desaconsejaba porque no se había producido todavía el hecho. 

Sánchez aseguró en el Senado este martes que su decisión de impugnar esa moción respondía al “puro convencimiento” de que la Cámara autonómica se pronunciara sobre la jefatura del Estado. El líder socialista acusó al Parlament de “atacar a las instituciones del Estado”

Fuentes de la dirección de Podemos critica el recurso del Gobierno ante el Constitucional: “La monarquía no se debe sobreproteger en un país democrático, lo que debe hacer el Gobierno es preguntar a los ciudadanos si consideran que la monarquía sigue siendo la Jefatura de Estado más adecuada y dejar de bloquear en el Congreso que podamos investigar la corrupción”, informa Aitor Riveiro.

Cuestionar el delito de rebelión “no es un gesto”

Catalunya ha protagonizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras celebrado este viernes en Sevilla. El Ejecutivo mantiene su intención de celebrar una reunión en Barcelona antes de que acabe el año, como anunció Sánchez, aunque deja en el aire la reunión del presidente con Quim Torra. Ambos dirigentes acordaron volver a encontrarse tras su primera toma de contacto en Moncloa, pero el Ejecutivo socialista enfrió esa posibilidad después de que el jefe del Govern diera un ultimátum sobre el referéndum por la autodeterminación. 

El cuestionamiento que hizo Sánchez y que secundó la vicepresidenta, Carmen Calvo, del delito de rebelión atribuido al proceso independentista del año pasado se ha llevado buena parte de las preguntas de los periodistas en Sevilla. 

Celaá ha asegurado que esa reflexión del presidente y su número dos no pretendía influir en el Poder Judicial: “El Gobierno no pretendía orientarle a ninguna parte”, ha dicho la portavoz que ha recordado que Sánchez “para nada se refirió al Poder Judicial” dentro de su “comparecencia política”.

Sobre las presiones que denuncian miembros del Tribunal Supremo, ha señalado que “todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos pero no hay ningún tipo de presión al Poder Judicial”. Celaá cree que es “subjetiva” la recepción de determinadas afirmaciones en función de si las personas “se sienten más vulnerables heridas u ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito u otro”.  

El Gobierno promete que no dará órdenes a la Abogacía

“El Gobierno no marca el paso a nadie. El Gobierno es el Gobierno y si verdaderamente los tribunales son independientes, como lo son, no tienen por qué alterar su paso”, ha abundado. 

También ha negado que esas dudas sobre la rebelión dado que no hubo violencia ni se trató de un levantamiento militar constituyan un guiño para los independentistas, que le exigen que inste a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que retire esa acusación que conlleva las mayores penas para los procesados. 

“No es ningún gesto. No necesitamos hacer ningún gesto. Los independentistas conocen que el Gobierno no entra a determinar ni a incidir ni a impactar en las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial”, ha expresado la portavoz, que ha prometido que el Ejecutivo no pretende dar ninguna instrucción sobre las acusaciones del Ministerio Público y a los servicios jurídicos del Estado. 

https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Constitucional-reprobacion-Parlament-Consejo_0_829067394.html

Dos tribunales confirman el fraude de las subvenciones al cine: sesiones fantasma y taquillas infladas para cobrar ayudas

Pases de películas que ni siquiera se llegaban a exhibir, compra masiva de entradas, y proyecciones de títulos desconocidos que supuestamente llegaban a decenas de pueblos españoles pero que nunca tuvieron lugar. Estas son las principales estrategias que determinados productores y exhibidores desplegaron en el pasado para manipular al alza la cifra de espectadores de sus películas y aparentar que alcanzaban los requisitos que establecía la normativa que daba acceso a subvenciones públicas de hasta 1,5 millones de euros por cinta. 

Dos sentencias sobre el llamado fraude del taquillazo dictadas por juzgados de Madrid prueban la connivencia entre exhibidores (salas de cine) y productores –los beneficiarios de las subvenciones– para falsear los datos reales de taquilla. Y hay otros tres procedimientos abiertos en los que la Fiscalía reclama penas de hasta dos años de prisión para los procesados por los delitos de fraude a las subvenciones y falsedad en documento oficial. 

Hasta 2016, el ICAA, dependiente del entonces Ministerio de Educación y Cultura, otorgaba estas ayudas en función de una combinación de parámetros en la que se valoraba la inversión y, principalmente, lo recaudado en la taquilla. La primera parte, la ayuda general, se establecía sobre un porcentaje sobre la recaudación bruta. La segunda, llamada complementaria, se obtenía en base a un sistema de puntos siempre que la inversión del productor hubiera superado un mínimo.

Para acceder al sistema de ayudas los largometrajes tenían que haber alcanzado una recaudación de entre 330.557 y 601.012 euros en los primeros 12 meses de exhibición comercial. Ese era el listón para las películas proyectadas entre 2009 y 2010, que son las convocatorias a las que se refieren los procedimientos abiertos en los tribunales. Las salas eran las encargadas, semana a semana, de trasladar al ICAA las cifras de recaudación de cada sesión a través de un documento oficial. 

El fallo más reciente, del pasado 11 de junio, condena a cinco meses de cárcel a dos hermanos que se pusieron de acuerdo con sus empresas de producción y exhibición de películas para hacer creer al ICAA que, entre los días 11 y 31 de agosto de 2010, “múltiples espectadores” habían presenciado los filmes La zona muerta, Pecador y La última mirada en 95 pueblos de España. Pero la realidad es que las películas ni siquiera se llegaron a proyectar. De no haberse acreditado la “manipulación”, relata la sentencia, ambos se habrían embolsado más de 2,2 millones de euros de dinero público. Los condenados por sendos delitos continuados de fraude a las subvenciones en grado de tentativa y falsedad en documento oficial son Jaume y Antonio Solé Viñas. El primero es administrador de la productora ABS Production y el segundo de la exhibidora Luna Exhibition. 

La segunda sentencia, del 20 de septiembre de 2016, detalla la otra gran fórmula de manipulación de la taquilla: la compra masiva de entradas por parte de los productores. En este caso, fueron condenados a cuatro meses de prisión sustituidos por ocho meses de multa con una cuota diaria de tres euros Juan Manuel Arance y Miguel Bardem, coproductores con su compañía Goodfellas de la película El rey de la montaña. La jueza consideró probado que abonaron a “determinadas exhibidoras” el importe neto de las entradas con el objetivo de “aumentar ficticiamente el número de espectadores”. Gracias a ello obtuvieron una subvención de 198.560,70 euros que “no les hubiera correspondido si no hubieran adquirido las entradas”. Tras la apertura de diligencias, los acusados devolvieron el dinero y reconocieron los hechos, lo que contribuyó a atenuar su pena. 

González Macho, a la espera de juicio 

Entre los encausados en los procedimientos que están todavía a la espera de juicio está el expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho. El que fuera fundador de las salas Renoir está implicado en dos de estos procesos, por los que suma peticiones de la Fiscalía de cuatro años de cárcel. En ambos escritos, el Ministerio Público lo acusa de haber trasladado al ICAA, a través de su exhibidora Alta Films, un “dato irreal” del número de espectadores que las películas La isla interior y Rosa y negro habían tenido en supuestas sesiones matinales de varias salas de su propiedad.

La Fiscalía asegura que el número de espectadores en esos pases de mañana era “ingente” y superaba incluso a los de la tarde a pesar de no estar anunciadas en ningún sitio. Sin esta práctica fraudulenta, prosigue el Ministerio Público, el productor de La isla interior, Juan Romero Iglesias, sobre quien también recae una petición de prisión de dos años, no habría obtenido 272.695,99 de los 293.326,83 euros de subvención que reclamó al ICAA. Mismo reproche para Edmundo Gil Casas, productor de Rosa y negro, que tampoco habría tenido derecho a 731.972,89 de los 758.675,28 euros de dinero público solicitados. Gil Casas también se enfrenta a una petición de dos años de cárcel. El Ministerio Público mantiene que, en los dos casos, González Macho se puso de acuerdo con los productores para “manipular” los datos de espectadores y recaudación para obtener ayudas públicas más cuantiosas. Y a todo ellos les imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público. 

El tercer procedimiento relacionado con el fraude del taquillazo que está a la espera de juicio es el de la película El Discípulo, producida por Ircania, compañía administrada por Emilio Ruiz Barrachina. En su escrito, la Fiscalía mantiene que este productor se puso de acuerdo con responsables de la salas Luchana y Pequeño Cine Estudio, ambas en Madrid, y el cine Casablanca de Valladolid para “incrementar ficticiamente” el número de espectadores de ese filme. Gracias a ello, Ruiz Barrachina accedió a una subvención “indebida” de 548.460,81 euros por la que se enfrenta a dos años de prisión. Los responsables de las citadas salas, también acusados como él de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento público, afrontan similares peticiones de cárcel. 

El fraude saltó a los medios de comunicación en noviembre de 2015, cuando se hizo público un informe remitido por el Ministerio de Educación y Cultura a la Fiscalía de Madrid en 2012. El origen de ese documento fue una denuncia presentada por trabajadores de una de las salas ante el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el organismo encargado de gestionar las ayudas. Estos empleados habían detectado que las cifras oficiales que se remitían a ese organismo y que este utilizaba para ponderar las subvenciones no se correspondían con la realidad. El sistema se cambió en 2016. Desde ese año, las subvenciones se otorgan a medida que la película va avanzando en su proceso de  producción, no de manera automática en función de la recaudación, como se hacía hasta entonces. Los fraudes de aquella época siguen su camino en los tribunales.

https://www.eldiario.es/politica/Fraude-subvenciones-cine_0_821368607.html

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